La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable de reforma a la Ley del Fondo de Conservación Vial (Fovial) para que pueda constituir o poseer acciones en todo tipo de sociedades para la rehabilitación, mantenimiento, operación o explotación de la red vial nacional prioritaria mantenible y la red vial urbana prioritaria mantenible, así como los servicios asociados.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, dijo, en la comisión legislativa, que la mayoría de instituciones autónomas ya tienen la facultad de crear sociedades de economía mixta.
“Sacar terminales, se da el terreno y una empresa privada construye la terminal y la administra. Al dar un terreno, tenemos que tener cierta participación y ciertos ingresos de eso, no es que se le da de gratis… Por dar un ejemplo”, aseveró.
La reforma prohibiría que, al participar en sociedades, el Fovial comprometa su sostenibilidad financiera o asuma obligaciones o riesgos “desproporcionados” para el Estado o la institución.
Aerocable o terminal de occidente
El funcionario ejemplificó que esta figura puede aplicarse en la administración del Aerocable el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) o la construcción de la nueva terminal de occidente.
Explicó que tienen entre sus planes movilizar la terminal de occidente. “Los mismos empresarios del transporte público han venido diciendo que ellos están dispuestos a construir una terminal y administrarla”, afirmó, “por el sector de Santa Tecla”, algo que podría realizarse mediante un asocio público privado o una sociedad de economía mixta.
Busca sostenibilidad de proyectos
Según la solicitud, la reforma busca fortalecer la capacidad operativa del Fovial, “la sostenibilidad de sus actividades, y mejorar la calidad y continuidad de los servicios vinculados con la conservación vial”.
De acuerdo con la petición del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), se busca participar en la constitución o funcionamiento de sociedades de cualquier naturaleza” para el “mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, a la gestión de riesgos y a la ejecución de actividades técnicas, administrativas o logísticas relacionadas con sus funciones”.
El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena), Carlos García Saade, defendió la decisión del partido político de participar en la elección presidencial adelantada que se celebrará el 28 de febrero de 2027.
“Nosotros no es que estamos legitimando una candidatura, lo que nosotros estamos haciendo es compitiendo… ¿Cómo vamos a cambiar de rumbo si no hay nadie que quiera participar? Si yo no estoy conforme con las reglas, si yo no estoy conforme con quien está en el poder, yo lo que no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados… ¿Cómo vamos a perder una vocería?”, fueron frases expresadas este lunes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.
El titular del partido Arena aseguró que esta vez llevan a una mujer como candidata a la presidencia de la República, algo calificado por el dirigente como “nunca antes visto en la historia”.
Elogió las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de El Salvador de la exdiputada Mayteé Iraheta y la dirigente Verónica Henríquez, respectivamente. «Son 100 % areneras, ellas han dialogado con la sociedad civil».
El dirigente hizo referencia a que muchos no quieren ser candidatos de Arena y también sostuvo que asumir las candidaturas es cargarse con una carga considerable.
“Mujeres valientes que no cualquiera se echa ese gran, no sé cómo decirlo de forma bonita, don Moisés, esas candidaturas encima, verdad”, expresó en la entrevista.
Cuando el entrevistador le preguntó sobre si no estaban legitimando la elección presidencial de febrero de 2027. “Muchas cosas se dicen en redes… Todos quieren decirnos qué hacer a los partidos pero ninguno se compromete a ser candidato”, afirmó.
Arena es uno de los dos partidos de oposición que tiene presencia en la Asamblea Legislativa con dos escaños, de un total de 60, ocupados por los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, quienes se postularon nuevamente para participar en las elecciones de 2027. La oposición únicamente ocupa tres curules de 60. Por otro lado, Arena es el único partido de oposición que lidera una alcaldía municipal, por Milagro Navas, de un total de 44.
En las elecciones de 2024 el partido Arena perdió 679,203 votos, una caída de 79 %, respecto a los 857,084 que había tenido en 2019. Tuvo 177,881 en la elección presidencial de 2024.
El director de la Asociación Agenda Migrante de El Salvador, César Ríos, descartó este lunes que el fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva ya que la ley otorga un plazo de seis o 180 días meses para que la familia se prepare para una salida del territorio estadounidense.
“El fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva; uno, porque si dicen hasta aquí el TPS y dicen no hay nada, ninguna resolución, dan seis meses para que la familia se prepare y para que agilice los trámites administrativos migratorios”, afirmó en la entrevista “Punto de vista” de YSKL.
El experto señaló que “no hay capacidad logística para hacer esa deportación masiva” ya que en un año tendrían que estar enviando a mil personas por día a El Salvador.
Según Ríos, mucha población salvadoreña con TPS “está siendo solicitado por los hijos mayores de 21 años” ya que tienen 26 años de estar en Estados Unidos; un segundo grupo lo conforman personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses; un tercer grupo son empresarios; y un cuarto sector, dijo, son salvadoreños con orden de deportación por infracciones de ley o penales.
El especialista en temas migración advirtió de esperanzas de una alternativa por la “buena relación de país a país y de presidente a presidente”, Nayib Bukele y Donald Trump, quienes se reunieron el 16 de julio durante no más de 20 minutos sin divulgar el contenido del encuentro.
Según Rios, la decisión del TPS es política y ya no humanitaria, un enfoque que podría ser la razón por la cual el TPS de El Salvador aún está vigente.
“Podría ser que así como antes el TPS se alargaba más, podría ser el contrario, que den un permiso de trabajo que se alargue más del tiempo del TPS, si en un dado caso cancelan el TPS el 9 de septiembre… porque muchos de los compatriotas están a la espera de resoluciones que han gestionado administrativamente, como por ejemplo han sido solicitados por sus hijos, por sus esposas ciudadanas, porque el patrono los está solicitando; y esto te rompe el matrimonio con TPS y te quedas con un trámite administrativo migratorio”, planteó.
Ríos también aclaró que la más reciente alerta de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) prolongó la vigencia de los permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha programada para la terminación de la más reciente prórroga del programa.
Ello se debió, explicó, a que, “hace un par de años se distorsionó el calendario”. “El TPS tenía 18 meses pero los permisos de trabajo tenían menos tiempo porque se rompió el calendario de los permisos vigentes. Ahora se vencía el permiso y no había esa resolución oficial de renovar el permiso”, señaló.
“La sorpresa grande, que las autoridades migratorias el 9 de septiembre, cuando se termina el TPS y uniforman el fin”, indicó. Agregó que esa resolución fue copiado por los migrantes para mostrárselas a sus respectivos patronos.
La designación del TPS para El Salvador tiene fecha de vencimiento 9 de septiembre de 2026; la USCIS emitió una alerta en la que reiteró la fecha de vencimiento y extendió los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) hasta esa fecha.
Bajo el programa están amparados un aproximado de 170,100 salvadoreños según datos del Centro Pew Research.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha cancelado durante la administración Trump los TPS de Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopía, afectando a 1,044,700 personas. Están pendientes de un anuncio El Salvador, Ucrania, Líbano y Sudán, cuyos programas tienen las siguientes fechas de vencimiento: 6 de septiembre, 19 de octubre, 27 de noviembre y 19 de octubre, respectivamente. La población pendiente del anuncio asciende a 273,200 migrantes.
El Salvador está dentro de un listado de cuatro países para los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha anunciado una cancelación definitiva del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a unos 170,000 salvadoreños residir y trabajar en Estados Unidos.
La finalización del TPS para El Salvador está programada para el 9 de septiembre y el DHS ha subrayado que el programa en general es “temporal”. La oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recordó que esa es la fecha de finalización del TPS para los salvadoreños, 9 de septiembre, y extendió todos los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) hasta esa fecha.
El centro de investigaciones Pew Research calcula que son 273,200 migrantes de El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania sin un anuncio oficial de terminación del programa.
“Si bien la administración Trump se ha movido para poner fin a la designación de TPS para la mayoría de los países que la tenían, sigue vigente para unos 273,000 inmigrantes de cuatro países… Queda por ver si la administración los volverá a extender”, detalla el centro Pew Research.
En el caso de El Salvador, el secretario de DHS, Markwayne Mullin, aseveró en una carta a un congresista demócrata que haría el anuncio a través del Registro Federal.
De estos cuatro países, la administración Trump extendió el TPS para Líbano pese a que la catalogó de una extensión automática por seis meses hasta el 27 de noviembre de 2026.
En este caso, el DHS explicó que la extensión automática aplica cuando el secretario de DHS «no determina si un estado extranjero continúa cumpliendo con las condiciones» para el TPS.
“Bajo el estatuto de TPS, si el Secretario no determina si un estado extranjero continúa cumpliendo con las condiciones para la designación de TPS al menos 60 días antes de la expiración de la designación actual de TPS del país, el período de designación se extiende automáticamente por seis meses”, indica la publicación del Registro Federal sobre Líbano.
Luego, aclaró que no hubo capacidad para del DHS para evaluar las condiciones del país ante acontecimientos en el Líbano en marzo de 2026.
En el caso de Sudán y Ucrania, la finalización del TPS está programada para el 19 de octubre de 2026.
La finalización de los TPS para estos cuatro países están programados para finales de 2026.
El 14 de agosto pasado, el DHS replicó un listado emitido por su asesor jurídico, James Percival, en el cual excluye a estos cuatro países. El listado enumera 13 países con “terminación efectiva” del TPS y uno en donde escriben el nombre del juez, “Brian Murphy”, para mostrar que la cancelación está en suspenso judicial. “Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o será deportado”, escribió el DHS.
El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó el domingo su fórmula presidencial, compuesta por Mayteé Iraheta y Verónicar Henríquez a sus afiliados de la zona oriental del país.
La candidata presidencial exhortó a cerrar filas y a unirse.
«Esta fórmula presidencial está al servicio de ustedes y vamos a generar impacto para lograr ese equilibrio de poderes que necesita El Salvador. Como partido estamos para cerrar filas, para unirnos, construir y proponer; juntos hacer país», expresó la candidata presidencial.
Por su parte, la candidata a vicepresidenta, Verónica Henríquez, expresó a los militantes su confianza en que «son parte» de una «generación de nacionalistas que no se rinde, la que no se vende». «Yo no vengo a pedirles que confíen en mí. Vengo a decirles que yo confio en ustedes. En su trabajo, en su compromiso, en su historia dentro de este partido», expresó.
El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Arena), Carlos Saade, expresó que «este paso» que están dando «de cara al 2027 es una renovación para el país». «Y ese cambio empieza aquí en Oriente; Esa es la valentía que nos caracteriza hoy», expresó.
Según el comunicado de prensa, Arena continuará desarrollando una gira de acercamiento con estructuras comunidades del país.
Un total de 101 vuelos con personas deportadas desde los Estados Unidos ha recibido El Salvador de enero a julio de 2026, de acuerdo con los datos publicados por Human Rights First sobre un monitoreo de vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los países que reciben más vuelos con deportados son en orden de mayor a menor cantidad de vuelos: México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Juntos suman 1,252 vuelos.
En general, la cantidad ha ido en aumento año con año. Si en 2020, año pandémico, Estados Unidos envió 1,009 vuelos con deportados, la cifra aumentó levemnte a 1,049, a 1,416 en 2022 y a 1,482 en 2023.
En 2024 hubo 1,564 vuelos con deportados de Estados Unidos a diferentes países; y en 2025, aumentó a 2,202 vuelos. Para 2026, en sus primeros siete meses, ya alcanzan los 1,745 vuelos.
En el caso de El Salvador, la cantidad anual de vuelos con deportados ha oscilado entre los 100 y los casi 200. En 2020 recibió 111 vuelos, bajó a 90 en 2021, volvió a subir a 184 vuelos en 2022, bajó nuevamente a 112 vuelos en 2023 y a 119 en 2024, posteriormente subió a 175 en 2025.
De enero a junio de 2026, El Salvador ha recibido a 10,504 salvadoreños deportados de Estados Unidos, un aumento del 73.8 % en relación a los 6,044 deportados en el mismo periodo de 2025, según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador.
El Salvador es el cuarto país con más vuelos de deportados desde los Estados Unidos, la nación que concentra más del 90 % de los salvadoreños deportados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores logró un monto de cooperación financiera no reembolsable de $87,902,132.64, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), un 44 % menos que los $158.1 millones comprometidos en el periodo inmediato anterior.
La cooperación monetaria no reembolsable concretada por El Salvador desde 2019 asciende a $1,165.2 millones según los reportes anuales de esta cartera de Estado.
En el primer periodo 2019-2020 se concretaron $61.1 millones, una baja del 69.2 % respecto a los $198.4 millones concretados en 2018-2019; pero en 2020-2021 la cooperación financiera comprometida se triplicó a $186.5 millones, en un periodo que incluyó los efectos de la pandemia por covid-19.
Posteriormente, la cooperación comprometida bajó levemente a $131.2 millones y aumentó seguidamente en un 172 % a $357 millones en 2022-2023, su punto máximo desde 2019, una cifra solo superada por los periodos 2010-2011 y 2014-2015.
Durante los periodos más recientes, El Salvador ha logrado acordar una cooperación financiera de $183.1 millones en 2023-2024, de $158.1 millones en 2024-2025 y de $87.9 millones en 2025-2026.
La cooperación financiera no reembolsable es adicional a otro tipo de cooperación gestionada o acordada por la ESCO, ya que se suma a 67 proyectos de cooperación bajo todas las modalidades, 34 donativos coordinados con instituciones del gobierno y 54,777 becas de socios cooperantes.
Entre los proyectos de cooperación comprometida este último año está uno por $27.5 millones de Estados Unidos dirigido a un plan de alimentación escolar en Morazán y San Miguel bajo el nombre de “Alimenta y florece”.
En segundo lugar, está el proyecto “Valorización del café y el cacao salvadoreños e implementación de acciones para el desarrollo y la transparencia de estos mercados” por $25 millones del gobierno de Italia.
Después de estos dos grandes montos comprometidos, le siguen proyectos con cooperación de Corea, Catar, otro de Italia, Japón, España, Unión Europea, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), España, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros.
El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa que reforme el presupuesto general del Estado de 2026 para incluir $54.7 millones que serían destinados para «financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud».
La propuesta de reforma no fue divulgada en el sitio web de la Asamblea Legislativa, aunque ya la recibió el pleno legislativo. Sin embargo, sí fue publicado el listado de las seis piezas de correspondencia que recibió el pleno en la sesión que sostuvo el viernes 14 de agosto.
De acuerdo con el listado, la transferencia al Ramo de Salud provendría recursos del Fondo General por $54,750,000 y tendría «el propósito de financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud».
El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de $1,343,2 millones, de los cuales ya había ejecutado $608.2 millones.
La Red Nacional de Hospitales, entidad descentralizada y de la cual depende el Hospital Rosales, tiene programados $177 millones, de los cuales no aparece ejecución, aunque aparecen $108.7 millones comprometidos.
El exalcalde de El Congo que perteneció a Nuevas Ideas, Wilfredo Ramos, se afilió al Partido Demócrata Cristiano (PDC) luego de que lo invitara el director municipal pedecista en Santa Ana Este, Rodrigo Rivas, para buscar la candidatura de alcalde del municipio.
Ramos, conocido como «Piro», fue policía hasta el año 2018 «en los tiempos más difíciles», fue víctima de las pandillas y señala que están «encantados con el tema de la seguridad» pero cree que es necesario «valorar para que las personas detenidas bajo sospecha pero que no eran miembros de una estructura criminal es injusto que estén bajo detención». «Nunca vamos a estar defendiendo al injusto y culpando a justo, cada quien tiene que ser tratado en cuanto a la ley establece», indica.
El exalcalde asegura que aceptó ser candidato del PDC por sus valores y principios cristianos. Tiene 44 años, es licenciado en educación con especialidad en idiomas y docente universitario. En 2021 fue capturado por el delito de lesiones cuando fue acusado de agredir a un hombre en un centro de tolerancia.
Su propuesta para el municipio es comenzar por atender necesidades básicas de los habitantes como calles y agua potable antes de centrarse en proyectos en busca del crecimiento económico.
Asevera que financiará su campaña con fondos propios y de sus familiares tanto en el país como en la diáspora, y miembros de su equipo de trabajo. «Nos gusta las cosas bien hechas, somos una familia que quiere el desarrollo del municipio», dice.
Él ve «normales» los cuestionamientos de diputados de Nuevas Ideas sobre exfuncionarios que buscan ser reelectos y solicitan el finiquito a la Corte de Cuentas. «El trabajo de la Corte de Cuentas es auditar las municipalidades, fui alcalde tres años y la CCR ha auditado esos tres años, nos ha hecho observaciones, las hemos subsanado», responde.
¿Cómo fue su paso por Nuevas Ideas y cómo se pasó al PDC?
Tomé la decisión de cambiar de partido por varias razones, en primer lugar, los partidos son aparatos que sirven para que una persona pueda ostentar un cargo de elección popular. El hecho de apartarme de Nuevas Ideas es simplemente que no estoy de acuerdo con las personas que localmente están frente al partido, porque siempre puede existir diferencia de visión y no comparto algunas cosas de la directiva local en Santa Ana Este.
Reconociendo mi entrega y mi esfuerzo por trabajar por mi pueblo, fue que opté por cambiarme al Partido Demócrata Cristiano, por el tema de valores políticos, de que es un proyecto renovado y a la vez que me permite y acepte la visión de Wilfredo Ramos pueda ser desarrollada desde una administración pública local. Como es la condición para poder participar fue que decidí afiliarme al PDC y representarlo en esta elección.
¿Qué diferencia tiene con las autoridades locales de Nuevas Ideas?
Es una diferencia de visión de trabajo. Alguien que está en el tema político tiene que estar claro qué quiere para su pueblo, desarrollo, prosperidad, mejorar las condiciones de vida. Dentro de eso, también está el tema de la madurez política. Por ahí creo que va la diferencia con estas personas. No es bueno dilatar el tiempo o mermar fuerzas en discusiones estériles que nunca van a llegar a nada.
¿Qué funciona mal en Santa Ana Este?
Actualmente la administración municipal ha desatendido algunos aspectos básicos de las necesidades. En esta nueva realidad política municipal, las administraciones públicas deben primero establecer prioridades básicas para luego atender aspectos que generen crecimiento. La gente lo expresa, piden tener mejores calles, piden mejores servicios de agua potable, hay comunidades que no tienen agua potable.
¿Qué proyectos que tenía como alcalde retomaría?
Es un proyecto que quedó avalado aprobado, con carpeta técnica, presentado a la Dirección de Obras Municipales (DOM), que dio su aval, era la Ruta del Sur, un proyecto que pretende conectar toda la zona sur de Santa Ana Este con el casco urbano de El Congo. Esa ruta haría que toda la riqueza agrícola que genera Santa Ana Este llegaría a la urbe de El Congo, tendríamos mejor acceso a granos básicos. Actualmente esa producción agrícola sale hacia otros municipios. Es una carretera de siete, ocho kilómetros desde el cantón La Presa hacia El Congo.
¿Cuál es su visión sobre el desarrollo en el Lago de Coatepeque y el cuestionamiento ambiental en la zona?
Como nativo de El Congo donde se ubica nuestra perla, el Lago de Coatepeque, el desarrollo turístico que tuvo auge del año 2000 hacia acá, lo que hay que hacer es generar condiciones para que el desarrollo turístico en primer lugar sea responsable con el medio ambiente y sostenible porque se nos vuelve inevitable retroceder en el desarrollo turístico, lo que hay que hacer es generar condiciones que, a pesar que el turismo crece, que podría ocasionar un deterioro al medio ambiente, se debería utilizar técnicas para reducir el impacto en contaminación al lago. He estado estudiando proyectos con el ánimo de reducir ese impacto negativo. El lago en un 20 % está en Santa Ana Centro, sin embargo, fuera buena idea que la alcaldía de Santa Ana Este y la de Santa Ana Centro pudieran generar proyectos de sostenibilidad ambiental.
¿Y en el tema de deforestación por los proyectos de construcción, qué hizo durante su gestión como alcalde?
Nosotros en nuestra administración, 2021-2024, siempre fuimos muy cuidadosos de, a la hora de dar un permiso, se cumplieran las garantías que la ordenanza establece para los proyectos de construcción, muelles, comercios, porque hay zonas donde se tienen que considerar aspectos relacionados con el tema riesgo. Hay zonas en donde la construcción es un riesgo por las laderas.
¿Qué piensa de la reducción del Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social)?
Era una decisión que se tomó en otras esferas y había que respetarla, yo era alcalde en ese tiempo cuando se reduce el Fodes. Aprendí a ejecutar proyectos a partir del recurso que generaba la municipalidad a través de sus tasas y se ejecutaban proyectos a través de la Dirección de Obras Municipales. La DOM hizo el bacheo más grande que se ha hecho en la historia de El Congo… Lo que deben hacer los gobiernos locales es analizar sus realidades, sus posibilidades, y el recurso que el Ejecutivo les ofrece cada mes, y eso orientarlo al beneficio de los pueblos. Las administraciones municipales deben realizar su trabajo bajo la primicia de la austeridad.
Wilfredo Ramos, exalcalde de El Congo y candidato a alcalde de Santa Ana Este por el PDC. / DEM.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dirigirá una delegación que visitará China, según información publicada en la agencia de noticias Xinhua.
La breve nota señala que Castro atiende una invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. La visita oficial se realizará del 17 al 22 de agosto.
El Salvador y China establecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión extranjera directa (IED) que recibió la economía salvadoreña del gigante asiático fue marginal en 2025, con un saldo neto de apenas $330,000.
Por el lado de comercio, China es el segundo mayor proveedor del mercado salvadoreño con $3,566 millones al cierre de 2025, mientras que las exportaciones fueron $49.9 millones.
