Categoría: Politica

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas a la Ley Penal Juvenil, para que los menores infractores en detención provisional o con penas por crimen organizado sean trasladados a centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales con «separación de pabellones».

La reforma se realizaría al artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, que establece que los centros para menores infractores «serán diferentes a los destinados para los infractores sujetos a la legislación penal común».

Villatoro pide incorporar un nuevo inciso al artículo:

«En los casos de menores de edad a los que se imponga medida de detención provisional o pena de prisión por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, se cumplirá dicha privación de libertad en los centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales, en los que habrá separación en pabellones hasta que estos alcancen los 18 años de edad. El régimen penitenciario será el que aplique la Dirección, en atención a perfil dispuesto para la población reclusa por delitos ejecutados en esta modalidad y de acuerdo con las leyes aplicables. Una vez los internos cumplan la mayoría de edad, deberán ser sometidos al régimen general de adultos».

El proyecto contempla una disposición transitoria para que los menores que actualmente se encuentran internos por medida cautelar de internamiento o pena de prisión con base en la «Ley contra el crimen organizado» sean trasladados a los centros penitenciarios administrados por Centros Penales.

Estas reformas entrarían en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que tiene previsto reunirse el miércoles 5 de febrero.

La eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, conocida como deuda política, podría traer desigualdad en las elecciones de 2027 y un financiamiento «oscuro» de grupos de interés, según expertos de Acción Ciudadana (AC) y Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).

La deuda política es un derecho de los partidos establecido en la Constitución de la República y la Ley de Partidos Políticos. Los partidos políticos tienen programado recibir $38 millones por lo que gastaron en la campaña presidencial, legislativa y municipal de 2024, de lo cual Nuevas Ideas recibiría más de $27.6 millones.

El director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar, explicó a Diario El Mundo que la eliminación de la deuda política provocará que los partidos puedan generar «una relación de dependencia con grupos de interés» que financiarían sus campañas electorales. El investigador de las finanzas de los partidos consideró que la eliminación de la deuda también volvería «más desigual el proceso electoral» porque «tiene la ventaja quien tiene más financiamiento», en este caso es Nuevas Ideas, partido gobernante.

«Este es el primer efecto, pérdida de un grado de independencia que podían tener los partidos respecto de los sectores económicos y los grupos de interés. La segunda es que podría volver todavía más desigual el proceso electoral».
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Para el experto, la supresión de la deuda política busca «consolidar un sistema de partido hegemónico» que «afecta el pluralismo político» porque con la desigualdad electoral que generaría «no habría posibilidad para que otros actores puedan acceder a cuotas de poder».

Por su parte, el presidente de Tracoda, Luis V. Villaherrera, también cree que la eliminación de la deuda podría significar «la apertura de financiamiento oscuro» para los candidatos, quienes al verse presionados podrían recurrir a «buscar estos recursos» por no tener fondos para su campaña.

«El que no reciban deuda política puede significar la apertura de financiamiento oscuro en los partidos políticos, en los candidatos y esto no necesariamente va a ser abrir la puerta que el partido va a recibir el financiamiento de dinero oscuro, sino que candidatos pueden buscar estos recursos».
Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

El partido opositor Vamos no ha recibido deuda política de 2024 porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no les entrega los documentos necesarios para el trámite en el Ministerio de Hacienda. Villaherrera cree que todos los partidos deben recibir la deuda, de lo contrario todos deberían devolverla. Según un monitoreo de Acción Ciudadana, Hacienda ha desembolsado más de $10 millones en deuda política por los comicios de 2024 pero tiene programados $38 millones.

¿Quiénes financian y en qué se gasta?

Para el representante de la AC, el principal problema es la falta de transparencia y no el financiamiento público de los partidos. Consideró que seguirá existiendo la duda de «cuánto se recibe, cómo se usan esos fondos, en qué se gasta y quiénes son los que lo entregan» en el caso del financiamiento privado. Actualmente se desconoce la lista de donantes de Nuevas Ideas.

«El suprimir la deuda política no resuelve ese problema porque también está el problema de la falta de control de las autoridades estatales», sostuvo.

Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo, partido cancelado, no entregaron la documentación requerida para el «Monitoreo del financiamiento de la política salvadoreña» que la AC publicó en diciembre de 2024.

La Asamblea Legislativa culminó el proceso de reforma constitucional para acortar el proceso de aprobación de reformas constitucionales. La primera reforma constitucional sería la supresión de la deuda política en el artículo 210 de la Constitución según el gobierno pero la oposición cree que esta es una «excusa» para cambiar la Constitución en otros temas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, manifestó que la oposición es la que permitió que el hospital Rosales, considerado un patrimonio nacional, se convirtiera en una “verdadera casa del terror” y que dichas quejas no serán escuchadas.

“No escucharemos las quejas de la oposición, quienes permitieron que ese “patrimonio” se convirtiera en una verdadera casa del terror”, manifestó el mandatario en una publicación en la red social X.

El mandatario señaló que las personas que hayan tenido la “lamentable” necesidad de requerir a dicho centro hospitalario, sabe que “no podría ser más tenebroso” y que ningún salvadoreño debe ser atendido en dichas condiciones.

“Sin embargo, cualquiera que haya tenido la lamentable necesidad de utilizarlo sabe que ese lugar no podría ser más tenebroso y que ningún salvadoreño debería ser atendido en esas condiciones, mucho menos en momentos de preocupación y enfermedad”, añadió Bukele.

El mandatario señaló que “el pueblo salvadoreño merece un hospital digno y moderno y eso es exactamente lo que muy pronto les daremos ”.

Dicha afirmación surgió ante las críticas de la oposición, la cual considera que se está destruyendo dicho hospital, esto a raíz que la Dirección de Obras Municipales (Dom) interviniera los pabellones considerados como “históricos”.

El pasado miércoles 22 de enero, Bukele defendió la intervención de la Dom, y aseguró que hay “más de 30 años de imágenes vídeos y relatos” del hospital y lo calificó como una “casa del terror”, arremetiendo contra la oposición salvadoreña diciendo que «no hay nada más anacrónico».

El presidente retomó la publicación del usuario @RetroSivar que decía: «¡TRISTE! Así están acabando con el histórico hospital Rosales». El usuario de X eliminó la publicación luego de que fuera retomada por el mandatario.

También, el ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que los “pabellones históricos” estaban sostenidos por “infraestructuras de soporte». «Esto es un atentado, realmente no es una situación funcional», afirmó.

El titular de Salud dijo que a esa infraestructura «no puede dársele» mantenimiento porque «no tiene soporte». «No se le puede dar mantenimiento porque no tiene soporte, está sujeta a una infraestructura de soporte», indicó durante una entrevista radiofónica.

El historiador Carlos Cañas Dinarte denunció la primera semana de enero que las «láminas históricas del hospital Rosales» que habían sido fabricadas en Bélgica estaban siendo demolidas por personal de la DOM.

El nuevo hospital Rosales aún se encuentra en construcción y aseguró que esperan su inauguración este año. «Esperamos que sea en el lapso de 2025, uno de los proyectos más esperados», dijo Alabi.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, entregó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Investigación para la Salud para centralizar en el gobierno la regulación y la supervisión de las investigaciones particulares o públicas sobre salud.

“Ante la diversidad de legislación que regula la investigación en el campo de salud, es pertinente que se emita una ley especial que permita al Estado conducir los procesos relacionados en aquellas áreas de especial interés nacional y que además permita la supervisión de las investigaciones particulares o públicas, dentro de parámetros técnicos, éticos y legales…”, argumenta el gobierno.

Si se aprueba, la ley será «obligatorio cumplimiento» para: personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, organizaciones sin fines de lucro, entidades nacionales e internacionales, que realicen investigación para la salud en el territorio nacional; y para quienes realicen investigación para la salud con fondos púbicos.

Cada investigación será supervisada por el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS).

Una investigación para la salud está definida en la propuesta como todo proceso que busque “generar nuevo conocimiento relacionado con la salud o ampliar el existente” para contribuir con la salud y el bienestar de la población.

La definición incluye investigaciones para la salud con seres humanos, en donde la normativa plantea “adherirse a los estándares éticos” internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial.

Un «Comité de Ética» electo por el ministro de Salud

Con la ley se crearía el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud de El Salvador (CNEIS-ES), que tendrá autonomía y estará a cargo del monitoreo ético de las investigaciones que aprueba. Los miembros del CNEIS-ES serán electos por el ministro de Salud, previa opinión y propuesta del INS.

Para el funcionamiento del Comité Nacional de Ética, el ramo de Salud deberá incorporar en su proyecto de presupuesto una partida presupuestaria específica para gastos de funcionamiento con “diversos comités locales”.

También, con la normativa, se crearía un Biobanco del Instituto Nacional de Salud (BINS) para conservación, organización, seguridad y trazabilidad de las muestras biológicas de interés en salud pública en El Salvador.

El BINS se desarrollaría progresivamente conforme se genere la capacidad técnica instalada y la asignación de recursos debiendo quedar instalado el 1 de enero de 2026.

El proyecto de ley plantea la creación del Fondo Nacional de Investigación en Salud (Fonis), que podrá recibir transferencias estatales, de autogestión, donaciones de personas naturales o jurídicas, de venta de servicios, de proyectos de investigación y transferencias extranjeras para investigación, capacitación e infraestructura.

Se establece el certamen anual de investigación en ciencias de la salud que se denominará “Premio para la Investigación en Salud, Dr. Luis Edmundo Vásquez y a la vez se derogaría la Ley del Premio Nacional de Medicina “Doctor Luis Edmundo Vásquez, emitida mediante decreto legislativo el 12 de agosto de 1983.

También, se deroga la Ley Especial del Certamen Anual de Investigación Odontológica Dr. José Benjamín Zavaleta, emitida por decreto legislativo el 11 de diciembre de 1997.

Esta iniciativa que consta de 72 artículos será estudiada en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, que fue convocada para el próximo lunes 3 de febrero.

El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

«Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

Puede leer: Funcionarios no presentaron más de 11,000 declaraciones patrimoniales en los dos últimos quinquenios

Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

24 de julio de 2015
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

1 de septiembre de 2015
El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

23 de febrero de 2016
La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

16 de marzo de 2016
La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

20 de junio de 2017
La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

30 de julio de 2019
El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

22 de julio de 2019
La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

22 de junio de 2020
El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

4 de noviembre de 2020
IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.

El proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Nayib Bukele obligaría a funcionarios y empleados públicos a presentar al Ministerio de Hacienda declaraciones juradas de sus activos (lo que poseen), pasivos (sus deudas), adquisiciones y transferencias de bienes durante el periodo de declaración de renta.

Cada «Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos«, según el proyecto, será publicada por el Ministerio de Hacienda en no más de 15 días hábiles luego de su presentación, información a la cual tendrá «acceso irrestricto» la Corte de Cuentas de la República, que hará investigaciones y reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

El miércoles 29 de enero, Villatoro entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley Anticorrupción para crear un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC) y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), ambos dirigidos por la FGR, dirigida actualmente por Rodolfo Delgado, nombrado por Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa desde de la destitución de su antecesor el 1 de mayo de 2021.

El CNA, según el proyecto, verificaría información de las instituciones del SINAC para investigar redes de corrupción, conexiones entre personas, instituciones y transacciones.

El nuevo SINAC estará conformado por: Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad, Policía, Corte de Cuentas, Órgano Judicial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Comisión Nacional de Activos Digitales, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Obras Públicas por medio del Registro Público de Vehículos, Registro Nacional de las Personas Naturales y Dirección Nacional de Compras Públicas.

El proyecto, que pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Ernesto Castro, reitera que no prescriben los delitos de corrupción como peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros y documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias; y considera la acción penal de orden público y aplicable independientemente de la fecha en la que se hayan cometido los hechos.

Bukele anunció la Ley Anticorrupción la noche del miércoles, poco después de la ratificación que requería la reforma al artículo 248 de la Constitución realizada precisamente para abreviar en un solo paso, sin necesidad de ratificación, cualquier reforma a la Constitución.

«Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador. Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes», escribió el mandatario, que funge su segundo quinquenio.

En enero de 2023, la organización Acción Ciudadana reveló que la Corte Suprema de Justicia denegó información estadística sobre las personas que habían declarado patrimonio y la cantidad de procesados por enriquecimiento ilícito.

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Cronología de las declaraciones patrimoniales en El Salvador

24 de julio de 2015
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar la declaración patrimonial del entonces magistrado Rodolfo González a un ciudadano. La decisión vuelve públicas las declaraciones patrimoniales.

1 de septiembre de 2015
El IAIP ordena a la Corte Suprema de Justicia entregar a ciudadanos solicitantes las auditorías de tres expresidentes de la República. Consideró que los exámenes, auditorías, análisis o dictámenes forman un solo cuerpo con la declaración y no pueden separarse. Fue así que inició un lapso muy breve en el cual informes de patrimonios de funcionarios eran públicos.

23 de febrero de 2016
La Corte entrega a dos ciudadanos solicitantes las auditorías patrimoniales realizadas a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes por la Sección de Probidad.

16 de marzo de 2016
La Corte entrega la declaración patrimonial del expresidente Francisco Flores, que constaba de 38 páginas.

20 de junio de 2017
La Corte reserva documentos en trámite con datos financieros, bancarios, contables y patrimoniales de funcionarios, y deliberaciones cuando no haya resolución definitiva de la CSJ o cuando dicha resolución exonere al investigado de indicios de enriquecimiento ilícito.

30 de julio de 2019
El IAIP ordena a la CSJ entregar versiones públicas de informes de Probidad de funcionarios investigados en 2018.

22 de julio de 2019
La Corte Suprema de Justicia resuelve entregar declaraciones patrimoniales del presidente pero rechaza la entrega de adendas.

22 de junio de 2020
El IAIP revoca la resolución de la oficial de la Corte Suprema de Justicia y le ordena entregar las adendas patrimoniales.

4 de noviembre de 2020
IAIP revierte orden de entregar adendas de informes patrimoniales por ser de naturaleza confidencial.

El economista Rafael Lemus explicó que la reforma elimina la participación de instituciones públicas en las operaciones con bitcoin y quita el carácter obligatorio en la aceptación de pagos.

«Esto queda opcional y solamente para personas naturales o jurídicas pero privadas», dijo.

Según Lemus, con esta reforma, el gobierno «está cumpliendo todo lo que el FMI les ha indicado, lo de moneda de curso legal de manera obligatorio eso está quitado».

«O sea, moneda de curso legal voluntario no existe, verdad», subrayó, en referencia a que la ley mantiene la frase «curso legal» pero establece expresamente que será de «aceptación voluntaria».

Siguiendo el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno envió el miércoles 29 de enero por la tarde un proyecto de reformas a la Ley Bitcoin, a través de la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el mismo día con dispensa de trámite el mismo día.

En la reforma, establece el bitcoin de «aceptación voluntaria» y de manejo por privados; suprime el verbo «deberá» por «podrá» al referirse a la aceptación del bitcoin como forma de pago.

También, la reforma a la Ley Bitcoin en El Salvador derogó el artículo que permitía pagar impuestos o contribuciones tributarias en bitcoin y elimina la disposición para que el Estado contara con «convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar».

El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un préstamo por $60 millones que se pagará a un plazo de 25 años y que serviría para financiar la creación de un centro de datos en El Salvador.

El préstamo destinado al «Programa para el desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador» será suscrito por el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Financiará la adecuación y equipamiento del edificio para el Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital, con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según la institución bancaria, el crédito, ya aprobado por el directorio ejecutivo del Banco, promete beneficiar a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos.

«Se espera que el programa permita que todas las instituciones del Estado accedan a la 'nube del Estado', aumentando la disponibilidad de servicios en línea y mejorando la gobernanza», detalla el BID.

Garantías soberanas

La Asamblea Legislativa recibió cinco solicitudes aprobación de garantías soberanas del Estado, cuatro para créditos ya suscritos en 2008, 2012, 2015 y 2022; y una de un crédito nuevo por $50 millones.

La solicitud de las garantías crediticias con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se debe a que la CEL gestionó financiamiento por $93 millones «con garantía soberana» con el BID para el «Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador» y, en las condiciones de los préstamos, la CEL se comprometió con el BCIE a que las obligaciones de pago con este banco tendrán «la misma prioridad» que otras.

Las garantías soberanas aprobadas para préstamos de años anteriores suman $671.5 millones. La quinta garantía soberana del Estado respaldaría un préstamo nuevo por $50 millones que adquirirá el Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el BID para destinarlo a «vivienda social».

Las solicitudes de préstamo serán estudiadas en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, que se reunirá el lunes 3 de febrero.

Estas son las garantías soberanas solicitadas por Hacienda:

1. Garantía soberana del Estado para el préstamo 2059 del BCIE a CEL por $57.5 millones, fondos que se destinan al proyecto «Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre», suscrito el 8 de junio de 2012.

2. Garantía soberana para el crédito revolvente 2309 del BCIE a CEL por $100 millones, contrato suscrito el 30 de noviembre de 2022 para necesidades de «capital de trabajo».

3. Garantía soberana para el préstamo 2143 del BCIE para CEL por $301 millones suscrito el 24 de septiembre de 2015 y cuyo monto aumentó el 27 de septiembre de 2017 con Inversiones Energéticas (INE), LaGeo, Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal) y Compañía Eléctrica Cucumacayán (CEC) como codeudores.

4. Garantía soberana del Estado para el contrato de préstamo 1865 del BCIE a CEL por $163 millones para el proyecto de la central hidroeléctrica en el río Torola, San Miguel. Fue aprobado el 19 de septiembre de 2008.

5. Garantía soberana del Estado para el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV) para financiamiento para vivienda social. El préstamo no se ha suscrito, el FSV lo ha gestionado y el BID requiere la garantía.

Organizaciones no gubernamentales, algunos abogados y partidos de oposición rechazaron modificación constitucional que permitirá un mecanismo de reforma rápida a la Constitución de la República una vez inicie su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Consideran que genera inseguridad jurídica por falta de reglas del juego claras.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, el abogado Eduardo Escobar, aseveró que la ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que agrega un procedimiento ágil de reforma constitucional, afecta la seguridad jurídica o la certeza del derecho.

La reforma fue promovida, según el presidente Nayib Bukele y sus diputados de Nuevas Ideas, porque se pretende eliminar el artículo 210 de la Constitución que otorga el derecho a los partidos políticos a tener financiamiento estatal.

Según Escobar, la reforma abre la posibilidad de que puedan cambiar «cualquier cosa» por dos razones: la mayoría legislativa actual de Nuevas Ideas y que el gobierno no respeta principios democráticos como, dijo, la no regresividad en los derechos.

«Abre la posibilidad de que cambien cualquier cosa. Pueden reconfigurar el Estado, eliminando o incluyendo nuevas instituciones, pueden cambiar a un sistema mayoritario, pueden eliminar deuda política», ejemplificó.

Puede leer: Un 60 % cree que será más difícil que funcionarios respeten la Constitución

Según el comunicado de la AC, la reforma elimina la «certeza» de que los derechos fundamentales «no serán cambiados, disminuidos ni anulados de forma arbitraria». «Es otra acción inconstitucional que solo busca favorecer la concentración de poder», consideró.

El abogado Enrique Anaya también consideró que el mecanismo ágil de reforma constitucional aprobado mediante el cambio al artículo 248 es «inconstitucional» porque no se siguió el proceso de reforma y no hubo debate.

La Constitución pierde su carácter reforzado y por ende pasa a ser casi como una simple ley: deja de ser en los hechos una Constitución.
Enrique Anaya, abogado.

Según Anaya, la legislatura podría reformar «cualquier cosa» según lo requiera Nayib Bukele. «Potenciará inseguridad jurídica, pues el régimen autocrático le conferiría forma constitucional» a lo que quiera el mandatario, indicó el abogado, que sostiene que El Salvador vive una dictadura.

«¿Qué implica una reforma exprés a la Constitución, la de hoy y las demás que vienen a futuro? Inseguridad jurídica. No hay reglas del juego claras para nadie, aumenta el riesgo y eso nunca es bueno a nivel económico, político y social.
Erika Saldaña, abogada, en X.

¿Para qué sirve a la dictadura reformar la Constitución que nunca respetó? Da al proyecto autoritario una careta de legitimidad: podrán decir que no hacen más que cumplir la Constitución. Hará que se cumpla más rápido el capricho del dictador.
José Marinero, abogado, en X.

Para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la reforma «elimina la posibilidad de generar un debate público» de las aprobaciones de las reformas constitucionales.

«Esa concentración de poder en una única legislatura podría facilitar la aprobación de reformas que respondan a intereses coyunturales o partidarios, sin el debido escrutinio popular», indica la Fundación en su comunicado. La institución exhortó a la Asamblea a «reconsiderar» la reforma.

De forma exprés, como siempre. Sin que nadie que no sea el presidente se los haya pedido, como siempre. Violando la misma Constitución, como siempre. Gabriela Santos, Idhuca, en X.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, rechazó la reforma al artículo 248 de la Constitución porque los diputados se atribuyeron la función de constituyentes sin haber sido electos como tales.

«Ustedes se están autodenominando constituyentes este día, están violando la Constitución porque no están siguiendo el proceso de formación de ley, porque cuando ustedes hicieron esta reforma el periodo pasado ni siquiera iba dentro de sus plataformas como diputados, que es obligación porque hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, porque así conoce la población si quiere o no votar por esta persona», reclamó Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, quien votó en contra de la ratificación.

El diputado Francisco Lira, del mismo partido, cree que Nuevas Ideas y Bukele están interesados en «comenzar la reforma de la Constitución sin consulta alguna».

Cesia Rivas, de Vamos, con la ratificación podrán «reformar la Constitución cuando quieran y como quieran». «No derogan la Ley de la Minería pero sí quieren tocar la Constitución. No se quitan el fuero pero sí quieren tocar la Constitución», reclamó.

El Órgano Legislativo aprobó el miércoles una exoneración retroactiva de impuesto a las ganancias de capital por la venta de inmuebles que estén en la zona delimitada para construir el Aeropuerto Internacional del Pacífico.

La reforma incorpora en el artículo 29 un inciso 1: «Exonérse del pago del Impuesto a la ganancia de capital, a que se refieren los artículos 14 y 42 de la Ley de Impuesto sobre la renta, a los propietarios de los inmuebles que los vendan a CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma) y/o al MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), siempre que estos inmuebles estén comprendidos dentro delo perímetro de delimitación» de la obra.

Según el documento de decreto de la reforma, se «ha tenido conocimiento que la mayoría de las personas que están vendiendo sus inmuebles para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, lo hacen con la finalidad que los dineros recibidos como productos de esas ventas puedan disponerlos para la adquisición de otros inmuebles», justifica el decreto.

También, se establece que, con la finalidad de no ocasionar una afectación que impacte en los recursos que las personas que han vendido a CEPA, «recibieron o recibirán por razones de un gravamen impositivo, como es la ganancia de capital, se estima necesario, por motivaciones de orden social, no incidir impositivamente a estas personas, por lo que se vuelve necesario emitir disposiciones legales para eximir de este gravamen a estas operaciones».

La reforma sustituyó el artículo 35 para que los efectos de la reforma aprobada sobre la Ley de Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico se apliquen desde el 8 de mayo de 2022. La reforma fue aprobada con 56 votos a a favor. Vamos y Arena se absturvieron de votar.