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Más de 170,000 inmigrantes salvadoreños han comenzado una carrera contrarreloj para evitar su deportación, a menos de un mes de que se venza el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del Gobierno del presidente, Donald Trump, desde su primer mandato.

El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.

«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», dice a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), que ha impulsado las renovaciones del amparo otorgado en febrero de 2001 a El Salvador, tras los dos terremotos que azotaron al país ese año.

Cuenta que en los últimos días el teléfono de la organización no ha parado de sonar con preguntas de salvadoreños que «están en pánico» por la posible cancelación.

La cruzada de Trump

La respuesta para estos inmigrantes no es muy esperanzadora. El abogado de inmigración Fernando Romo cree que «no es probable» que se extienda el amparo, según advierte a EFE.

Su negativa se basa en las órdenes impartidas contra este programa por el presidente Trump, tanto en su primera (2017-2021) como en la actual Administración.

En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, dando a los amparados (unos 180,000 para ese año) 18 meses para buscar otro camino para la residencia o salir del país.

El programa logró mantenerse por una orden judicial, tras una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos estadounidenses, alegando que el Gobierno se basó en razones discriminatorias y racistas.

A pesar de la derrota, Trump continuó con su cruzada al regresar a la Casa Blanca eliminando el amparo de varios países, entre ellos Venezuela y Haití, que también recurrieron a los tribunales. Pero el republicano esta vez se alzó con una victoria cuando la Corte Suprema dictaminó que tenía autoridad de revocar el TPS.

En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, se cree que el Ejecutivo solo dejará expirar la protección para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación. Es una situación «muy complicada», estima Romo.

Buscando ser invisibles

El miedo en los tepesianos, como se conoce a los beneficiados, es tal que han pasado de ser muy vocales a quedarse casi en silencio: «La migra está viendo quién protesta, así que es momento de quedarse callados», indicó a EFE un salvadoreño beneficiado con el TPS, que prefirió mantener el anonimato.

Aunque Tejada entiende el temor, también cree que solo una lucha coordinada que incluya a los inmigrantes podrá salvar el amparo. Un mensaje que el salvadoreño José Urias ha reforzado en los últimos días para que el Congreso actúe y prorrogue el amparo para unos 16 países.

Urias, un empresario que emplea a más de 50 personas en Malden (Massachusetts) y que está protegido por el TPS, ha sido una cara activa en el movimiento de la Alianza TPS, creado para defender el programa.

«Los favorecidos por el TPS somos gente trabajadora, tenemos un récord limpio, el FBI nos chequea cada 18 meses, y pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nos quieren sacar del país?», cuestiona.

Cuenta que aunque tiene una empresa de construcción y de finca raíz que genera empleo y paga impuestos, no ha encontrado otra vía para cambiar su estatus de TPS en décadas. «Nunca nos han dado ese camino a la ciudadanía. Ya es hora de que el Congreso actúe», insiste.

Para Tejada en esta lucha también es necesaria la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a favor de los tepesianos, que envían remesas a su país. Sin embargo, el mandatario no ha podido frenar las deportaciones, que en el primer semestre de 2026 crecieron un 73.8 %.

Las órdenes de expulsión contra salvadoreños emitidas por jueces de inmigración aumentaron en un 12 % durante el mes de junio, un crecimiento por debajo del promedio de incremento que sufrieron en general las órdenes de expulsión del 30 %, de acuerdo con datos recolectados por TRAC, un proyecto de investigación de datos no partidista y sin fines de lucro fundado en 1989.

Los jueces migratorios en Estados Unidos emitieron 2,835 órdenes de expulsión contra salvadoreños en marzo, 2,890 en abril, 2,719 mayo y aumentó a 3,182 salvadoreños con órdenes de expulsión en junio.

En junio, los países con más cantidad de resoluciones de expulsiones en ese orden son: México (15,773) Venezuela (10,939), Honduras (9,686), Guatemala (8,340), Colombia (5,255), Ecuador (4,463), Nicaragua (4,365), El Salvador (3,182), Perú (2,167), entre otros.

La entidad advirtió que las órdenes de expulsión emitidas por jueces de inmigración en general han aumentado a un nivel de 50,000 mensuales durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, que inició su segundo periodo el 20 de enero de 2025.

Desde junio de 2024 a junio de 2025, las órdenes judiciales de expulsión en los tribunales de inmigración oscilaron entre 20,000 y menos de 50,000. A partir de julio de 2025, las órdenes judiciales de expulsiones superaron los 50,000 y en marzo de 2026 superaron las 60,000; pero llegaron a 100,773 solo en el mes de junio de 2025.

Los países de migrantes con más aumento en órdenes de expulsión de sus connacionales fueron Haití, República Dominicana y Brasil. La mayoría de expulsiones son ordenadas por tribunales de Texas, Illinois y California.

En general, más del 70 % de las resoluciones judiciales de expulsiones son órdenes de remoción y en menor parte salidas voluntarias, actas terminadas y menos del 3 % se registran como alivios concedidos.

El secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseveró el lunes que los candidatos que presentará el partido político en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes realizarán propuestas claras y que ningún militante podrá hablar sin orientación partidaria.

Flores, quien ha anunciado que dirigirá la campaña electoral del partido de izquierda, aseveró que los candidatos del FMLN realizarán propuestas “claras, no mentirosas” como poner satélites y que la militancia «debe ponerse al frente».

“Vamos a dar las orientaciones desde la dirección en su debido momento, aquí nadie se va a dar el lujo de andar hablando en nombre del partido sin orientación, y el que lo haga, pues, es una indisciplina, es acorde a estatuto que cada militante se prepare para la campaña”, afirmó el dirigente de izquierda, en su conferencia de prensa habitual transmitida por el canal del partido político.

Flores reiteró que no se postulará para ningún cargo público en las elecciones de 2027 y que se concentrará en dirigir la campaña del partido.

En julio pasado, Flores dijo que respetarán las propuestas del candidato presidencial, el médico sindicalista Rafael Aguirre. “Le dije al doctor, una vez sea el candidato, las plataformas, las propuestas, las vamos a respetar. Nosotros hacemos cumplir el estatuto, el FMLN pertenece al pueblo, ¿cómo vamos a tener la dicha de ponerle candados a la participación del pueblo?”, dijo.

El partido de izquierda realizará una Convención Nacional en septiembre en la cual ratificará a sus candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

El dirigente detalló ayer que han completado a los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, incluidas las correspondientes a la circunscripción electoral de salvadoreños en el extranjero, advirtiendo que las seis fórmulas de candidatos a diputados propietarios con sus suplentes residen en diferentes países: Estados Unidos, Canadá, España, Perú, Suecia, Italia y El Salvador.

“Entendimos que nuestros compatriotas en el exterior eran los que debían representar a nuestros compatriotas en el exterior, pero vienen los manipuladores de la ley y comienzan a hacer sus decretos y resoluciones para su favor”, criticó a partidos, como Nuevas Ideas, que llevan candidaturas a diputados por el exterior pero que residen en El Salvador. El dirigente aseveró que, en el partido oficial, una diputada actual de San Salvador no podrá votar por ella misma, ya que la ley –de sufragio en el extranjero– requiere que los electores de esta circunscripción tengan su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero.

Sin embargo, Flores aseguró que estarán “alertas” de cualquier otra reforma electoral que pueda aprobar la Asamblea Legislativa. “De lo que pueda ocurrir en la Asamblea porque esa gente que no tiene carácter van a adaptar las leyes a su favor. Ojalá jueguen con las reglas claras”, aseveró.

Las elecciones generales en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027, fecha para el cual adelantaron las elecciones presidenciales de 2029 mediante una reforma constitucional del próximo gobernante para el periodo 2027-2033; además de 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 candidatos alcaldes y sus concejos municipales.

El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, cuestionó el lunes al presidente de la Corte de Cuentas de la República, Walter Sosa Funes, porque según su visión en la Cámara de Segunda Instancia que él preside «está el cuello de botella» de la institución.

El diputado argumentó que en dicha Cámara hay «una pésima producción» ya que de un total de 2,147 recursos, «solamente se han resuelto 48». «¿Por qué tenemos 2,099 recursos presentados a la Cámara que usted preside y no tenemos respuesta ante esos recursos… Ahí se traba, ahí está el cuello de botella en la Corte, nunca terminan siendo condenados», afirmó el legislador cian al titular de la Corte de Cuentas que busca ser reelecto en el cargo.

«¿Por qué me llama la atención?, es usted la persona, el presidente de la Cámara de Segunda Instancia, juntamente con sus colegas, donde está el cuello de botella actualmente», insistió Coto, quien en un inicio aseguró que la fiscalización ha mejorado pero que había un «modus operandi» de dos etapas.

Citando datos de la memoria de labores de 2025, Coto dijo que la Corte hizo 656 auditorías con más de 2,000 hallazgos por $26 millones en condenas pero solamente $471,000 «han sido cancelados como tal», un 1.80 %.

El diputado reclamó que una persona «se puede postular» para un cargo público en las elecciones porque «no hay una resolución firme» de los casos que se le siguen en la Corte de Cuentas, incluso «con otro partido político».

«No es que sea un cuello de botella, lo que sucede es que en primera instancia se tienen siete cámaras, en cada cámara hay dos jueces… Las siete cámaras remiten los expedientes a una única Cámara de Segunda Instancia», le respondió el presidente de la CCR.

«También sepamos que, cuando se interpone un recurso, es porque los casos son voluminosos o por la misma complejidad del mismo. Tenemos cerca de 2,000 casos en trámite, efectivamente hemos ratificado condenas, no es que solamente ahí lleguen a dormir el sueño de los justos», se defendió el funcionario.

Coto le preguntó cuántas resoluciones ha emitido la Cámara de Segunda Instancia durante su gestión como presidente de la CCR. Sosa le respondió que 48 de enero a julio de 2026; y 48 el año anterior.

La Cámara de Segunda Instancia es integrada por Walter Sosa y los magistrados Julio Bendek y José Flores, los tres fueron electos por Nuevas Ideas y buscan su reelección un tres años más.

Sosa y Bendek fueron entrevistados el lunes por la Comisión Política como parte del proceso de elección.

A Bendek, el diputado le preguntó cuál es la principal falencia en juicio de cuentas, a lo cual el funcionario respondió que los procesos «deben ser orales porque la modernización del Estado pasa por esas dinámicas inmediatas y poder tener una ley procedimental especial», lo que afirmó «ayudaría a acelerar mucho los procesos”.

El diputado Coto le preguntó al jefe de auditores gubernamentales, Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, por qué hay mora judicial en la Cámara de Segunda Instancia.

Ventura Bonilla, también candidato a magistrado de la CCR, respondió: «Su origen es simple. Simplemente no quieren dar sentencia. Así, simplemente tienen el expediente y simplemente no los procesan y no hay sentencia. Entonces, eso es así de simple, verdad».

El diputado cian le preguntó si hay una razón.

«La razón pueden ser muchas, puede ser una, política, la otra puede ser algunas veces el presidente de esta Comisión ocupa esta palabra ‘por cherada’, o porque no quieren afectar intereses que también van más allá de lo personal», contestó.

El candidato le preguntó si eso es lo que él quería escuchar. «Usted presume, verdad», le dijo el legislador, a lo que el aspirante respondió afirmativamente.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, aseguró que «delincuentes confesos quieren optar a cargos públicos» y «cuentan de manera misteriosa con finiquitos», sin mencionar candidatos específicos que podrían tener sus finiquitos para su postulación hacia las elecciones de 2027.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a los primeros cinco aspirantes a la Corte de Cuentas de la República (CCR): el propio presidente de la CCR, el primer magistrado de la CCR, el actual presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), el jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR y una auditora gubernamental.

Edgar Eliseo Alvarenga Funes, de 44 años, actual presidente del ISTA, licenciado en administración de empresas y de contaduría pública, y aseguró que desde el año 2013 fue auditor gubernamental y jefe de equipo en la Corte de Cuentas.

Durante la entrevista el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, señaló irregularidades en gestiones anteriores de la CCR y aseguró que «expresidentes que terminaron presos tenían su finiquito de la Corte de Cuentas», así como personas que cobraban o vendían «finiquitos, auditorías».

El candidato dijo que busca que «los cambios sean profundos» ante ese antecedente «negro, oscuro». «Si usted actuó bien, la Corte no debería observar», aseveró.

Según el aspirante, dentro de sus líneas están la modernización tecnológica; la fiscalización en la institución y comprobación de «rumores sobre la institución»; y el trabajo de la mano del área de Auditoría Forense y la Fiscalía General de la República.

Sostuvo que su ventaja es que él conoce cómo funciona el Ejecutivo. «Ningún dólar debe ser demasiado poco para no fiscalizarlo», afirmó.

El candidato aseguró que del año 2015 al 2025 hay una brecha del 64 % entre los hallazgos y las sentencias jurisdiccionales, algo que consideró «demasiado grande para que todo corresponda a que era inocente». «Acercar ese criterio técnico entre auditoría y juicio de cuentas considero que deja demasiados vacíos y personas inocentes», advirtió el candidato.

Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025 y que concluye su periodo el 27 de agosto de 2026. Fungió como jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, juez de paz y de juez de instrucción.

Sosa Funes hizo un resumen de la cantidad de acciones de control realizadas durante su gestión y dijo que su meta es auditar el año inmediato anterior: «Me encuentro con ministerios que su gestión fiscal 2020 estaba siendo auditada, eso no es posible», señaló. Prometió que al final de 2026 están auditando la gestión 2025.

En 2025, realizaron 93 auditorías financieras y 563 exámenes especiales; y que en 2026 buscan realizar 562 acciones de control, han ejecutado 152 auditorías, tienen 259 auditorías en ejecución y tienen 151 auditorías programadas. Agregó que llevan 2,200 servidores públicos capacitados.

“El resultado es tener a estas instituciones al día, porque lo que buscamos como Corte de Cuentas no es hacer auditorías reactivas, sino apoyarles a todas las instituciones, a todos aquellos que reciban fondos públicos, es importante que estas auditorías estén al día, porque les ayudamos a ordenarse, es importante que las auditorías no se hagan cinco años atrás como era la costumbre, como sucedió cuando yo asumí la presidencia de la CCR”, afirmó.

El funcionario reveló que la CCR no realizaba el plan de fiscalización de vehículos nacionales durante vacaciones desde el año 2021 e indicó que lo reanudaron durante su gestión.

Karla Gabriela Siliézar Liévano, la tercera entrevistada, una licenciada en contaduría pública con maestría en auditoría, de 32 años, actualmente se desempeña como auditora gubernamental en la Corte de Cuentas.

Aseguró que formó parte de las firmas de auditoría Deloitte y KPMG, y del programa de formación de capital humano del Ministerio de Hacienda.

Propuso una transformación digital y la creación de un repositorio inteligente con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, como una herramienta de apoyo a los procesos de auditoría y juicios de cuentas, así como con alianzas con universidades y la Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

«La IA no va a sustituir el criterio profesional del auditor y del juez de cuentas, será una herramienta de apoyo para fortalecer y agilizar los procesos, un asistente IA para ética pública, denuncias, contrataciones, transparencias y antisoborno, para ello crear un chatbot web con menús rápidos e interactivos que orienten al usuario en sus primeras consultas», dijo.

La candidata propuso crear un juicio de cuentas digital, un uso mínimo de papel, la unificación de criterios de auditoría, y alianzas estratégicas con el Ministerio de Hacienda.

Julio Guillermo Bendek Panameño, primer magistrado de la CCR, antes fue segundo magistrado de agosto de 2020 a agosto de 2023. Fue procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos, y asesor jurídico y jefe de contratos en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). También, laboró en Romero Pineda & Asociados.

El funcionario enfatizó en el control preventivo que realiza la Corte de Cuentas, «es la piedra angular», dijo.

«En el año 2021, donde se dio un cambio masivo de alcaldías, llegaron más de 200 alcaldes nuevo, se les capacitó a todas las alcaldías; en el año 2024, después de la transformación territorial, trabajamos para generar una transición a estas nuevas alcaldías… Todo eso en la medida de que los buenos funcionarios supiran cómo manejar las cosas», afirmó a los diputados.

El quinto entrevistado fue Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, licenciado en contaduría pública y jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR. Ventura Bonilla es licenciado en contaduría pública graduado de la Universidad de Nueva San Salvador.

Criticó que lo que había hecho el resto de candidatos era «una rendición de cuentas» y agregó que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial», dino una «herramienta que ayude a decidir que criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o para hacer una mejor sentencia».

Enfatizó en que es necesario «reforzar el sistema de auditoría automatizado», «resolver la mora histórica» y «certificar a los auditores»; y sugirió evitar la caducidad resolviendo antes los procesos más antiguos.

La Comisión Política debe entrevistar a un total de 18 candidatos a la CCR, proceso que continuará el próximo lunes 17 de agosto.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ratificará en Convención Nacional a sus candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

El secretario general del partido, Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, detalló este lunes que la Convención Nacional se desarrollará en septiembre. “Nos preparamos para la Convención Nacional para ratificar a todos y todas las candidatas”, anunció este lunes en conferencia de prensa.

“Hemos completado prácticamente las candidaturas a diputados tanto nacionales como en el exterior”, indicó.

Según Flores, los candidatos a diputados por la circunscripción de salvadoreños en el extranjero residen fuera del país.

“Entendimos que nuestros compatriotas en el exterior eran los que debían representar a nuestros compatriotas en el exterior, pero vienen los manipuladores de la ley y comienzan a hacer sus decretos y resoluciones para su favor”, criticó a partidos, como Nuevas Ideas, que llevan candidaturas a diputados por el exterior pero que residen en El Salvador.

Sin embargo, Flores aseguró que estarán “alertas” de cualquier otra reforma electoral que pueda aprobar la Asamblea Legislativa. “De lo que pueda ocurrir en la Asamblea porque esa gente que no tiene carácter van a adaptar las leyes a su favor. Ojalá jueguen con las reglas claras”, aseveró.

El dirigente aseveró que los candidatos del FMLN realizarán propuestas “claras, no mentirosas” como poner satélites.

En este tema, dijo que la militancia debe ponerse al frente.

“Vamos a dar las orientaciones desde la dirección en su debido momento, aquí nadie se va a dar el lujo de andar hablando en nombre del partido sin orientación, y el que lo haga, pues, es una indisciplina, es acorde a estatuto que cada militante se prepare para la campaña”, afirmó.

Antes de preparar la campaña, dijo, prepararán la Convención Nacional y la estrategia de la defensa del voto.

El FMLN participará en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se desarrollarán el 28 de febrero de 2027 en El Salvador, luego de que las presidenciales de 2029 fueran adelantadas a 2027 debido a una reforma que cambió los quinquenios por sexenios presidenciales.

El exdiputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de organización de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), aseveró que el partido Gana decidió no participar en las elecciones presidenciales con candidatos propios.

“Vamos a respaldar la candidatura del presidente Bukele”, anunció el vicepresidente de organización del partido, el exdiputado del partido que abanderó la candidatura presidencial de Nayib Bukele para su primer periodo de 2019 a 2024.

Gallegos aseguró que ya eligieron candidatos a diputados y alcaldes, aunque aseguró que esta semana publicarán los nombres de los candidatos. El partido aliado de Nuevas Ideas realizó elecciones internas hasta el 29 de julio según el exlegislador.

El dirigente reiteró que no participará en las elecciones de 2027 en ninguna candidatura. Gallegos perdió su curul en las elecciones legislativas de 2024.

Gallegos había considerado la participación en las elecciones presidenciales para intentar ganar uno de los tres puestos del Tribunal Supremo Electoral que le correspondían a propuestas de partidos políticos; sin embargo, una reforma constitucional quitó la potestad a los tres partidos con más cantidad de votos en las últimas presidenciales de proponer a los primeros tres magistrados del TSE.

El Salvador realizará elecciones municipales, legislativas y presidenciales el 28 de febrero de 2027.

Las presidenciales de 2029 se adelantaron hacia 2027 por reforma constitucional debido a que se extendió el periodo presidencial de cinco a seis años en una reforma a la Constitución que también habilitó la reelección presidencial indefinida para que el presidente Bukele pudiera postularse para su segunda reelección, ahora para el primer sexenio, el periodo 2027-2033.

El partido Vamos decidió no participar en las elecciones presidenciales porque consideran que hacerlo sería legitimar una reelección que aseveran sería inconstitucional. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial continua.