Categoría: Politica

Organizaciones aglutinadas en la Mesa contra la Impunidad de El Salvador (Mecies) consideró este miércoles que la Asamblea Legislativa realiza acciones de «obstrucción» y que viola su propio reglamento interior, al no estudiar el tercer proyecto de ley de justicia transicional presentado el 29 de octubre de 2024 por víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Las organizaciones aseguran que la Asamblea Legislativa transgrede la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 13 de julio 2016, que declaró inconstitucional la «amnistía amplia, absoluta e incondicional» declarada en la «Ley de amnistía general para la consolidación de la paz» aprobada en 1993.

Esta sentencia fue la que ordenó una «reparación integral a las víctimas de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes» con ocho requisitos: 1. Establecimiento de los derechos, 2. Resarcimiento, 3. Compensación de daños, 4. Indemnización de daños y perjuicios, 5. Rehabilitación y readaptación de la víctima, 6. Satisfacción y reivindicación de las víctimas, 7. Garantías de no repetición y 8. Conocimiento público de la verdad.

Las organizaciones calificaron de paradójico que los diputados «exaltan el decreto que designó cada 16 de enero como ‘Día nacional de las víctimas del conflicto armado’ aprobado en 2022» porque consideran que «busca tergiversar y negar la historia de los Acuerdos de Paz con fines políticos partidarios».

Recriminaron que la Asamblea Legislativa haya archivado el proyecto presentado en 2021.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa, que en el periodo 2021-2024 fue presidida por la diputada Rebeca Santos, inició el 20 de septiembre un proceso de consulta para elaborar una ley de justicia transicional, en el que fueron citados el exprocurador Apolonio Tobar, Benjamín Cuéllar como representante de VIDAS, Geovanni Galeas, pero en mayo de 2024 la Asamblea Legislativa archivó los proyectos de ley impulsados por las organizaciones y partidos de oposición. «Ya perdieron su vigencia», argumentó en ese entonces el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.

En enero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó, a iniciativa del presidente Nayib Bukele, el «Día nacional de las víctimas del conflicto armado«, el cual se expresó que «el conflicto armado en El Salvador fue una larga historia de abusos de poder e irrespeto a la democracia» y se reconoce los esfuerzos del gobierno actual para «proteger a las víctimas y sus familiares», de la Fiscalía para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto y se comprometen a «trabajar por garantizar acciones que permitan la no repetición» de hechos contra una vida «con dignidad y justicia».

Solo el 58 % de los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) realizó su proceso de reinscripción al programa durante el último proceso de 2023, indicó el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró este miércoles durante una entrevista en Diálogo 21 que, de los 234,000 beneficiarios, solo 137,000 habían cumplido con su registro «en la reinscripción anterior».

La funcionaria atribuyó la falta de 97,000 salvadoreños para su reinscripción por temas de «desconocimiento» y porque pensaron que el proceso «era automático», por lo que explicó que la reinscripción es un trámite personal que los connacionales deben cumplir cada vez que el gobierno estadounidense decide habilitarlo.

«Por favor, no dejemos esto a última hora, se trata de su seguridad, se trata de su estabilidad pero también se trata de la permanencia en Estados Unidos».
Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

A finales de agosto de 2023, la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal) externó su preocupación por la baja afluencia de connacionales para completar su reinscripción y aseguró que, en ese momento, el 70 % de las personas que atendían cada año no habían completado el proceso.

La viceministra explicó que, si algún salvadoreño olvidó reinscribirse en el proceso anterior y desea completar el trámite en el nuevo proceso de este año, debe completar un proceso diferente con asesoría de Cancillería.

Algunos de los documentos a presentar si olvidó reinscribirse son:

• Informar y demostrar que ha residido en Estados Unidos.
• Constancia de no haber cometido faltas durante su permanencia en Estados Unidos.
• Escribir una carta de perdón.

Para atender estos casos y dudas sobre el proceso, la Embajada de El Salvador en Estados Unidos con sede en Washington, tendrá disponibles asesorías con un abogado experto en temas de TPS.

Los connacionales pueden consultar sus dudas en el consulado virtual al 1-888-301-1130 o al (503) 7070-1071. Todas las asesorías brindadas por Cancillería son gratuitas, indicaron las autoridades.

La ampliación del TPS inicia el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Para beneficiarse de este programa, los salvadoreños deben reinscribirse a partir de este 17 de enero. La reinscripción estará habilitada por 60 días.

La cantidad de acciones que pueda solicitar una empresa privada minera en la sociedad de economía mixta que deberá establecer con el Estado salvadoreño dependerá de la complejidad en la extracción del material en el cual está interesado, según el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La Ley General de Minería Metálica –vigente desde el 7 de enero de 2025– establece que el Estado «será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país» y detalla que lo podrá hacer «a través de sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta».

La noche del martes, Bukele reiteró que el Estado tendrá participación en todas las sociedades, como lo establece la normativa. «En el 100 % va a haber participación accionaria del Estado», fueron sus palabras. Sin embargo, la regulación no determina qué porcentaje mínimo de acciones tendrá el Estado o qué porcentaje máximo tendrá la empresa privada interesada.

El presidente explicó que, cuando se monte la Dirección de Minas, las empresas «tendrán que negociar con el Gobierno la participación del Gobierno en las operaciones» y, después, «dependiendo de la complejidad de la mina» y «el tipo de materiales» que buscan extraer, así serán las acciones que demandarán. «Entonces, dependiendo de la complejidad se van a establecer cada uno de esos contratos mineros», indicó.

Si viene una empresa que va a buscar el iridio, ellos tendrán un ‘know how’ muy alto y van a demandar una participación accionaria mayor a una empresa que simplemente quiere sacar oro, que cualquiera lo puede hacer».

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

El gobernante sostuvo que comúnmente la gente «piensa en el oro» pero que «hay materiales de mucho más valor» como el iridio y el gallium. El iridio es el metal más resistente a la corrosión usado en la fabricación de motores de avión y el gallium o galio es un metal que sirve para fabricar circuitos y dispositivos electrónicos.

Bukele rechazó la noche del martes el argumento de que la minería contaminó los ríos de El Salvador señalando que la minería no estaba permitida en el país, en referencia a la prohibición vigente desde marzo de 2017 y que fue derogada desde el 7 enero de 2025. Sin embargo, El Salvador ya ha tenido actividades de exploración y extracción minera, así como minería artesanal.

Según el mandatario, la participación accionaria estatal en las sociedades que realizarán actividades mineras en El Salvador fue un cambio de última hora a la normativa aprobada. «Nosotros pensamos que para garantizar que se haga bien, cambiamos la ley, se modificó antes de enviarse porque se puso que el gobierno tenía que tener participación en la empresa que está haciendo la minería», comentó.

La minería metálica fue revivida en El Salvador pese al rechazo de la Iglesia Católica, ambientalistas y del 59.2 % de los salvadoreños según una encuesta divulgada en diciembre pasado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Las emisiones de Documentos Únicos de Identidad (duis) en el exterior cayeron un 28 % en el último año, de acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El sitio web del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería muestra que, durante 2024, un total 127,616 connacionales tramitaron su documento de identidad en las representaciones consulares salvadoreñas.

De enero a diciembre, el mes con más emisiones fue enero, con 13,511; seguido de julio, con 11,770 documentos; noviembre, con 11,756; y febrero, con 11,671. Los demás meses no superan las 11,000 emisiones.

Sin embargo, durante 2023 se emitieron un total de 177,243 documentos frente a los 127,616 en 2024, lo cual, representa una disminución del 28 % entre los dos años.

Contrario a 2024, durante el 2023, el mes con más emisiones de duis fue octubre, con 22,599 documentos, según el registro de Cancillería. Le siguió noviembre, con 20,139 emisiones.

La disminución en las emisiones de duis coincide con el cierre del registro electoral para los comicios de 2024. El registro para el voto en el exterior se realizó el 5 de noviembre.

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En 2022, Cancillería reportó la emisión de 175,038 duis; por lo que, en 2023, se registró un aumento del 1 % en las emisiones de duis, con los 177,243 documentos entregados a los connacionales.

La "Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero" establece que los salvadoreños con DUI con dirección en el exterior pueden emitir el sufragio por la modalidad de voto por internet.

El último reporte del registro electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocía a 741,094 salvadoreños con duis con dirección en el exterior hasta el 5 de noviembre de 2023. El trámite de duis en el exterior tiene un costo de $35 y para salvadoreños en el territorio nacional $10.31. El documento se puede tramitar en jornadas del RNPN en el exterior o en sedes consulares.

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La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió, sin lograr los votos suficientes, la aprobación de una ley que liquidara el Fideicomiso Bitcoin y destinara sus fondos y bienes a financiar diferentes subsidios sociales.

La legisladora argumentó que el gobierno invirtió inicialmente $150 millones para la convertibilidad automática de bitcoin a dólar pero que el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere la reducción de la participación del gobierno en el proyecto Bitcoin para que la aceptación a esa criptomoneda sea voluntaria.

Puede leer: FMI insiste en que el acuerdo garantiza uso voluntario del bitcoin

Así, Ortiz pidió aprobar una ley que facultaría al Ministerio de Hacienda a nombrar una comisión liquidadora de todos los bienes e inversiones del Fideicomiso, para que los fondos se destinen a subsidios al consumo eléctrico, agua, gas propano, transporte público y escolar, alimentos a la canasta básica y medicinas.

Sin referirse expresamente a la propuesta, Bukele criticó que la oposición sugiera destinos «ganancias» del bitcoin.

El presidente consideró ayer que la inversión en bitcoin «es una inversión sólida» y reiteró que tienen «$300 millones de ganancia». «Ahora es ‘deberían usar las ganancias del bitcoin en tal cosa, pero si ustedes no creían en esas ganancias del bitcoin, ahora ustedes son los que van a decidir en qué se van a usar las ganancias del bitcoin, la oposición», criticó Bukele.

Con el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, a partir de enero de 2025, Bukele prevé una revalorización y ecosistema «más amable» para el bitcoin.

«Nosotros estamos a la expectativa de ver qué va a pasar en los próximos días, incluso con la administración Trump. Yo creo en lo personal que este año, especialmente este año por la asunción de Trump y la maduración de los BTS, creo que este año va a ser muy importante para el bitcoin y para todo el ecosistema», consideró.

Con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero próximo en la presidencia de los Estados Unidos, Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que para que países como El Salvador profundicen relaciones con el país norteamericano, tendría que cumplir algunas condiciones, una es reducir la dependencia de China.

Ante esto, las diputadas de Arena y Vamos opinaron que El Salvador debe ser muy cuidadoso con sus relaciones, pensando siempre en el beneficio de los salvadoreños.

“Si esa es una de las condiciones, debería de considerarlo tanto Cancillería como el presidente de la República (Nayib Bukele), deben hacer los estudios necesarios porque, si esto sería un traspié en la relación con los Estados Unidos, pues que comiencen con los estudios necesarios al respecto para darse cuenta de qué es lo más beneficioso para los salvadoreños”, dijo Marcela Villatoro, de Arena.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, instó al gobierno a “tener unas relaciones internacionales sabias, inteligentes».

«Con cualquier administración que llegue a gobernar los Estados Unidos, El Salvador tiene que trabajar con base a intereses compartidos para que más salvadoreños no tengan la necesidad de irse a Estados Unidos, porque acá no hay suficientes oportunidades, porque acá corre riesgo su seguridad y velar también por los salvadoreños que están allá bajo el TPS,” aseguró Ortiz.

Meacham fue parte del panel en la presentación del Índice de Riesgo Político 2025 y explicó que los países que quieran profundizar su relación con Estados Unidos deben cumplir tres condiciones ante la «presión enorme y riesgos significativos» que implicará la gestión Trump para América Latina.

Esas condiciones son alinearse con «los intereses» de EE.UU., reducir la dependencia de China e involucrarse en las iniciativas de seguridad de Estados Unidos son las condiciones mencionadas.

El presidente Nayib Bukele rechazó la noche del martes las críticas de ambientalistas y religiosos contra su proyecto de minería metálica en El Salvador aseverando que los ríos del país ya están contaminados con pesticidas, basura o residuos de las industrias salvadoreñas.

«Esa foto de esos ríos contaminados no puede ser por la minería, tendría que ser por otra cosa. Los ríos en El Salvador no están contaminados por la minería, los ríos en El Salvador están contaminados por las heces fecales, todas las aguas negras y grises».
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Bukele convocó hoy a una conferencia de prensa en la cual anunció un subsidio para pagar los recibos de enero de energía eléctrica y agua al 95 % de familias.

El gobernante salvadoreño sostuvo que los ríos de El Salvador ya están contaminados con basura, lixiviados, pesticidas, cultivos quemados, residuos de las industrias, basura, aguas negras, residuos hospitalarios, tinta de las textileras, entre otros, y argumentó que en el país aún no se practica la minería. «No encuentro un motivo por el cual nosotros no debemos hacer lo que el 100 % de los países del mundo hacen», dijo.

Otro argumento del presidente a favor de la minería fue que Israel tiene «más estrés hídrico» y «más densidad poblacional que El Salvador». «Y tiene la minería aprobada y hacen minería en todos lados hasta en el mar Muerto», indicó.

«Las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, la minería se puede hacer bien o se puede hacer mal», indicó.

El presidente no detalló cuáles sustancias se utilizarán en la minería metálica que se proyecta para El Salvador ni qué empresas están interesadas en asociarse con el Estado para hacer estas prácticas. La Ley General de Minería Metálica prohíbe expresamente únicamente el mercurio. Sin embargo, en la extracción de oro y plata pueden utilizarse otros como el cianuro, arsénico y drenajes ácidos, altamente tóxicos según ambientalistas.

Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) detalla que en El Salvador se han realizado actividades de explotación minera desde la década de 1870 hasta la de 1950 en San Cristóbal y a mediados del siglo XX, en la mina San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión, en donde se produjeron 32 toneladas de oro.

Esta investigación también registró actividad minero de oro y plata en la mina El Dorado entre 1948 y 1953, y en 2002 la empresa Commerce Group Corp tuvo una nueva concesión de explotación por 30 años luego de adquirir la mina San Sebastián desde 1968.

Puede leer: Sacerdotes católicos lanzan campaña contra la minería metálica en El Salvador

Hacia 2006, el entonces Ministerio de Economía dio permiso a actividades de exploración a 29 proyectos para extraer unos 12 millones de onzas de oro y 78 millones de onzas de plata; pero luego de una campaña en la que se unió la Iglesia Católica e instituciones de educación superior la minería metálica se prohibió en marzo de 2017.

La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, derogada el 23 de marzo de 2024, prohibía el uso de químicos como cianuro y mercurio, y daba un plazo de dos años a partir de 2017 a la minería artesanal para convertirse a otra actividad productiva, algo que las organizaciones ambientalistas reclamaron que no se cumplió.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este martes el subsidio estatal del pago de los recibos de agua y energía eléctrica al 95 % de la población, en una conferencia que inició a las 6:30 de la tarde.

«El gobierno va a pagar la totalidad de recibos de agua y luz al 95 % de la población», anunció, presentándolo como una medida económica de su gobierno.

El gobierno pagará hasta $80 del total del recibo de energía eléctrica y hasta un límite de $30 del recibo de agua potable. «Se entiende que alguien que consume más de $30 de agua es porque tiene capacidad para pagarlo», dijo.

El gobernante explicó que el subsidio aplica al total de los recibos del mes de enero, aunque estos incluyan otros cargos y que, si ya se pagaron, el reintegro se realizará en febrero.

«Si usted ya pagó (el recibo de energía), usted pagó el saldo completo, incluyendo tasas municipales, cualquier otro cobro, si está abajo de $80, eso va a descontarse en febrero», explicó Bukele.

El mandatario aseguró que estuvo pensando qué podían hacer para beneficiar económicamente a la población luego de los gastos de fin de año y enero, y que decidieron realizar el «pago total de recibos de luz y agua que llegan en enero».

El beneficio no aplica para comercio, centros comerciales ni para la industria, sino solo para hogares.

El 16 julio de 2024, Bukele lanzó su plan económico para «recuperar la economía en El Salvador», detallando que la primera fase es la alimentación con la eliminación de aranceles a productos alimenticios e insumos agrícolas y la apertura de centrales de abastos. Aseguró que la segunda fase de su plan económico es la tecnología.

La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Renam) lanzó el lunes una campaña denominada «Sí a la vida, no a la minería» y a la vez exhortó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a «reconsiderar» la decisión de seguir impulsando la Ley General de Minería Metálica en El Salvador.

“Las diferentes expresiones organizativas que integran la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Renam), capítulo El Salvador, lanzan la campaña ‘Sí a la vida, no a la minería’”, leyó el comunicado de la Reman un grupo de sacerdotes, al reaccionar en contra de la aprobación y la sanción presidencial a la normativa.

La Red manifestó su respaldo al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) y al Secretariado Episcopal de América Central (Sedac). “Nos solidarizamos y acompañamos a las comunidades que se ubican en los puntos de interés de explotación minera”, señalaron.

La Red de sacerdotes aseveró que la Ley General de Minería Metálica contradice los “derechos constitucionales de la vida y la salud”.

Exhortó a Bukele para “que reconsidere la decisión de seguir impulsando una ley impopular y dañina para nuestro país” y que “en uso de sus facultades constitucionales solicite la derogatoria de la Ley General de la Minería Metálica” y le pidió a la Asamblea Legislativa “derogar” la ley y a la población a “fortalecer su organización y se movilice a favor de la vida”.

Ante la pregunta sobre las acciones en concreto, el sacerdote Belisario Hernández Portillo respondió que tienen claros tres pasos: la concientización de la gravedad que se está viviendo; la organización y la movilización. “Como iglesia, en el caso de la Arquidiócesis de San Salvador, hemos comenzado con una campaña en las redes sociales, ese es el primer paso de la concientización, y sin duda el llamado a la organización y a la movilización más adelante”, anunció.

El sacerdote también hizo un llamado “a que se unan las fuerzas vivas del país para lograr el objetivo en este momento”.

Cardenal: «Este clamor, como una bola de nieve»

Posteriormente, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien se incorporó a media conferencia de prensa, relató que recién regresaba de Morazán y que había retornado por la Carretera Longitudinal del Norte.

«Uno se siente tan contento de ver un país verde y por eso es tan importante que siga siendo verde, dijimos antes que sin agua no hay vida y sin bosques no hay agua, hoy decimos, la vida vale más que el oro, hoy estamos acá para decir sí a la vida y no a la minería», inició su intervención.

Según Rosa Chávez, «cada día más gente entiende este mensaje» y que “este clamor se hace como una bola de nieve que va aumentando” porque “es la evidencia y es lo obvio”.

«Un pueblo que está comenzando a entender que está en un momento delicado de nuestra historia y que es importante, como decía el padre Santos, reaccionar. Un sí a la vida supone, pues, ponerse de pie y caminar en la dirección correcta».
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

«Y adelante con esta campaña tan importante que la Iglesia la va a impulsar y la gente lo va a agradecer; y la historia va a dejar constancia de que hicimos este esfuerzo por la gente que más sufre, la gente más pobre de este país”, añadió el cardenal en la conferencia.

El líder religioso explicó que la campaña inició originalmente cuando el arzobispo de San Salvador les preguntó a los obispos qué hacer ante la inminente apertura de la mina El Dorado, en Cabañas, y relató que monseñor Fernando Sáenz Lacalle, quien era químico, les dijo: «El cianuro contamina todo, el agua, las plantas, el suelo, el aire, los frutos».

«Él era químico y explicó cómo ese daño es irreparable. Yo viví cerca de la mina de San Sebastián, en mi cantón, veía la gente con oro para vender y me di cuenta que aún sigue contaminado. Me dice la gente ‘parece que es fresco de naranja en los ríos, hay que buscar agua en otros lugares para tener cómo subsistir», aseveró.

Agregó que esto «no se trata de cosa política, se trata de la vida». «San Isidro, ahí comenzó la primera lucha, ahí llegaron los soldados y la gente reaccionó. No son políticos, son gente que quiere vivir dignamente. Son cosas evidentes, sin agua no hay vida», insistió.

La prohibición de la minería metálica, aprobada en marzo de 2017, fue levantada a partir del 7 de enero de 2025, día en el que inició la vigencia de la nueva Ley de Minería Metálica aprobada por la legislatura actual el lunes 23 de diciembre de 2024.

Las tensiones internas en el partido Arena continúan con una serie de señalamientos entre la diputada Marcela Villatoro y el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade.

Esta vez, la diputada Villatoro dijo que el problema no son las bases, sino que García Saade, de quien aseguró se comportaba caprichosamente.

«El problema no es con las bases, el único problema aquí es un presidente necio y malcriado, que se comporte como un presidente de un partido político, que comience por respetar a nosotros como funcionarios y respetar a las bases, y que deje de comportarse como un niño de 7 años, eso es todo», dijo la legisladora arenera.

Al consultar sobre las inconformidades en el partido como la aseveración del concejal Alejandro Nóchez, quien aseveró que en Arena se amenaza con «expulsión a los pocos funcionarios públicos» del partido «por observar y opinar» y este martes la exdiputada Rossy Romero hizo observaciones a la posición del partido ante temas de país, la legisladora reiteró que es García Saade «el problema».

«Sí (hay mucha inconformidad) porque es (García Saade) un niño necio y caprichoso y no se está dando cuenta que, por sus caprichos, está haciéndole daño al partido. Cuando uno se da cuenta que uno hace más daño en vez de ayudar, uno debe aprender que uno es el problema. Nosotros, desde la Asamblea, estamos haciendo nuestro trabajo. Ya es hora que él comience a hacer el suyo y que se deje de chambres ‘bayunquitos’ de colegio», aseveró.

Ante los fuertes calificativos de la diputada Villatoro, se le consultó si ellos podrían pedir la realización de una Asamblea General de Arena para o se sentiría amenazada ante una expulsión del partido y esto fue lo que respondió:

«Si me saca, él se va conmigo, porque yo no me voy a dejar; si no me dejo de estos (diputados), menos de él, solamente», aseveró Villatoro.

Diario El Mundo trató de conocer la postura del presidente del Coena, pero no hubo respuesta.

El presidente del Coena ha informado que realizará una auditoría forense a los últimos 20 años del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que iniciará con la fiscalización del período del actual presidente, es decir, él mismo, informó en entrevista de Radio YSKL.

El dirigente del partido tricolor criticó por qué «tanta gente ha saltado ante el anuncio de la auditoría». «¿Por qué se han molestado si lo que pedimos es transparencia?».

García Saade ha cuestionado una deuda de $7 millones heredada de gestiones anteriores del Coena y reveló que encontraron “deudas ficticias».

“El único problema aquí es un presidente necio y malcriado, eso es todo”, dijo la diputada del partido del partido Arena refiriéndose al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade.

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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 14, 2025