Categoría: Politica

La bitcoiner y artista alemana Lina Seiche, quien trabaja con el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional del Bitcoin en El Salvador en educación financiera, visitó el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur.

«CECOT abrió sus puertas a un pequeño grupo de periodistas y defensores de derechos humanos.
Tuvieron la oportunidad de hablar con un recluso», reveló en X. No detalló la fecha de la visita ni quiénes participaron en la visita al CECOT.

Según la bitcoiner que reside en El Salvador, uno de visitantes preguntó a uno de los reos si lo tratan con justicia y le ofreció ayuda si no.

«¿Acaso no les brindaron la misma compasión y la misma ayuda a las familias de sus víctimas? Las ONG critican duramente a CECOT, una prisión construida para albergar la peor clase de maldad. Hombres que asesinaron a decenas de personas. Hombres que sacrificaron niños al diablo. Hombres que masacraron padres delante de sus hijos e hijas delante de sus madres. Hombres que ahora reciben tres comidas al día, acceso inmediato a atención médica y la atención exclusiva de organizaciones que no se preocupan por sus víctimas», criticó.

Aseguró que uno de los reclusos participó en el descuartizamiento a 11 personas con machetes. «Mientras el alcaide relataba sus crímenes, el hombre sonreía. Le ordenaron ponerse la mascarilla. Continuó sonriendo con serenidad tras ella», comentó.

Seiche señaló a las organizaciones no gubernamentales de que «les encanta odiar a CECOT» porque quieren aprovecharse de la atención, es el símbolo de «un cambio de paradigma que desprecian» y porque es segura. «Pueden sonreírle a la cara al alcaide (director de centro penal) que los invitó para luego traicionarlo con una campaña de desprestigio al día siguiente», afirmó.

Señaló a las ONG de intentar «liberar a asesinos por un tecnicismo» o de preguntarle a asesinados «si su litera es demasiado dura o su comida demasiado insípida» y dijo que cada vez que hacen eso «escupen sobre las tumbas de los inocentes».

Durante las últimas semanas se desató una polémica por la publicación del informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) que presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sostiene que durante el régimen de excepción hay bases para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad: señalan capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes de detenidos bajo custodia estatal, además de persecución política.

Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y autor del polémico informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES), que consideró la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el régimen de excepción, rechazó que hayan solicitado la liberación de pandilleros en El Salvador.

En una entrevista realizada por Benjamín Cuéllar, en su programa Quijoteando de radio La Klave, Cantón expresó que «es realmente llamativo que no hayan rechazado que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad», posteriormente a la presentación pública del informe, «sino que están descalificando por otros motivos y entre esos mencionan que nosotros decimos que hay que liberar a todos los presos en el CECOT, no es cierto».

Su experiencia, dijo, es que los gobiernos desmienten el contenido del señalamiento de violación a derechos humanos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado aseguró que lo que sí han solicitado la conformación «una comisión que pueda revisar lo actuado, que pueda revisar si se cumplió con el debido proceso «en los casos individuales y no de forma masiva y en base a eso algunas personas pueden quedar en libertad». Explicó que dicha comisión debiera estar conformada por salvadoreños con acompañamiento internacional.

Canton opinó en el programa que «el modelo de Bukele requiere la destrucción del Estado de Derecho. Se puede hacer lo mismo, es decir, detener a las personas y hacerles juicios, dentro del marco de la ley», indicó.

De la misma manera, el abogado opinó que «la seguridad no se debe limitar a poner más policías en las calles y bajar la edad de imputabilidad, con eso no se logra nada y está probado porque llevamos décadas cometiendo esos errores, aquí en el caso de El Salvador lo estamos profundizamos aún más con crímenes de lesa humanidad».

El abogado argentino aseveró que el informe «fue bien recibido, ha habido artículos en todos los idiomas en los principales medios del mundo, no así por parte del Gobierno» y «todo esto fue ad honorem», ante aseveraciones de posibles financiamientos de George Soros.

Canton fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), articipó en programas con organizaciones no gubernamentales en El Salvador y visitó El Salvador cuando los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí por la Liberación Naciona (FMLN) buscaban hacer un juicio político al actual Nayib Bukele.

«En esa oportunidad me reuní con el presidente Bukele, pocos días me dijo el exsecretario general (Luis Almagro): fuiste a El Salvador y salvaste la presidencia de Bukele en ese entonces con el informe que hiciste», relató. Dicho informe, que concluyó que no tenía sentido un juicio político contra el presidente, fue presentado en mayo de 2021.

Según el abogado, el informe también incluía riesgos como la falta de independencia del poder judicial, la persecución a la prensa, la cooptación del poder, entre otros. «En efecto, fue lo que pasó posteriormente. Ahora es mucho más grave», afirmó.

El informe aseveró que «existen motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad» durante el régimen de excepción, un delito definido como ataque generalizado o sistemático contra una población civil; este consideró que hay más de 89,000 personas detenidas de forma masiva y arbitraria, al menos 8,000 personas inocentes liberadas reconocidas por el gobierno, 3,000 menores privados de libertad, 400 personas fallecidas bajo custodia estatal, 540 casos documentados de desapariciones forzadas, 814 casos de tratos crueles hasta marzo de 2024, 40 periodistas desplazados, 34 defensores de derechos humanos y 18 sindicalistas detenidos por razones políticas.

El presidente Nayib Bukele deslegitimó a las organizaciones no gubernamentales y a los expertos, señalándolos de tener una agenda coordinada y financiada desde el exterior (George Soros) y de preocuparse exclusivamente de los derechos de los delincuentes. «Únicamente defienden los derechos de los criminales», indicó en X.

Por su parte, Félix Ulloa, vicepresidente, cuestionó por qué las organizaciones no han denunciado el «genocidio» provocado por las pandillas argumentando que este es crimen de lesa humanidad.

El secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos, Riley Barnes, se reunió con líderes religiosos para conversar sobre el compromiso compartido «con la libertad religiosa», informó la Embajada de los Estados Unidos.

La oficina diplomática informó que Barnes cumple en El Salvador «una apretada agenda enfocada en atestiguar las transformaciones de seguridad que ha vivido el país que permiten a los salvadoreños gozar sus derechos fundamentales».

El funcionario se reunió antes con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, con quien dialogó «sobre el compromiso de El Salvador con la defensa de la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos«.

En X, la Embajada manifestó que el gobierno de Estados Unidos comparte la opinión de que «la justicia, la ley y el orden son esenciales para la defensa de los derechos humanos» y se comprometió a continuar con su cooperación.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dijo ayer que «es algo que se va a aplicar hacia el futuro», en referencia a la reforma constitucional y a cuatro leyes para sancionar con cadena perpetua los delitos de homicidio, feminicidio, violación y organizaciones terroristas o pandillas, bajo estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

El funcionario no detalló de qué forma se aplicaría la reforma «hacia el futuro» en los procesos penales iniciados contra más de 91,300 supuestos pandilleros capturados durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022.

“Hubiera sido muy difícil llegar a este punto, porque en realidad es algo que se va a juzgar hacia, más bien, que se va a aplicar hacia el futuro, en primer lugar. Si esto se hubiera logrado aprobar en 2006, con los centros de reclusión que teníamos en aquel entonces básicamente se hubieran convertido en algo que hubiera pasado desapercibido”, aseguró el fiscal, en respuesta a una pregunta del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sobre qué hubiera pasado si hace 20 años se hubiera aprobado la reforma propuesta.

Delgado sostuvo que, si no se tiene un sistema penitenciario “robusto, adecuado, preparado para tener a estas personas durante tanto tiempo recluidas”, la reforma hubiera sido “contraproducente” o “letra muerta”.

Uno de los nuevos delitos que sería sancionado con prisión perpetua es la «pertenencia a organización terrorista como pandilla», delito que será agravante cuando sea cometido por cabecillas, funcionarios, quienes pacten acuerdos u ofrezcan cuerdos, para intermediarios, negociadores, entre otros.

Los diputados acordaron la reforma al artículo 27 de la Constitución para aprobar la cadena perpetua y esta posiblemente sería ratificada la próxima semana. La Comisión Política espera, según las afirmaciones del presidente legislativo, Ernesto Castro, cuando divulgó la programación de las consultas, emitir dictamen el próximo martes.

El Gobierno ha solicitado reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley por una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y Ley especial contra el terrorismo para aprobar la pena perpetua como única pena posible en ciertos delitos y con la posibilidad de obtener una “libertad controlada” solo después de más de 25 años de prisión si es menor o más de 30 años si es adulto en prisión.

La propuesta de reforma se encuentra bajo estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que posiblemente dictaminaría, la próxima semana, la ratificación de la reforma constitucional del artículo 27, para levantar la prohibición de la pena perpetua.

¿Para quiénes y para qué delitos aplicaría según la propuesta de reforma?

Menores y adultos: la reforma a la Ley Penal Juvenil busca que los menores puedan ser sancionados con prisión perpetua.

Pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla: el que pertenezca a una organización terrorista conocida como pandilla sería sancionado con pena de prisión perpetua. En la reforma se mencionan como agravantes si son: creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas, cabecillas, autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, si promueven, ayudan, facilitan o favorezcan la conformación de las pandillas, quienes pacten acuerdos u ofrezcan beneficios, para intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores,

Homicidio simple: el que matare a otro sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Homicidio agravado: se impondría la pena de prisión perpetua.

Feminicidio: quien cause la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Feminicidio agravado: sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Violación: el que mediante violación tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona sería castigado con prisión perpetua.

Violación en menor o incapaz: el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad, o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental de su estado de inconciencia o de su incapacidad de resistir, sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Violación y violación en menor o incapaz agravada: los delitos de violación y violación en menor o incapaz serían sancionados con prisión perpetua.

Otras penas según la propuesta de reforma

Organizaciones terroristas: los que formen parte de organizaciones terroristas, con el fin de realizar cualquiera de delitos, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años; los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, con prisión de 40 a 60 años.

Las organizaciones terroristas se definen como “agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanentes, con jerarquía y disciplina”, para usar métodos violentos con el fin de ”infundir terror, inseguridad, alarma” o “arrogarse el ejercicio de potestades” soberanas del Estado o para afectar los derechos de la población.

Delitos tentados y cómplices

Para cómplices y para los delitos tentados, los cómplices se establecerán “desde la mitad del plazo hasta el plazo previsto para la primera revisión de la pena de prisión perpetua”. Es decir, desde 12 años y medio en adelante, ya que la primera revisión obligatoria se daría a partir de 25 años para los menores y a partir de los 30 años de prisión a partir de los 30 años con un delito, a partir de 35 años con concurso de delitos y 40 años, con agravante o extrema gravedad cualificada.

Agresión sexual agravada

El delito de “agresión sexual en menor o incapaz” sería “sancionado con la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte”. La pena de la agresión sexual según el artículo 161, que no se reformaría, tiene una sanción con prisión de diez a quince años.

Agrupaciones ilícitas

Tendrá una sanción de 10 a 20 años de prisión. Será considerado como la conformación de tres o más personas temporal o permanentemente para delinquir.

La forma de gobierno en El Salvador es calificada como autocracia electoral en el informe de Democracia 2026 publicado en marzo por el V-Dem Institute, una entidad que evalúa las democracias en el mundo desde 1789 con 600 atributos.

El gobierno de El Salvador ha rechazado públicamente este tipo de informes. En mayo de 2025, el presidente, Nayib Bukele, criticó un mapa sobre la calidad democrática de los países en el mundo y cuestionó por qué las puntuaciones más altas «las obtienen las monarquías hereditarias y los regímenes que prohíben a sus oponentes».

El informe 2026 del Instituto V-Dem indica que las tres cuartas partes de la población mundial (74 %) vive en autocracias y el 7 % en democracias liberales; y que el mundo tiene 92 autocracias y 87 democracias hasta el cierre del año 2025. La totalidad de la población que reside en países con democracias, señala, son dos mil millones; y mientras los que viven en autocracias suman los seis mil millones.

Dentro de las autocracias, la autocracia electoral es el régimen de gobierno más popular en 2025, ya que cerca de la mitad de la población vive en dicha forma de gobierno según el Instituto: 3,800 millones o 46 %. Las autocracias cerradas incrementaron a un 28 %, con la suma de Bangladesh.

De acuerdo al estudio la mayoría de población en Latinoamérica vive en democracia, el 71 %: un 5 % en “democracias liberales” como Chile, Costa Rica y Uruguay; 64 % en “democracias electorales” como Argentina y Brasil; 2 % en “democracias en zona gris”, donde ubica a Guyana y Honduras; y 29 % en autocracias: 20 % en autocracia electoral en zona gris (México); 6 % en “autocracias electorales” como El Salvador, Nicaragua y Venezuela; y 3 % en “autocracias cerradas” en Cuba y Haití.

La publicación ubica a 44 países en donde empeoró la libertad de expresión y solo en 11 países en donde mejoró. También señala que en 33 países se recurre más a la tortura política “para reprimir a la oposición”, que en 31 ha empeorado la capacidad para investigar la conducta inconstitucional del Ejecutivo y que en 28 países se incumple cada vez más la Constitución.

El informe 2026 del V-Dem indica que El Salvador está marcado por “arrestos arbitrarios y encarcelamientos masivos, restricciones a la libertad de expresión, la sustitución de jueces del Tribunal Supremo y la manipulación de los límites de mandato”, señala que la caída del LDI en El Salvador entre 2019 y 2021 “es comparable casi únicamente a golpes militares”. También menciona el segundo mandato de Nayib Bukele a partir 2024 pese a una prohibición inicial de reelección inmediata, la sustitución de magistrados en la Corte Suprema y la eliminación de límites a la reelección presidencial continua. “El Salvador es una autocracia electoral, pero una de las más opresivas de esta categoría”, indica el informe.

El informe 2025 del Instituto V-DEM ya ubicaba a El Salvador como autocracia electoral; en el informe 2021, que se realizó con datos de 2020, El Salvador aparecía aún como «democracia electoral».

¿Cómo define los regímenes de gobierno el Instituto V-DEM?

Autocracia cerrada: no hay elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo, no hay libertad de expresión, ni libertad de asociación ni elecciones libres y justas.

Autocracia electoral: hay elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo pero los niveles de requisitos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación, y la celebración de elecciones libres y justas son insuficientes.

Zona gris: los países pertenecen a esta categoría si los intervalos de confianza se superponen, lo que hace que la clasificación sea más incierta.

Democracia electoral: las elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo son libres y justas; existen grados satisfactorios de sufragio, libertad de expresión y libertad de asociación.

Democracia liberal: se cumplen los requisitos de la democracia electoral; existen limitaciones judiciales y legislativas al poder ejecutivo, junto con la protección de las libertades civiles y la igualdad ante la ley.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, defendió este viernes la ratificación de la reforma constitucional y el paquete de reformas penales para establecer la cadena perpetua para los pandilleros y para los delitos de homicidio, feminicidio y violación; y habló de que hay “exalcaldes, exministros y experiodistas pandilleros”.

Delgado se refirió al delito de pertenencia a organización terrorista, “conocida como pandilla”, que se incorporaría en el artículo 344-A del Código Penal según la propuesta de reforma enviada por instrucción del presidente del país, Nayib Bukele, ese nuevo delito sería sancionado con pena de prisión perpetua.

“Me interesa mucho la redacción que le han dado, por cuanto que va orientado a aquellos que promueven, ayuden, faciliten o favorezcan la permanencia en las organizaciones, porque en realidad los que hacen eso son también pandilleros. También, los que realicen pacto o acuerdos de no persecución criminal, las famosas o denominadas treguas”, afirmó en su intervención, en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, esta tarde.

El funcionario prosiguió: “Tenemos exalcaldes, tenemos exministros, que para mí son en realidad exalcaldes pandilleros, exministros pandilleros, porque en realidad le facilitaron a toda esta gente seguir haciendo sus tropelías, tuvimos exguerrilleros pandilleros, tenemos también experiodistas pandilleros huyendo de la justicia por haber realizado este tipo de pactos al margen de la ley, pensaron románticamente que no estaban tratando con delincuentes, sino con niños rebeldes”.

Defiende reformas: “No es una Ley del Talión”

El fiscal aseguró que “esta no es una Ley del Talión, no es un ojo por ojo”, sino que “están justificadas por la prevención que se va a lograr de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan en libertad en un corto tiempo”. Aseveró que El Salvador es “un Estado de Derecho” y que el Estado de El Salvador “siempre reconoce la dignidad”.

“A diferencia de lo que pueden estar ladrando en el extranjero, esta reforma no implica una aniquilación biológica. Esta reforma no es incompatible con un sistema jurídico civilizado, que es el que nosotros aplicamos en El Salvador, un sistema duro, exigente, pero civilizado”, subrayó.

El funcionario mencionó la posibilidad que plantea la reforma de “libertad controlada” a los condenados a cadena perpetua y aseguró que esta respeta “el sistema interamericano de derechos humanos”. “Lo que el Sistema Interamericano, basado en el artículo 5.6 de la Convención Americana son las penas absolutas o fijas que no existen esperanzas de liberación… Hay personas que creen que nosotros les vamos a aplicar una coerción animal a estas personas, la pena perpetua es una herramienta del derecho, no es una coerción animal”, dijo.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa analiza la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución para eliminar la prohibición de la pena perpetua, y también reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley especial especial contra el terrorismo y Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en las cuales se define en qué delitos se aplicaría la cadena perpetua.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó el jueves a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que el delito de “agrupaciones ilícitas” se aplicaría a asocios de criminales para cometer delitos como asaltos, sin que estos pertenezcan a pandillas, al explicar la propuesta de reformas al Código Penal para aplicar la cadena perpetua en El Salvador.

Según la explicación del funcionario, en el artículo 344-A conceptualizaría el delito de pertenencia a organizaciones terroristas (pandillas) en todos sus niveles.

El artículo 344-A menciona: creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas, intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes; los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las organizaciones; el que solicita, promueva o pacte acuerdos de no persecución criminal.

“Respecto de los delitos contra el terrorismo local, estamos aprovechando esta modificación constitucional para solicitarles a ustedes la creación del artículo 344-A, que está antes del 345 de agrupaciones ilícitas, para poder conceptualizar dentro del 344 el delito de la pertenencia a una organización terrorista local, donde se establecen todos los diferentes parámetros, la diferencia entre líder, el tema de los que quieren ser, de los que ayudan de los que colaboran, con las consecuencias que la pertenencia implican, que dentro del régimen de excepción hemos estado usando el artículo 345, que establece el delito de agrupaciones ilícitas”, explicó el funcionario.

Villatoro añadió que el delito de “agrupaciones ilícitas” quedará “siempre para aquellas juntas o asocios de criminales para por ejemplo asaltar una tienda, que se ponen de acuerdo, para dejar bien claro que la pertenencia a organización terrorista, hay otros elementos que se deben considerar en base a la historia que hemos vivido”.

El delito de agrupaciones ilícitas será considerado como aquellas “agrupaciones, asociaciones y organizaciones con, al menos, estas características: que estén conformadas por tres o más personas, de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir” y será sancionado con prisión de 10 a 20 años, según la propuesta.

Actualmente, las “agrupaciones ilícitas” son definidas como tales pero también se incluyen las pandillas o maras, es decir, las mencionadas en el artículo 1 de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal; y se establecen penas de 20 a 30 años si son miembros; y de 40 a 45 años si son cabecillas.

La Comisión Política estudia la solicitud de ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, que prohíbe la pena de muerte y la cadena perpetua. Por ahora, los diputados han aprobado un “acuerdo de reforma” constitucional para eliminar la prohibición de la pena perpetua. Se prevé que la Asamblea Legislativa ratifique la próxima semana la reforma constitucional y posteriormente reforme el Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley para una vida libre de violencia para las mujeres y Ley especial contra el terrorismo para establecer la cadena perpetua como pena para los delitos de homicidio simple, agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y organizaciones terroristas, incluso cuando sean cometidos por menores.

La organización Alianza Américas aseguró este viernes que cientos de personas salvadoreñas beneficiarias del programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) han comenzado a reportar despidos debido a la “desinformación entre los empleadores” sobre la vigencia de sus permisos de trabajo.

Alianza Américas critica que la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) continúe “reflejando incorrectamente el 9 de marzo como la fecha de finalización de los permisos de trabajo” (EAD) y que la “demora del USCIS en la emisión de miles de tarjetas EAD” ha provocado “despidos”.

Según Alianza Américas, los salvadoreños están legalmente autorizados “para trabajar más allá del 9 de marzo de 2026” ya que la extensión automática de los permisos de trabajo se mantendría vigente hasta la fecha de finalización del TPS para El Salvador, el 9 de septiembre de 2026, luego de la prórroga aprobada durante la administración Biden.

La organización llega a esa conclusión luego de una actualización del sitio E-Verify, un sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que permite a las empresas determinar la elegibilidad de sus empleados, aclaró que las solicitudes de Documentos de Autorización de Empleo (EAD) presentadas antes del 21 de julio de 2025 califican para una prórroga de 540 días. Esto incluiría a salvadoreños que presentaron su solicitud de reinscripción entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

La actualización de E-Verify, lanzada el 13 de marzo de 2026, indica que la duración de los EAD basados en TPS se han visto afectados por los avisos del Registro Federal, la regla provisional del DHS a partir del 30 de octubre de 2025 y la implementación de USCIS del gran proyecto de ley el 22 de julio de 2025, ya que en la mayoría de casos la extensión automática se ha reducido o eliminado.

Este sitio asevera que, si la solicitud de renovación fue presentada después del 22 de julio pero antes del 30 de octubre, la extensión automática está limitada a un año o la duración de TPS, y no puede reclamar extensión completa de 540 días.

“Desde Alianza Americas, consideramos fundamental visibilizar esta actualización de E-Verify… La nueva ley conocida como H.R. 1 no redujo a un año la duración del TPS de El Salvador ni de las tarjetas EAD. Las personas beneficiarias cuentan con una extensión automática válida de 540 días y tienen derecho a continuar trabajando”, señaló.

Dicha organización muestra su preocupación porque la oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no ha actualizado “de manera consistente otras plataformas clave como el sistema SAVE”, ya que es “consultado por empleadores como por agencias estatales” para verificar la vigencia del permiso migratorio.