Mientras el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, cree que es necesario un refuerzo de equipo para que los tribunales y cámaras contra crimen organizado no colapsen con su nueva función de vigilancia penitenciaria de los casos que procesan, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo no entender cuál sería el «embudo» o «cuello de botella».
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles tres reformas que permiten enviar a cárceles de adultos a los menores procesados por los tribunales contra el crimen organizado, los cuales además asumirán las funciones de vigilancia penitenciaria de estos, como de todos los condenados según la Ley contra el crimen organizado.
La semana pasada, el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, le preguntó al magistrado de la CSJ, si bastará un juez para apoyar la vigilancia penitenciaria en cada tribunal del crimen organizado.
El magistrado respondió que el refuerzo debería ser de un juez con todo su equipo, es decir, con secretario y colaboradores, además de un equipo técnico, ya que «si se les asigna la responsabilidad» de vigilancia penitenciaria, «podría implicar un colapso», «estamos previendo que eso no ocurra», advirtió.
«Por eso yo hacía referencia a una disposición, al refuerzo presupuestario para el Órgano Judicial para poder asumir esta responsabilidad, es un tema de país», subrayó el funcionario judicial. Calculó que gradualmente la función podría implementarse la nueva función a lo largo de seis meses.
El magistrado explicó que, si solo se incorpora al juez, «le va a restar capacidad instalada a los otros», ya que «un solo caso» de crimen organizado «puede implicar la vigilancia de 100, 200, 300, 400, 500, 600 miembros de una estructura». Estamos a tiempo para analizar el tema para que el sistema funcione y no colapsemos», explicó.
Los jueces de vigilancia penitenciaria supervisan el cumplimiento de la pena de cada persona condenada, así como evalúan conducta o cualquier beneficio o reducción de penas. Sin embargo, el gobierno reiteró en una reforma, aprobada el miércoles, que para las personas condenadas por delitos contra el crimen organizado no habrá libertad condicional ni libertad condicional anticipada.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que, por el contrario, implicará un ahorro y la reducción de la carga en vigilancia penitenciaria.
«Lo que la lógica me indica es que nosotros lo que estamos haciendo es reduciendo la carga, porque estamos cortando un flujo de causas, casos e imputados que estaban llegando a un sistema de vigilancia penitenciaria y que ahora no van llegar. Por ende, creo yo que el problema fue cuando los perversos nos impusieron este sistema porque ahí sí no había jueces de vigilancia penitenciaria, no había cámaras. Ahora con esta reforma ya no los necesitamos. No entiendo cuál va a ser el cuello de botella o el embudo», señaló el ministro.
El titular de Seguridad manifestó que están «acusando al gobierno de la organización terrorista y a cada una de sus clicas diseminadas a nivel nacional» y que «la fase 3 de esta reforma» pretende «que a todo eso nuevo que eventualmente va a llevar a conocimiento de los jueces de crimen organizado se quede ahí».
«Aquí estamos hablando de asesinos seriales, extorsionistas, violadores, de verdaderas organizaciones criminales. ¿Y nosotros vamos a transitar por ese derecho penal primario? No. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de demandar más recursos del sistema judicial, lo estamos acortando. Que tiene capacidad un juez de crimen organizado para imponer la pena y supervisarla, claro que sí, con los juzgados de lo penal en el Código del 74», dijo.
¿Qué Estado le reconoce beneficios a un terrorista? Ante su pregunta, la lógica no me permite pensar en que van a necesitar más recurso. Le vamos a dar una oportunidad de ahorro de recursos.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
El diputado Caleb Navarro aseguró que los jueces del crimen organizado, además, ya están especializados «en el léxico, tipo de delitos, tipo de pandilleros, los diferentes términos», en comparación con los jueces de vigilancia penitenciaria que manejan «la generalidad que maneja el de ejecución de la pena». «Esto ayuda a que supervice de una mejor forma», dijo.
«El de la ejecución de la pena, no hay beneficio de media pena, ni nada, para alguien que pertenece a crimen organizado», recordó.
El diputado Dennis Salinas, de Nuevas Ideas, aseguró al magistrado de la CSJ que les había llegado «a dar una cátedra». «¿Cree que estas medidas ayudarán a la desarticulación de las pandillas en El Salvador?», le preguntó. «Sin duda», le respondió el magistrado. Quinteros aseguró que conoció muchos casos de pandillas vinculados a extorsiones y había «estructuras operando dentro» de las cárceles. «Es importante no desatender esta etapa final… Por eso la especialización y la experiencia de estos tribunales es importante», le respondió.
Las tres reformas, realizadas el miércoles a la Ley Penal Juvenil, Ley contra el crimen organizado y Ley penitenciaria, permiten trasladar menores señalados de crimen organizado a cárceles de adultos, reiteran que no podrán salir en libertad condicional y trasladan la vigilancia de la ejecución de las penas de las personas capturadas por el régimen de excepción a los tribunales de crimen organizado.
