Categoría: Politica

El periodista salvadoreño Soudi Jiménez lanzó un libro sobre la migración en Estados Unidos en el que expone los «descomunales desafíos» de la comunidad migrante en su proceso de adaptación social en ese país.

«Ecos migrantes» es el libro y expone la vida de la población migrante en suelo estadounidense en la búsqueda de su reconocimiento cultural, en su lucha por espacios políticos, en ese constante enfrentamiento contra la discriminación, racismo, machismo, violencia y falta de oportunidades, entre tantas adversidades y prejuicios que se han vuelto naturales en el país que pregona por el mundo su sistema de libertades y democracia.

Jiménez es originario de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán. Se estableció en 2005 en Los Ángeles, California, y actualmente trabaja para Los Ángeles Times.

«En este libro los lectores podrán encontrar una amalgama de relatos periodísticos que desglosan los retos a los que la comunidad latina ha tenido que imponerse en ese proceso de adaptación; sus logros no son fortuitos, nadie le ha regalado nada, son resultado de las luchas de movimientos sociales y esfuerzos colectivos para llegar hasta donde se encuentra», expresó Jiménez.

En el libro Ecos migrantes, publicado por Editorial Traveler, el autor también incluye una serie de semblanzas con las que evidencia las notables contribuciones de hombres y mujeres que por medio de emprendimientos, arte, cultura, gastronomía, activismo, educación y ciencia, coadyuvan al progreso de la sociedad estadounidense.

Este libro será presentado oficialmente en Los Ángeles este miércoles 19 de febrero en un acto al que han sido invitados periodistas, académicos, activistas proinmigrantes y miembros de la comunidad latina del sur de California.

«Me parece excepcionalmente valioso que en el trabajo de Soudi Jiménez se mezclan las historias de terror, éxito, fracasos y lucha, de vida y de muerte, que conforman la historia de una diáspora aquejada eternamente por la nostalgia, que se vuelve reflexiva y restaurativa, sin caer nunca en lo lastimero ni la autocompasión», ha dicho Gabriela Guerra, quien trabajó editorialmente la obra en Traveler.

Ecos migrantes recopila 27 relatos periodísticos, noticias, reportajes y crónicas; escritos en los últimos cinco años y publicados en la sección en español del diario Los Angeles Times, medio para el que Jiménez trabaja desde mayo de 2012 dando cobertura a temas latinos, con énfasis en asuntos relacionados a la comunidad migrante centroamericana que asciende a 800 mil personas en el condado de Los Ángeles, más de la mitad de esa población es salvadoreña.

«Ecos migrantes desmitifica la narrativa xenófoba que abandera el presidente Trump; los migrantes son una fuerza económica, crean negocios y generan empleo, contribuyen al desarrollo de Estados Unidos por medio del arte, la gastronomía, el activismo, la política, la ciencia y la educación», añadió Jiménez.

La diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos, calificó los problemas internos del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) como «un show que no genera ningún beneficio a la población».

«Ese conflicto lo veo como un show más, que no tiene mayor trascendencia para lo que la gente está necesitando… Este tema del partido Arena ha venido por décadas, es que ya parece un huacal quebrado, en el que siempre se le fugan las cosas, pero es que la población está cansada de ver conflictos entre partidos políticos y adentro de los partidos», señaló Ortiz en la entrevista matutina, de Grupo Megavisión.

El conflicto de Arena ha tenido como protagonistas a la diputada Marcela Villatoro y al presidente del COENA, Carlos García Saade, quienes se han hecho señalamientos mutuamente sobre «faltas de respeto» y «falta de transparencia» sobre rendición de cuentas de fondos del partido.

Otros temas

La legisladora de Vamos cuestionó que mientras se dan esos conflictos la población sigue sufriendo necesidades que sí merecen enfoque y soluciones.

«Estamos viendo escuelas que no se han reparado, que la situación de la canasta básica, después de tres años sigue afectando, la gente está dejando de comer dos tiempos, un tiempo y eso es grave. Los conflictos partidarios, eso a la gente no le da ningún provecho», cuestionó.

El entrevistador preguntó sobre si existe competencia política entre la diputada de Arena Marcela Villatoro y ella a lo que respondió que eso no es lo importante.

«Eso es irrelevante. Yo creo que lo relevante y en lo que estamos enfocados es en poder hacer las propuestas y poder entregarle a la población una visión de país que realmente les garantice una vida digna. Nosotros hemos presentado propuestas para que se revise el salario mínimo, para que los acuerdos de Junta Directiva de la Asamblea Legislativa sean públicos, para que se proteja a trabajadoras de maquila, trabajadoras domésticas, vendedores de la calle, no es con show barato que vamos a salir adelante, es con propuestas y trabajar al lado de la gente», enfatizó Ortiz.

Sobre la reciente aprobación de la Ley Anticorrupción, con 59 votos a favor, incluidos los votos de Arena, y que Vamos se abstuvo, Ortiz explicó que no apoyó porque todo es parte de un marketing político

«Dar mi voto a favor sería sumarme a una mala práctica de aprobar leyes solo con efecto de marketing, querer venderle a la población que se está haciendo algo, cuando en realidad se está haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, la CICIES hizo tan bien su trabajo que tuvieron que expulsarla del país, el caso Catedral quedó sin seguir la investigación, así como gran cantidad de funcionarios que salieron señalados en la lista Engel, y qué fue lo que hizo el oficialismo, se burló de la lista Engel, sigue la reserva de información por siete años, entonces no hay coherencia y yo no puedo participar de una decisión con esas características», aseveró la diputada de Vamos.

Sobre la reforma a la Constitución, la legisladora llamó a la población a unirse, ya que son los derechos de los salvadoreños los que están siendo vulnerados.

«Ya están tocando la Constitución. Hacemos un llamado a la gente para que nos activemos en la defensa de esos derechos que están siendo vulnerados y desarrollar una visión de futuro», aseguró.

El embajador de Japón en El Salvador, Yoshitaja Hoshino, reconoció este martes una «mejora notable» en la situación de seguridad en el país, lo que ha llevado al aumento del turismo y que su gobierno haya bajado la alerta para que los japoneses realicen turismo en El Salvador.

El embajador Hoshino dijo durante una entrevista en La Tribu que en El Salvador la mejora en la seguridad «ha sido notable» aumentando la cantidad de turistas que el país recibe. Según el Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), El Salvador recibió 3.9 millones de visitantes internacionales en 2024.

«La situación de seguridad ha totalmente mejorado, ha cambiado, entonces hay que reconocer la realidad de El Salvador cómo ha cambiado, cómo ha mejorado».
Yoshitaja Hoshino, embajador de Japón en El Salvador.

El diplomático japonés dijo también que la Cancillería de su país decidió en septiembre de 2024, bajar la alerta al turismo en el Centro Histórico de San Salvador, pasando de grado 2 a grado 1. Hoshino explicó que el grado 2 significa que «no es aconsejable ir» a hacer turismo por cuidado con ladrones.

Además, Hoshino aseguró que en búsquedas en internet en Japón, con el El Salvador todavía aparecen resultados como maras, asesinatos, café, bitcoin y megaprisión. Por ello, este año la Embajada de Japón en El Salvador ha enviado «mensajes positivos» para «actualizar la imagen de El Salvador».

«La mejora de la seguridad ha sido notable y también el número de turistas ha aumentado muchísimo, entonces como motivo de nuestro aniversario, también nuestra embajada ha continuado enviado mensajes positivos para actualizar la imagen de El Salvador».
Yoshitaja Hoshino, embajador de Japón en El Salvador.

El embajador Hoshino destacó también que este mes se cumplieron 90 años de aniversario en las relaciones diplomáticas entre Japón y El Salvador. El país asiático se ha consolidado como el tercer mayor donante en El Salvador.

Hoshino funge por primera vez como embajador en un país en representación de Japón y tiene más de un año ejerciendo ese cargo en El Salvador. El gobierno salvadoreño atribuye la reducción de homicidios a la implementación del régimen de. excepción que suma más de 84,260 capturados.

Los partidos de oposición podrían quedar aún más reducidos en los cargos de elección popular que logren en las próximas elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y de concejos municipales de 2027 según Acción Ciudadana (AC).

Le puede interesar: Oposición dice eliminación de deuda política «concentrará poder» y pide rendición de cuentas

El director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar, explicó este martes durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña que, tomando en cuenta las divisiones internas de los partidos de oposición y la eliminación de la deuda política, estos podrían quedar «más reducidos» con los resultados de los comicios de 2027.

Actualmente, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) tiene dos diputados en la Asamblea Legislativa, dos parlamentarios en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y una alcaldesa. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) alcanzó dos diputados en el Parlacen y Vamos una diputación en la Asamblea.

«Entonces, ¿Qué está quedando de esa oposición? No está quedando mucho y hay una amenaza de que queden más reducidos con la situación». Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Escobar no concuerda con algunos analistas que han dicho que la eliminación de la deuda es «una cortina de humo», pues considera que que tendrá un «impacto real» en las finanzas de los institutos políticos, que deberán sostenerse solo con financiamiento privado.

Agregó que los partidos también resentirán las consecuencias de las disputas internas que se han hecho públicas recientemente. «Si a pesar que en anteriores elecciones tal vez no se ha visto una fracturación, al menos públicamente y han tenido estos resultados, ya con una división puede que sea más difícil todavía para estos partidos, lograr algún cargo de elección popular», aseveró.

Además, el director de la AC asegura que la eliminación del financiamiento público para los institutos «elimina cualquier posibilidad por pequeña que hubiera que la oposición comenzar a levantarse e ir equilibrando la balanza».

Para Escobar, la importancia de la oposición en el país es que sirven «de contrapeso al ejercicio del poder» para los sectores que se sienten representados «en el gobierno o que no se ven parte de Nuevas Ideas».

Desde las elecciones de 2024, el partido Arena ha tenido disputas internas, principalmente entre la diputada Marcela Villatoro y el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Carlos García Saade. Algunos de los temas de discusión han sido el uso de la deuda política, su eliminación de la Constitución.

La semana pasada, García Saade acusó a su excandidato presidencial, Joel Sánchez, de no haber registrado correctamente las donaciones para su campaña, mientras dijo que dejaba la expulsión de Villatoro en manos del Coena. Villatoro dijo que pedirá una auditoría a la Corte de Cuentas de la República (CCR) a los fondos de deuda en Arena.

María y José son los nombres más comunes, mientras Olinda y Orión son los nombres más raros entre los salvadoreños, según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) entregados ante una solicitud de información pública de Diario El Mundo.

Los cinco nombres femeninos más comunes son María, Ana, del Carmen, Elizabeth y Rosa.

Mientras, los cinco nombres más comunes para hombres son José, Antonio, Carlos, Alexander y Juan.

Los datos son almacenados por la Unidad Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios del RNPN. A través del Sistema de Registros Vitales y Familiares (Revfa), el RNPN tiene acceso a las partidas de nacimiento de todos los salvadoreños.

Los nombres de mujeres más comunes en El Salvador:

1. María

2. Ana

3. Del Carmen

4. Elizabeth

5. Rosa

6. Guadalupe

7. Isabel

8. Beatriz

9. Blanca

10. Carolina

Los nombres de hombres más comunes en El Salvador:

1. José

2. Antonio

3. Carlos

4. Alexander

5. Juan

6. Alberto

7. Luis

8. Ernesto

9. Manuel

10. Francisco

Los apellidos más comunes en El Salvador:

1. Hernández

2. Martínez

3. López

4. García

5. Rodríguez

6. Flores

7. Pérez

8. Ramírez

9. González

10. Rivera

Los apellidos menos comunes en El Salvador:

1. Bachmann

2. Erodes

3. Barrilleros

4. Acual

5. Aldeana

6. Cedre

7. Mancio

8. Mongalo

9. Ack

10. Lowy

Los nombres de mujeres más raros en El Salvador:

1. Olinca

2. Siry

3. Glorily

4. Lala

5. Belgineth

6. Yabrith

7. Ariset

8. Pretorious

9. Cáliz

10. Goens

Los nombres de hombres más raros en El Salvador:

1. Orión

2. Cloret

3. Melkizedec

4. Vanhelsing

5. Plineon

6. Melquinsidec

7. Arakel

8. Honi

9. Chanele

10. Yadani

Las alcaldías se conectaron al sistema Revfa para permitir al RNPN que emita certificaciones de partidas de nacimiento, por lo que cuenta con los datos de todos los salvadoreños y es la entidad encargada de recopilar la información de los Documentos Únicos de Identidad (duis).

Hasta octubre de 2024, el RNPN informó que había finalizado la primera fase del programa que busca la «digitalización del histórico de partidos de los registros del Estado Familiar». El más reciente reporte indicó que se habían digitalizado 18 millones de imágenes de registros.

Una nueva ley de ensayos clínicos en El Salvador permitirá que cualquier adulto pueda dar su consentimiento voluntario para ser parte de un ensayo clínico o para que un menor de edad participe en el mismo, con el fin de probar un medicamento, producto cosmético, terapia, suplemento nutricional o dispositivo médico.

En este caso, será requerido el «consentimiento informado», regulado en el artículo 45 de la «Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria», cuyo dictamen fue aprobado la tarde del lunes.

El consentimiento informado será un documento escrito, firmado y fechado por la persona, luego de que se le informe «en lenguaje práctico» y «adecuado a su condición médica».

Las personas no podrán participar en más de un ensayo clínico a la vez.

El proyecto de decreto indica que se deberá informar a la persona bajo estudio que «tendrán acceso a los datos de su historia clínica» así como otros documentos «el patrocinador, el Comité de Ética de la Investigación en Salud», el monitor, la Superintendencia «u otra entidad con la justificación debida».

Si se trata de un «niño, niña, adolescente o incapaz», el «consentimiento informado» podrá ser otorgado por la representación legal o por el cónyuge de la misma, ascendiente o descendiente; pero señala que los menores podrán dar su «asentimiento» si se les da «información sobre la investigación adaptada a su nivel de madurez».

Si la persona dio una muestra biológica, deberá ser informada de los usos futuros posibles, tiempo de almacenamiento y responsables de su custodia. Sin embargo, no dejará de tener derecho a decidir sobre «usos futuros» y podrá revocar el uso de su muestra biológica, algo que obligará a su destrucción.

Si el paciente está en emergencia

La ley permite que se autoricen ensayos clínicos de personas que se encuentren «en una situación de urgencia médica la cual le impide otorgar el consentimiento informado para ser sujeto de investigación».

En este caso, según el artículo 49, el investigador o una persona designada por la persona informará del ensayo clínico al paciente y una vez pueda dar el consentimiento informado «deberá otorgarlo para continuar con la investigación relacionada». Si no puede obtenerse, será el médico tratante quien «podrá suministrar el producto investigado», «asumiendo la responsabilidad» y «en aras de proteger y conservar la salud de la persona».

Si después del suministro, se negaren a dar el consentimiento, la ley en proceso de aprobación permite que no se utilicen los datos obtenidos.

«Se deben explicar los riesgos»

Un segundo dictamen, aprobado la semana pasada, de la Ley de Investigación para la Salud, busca también aprobar el “consentimiento informado” en las investigaciones con seres humanos sobre salud.

“A la persona se le tiene que preguntar si quiere introducirse, involucrarse, en una investigación, explicar con su lenguaje promedio de entendimiento en qué consiste la investigación, qué beneficios tiene pero también qué riesgos tiene, para que la persona pueda decidir si quiere o no ser incluida”, explicó hace una semana la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Dalia Xochitl Sandoval López.

El lunes 10 de febrero, la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente recibió a la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Dalia Xochitl Sandoval López, y a la jefa de la Unidad de Investigaciones del INS, Reina Domínguez de Quijada. La Comisión aprobó el dictamen número 7 sobre la ley de investigaciones de salud.

“(Esta ley) es el paraguas sobre el cual podemos regular y proteger la investigación a nivel nacional siendo la Superintendencia a la que le corresponde la investigación de ensayos clínicos relativos a medicamentos, dispositivos y creo que cosméticos también”.
Dalia Xochitl Sandoval López, directora del INS.

Detalló que la ley les facultará a regular ensayos “no necesariamente con fármacos, sino que son con intervenciones psicológicas o psiquiátricas, ensayos quirúrgicos”, “de modo tal que eso iría en esta ley”, avisó la funcionaria.

El INS, una dependencia del Ministerio de Salud (Minsal), sancionaría los comportamientos no éticos de los investigadores de la salud, como no informar efectos adversos graves entre los participantes o realización de ensayos clínicos sin aprobación.

Ambas normativas podrían ser aprobadas en la sesión plenaria de este miércoles. El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, cree que El Salvador podría convertirse en un «polo de investigación en salud» en el continente americano.

La Comisión Política y el Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aprobó realizar a partir de junio de 2025 su segundo Congreso Nacional, el máximo organismo de organización, debate, delilberación y toma de decisiones de largo alcance del partido de izquierda.

«Hemos definido fecha del Congreso Nacional, que por estatutos se realiza cada cinco años, se va a desarrollar del 10 de julio al 10 de octubre de este año, se ha constituido la comisión que va a estar encargada», anunció el lunes el secretario general del FMLN, Manuel Flores, quien recibió la notificación de su credencial como dirigente hace menos de 15 días.

El Congreso Nacional se realizará en medio de un fuerte debate interno y en medio de problemas del partido relacionados a deudas, pagos pendientes, demandas judiciales laborales contra el partido y órdenes judiciales de subastas de inmuebles.

Pese a que el Estatuto del partido ordena que debe haber un Congreso Nacional cada cinco años, únicamente se ha celebrado en 2015 durante la coordinación de Medardo González, del 6 al 8 de noviembre de 2015. En esa ocasión, el partido de izquierda aprobó lineamientos para el trabajo partidario, estrategia y programa del partido, y formación económica y social.

El Congreso Nacional es la instancia de mayor autoridad del partido de izquierda que tiene la facultad de modificar los estatutos del partido político y que incluso tiene la potestad de decidir la disolución del partido.

El FMLN también aprobó una “gira” a nivel nacional que iniciará el próximo fin de semana en las asambleas departamentales en La Unión, San Miguel y Usulután.

El secretario general del FMLN informó ayer que tiene una deuda aproximadamente de $325,000 con proveedores y que espera que la suspensión del financiamiento público aprobada por la Asamblea Legislativa no sea retroactiva. El partido de izquierda únicamente tiene una representación en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ninguno en la Asamblea Legislativa.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, nombró al coronel y licenciado Jaime Antonio Navidad Guillén como delegado de protección de datos personales del Ministerio de la Defensa.

La nueva Ley para la Protección de Datos Personales, que se aplicará a toda la población, está vigente desde el 23 de noviembre de 2024, junto a la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, que aplicará a las instituciones del Estado. Esta ley obliga a todas las entidades públicas y privadas a nombrar “delegados de protección de datos personales”.

Un delegado de protección de datos personales deberá tramitar las solicitudes de rectificación, cancelación u olvido de datos, así como la solicitud de acceso a datos personales. La oposición criticó que esta obligación incrementa los costos de operación de las pequeñas y microempresas.

El nombramiento se realizó a través del acuerdo 27 de ese ramo de Estado, el 27 de enero de 2025 y fue publicado en el Diario Oficial del 10 de febrero.

Navidad Guillén es oficial de información del Ministerio de la Defensa Nacional desde el 1 de junio de 2019, fue ejecutivo del Comando de Doctrina y Educación Militar, fue jefe del Departamento de Investigación en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos del Codem del 1 de julio de 2014 al 31 de enero de 2015.

Inició su carrera militar en la Escuela Militar en 1987, sus primeros cargos fueron comandante de Sección en el Centro de Entrenamiento Militar de la Fuerza Armada de 1990 a 1991 y comandante de sección en el Batallón de Infantería Antiterrorista Victoria del Destacamento Militar 2 de 1991 a 1994.

La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) tiene hasta el 21 de febrero de 2025 para elaborar sus normativas, protocolos y lineamientos. El presidente de la República nombrará al director de la ACE, que nombrará a un director de Protección de Datos Personales.

Una de las críticas de organizaciones como APES, Cristosal, Tracoda, Icefi y Funde, a estas normativas fue la obligación de eliminar datos personales al considerar que la publicación es inexacta, desactualizada o incompleta, casos en los cuales la ACE resolverá las controversias, lo cual interferiría en la labor de los medios de comunicación según las organizaciones.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó al final de la tarde de este lunes un dictamen favorable para aprobar la «Ley de ensayos clínicos con productos regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria», luego de reunirse con el superintendente de regulación sanitaria, Noé García.

García aseguró que la Superintendencia trabajará coordinadamente con el comité nacional de ética y los comités locales para cumplir protocolos de investigación en salud y de ensayos clínicos.

El diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que invitaron al funcionario para tener «un poco más de elementos» para poder «tener elementos para dictaminar esta tarde».

El dictamen aprobado de manera unánime, incluido el voto de Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Luego, casi a las 6:00 de la tarde, se aprobó el proyecto de decreto, luego de su lectura.

La Superintendencia, creada el 7 de agosto de 2024, vigilará los ensayos clínicos que se realicen con medicamentos, suplementos nutricionales, productos farmacéuticos, equipos médicos, terapias avanzadas, tecnologías sanitarias, productos cosméticos y dispositivos médicos. «Vamos a hacer una institución referente», prometió el superintendente.

En la Comisión, el diputado Lira aseveró que esta ley permite que laboratorios puedan venir al país a hacer pruebas con medicamentos por lo que los salvadoreños serían una especie de «chivos expiatorios». Consultó cuáles serían las indemnizaciones si los medicamentos no funcionan.

La ley será aplicada al Comité Nacional de Etica de la Investigación en Salud en El Salvador, los comités locales, patrocinadores, investigadores, investigaciones públicas o privadas, organismos de investigación por contrato, centros de investigación y sus establecimiento asociados.

«Estoy claro que, al leer esta ley, permite que laboratorios que existan en otros países puedan venir a El Salvador a hacer pruebas con ese medicamento. Si es así, ¿hay un capítulo que ustedes hayan pensado en el reglamento?», cuestionó.

«Porque seremos los salvadoreños como chivos expiatorios, ¿tendremos un nivel de indemnización cuando ese medicamento, Dios no quiera, no funcione?».
Francisco Lira (Arena).

El superintendente sostuvo que cumplen con los estándares exigidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que las indemnizaciones sí se están considerando con la nueva normativa.

«Se realiza investigación en todas las aristas de la ciencia y la investigación genera nuevos conocimientos para que la sociedad siga avanzando. Esta ley cumple con los estándares internacionales que está aplicando Europa, que está aplicando América».
Noé García, superintendencia de Regulación Sanitaria.

Los proyectos de ensayos clínicos en El Salvador deberán ser autorizados por la Superintendencia. Por las autorizaciones serían cobrados un arancel por la autorización técnica y otro arancel por la autorización ética.

La diputada Norma Lobo aseguró que esta ley «va a venir a desentrampar muchos procesos». «Como país nosotros no nos queremos quedar atrás», dijo la legisladora de Nuevas Ideas, quien aseguró que «en todo se necesita ensayos».

Según el superintendente, actualmente hay ocho centros de investigación de salud en El Salvador pero que el objetivo es tener «más centros de investigación» y más inversión para convertir el país en un «polo de investigación en salud» de América.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores, aseguró que el gobierno tiene «una deuda como de $325,000 con proveedores» del partido de izquierda y opinó que la suspensión del financiamiento público no es retroactiva.

«Hay una deuda como de $325,000, no al FMLN, es a los proveedores que dieron sus servicios para la campaña del FMLN, ojalá Nuevas Ideas transparente como nosotros», dijo esta mañana el secretario del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, quien sostuvo que no tiene salario y que ejerce su cargo «ad honorem».

El dirigente partido de izquierda, que tiene una diputada en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ninguno en la Asamblea Legislativa, aseguró que él no se mantiene con deuda política ya que esta sirve para la campaña política. Además, espera que la eliminación de la deuda política no sea retroactiva.

«El decreto de suspensión de deuda política es para futuras campañas, no hay ley retroactiva, aunque la quieran aplicar no existe», dijo.

Según Flores, el decreto de eliminación del artículo 210 de la Constitución sobre la deuda política «es ilegal». «La Constitución no se puede reformar por decreto de un día para otro. Para nosotros, el tema de la deuda política está finiquitado», dijo, insistiendo en que el FMLN «va a seguir trabajando con o sin deuda política».

El Ministerio de Hacienda presupuestó un total de $38 millones para financiar la campaña 2024, pero únicamente ejecutó $14.2 millones hasta diciembre.

La Asamblea Legislativa eliminó el artículo 210 de la Constitución de la República luego de haber culminado una polémica reforma al artículo 248 de la Constitución de la República el 29 de enero de 2025 que le permitirá hacer reformas constitucionales en una sola legislatura y no en dos. La primera reforma fue la eliminación de la deuda política.

La entrega de la deuda política es proporcional a los votos que recibe cada partido político en cada elección, es decir, mientras más votos reciba un partido, más dinero recibe para su campaña.

Durante 10 años, desde 2014 hasta octubre de 2024, los partidos políticos han recibido $85.7 millones en financiamiento público. Cada voto de la elección presidencial 2024 tuvo un valor de $6.05; cada voto por diputados de la Asamblea Legislativa costaron $3.28; en la elección municipal tuvo un costo de $2.45 y de los candidatos a diputados del Parlacen, $3.30.