Categoría: Politica

  • Asamblea reforma seis leyes: pena perpetua aplicaría a condenados desde los 12 años por homicidios, violaciones o pandilleros, incluso cómplices

    Asamblea reforma seis leyes: pena perpetua aplicaría a condenados desde los 12 años por homicidios, violaciones o pandilleros, incluso cómplices

    La Asamblea Legislativa aprobó este jueves un paquete de reformas a seis leyes para castigar con pena perpetua a los condenados por los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación en menor o incapaz y violación agravada, sean autores o cómplices, sean jóvenes o adultos, miembros de pandillas o no.

    Mediante dictámenes fueron aprobadas las reformas al Código Penal, con 58 votos; a la Ley integral por una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV), con 57 votos; a la Ley especial contra actos de terrorismo, con 58 votos; y a la Ley Penal Juvenil, con 57 votos. En la votación de la Ley Penal Juvenil, votó en contra la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. Además, fueron aprobadas con dispensa de trámites reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica Judicial.

    La cadena perpetua será la única pena posible si un «juez de lo criminal» decide condenar a una persona por esos delitos, ya existentes, y además, por el nuevo delito de «pertenencia a organización criminal o terrorista». Será aplicada a los menores desde los 12 hasta los 18 años que cometan esos delitos y que estén procesados bajo la Ley Penal Juvenil, ya que esta normativa se incorpora como pena principal.

    La reforma al Código Penal incorporó expresamente que los cómplices necesarios recibirán la misma pena perpetua que los autores, cuando se determine su culpabilidad.

    Sin embargo, las modificaciones aprobadas permiten un régimen de libertad controlada, que será posible después de una revisión obligatoria de su pena, que estará a cargo de los mismos jueces de lo criminal.

    Los jueces tendrán la obligación de revisar las penas perpetuas de todos los reos hasta un máximo de 40 años de haber estado en prisión. La reforma no establece excepciones.

    La figura de los jueces de lo criminal fue aprobada mediante una reforma al Código Procesal Penal aprobada con dispensa de trámites el mismo jueves. También una reforma a la Ley Orgánica Judicial crea los nuevos juzgados y cámaras de lo criminal, que tendrán a cargo estos procesos de «delitos de extrema gravedad», así como la revisión de las penas perpetuas.

    Luego de la aplicación del régimen de excepción, los homicidios han continuado a la disminución pero no se han erradicado.

    Según la memoria de labores de la Fiscalía General de la República de 2024 a 2025 se han registrado 96 homicidios, 25 feminicidios y 2,739 violaciones, aunque según el balance del gabinete de seguridad correspondiente al año 2025 se registraron 644 violaciones durante ese año, luego de una disminución del 24.59 %.

    Un año antes, se registraron 117 homicidios, 25 feminicidios y 3,018 violaciones.

  • Arena pide pena perpetua para funcionarios corruptos luego de polémica entre Francisco Lira y Ernesto Castro

    Arena pide pena perpetua para funcionarios corruptos luego de polémica entre Francisco Lira y Ernesto Castro

    El partido Arena pidió una reforma constitucional para aprobar la pena perpetua para los «funcionarios corruptos» luego de que el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, calificara de cobardes a los diputados que no respaldaren la ratificación de la cadena perpetua.

    En su intervención en la ratificación de la reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua en El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que «es bonito que algunas personas quieren hablar como hombres», pero aseguró que «en realidad en la votación se demuestra ser hombre o ser cobarde».

    El presidente legislativo dijo «que es irrelevante» «lo que opinan estos que aparentan ser hombres pero que a la hora de votar son cobardes, para ahora ya es irrelevante y van a quedar siendo para la historia los cobardes de este país».

    Por la ratificación, no votaron los diputados Francisco Lira, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra.

    Castro no se refirió expresamente al diputado Francisco Lira, quien minutos antes había calificado la ratificación de la pena perpetua como una estrategia del gobierno para desviar la atención de los problemas económicos y de la rendición de cuentas ante un informe que señala violaciones a derechos humanos.

     

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    El diputado de Arena había dicho que estaba a favor de la cadena perpetua pero señaló a la reforma de buscar «desviar» la atención de problemas económicos y de informes sobre violaciones a derechos humanos, y señaló que no hay «cadena perpetua» en realidad ya que estas serán revisadas. «Una cadena perpetua no puede tener revisión de penas, en la práctica esta ratificación no cambia nada… Dicen que los soltarán cuando el riesgo esté neutralizado, ¿quién garantiza eso?», cuestionó.

    En su intervención, el presidente legislativo se refirió al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) que presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se asevera que hay bases para creer que ha habido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción.

    Castro dijo a GIPES asevera que a los 89,000 pandilleros «no les han hecho el debido proceso». «Mire qué bonito lo que dicen ellos, que los saquemos», señaló.

    «Aquí se equivocaron, aquí toda la semana sigan dando informes, de algo tienen que vivir ustedes, pero aquí es totalmente irrelevante lo que ustedes digan, nosotros vamos a continuar con lo que ustedes digan», expresó Castro.

    El diputado de Nuevas Ideas dijo que quieren que «los violadores, los homicidas y los terroristas pandilleros no salgan nunca de la cárcel». «No logro entender cómo alguien puede estar en contra, lo que yo sí entiendo que haya un pretexto nuevo», dijo.

    La reforma penal permitirá libertad condicionada y revisión obligatoria de las penas perpetuas desde los 25 años hasta los 40 años de prisión.

    Luego de la intervención de Castro, el diputado de Arena pidió reformar el Código Penal para pedir aumentar la pena a 60 años de prisión para los «funcionarios corruptos». «Tengamos el valor de denunciar a sus corruptos, aquí está la iniciativa, quiénes son los cobardes y quiénes van a pasar a la historia este día al decir no», dijo.

    La diputada Marcela Villatoro, del mismo partido, pidió una reforma constitucional para que «los corruptos reciban cadena perpetua». «Para que los corruptos tampoco vean la luz del día, corruptos, violadores, terroristas, no van a ver la luz del día», dijo.

    La iniciativa constitucional requiere las firmas de al menos 10 diputados. «Cuando tenga diez firmas, va a ser presentado de manera formal y va a continuar con todo el proceso que requiere una reforma constitucional. Cuando se complete, con gusto lo podemos hacer», dijo Castro.

    «Llegó el momento de ver quién es hombre y quién es cobarde», insistió posteriormente y sometió a votación la ratificación de la reforma constitucional al artículo 27, para instaurar la pena perpetua en El Salvador. «Es que ahorita tiene un rótulo el colega diputado, ojalá que no le interfiera a la hora de votar. El ‘sí pero no», comentó en el pleno, antes de la votación. La ratificación recibió 58 votos, incluido el de la diputada Marcela Villatoro, de Arena, y los usuales 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

    Castro sometió después a votación la moción de Lira, para reformar el Código Penal. Solo obtuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.

  • Asamblea ratifica reforma constitucional de la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas»

    Asamblea ratifica reforma constitucional de la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas»

    La Asamblea Legislativa ratificó la tarde de este jueves una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para que la pena perpetua sea aplicada «a los homicidas, violadores y terroristas».

    La reforma fue aprobada con 58 votos, de Nuevas Ideas, sus partidos aliados PCN y PDC, y de la diputada Marcela Villatoro, de Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. El diputado Francisco Lira, de Arena, no votó.

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), luego de aclarar que él «no defiende pandilleros», aseguró que el gobierno busca desviar la atención de problemas económicos y de informes sobre violaciones a derechos humanos. «El delincuente tiene que estar en la cárcel y nunca más salir de ahí», dijo.

    «Nos venden una cadena perpetua que en realidad no es así. Hasta el mismo fiscal admitió en la Comisión Política que tienen que adecuarse a ciertos aspectos jurídicos y que se va a pedir revisión de penas,; repito, una cadena perpetua no puede tener revisión de penas, en la práctica esta ratificación no cambia nada», afirmó el legislador, quien exhortó a reformar de fondo el sistema judicial.

    El diputado de Arena cuestionó la revisión de la pena perpetua que permitirá el Código Penal para la posible obtención de un régimen de libertad controlada.

    «Los menores de edad podrán salir a los 25 años, los adultos a los 30 y en los casos más graves a los 40 años podrían estar de regreso en las calles. Ustedes lo dijeron. Dicen que los soltarán cuando el riesgo esté neutralizado, ¿quién garantiza eso?, ¿el mismo sistema que permite que los violadores pasen el tiempo pintando cuadros en un programa de Cero Ocio?», cuestionó.

    Lira aseguró que «defender a un inocente no es un favor, es lo correcto, no es justo que la gente buena esté pagando por algo que no hizo, mientras los verdaderos responsables hicieron pactos con el poder».

    Por su parte, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, afirmó que «El Salvador vivía una cadena perpetua con las pandillas dictada por los que controlaban el país, por los partidos corruptos que negociaron con los terroristas y con los pandilleros, votos a cambio de vidas, son los que ahora se atreven a querer estar dando a nosotros lecciones de moralismo».

    Repitió las palabras del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dirigidas a las organizaciones: «No los vamos a escuchar». «No los vamos a escuchar porque estamos a punto de escribir una nueva historia para las víctimas de asesinatos, violaciones y de las pandillas. Necesitamos hacer uso de métodos idóneos…, y por eso vamos a luchar con todos los métodos adecuados», expresó.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), anunció que votaría por la reforma y destacó que advirtió en la Comisión Política que también se iba a aplicar a los cómplices, por lo que logró que se detallara en la legislación que se aplicara a «cómplices necesarios».

    El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, calificó de «cobardes» a quienes no votarían por la reforma, ante lo cual el partido Arena pidió una reforma constitucional para aprobar la pena perpetua para los funcionarios corruptos. Solo tuvieron tres votos.

  • Asamblea aprueba la 49ª prórroga del régimen de excepción que reporta 91,650 capturados

    Asamblea aprueba la 49ª prórroga del régimen de excepción que reporta 91,650 capturados

    Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la 49ª prórroga del régimen de excepción que mañana cumple cuatro años en medio de críticas de organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalan posibles “delitos de lesa humanidad” y de la defensa del gobierno salvadoreño que busca crear el nuevo delito de pertenencia de pandillas y castigarlo con pena perpetua revisable.

    El decreto de prórroga iniciará su vigencia el 1 de abril y sus efectos tendrán una duración hasta el 30 de abril de 2026. La dispensa de trámites también se dio con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra; los diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se encontraban ausentes.

    El Gobierno informó que el régimen de excepción ha facilitado la captura de “más de 91,650 terroristas”, por lo que cree que sigue siendo necesario “para continuar las actividades operativas de seguridad” suspender las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución. Estas disposiciones se refieren al derecho de defensa, máximo plazo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

    “Aún cuando hay una disminución significativa de ocurrencia delictiva en el país, la Policía continúa detectando a responsables de la comisión de delitos de miembros de pandillas… También debido al trabajo integral y extraordinario de seguridad pública, se ha posibilitado llevar a cabo la ubicación y detenciones en flagrancia de miembros pertenecientes a grupos de pandillas, a quienes se les sigue procesos penales con orden activa de detención y han podido ser sometidos a la justicia interrumpiendo así su actuar delictivo y el daño social”, indica la solicitud oficial de la prórroga.

    El gobierno consideró el régimen de excepción “fundamental para combatir el fenómeno criminal”. También sostienen que algunos pandilleros “han salido del país” para mantener su capacidad delictiva y que, con acciones de inteligencia en la región, han retornado algunos de estos criminales al país. “Lo anterior justifica la necesidad del régimen de excepción hasta la fecha”, sostiene.

    El gobierno cuenta 1,165 días sin homicidios durante el gobierno actual y atribuye la disminución de homicidios al régimen de excepción. Mientras, el estado de excepción es cuestionado por organizaciones civiles que afirman que durante su aplicación han recibido reportes de capturas arbitrarias, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y muertes de detenidos dentro de los

    En el pleno, el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, aseguró que el régimen de excepción “ha sido un pilar fundamental” de la situación actual del país.

    Alemán recordó que el 27 de marzo fueron convocados por el diputado Ernesto Castro para aprobarlo por primera vez. “Cuatro años en que las familias salvadoreñas han podido dormir con tranquilidad”, dijo.

    El legislador oficialista afirmó que hasta la fecha se contabilizan 1,172 días sin homicidios desde junio de 2019 cuando Nayib Bukele inició su primer gobierno y 1,058 días sin homicidios desde la aprobación del régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022. “La población salvadoreña ya no quiere regresar al pasado, no quiere regresar a los tiempos de luto”, expresó.

    Un grupo de expertos internacionales asegura que tienen bases para creer que en el régimen de excepción se han cometido “crímenes de lesa humanidad”, ya que aseveran que han documentado torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a elimentos”. Aseguran que son “actos graves cometidos de manera generalizada o sistemática contra una población civil” que responden a una “política de Estado”.

    El informe de los expertos fue rechazado por el presidente Nayib Bukele, quien señaló a los expertos de solicitar la liberación de los pandilleros.

  • Escuela de formación pública formará y certificará a empleados del CNR y a profesionales jurídicos

    Escuela de formación pública formará y certificará a empleados del CNR y a profesionales jurídicos

    El vicepresidente y rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, Félix Ulloa, firmó un acuerdo de cooperación con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registro (CNR), Camilo Trigueros, que busca ofrecer programas de capacitación y certificación de competencias especiales para funcionarios o empleados públicos.

    Con el convenio, la ESIAP aportará a la especialización técnica del CNR en materia registral y catastral; y el CNR se compromete a impulsar la participación de los servidores públicos del CNR en los programas ofrecidos por la ESIAP.

    Recientemente, Ulloa, también como rector de la ESIAP, firmó una carta de entendimiento con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Miguel Calero, para la formación de profesionales del sector jurídico y servidores públicos por medio de la ESIAP.

    La directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín, aseguró que la alianza permite la formación y la certificación de valor “con un enfoque práctico y especializado”, “incorporando expertos jurídicos que fortalezcan los contenidos académicos y contribuyan a cerrar brechas de conocimientos en la formación del servicio público”.

  • Embajador de El Salvador se reúne con gobernante árabe y diplomáticos de Costa Rica y Guatemala

    Embajador de El Salvador se reúne con gobernante árabe y diplomáticos de Costa Rica y Guatemala

    El embajador de El Salvador ante los Emiratos Árabes Unidos, Gerardo Pérez, se reunió el jueves junto a embajadores de Costa Rica y Guatemala con el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Ras Al Khaimah, ciudad en los Emiratos Árabes Unidos.

    Sin dar más detalles, Pérez informó en X que tuvieron un diálogo constructivo en busca de fortalecer el comercio, la inversión y el turismo.

    “En línea con las iniciativas impulsadas por el Presidente Nayib Bukele, reafirmamos nuestro firme compromiso de continuar consolidando la cooperación y las relaciones diplomáticas que unen a El Salvador con los Emiratos Árabes Unidos”, expresó en diplomático.

    En julio de 2025, el embajador entregó al gobernante de la ciudad árabe una edición del libre What is money?, a la vez que aseveró que la Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador lidera programas de educación financiera con una “diplomacia moderna basada en la innovación y la libertad económica”.
    “A través de esta iniciativa, El Salvador comparte su experiencia con el mundo, fortaleciendo vínculos estratégicos y promoviendo una visión de futuro compartida con los Emiratos Árabes Unidos”, expresó en aquella ocasión.

    La relación comercial con Emiratos Árabes Unidos es desigual. Mientras El Salvador ha exportado durante los últimos tres años 1.3, 1.9 y 1.4 millones de dólares, ha importado 16.4, 21.6 y 24.8 millones durante los mismos tres años, 2023, 2024 y 2025 según datos del Banco Central de Reserva.

  • Más de 200 auditores se desplegarán en Semana Santa para verificar uso de vehículos nacionales

    Más de 200 auditores se desplegarán en Semana Santa para verificar uso de vehículos nacionales

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) anunció el despliegue de más de 200 auditores para que ejecuten un plan de fiscalización del uso de vehículos nacionales del 29 de marzo al 5 de abril, durante la Semana Santa 2026.

    Los agentes de la CCR estarán distribuidos en puntos estratégicos del territorio nacional.

    El presidente de la institución contralora, Walter Sosa, exhortó a los funcionarios y empleados públicos “que los vehículos nacionales, estrictamente, sean utilizados para misiones oficiales justificadas y que no deben usarse para fines particulares”.

    Los agentes se coordinarán con la Dirección General de Tránsito y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

    Realizarán una verificación de que el uso de vehículos esté autorizado por un funcionario competente, buscarán comprobar la finalidad de la misión, indagando autorización, fecha, horario y nombre del funcionario o empleado que está utilizando el vehículo, revisarán las placas y los distintivos oficiales de la institución a la que pertenecen y verificarán la vigencia de la tarjeta de circulación y de la licencia de conducir.

    La CCR prometió que emitirá recomendaciones para el uso de los bienes públicos.

  • Reforma también modificará penas para terroristas no pandilleros y agrupaciones ilícitas

    Reforma también modificará penas para terroristas no pandilleros y agrupaciones ilícitas

    Los acusados de ser parte de organizaciones terroristas con el fin de cometer delitos de la Ley especial contra el terrorismo, sin que sean miembros de pandillas, serían castigados con penas entre 20 y 60 años de prisión, según dictamen de reforma a dicha normativa.

    El proyecto de reforma a la Ley contra actos de terrorismo aumenta los años de prisión para miembros pertenecientes a organizaciones terroristas de 20 a 30 años de prisión; para jefes, dirigentes o cabecillas, de 40 a 60 años de prisión.

    Actualmente, dichas penas oscilan entre 15 y 20 años de prisión para miembros, y entre 30 y 40 años de prisión para jefes; es decir, la reforma aumentaría las penas, aunque no llegarían a la cadena perpetua.

    Esta ley impone penas para delitos como alteración de sustancias, apología e incitación pública de actos de terrorismo, simulación de delitos, espionaje en actos de terrorismo, delito informático, organizaciones terroristas, actos terroristas, toma de rehenes, delitos contra la seguridad portuaria o de aviación civil, derribamiento de aeronave, interferencia a miembros de tripulación aérea, entre otros.

    La reforma también suprime de la definición de «organizaciones terroristas» en la Ley especial contra el terrorismo a las pandillas, es decir, «las agrupaciones» del «artículo 1 de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal».

    La reforma al Código Penal, que podría ser aprobada este jueves en la Asamblea Legislativa, impondría la pena perpetua cuando la organización terrorista sea entendida como pandilla. «El que pertenezca a una organización terrorista conocida como pandilla será sancionado con pena de prisión perpetua», indica el nuevo artículo 344-A.

    Para el delito de agrupaciones ilícitas, que ya no sería aplicado a pandillas sino a otros grupos delictivos, las penas disminuyen.

    El delito de agrupaciones ilícitas sería castigado con penas entre 10 y 20 años de prisión; y actualmente, aplicado a pandilleros, tiene penas entre 20 y 30 años, y 40 a 45 años para cabecillas.

    La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar este jueves una ratificación de la reforma constitucional que levanta la prohibición de la pena perpetua en El Salvador y una reforma penal que la impone como pena única posible en caso de condena para los delitos de homicidios, feminicidios, violación y pertenencia de pandillas, tanto para jóvenes de 12 a 18 años, cómplices y autores, a todos por igual.

    La diferencia entre los condenados a pena perpetua estaría en el tiempo de revisión obligatoria de pena perpetua que legislaría el mismo Código Penal: la primera revisiíon a los 25 años de prisión para los menores, 30 años a adultos con un delito, 35 si son varios delitos y 40 si hay agravantes.

  • ¿Cuáles serían los cambios para los menores entre 12 y 18 años que cometen delitos con la pena perpetua?

    ¿Cuáles serían los cambios para los menores entre 12 y 18 años que cometen delitos con la pena perpetua?

    Una reforma a la Ley Penal Juvenil, cuyo proyecto original no fue modificado en el dictamen aprobado el martes en la Comisión Política, dicta la pena perpetua como única sentencia condenatoria posible para menores cuyas edades oscilen entre los 12 y 18 años, si cometen delitos de pertenencia de pandillas, homicidio, feminicidio y violación.

    La Ley Penal Juvenil actual impone por delitos graves (homicidios, extorsiones, secuestros, delitos sexuales, robo agravado) penas de hasta 10 años de internamiento si es un adolescente de 12 años, de hasta 15 años de internamiento para los mayores de 16 años, y hasta 20 años de internamiento por delitos de drogas o de grupos terroristas, maras o pandillas.

    Con la reforma, el menor también deberá ser sometido a «pena perpetua» para los delitos graves incluidos en el Código Penal, obligatoriamente: «En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta», indica la propuesta de reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil. Los delitos sancionables con pena perpetua serán homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

    La revisión de la pena perpetua para los menores se realizaría, según la reforma dictaminada, obligatoriamente a partir de los 25 años de prisión que cumpla.

    Para los delitos graves de extorsiones, secuestros y robo agravados, se mantendría el internamiento máximo de 15 años para los menores de edad.

    Exclusión total de la Ley Penal Juvenil a menores pandilleros

    También, con la reforma, el proceso ordinario de menores regulado en la Ley Penal Juvenil no se aplicará a los menores procesados bajo la Ley contra el crimen organizado, es decir los que pertenezcan a organizaciones criminales o terroristas, incluyendo maras o pandillas.

    La exclusión establece expresamente la exclusión total del procedimiento de menores a los procesos seguidos contra menores bajo la Ley contra el crimen organizado, normativa que permite juicios masivos contra pandilleros.

    Actualmente, la Ley contra el crimen organizado vigente ya permite procesar a los menores en los tribunales de crimen organizado, lo que dejó a los jueces de menores como jueces de garantía. Esta ley ya permite que los procesos que se prolonguen 24 meses con posible prórroga de 12 meses adicionales y que los procesados, incluidos menores, cumplen sus penas en centros penitenciarios de adultos manteniendo una separación por edad.

  • AC sugiere sustituir mecanismo de conformación de las JRV hacia elecciones 2027

    AC sugiere sustituir mecanismo de conformación de las JRV hacia elecciones 2027

    La organización Acción Ciudadana (AC) aseveró que hay riesgos del reemplazo arbitrario de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y sugiere un cambio de procedimientos de selección de integrantes de estos organismos encargados de contar votos, hacia las elecciones de 2027.

    Un informe sobre el «Estado de la integridad electoral en El Salvador» emitido por la oenegé y que comprende el periodo de octubre a diciembre de 2025 critica la falta de sanciones para los ciudadanos que se negaron a integrar las JRV en las elecciones de 2024.

    Según la organización, haber permitido en 2024 que la inasistencia de los miembros de las JRV no tenga consecuencias «podría poner en serios problemas a la autoridad para conformar las JRV» en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

    La AC sostiene que, como ha ocurrido en las dos últimas dos elecciones, «no se avizora que los partidos que por ley tienen derecho a presentar propuestas, puedan hacerlo en su totalidad, a excepción de Nuevas Ideas», por lo que prevé que estos espacios podrían ser completados por dicho partido oficial en «sustituciones de última hora».

    En el informe, la organización sugiere modificar el sistema de selección de miembros de JRV y pasarlo de uno que combina propuestas de partidos políticos con procedimientos aleatorios, a otro que, por ejemplo, utilice estudiantes universitarios para que sirvan en las JRV a cambio de cumplir su servicio social universitario.

    El informe advierte, además, que la amenaza de cancelación de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por el delito de fraude electoral cometidos por sus miembros, genera «un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y el pluralismo del sistema de partidos de cara al proceso electoral de 2027».

    «Esto implica que los partidos competirán bajo amenaza, afectando el normal desarrollo de sus campañas electorales, pues, por un lado, sus financistas puedan negar apoyo financiero ante la incertidumbre de su cancelación y, además, sus candidatos harán campaña bajo la duda de si podrán competir al final», indica el informe.

    Según el informe, estas iniciativas de cancelación de partidos podrían afectar la equidad de las condiciones de competencia política y la misma confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    Además, el informe señala que persiste una ausencia de control del financiamiento de los partidos políticos para sus campañas ya que el TSE no les ha entregado informes sobre el financiamiento de los partidos políticos, alegando privacidad y falta de mandato legal, lo que considera podría «afectar la equidad de la competencia electoral» y posibilita que «la campaña electoral sera financiada por sectores de poder, sean lícitos o ilícitos».

    En el estudio, se advierte que el anterior organismo colegiado dejó creada la Unidad de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y que desconocen si este funciona.