El financiamiento público para los partidos políticos denominado deuda política ya no existe en El Salvador pero estos podrán ser financiados por entidades privadas.
Aunque ya existe cierta regulación al respecto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que se debe reforzar a fin de evitar el financiamiento ilegal.
“Sin duda, hoy más que nunca, se necesita una serie de reformas y una serie de acciones, para prevenir el financiamiento ilegal de partidos y candidatos”, señaló Escobar.
Reiteró que como organización han venido señalando que, aún con deuda política, la normativa carecía de instrumentos ilegales para fiscalizar de manera efectiva los fondos que reciben los partidos.
“Como organización hemos venido señalando, aún con deuda política, la necesidad de fiscalizar de manera más rigurosa, que haya más control sobre el financiamiento, para que haya más transparencia, independientemente el financiamiento sea público o privado”.
Eduardo Escobar, director de la AC.
El 26 de febrero, la actual Asamblea Legislativa ratificó, en una misma legislatura, la derogatoria del artículo 210 de la Constitución, eliminando el financiamiento público que recibían los partidos políticos.
Para el abogado, ahora que solo habrá financiamiento privado, la Asamblea debe crear la regulación necesaria para cerrar cualquier espacio de financiamiento ilegal.
“La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad, dado que solo habrá financiamiento privado, de brindar la regulación necesaria para fiscalizar a los partidos. Igual, el gobierno podría reforzar el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para la creación de una unidad fiscalizadora, esas son el tipo de medidas que debería de tomar la Asamblea y el gobierno, ya que han eliminado la deuda política”, sugirió.
Otro aspecto que señala el también investigador del financiamiento partidario es que se deben revisar las sanciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos cuando estos violen las prohibiciones sobre el financiamiento privado.
“Se deben revisar las sanciones, ya que actualmente son sanciones que no tienen costo político, ni económico, ni político, para los infractores de la ley. También se debe reforzar el tema de las obligaciones de transparencia y que, de parte del TSE (Tribunal Supremo Electoral), exista la voluntad política de cumplir con el rol fiscalizador”, enfatizó.
¿Qué pasa si son financiados con bitcoins?
Actualmente, tampoco existe regulación respecto al financiamiento que puedan recibir los partidos políticos en bitcoins o cualquier otra criptomoneda, desde cualquier parte del mundo. Escobar señaló que en las transferencias de criptoactivos en general hay anonimato, por lo que «no contribuye a la transparencia de los partidos”.
“Lo más recomendable es prohibir el financiamiento de campañas con criptoactivos por un tema de control, de prevención de lavado de dinero, por un tema de transparencia».
Eduardo Escobar, director de la AC.
Advirtió, además, que si en caso no se prohíbe, “le corresponde al TSE emitir las normativas» ante situaciones irregulares «como lavado de activos, por medio del bitcoin u otro criptoactivo”.
Por último, Escobar cuestionó que, aunque ya está establecido en la Ley, no todos los partidos políticos cumplen con la obligación de revelar su información financiera y señaló que el que menos lo hace es Nuevas Ideas.
“El partido oficial que es el que recibe más recursos y el que en teoría recibió más deuda política, sin rendir cuentas, sin informar sobre sus finanzas, sin hacer pública a la ciudadanía la información sobre sus donantes, sobre sus gastos y esto es importante», dijo.
Recordó que la ley establece que los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que solicite información mediante medios electrónicos o físicos sobre las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político ya sea en especie o efectivo.
