Categoría: Politica

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores, aseveró el jueves que el partido de izquierda «tarde o temprano» volverá a gobernar El Salvador.

Flores aseguró que solo recuperarán la presidencia de la nación sino las alcaldías y la Asamblea Legislativa. Con las elecciones de 2024, el FMLN no ganó la presidencia, tampoco gobierna ninguna alcaldía y no logró ningún escaño legislativa, solo cinco en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

«Preparémonos porque tarde o temprano vamos a regresar a gobernar este país, las alcaldías y la Asamblea Legislativa». Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

En ese sentido, Flores instó a los miembros del partido a prepararse teniendo «capacidad de análisis y debate» porque deberán realizar propuestas dirigidas a la nación y «para mejorar la economía».

Puede leer: Arena y FMLN perdieron en 2024 más de 860,000 votos de las presidenciales de 2019

«Compañeros y compañeras la valentía es parte de nuestra naturaleza», afirmó Flores durante su discurso en conmemoración del 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron por concluido el conflicto armado suscitado en la década de los 80.

El dirigente partidario también se refirió a la encuesta presentada ayer por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la que la Asamblea Legislativa pasó de una nota de 6.85 durante 2023 a 6.06 en 2024. «Es de las instituciones más odiadas», dijo Flores.

El FMLN tiene a sus dos expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén asilados en Nicaragua debido a procesos penales en su contra por supuestos casos de corrupción y otros exfuncionarios asilados en México por las mismas razones.

En una evaluación de 17 distintas instituciones estatales y no estatales, la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) encontró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se sumó a los partidos políticos y alcaldías en el listado de las entidades reprobadas, con una nota menor a 6, en una escala del 0 al 10.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantuvo su primer lugar en la nota promedio que le otorgaron los salvadoreños, aunque bajó levemente de 8.54 a 8.13 de 2023 a 2024. La nota otorgada al mandatario es más baja que la que obtuvo en 2022 pero más alta que la de 2021, de 7.54.

De las 17 entidades evaluadas, únicamente suben su nota promedio las alcaldías y la Policía Nacional Civil (PNC); las 15 entidades restantes bajan en las notas promedios puestas por la población.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) subió a segundo lugar del ranking de notas, aunque su calificación bajó de 8.02 a 7.93.

!function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

Los partidos políticos, la institución peor calificada por la población, han subido de un promedio de 3.65 en 2019 a 5.47 en 2022 pero en 2024 volvieron a bajar su nota a 4.91.

Sin embargo, en 2019 más del 70 % de la población percibía mucha corrupción en los partidos políticos; ese porcentaje disminuye al 42.7 % en 2024. Solo 4.1 % de la población cree que hay «ninguna corrupción» en los partidos; ya que el 27.2 % dice que hay «alguna» y el 18.7 % indica que hay «poca» corrupción.

Un 57.5 % les tiene poca, alguna o mucha confianza; pero el 38.9 % no tiene confianza alguna en los partidos.

Por otra parte, la población percibe algún nivel de corrupción –poca, alguna o mucha– en todas las instituciones. Las mayores proporciones de población que perciben «mucha» corrupción son: 42.7 % hacia los partidos políticos, 28 % hacia la Asamblea Legislativa, 24.2 % hacia el sistema penitenciario y 23.9 % hacia la alcaldía.

El 25.4 % de la población salvadoreña aseguró en diciembre que desearía migrar o irse a vivir a otro país por diferentes razones, de acuerdo con un estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

Esta proporción se ha mantenido durante los últimos años y solo disminuyó sensiblemente, al 21.4 % en 2022, año en el cual inició la vigencia del régimen de excepción, desde el 27 de marzo.

La proporción de población deseosa de migrar se mantiene desde 2019 en aproximadamente un cuarto de la población: 27.4 % en 2019, 27.8 % en 2020, 26.9 % en 2021, 21.4 % en 2022, 24.8 % en 2023 y 25.4 % en 2024.

Pese a que las detenciones de salvadoreños reportadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos disminuyeron en el año 2024, casi la mitad de la población (46.1 %) sostiene que la migración al extranjero sí ha aumentado y solo 14.7 % cree que ha disminuido.

El estudio, publicado este jueves, indaga las razones por las cuales la cuarta parte de los salvadoreños quiere irse del país: siete de cada diez (73.6 % de este grupo) respondieron que quieren mejorar su economía familiar y sus ingresos; un 15.6 % mencionan que quieren encontrar empleo o un mejor trabajo y solo un 4.1 % busca reunirse con su familia. Un 2.5 % dice que quiere migrar por la situación política del país.

Durante el año 2024, un 5.2 % de la población entrevistada respondió que algún adulto o persona menor de edad que vivía en la casa ‘encuestada’ «tuvo que migrar o irse a vivir a otro país». En un 33.3 % de los casos de migración revelados por la población, según el estudio, migraron dos personas o más de esa misma vivienda. En 1.5 % de los casos dijeron que habían migrado cinco personas.

Si se extrapola a la cantidad de hogares salvadoreños, esto implicaría una migración de al menos 99,874 personas salvadoreñas durante 2024; según la encuesta un 66.7 % de sus familiares se fueron como migrantes indocumentados y un 27.3 % lo hicieron de forma regular o legal.

Según la Patrulla Fronteriza durante 2024 se realizaron 45,362 detenciones de migrantes salvadoreños en todo Estados Unidos, 42,047 en la frontera sur de los Estados Unidos.

Las razones de la migración reportada por las familias en esta encuesta son las mismas que reportan los salvadoreños que dicen querer migrar: un 59.1 % dijo que para mejorar su economía familiar o mejorar sus ingresos, el 22.7 % por desempleo o para encontrar un mejor trabajo, el 9.1 % por la inseguridad, un 6.1 % porque su familia migró y un 3 % porque obtuvo autorización o residencia.

Al menos 692 salvadoreños pidieron protección internacional en España de enero a noviembre de 2024, según consta en las bases de datos del Ministerio del Interior del gobierno español.

De acuerdo con datos recopilados por la Dirección General de Protección Internacional, en 11 meses, un total de 692 connacionales pidieron refugio y asilo en España, representando el 0.4 % de las peticiones totales que recibió la entidad.

El Ministerio del Interior procesó 155,984 solicitudes de protección de ciudadanos provenientes de 131 países. De Venezuela se recibieron 60,335 solicitudes y de Colombia, 37,901. Les sigue Perú, con 9,870.

En ese mismo período, el gobierno español registra que 311 solicitudes de salvadoreños obtuvieron el estatus de refugiados, pero otras 721 tuvieron resultados “desfavorables”, mientras que 19 fueron enviadas a archivo.

Además, otros seis salvadoreños lograron obtener protección subsidiaria y otras dos fueron calificadas como “razones humanitarias”. En total, 5,831 solicitantes de todo el mundo obtuvieron refugio en el país europeo.

Los hombres piden más protección en España

El informe divulgado por el gobierno español detalla que, de todas las solicitudes recibidas, al menos 90,085 fueron puestas por hombres y otras 65,899, por mujeres.

Por otro lado, 79,989 solicitantes tienen entre los 18 a 34 años; otros 45,732 están entre los 35 y 64 años; y 21,754 tienen edades entre 0 y 13 años.

Al menos 146,536 de los solicitantes interpusieron su petición de protección cuando ya se encontraban en territorio español, otros 6,922 lo hicieron en puestos fronterizos; 1,735 en embajadas o consulados y 791 en el Centro de Internamiento de Extranjería.

Nueve de cada diez salvadoreños ven algún nivel de peligro en vivir cerca de una mina según el estudio de opinión pública más reciente del Iudop-UCA, ya que 78.8 % sostiene que es muy peligroso, un 11.3 % cree que es algo peligroso y un 4.8 % indica que es poco peligroso.

Solo un 2 % sostiene que no es «nada peligroso» y el 91.9 % dice que no le gustaría trabajar en una mina.

La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) reiteró que seis de cada diez salvadoreños no creen que El Salvador sea apropiado para practicar la minería metálica, cuya prohibición está levantada en el país desde el 7 de enero de 2025.

Solo un 1.7 % de los salvadoreños dicen, según la investigación, que la minería metálica no causará «ningún» impacto sobre el medio ambiente y un 1.2 % respondió que «si lo hacen bien no habría impacto». Un 28.8 % responde que no sabe.

El resto enumera una serie de impactos: contaminación de agua (29.9 %), del medio ambiente (15.6 %), deforestación, aumento de enfermedades, contaminación de la tierra y el aire, deterioro de la superficie de los suelos, destrucción de flora y fauna.

Seis de cada diez salvadoreños afirman que la mayor parte de la riqueza de la minería le quedará al gobierno y tres de cada diez, que a las empresas. Solo 0.6 % respondieron que le quedará a la población o al país.

Un 54.4 % de la población, un poco más de la mitad, dijo que conoce que químicos como el cianuro, el amoniaco, el mercurio y otros son utilizados en la minería para extraer oro.

La Ley General de la Minería Metálica fue aprobada el lunes 23 de diciembre de 2024 en la última sesión plenaria del año, inició su vigencia el 7 de enero de 2025, 15 días después de que fuera publicada en el Diario Oficial. Fue sancionada por el presidente Nayib Bukele el mismo día de su aprobación.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es calificado con un promedio de 8.13 en una escala del 0 al 10, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) realizada del 5 al 17 de diciembre de 2024 y presentada este jueves.

La nota más frecuente otorgada al mandatario es 9.

La nota es menor al promedio de 8.46 obtenido en la encuesta de evaluación al quinto año de gobierno, realizada del 20 de mayo al 4 de junio de 2024. En la encuesta realizada del 16 al 24 de marzo de 2024, el presidente logró un promedio de nota de 8.68.

El estudio también encontró que un 56.1 % de los entrevistados expresó tener mucha confianza en el presidente, un 20.7 % dijo que tiene «alguna» confianza, un 14.6 % le tiene «poca» confianza y un 8.5 % de la población le tiene «ninguna» confianza.

En la investigación, los entrevistadores preguntaron a la población cuánta corrupción cree que hay en el presidente de la República y en las distintas instituciones estatales analizadas.

Un 10 % respondió que «mucha», un 15.4 % que «alguna», un 23.3 % dijo que «poca» y 41.8 % contestó que ninguna. Un 9.6 % no respondió o respondió que no sabía.

El presidente tiene la mejor notas de las instituciones evaluadas por la encuesta, con el promedio de 8.13, en una escala del 0 al 10, seguido de la Fuerza Armada, con 7.93, la Policía Nacional Civil (PNC), con 7.85, el Gobierno Central, con 7.7, las iglesias evangélicas, con 6.96, y el sistema penitenciario, con 6.85. En los peores puestos están los partidos políticos, con 4.91, alcaldías, con 5.27, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 5.95, los tres que no superan la nota de 6.

El Salvador se sumó a una declaración firmada por 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido Estados Unidos, que rechazaron el jueves la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral.

Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay «en el marco de la OEA emitieron una Declaración Conjunta, en la que rechazaron la investidura de Maduro y exigen el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela».

El gobierno de El Salvador ha denunciado el fraude electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela y el presidente Nayib Bukele ha dicho que no restablecerá relaciones con el régimen de Maduro. Esta semana se conoció que el mandatario salvadoreño conversó con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a quien ofreció respaldo en su lucha.

Las 14 naciones resolvieron «RECHAZAR el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral».

Maduro, de 62 años, juró el pasado viernes para un tercer mandato seguido de seis años (2025-2031).

Los países exigieron «al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales».

La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro ganador de los comicios con 52% de los votos, pero a la fecha sigue sin publicar el escrutinio detallado, como manda la ley. La oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 70% del electorado.

Los 14 países también reclamaron la liberación de «todas las personas detenidas arbitrariamente» y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.

Entre el 1 y 11 de enero, 75 personas fueron detenidas por «razones políticas» en los días previos a la investidura, según la ONG Foro Penal.

El grupo de países de las Américas además instó a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios para abordar la crisis multidimensional en Venezuela.

Asimismo, urgieron al régimen de Maduro respeto el derecho internacional «cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano».

En marzo, seis dirigentes de la oposición venezolana se refugiaron en la residencia del embajador argentino en Caracas. Uno de ellos abandonó el lugar en diciembre para ponerse a órdenes de las autoridades, que le otorgaron libertad condicional.

La legación se encuentra desde agosto sin personal diplomático, tras la ruptura de relaciones como respuesta a los cuestionamientos del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la reelección de Maduro.

Este viernes 17 de enero inicia el proceso de reinscripción de salvadoreños para continuar protegidos en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés.

Estos son los documentos que debe presentar en los consulados salvadoreños para completar el proceso.

Si desea completar la reinscripción del TPS en un consulado salvadoreño, puede hacer una cita en el https://portalcitas.rree.gob.sv/portal habilitado por Cancillería o consultar al consulado virtual (503) 7070-1071.

La reinscripción de beneficiarios del TPS estará habilitada por 60 días que inician el 17 de enero y culminan el 18 de marzo de 2025. El llenado de formularios en los 28 consulados y en la embajada salvadoreña es gratuito.

Estos son los documentos requeridos:

• Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
• En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
• Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
• Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
• Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
• Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Serviccio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
• Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
• Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
• Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

Al respecto, la embajadora de El Salvador en Washington D.C., Milena Mayorga, recordó a los salvadoreños amparados en el TPS que «esta no es una extensión automática», por ello, deben reinscribirse «para seguir gozando del estatus».

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró ayer que en el último proceso de reinscripción, de los 234,000 salvadoreños beneficiarios del TPS, solo 137,000 completaron su registro para la ampliación anunciada por el gobierno norteamericano.

La extensión del TPS iniciará el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Según Cancillería, los salvadoreños amparados en el TPS no serían «elegibles para las deportaciones» anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El 17 de enero inicia la reinscripción al TPS. Te esperamos en los consulados y en la embajada. pic.twitter.com/dZOYpT4X7q

— Milena Mayorga (@MilenaMayorga) January 16, 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició esta semana la planificación de las elecciones municipales y legislativas de 2027, anunció la institución en su cuenta de X, en donde mostraron imágenes de una reunión que la magistrada presidenta, Roxana Soriano, sostuvo con la Comisión de Trabajo Institucional, conformada en su mayoría por nuevos técnicos contratados por el organismo colegiado.

Para las elecciones de 2027, de mantenerse las reglas electorales actuales, los salvadoreños deberán elegir 44 concejos municipales y 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

Según la institución, esta primera reunión los ha encaminado «a la organización, desarrollo y vigilancia» del futuro proceso electoral dirigido por un equipo técnico casi nuevo en su totalidad luego del despido de jefes de unidades y departamentos del TSE.

El TSE informó en sus redes sociales que han comenzado con el desarrollo de:

• El plan estratégico institucional, en el que se plasma la metodología de trabajo de la institución.
• Calendario electoral, en el que se detallan las actividades y plazos para desarrollar cada acción del próximo evento electoral.
• Plan General de Elecciones (Plagel), en el que se detallan las responsabilidades de cada uno de los programas conformados para ejecutar las elecciones.

En las fotografías se puede observar al nuevo equipo de técnicos que asumieron sus funciones a propuesta de Soriano, quien fue propuesta para el cargo por Nuevas Ideas. El único técnico conocido es Roberto Mora Ruiz, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad.

En el calendario electoral de las elecciones de 2024, la primera actividad establecida fue la «divulgación institucional de información sobre la suspensión de modificación de residencia», pues el Código Electoral establece que, un año antes de las elecciones, se suspende la inscripción de cambios de residencia en el registro electoral.

| Iniciamos con la planificación de las #Elecciones2027. Para ello, nuestra Magistrada Presidente Roxana Soriano se reunió con la Comisión de Trabajo Institucional con quienes abordó:

El Plan Estratégico Institucional que contempla la visión de eficiencia y… pic.twitter.com/TLvYgvTQxu

— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) January 16, 2025

Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador, se firmaron el 16 de enero de 1992, hace 33 años, entre el gobierno salvadoreño bajo el mandato de Félix Cristiani, de Arena, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Al consultarte a la diputada Marcela Villatoro, de Arena, su opinión su opinión sobre si El Salvador ha avanzado o se ha estancado en democracia, luego más de tres décadas después, ella se enfoca en que los Acuerdos de Paz son parte importante de la historia de El Salvador y no se pueden dejar de lado.

“Los Acuerdos de Paz es algo que en definitiva no podemos olvidar y es algo que nuestra historia nos ha enseñado a todos los salvadoreños, cuando el país se vio inmerso en una guerra que cada quien tenía sus posiciones del porqué había tomado determinado tipo de bando, al final se logró consensuar con todas las aristas para que el país tuviera paz, esa paz que nos costó muchísimos años y muchas vidas, por eso, es algo que nadie de nosotros lo debe olvidar, porque es parte de nuestra historia”, expuso.

«Estamos viendo nuevamente aquel odio»

La legisladora cuestiona que actualmente se estén dando situaciones “de odio” que en aquel momento también originaron la guerra.

“Es lamentable que a la fecha se esté haciendo de lado esta parte de la historia y se esté tratando de olvidarla; y nos estamos viendo nosotros nuevamente y es aquel odio que se está dando entre salvadoreños y es algo que fue muy grave y ahora podemos ver que se sigue repitiendo”, dijo.

El actual presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido férreo crítico de los Acuerdos de Paz y, al contrario de conmemorarlos, habló en 2021 de “un grupúsculo de aprovechados” que se «lucraron» de «muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron acuerdos de paz”.

La diputada de Arena exhortó que es necesario se respeten los derechos humanos de todos los salvadoreños y que cada uno recuerde el costo de esos acuerdos. “Ojalá que se respeten los derechos humanos de los salvadoreños, que fue una de las razones por las que también se dio la guerra; y ojalá que recordemos todos lo que nos costó la paz y que luchemos por mantenerla”, finalizó.

Con los Acuerdos de Paz se suprimieron los cuerpos de seguridad utilizados para perseguir a los opositores, como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, dio nuevas funciones a la Fuerza Armada y creó la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

En el primer mandato de Bukele, en 2021, ordenó duplicar a los elementos de la Fuerza Armada, en 2022 implementó un régimen de excepción como respuesta a la ola de violencia de las pandillas, que sigue ejecutándose a la fecha, pero que las organizaciones sociales critican por detenciones de personas inocentes dentro de los capturados.