Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el usual decreto de prórroga mensual del régimen de excepción que está vigente desde el 27 de marzo de 2022 en El Salvador.
Se trata de la prórroga 52ª del decreto 333 para mantener suspendidas garantías constitucionales de los artículos 12, inciso segundo, 13, inciso segundo, y 24 de la Constitución de la República sobre el tiempo máximo de detención, derecho de defensa y privacidad de las telecomunicaciones.
La nueva prórroga mensual vencerá el 29 de julio de 2026. Fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.
De acuerdo con la solicitud gubernamental, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reportó las capturas de 92,480 personas vinculadas a estructuras criminales durante el estado de excepción y 1,245 días sin homicidios durante el gobierno actual.
Gobierno dice pandillas buscan ocultarse
El gobierno consideró “indispensable” prorrogar el régimen “para neutralizar remanentes detectados”. Habló de la presencia pandilleril en determinadas comunidades sin especificar cuáles y sostuvo que los “riesgos persisten y es fundamental evitar cualquier retroceso en seguridad pública”.
“Persiste la intención principalmente de grupos conformados por jóvenes de activarse delictivamente en estas modalidades organizadas y continuar realizando acciones para mantener su presencia en determinadas comunidades”, indicó.
También, según el Ministerio, han capturado a miembros de pandillas que “han pretendido ocultar o modificar sus distintivos físicos particularmente tatuajes” para “dificultar su identificación, disimular” su vinculación a las pandillas, “evadir sus capturas y permanecer asociado al actuar criminal de las mismas”.
El gobierno señaló la necesidad de estrategias de investigación policial ante una “maniobra delictiva de ocultamiento” de las pandillas y de “disminuir la visibilidad de su accionar”.
Otro de los argumentos del gobierno es que continúan realizando operaciones en cooperación internacional para identificar, localizar y capturar a pandilleros que posteriormente han sido deportados desde Estados Unidos, México, Costa Rica o Guatemala.
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, defendió la prórroga y argumentó que el ataque a una cervecería en el distrito de Guazapa, San Salvador, es muestra de que “aún existen remanentes criminales dispuestos a desafiar la autoridad del Estado”.
Vamos pide justicia sin margen de error
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, pidió que el régimen de excepción se aplique sin margen de error, en referencia a que el gobierno ha reconocido un margen de error de aproximadamente un 10 %.
“Todo buen ciudadano quiere seguridad, quiere que los criminales, que los pandilleros, estén en la cárcel, que sean condenados pero también todos los salvadoreños de bien quieren una justicia, una seguridad, sin margen de error”, afirmó la diputada de oposición, quien votó en contra de la medida.
Rivas criticó un anuncio publicitario en donde se asegura que la oposición busca la liberación de los pandilleros y se refirió a un audio en el cual un funcionario habría asegurado en sus conversaciones con pandillas “sin cuerpo no hay delito”.
“Todavía no responden quién dejó libre al Crook, no hay forma que no justifiquen por qué no votaron por una comisión antitregua. Aquí hay uno que sale en tele y en territorio, y hay un audio de él que decía que sin cuerpo no hay delito, y ahí anda, y la familia de los desaparecidos llorando todo el día”, agregó.
“Esa tranquilidad no tiene margen de error”, LE respondió el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, quien criticó la ausencia de los tres diputados propietarios de la oposición. “Porque saben que políticamente la gente detesta que voten en contra o que se abstengan”, dijo.
El 68.9 % de salvadoreños creen que el régimen debe prorrogarse por más tiempo, mientras el 28.6 % cree que es necesario buscar medidas diferentes, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).
Según el mismo estudio, un 2.8 % de los salvadoreños señala «el encarcelamiento de personas inocentes y violaciones a derechos humanos» como el principal fracaso del gobierno actual.
De acuerdo a organizaciones críticas del gobierno actual, que ahora operan desde el exterior, durante el régimen de excepción hay más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos como capturas arbitrarias y torturas, además de más de 500 personas que murieron mientras estaban detenidas bajo custodia estatal.
