En la primera sesión plenaria de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó este domingo la prórroga 34 del régimen de excepción, que se encamina a cumplir en marzo próximo tres años de implementación desde 2022.
Por 30 días más, el régimen de excepción -que vencía a medianoche de este 5 de enero- mantiene suspendidos tres derechos constitucionales en cuanto a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
Aunque el gobierno reconoce la reducción a «cifras sin precedentes» de los índices de violencia, defiende que el régimen de excepción -aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022- debe continuar porque los grupos criminales buscan «nuevas modalidades» a través del uso de redes sociales para expandirse, así como con graffiti.
En la correspondencia enviada por el gobierno se detalló que hasta la fecha se han detenido a 83,900 personas. «No vamos a tolerar que las pandillas vuelvan a causar miedo en las familias», dijo la diputada Alexia Rivas, quien liberó al régimen de excepción por las capturas realizadas en diciembre pasado y la llegada récord de 3.9 millones de turistas internacionales.
«Son dos años con 70 días sin homicidios sin homicidios a manos de los terroristas pandilleros», sostuvo Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.
Sandra Interiano, diputada oficialista, insistió que la bancada de Nuevas Ideas aprobará «las veces que sea necesario» el régimen de excepción. A esta misma idea se sumó el diputado Reynaldo Cardoza, quien planteó que «ojalá perdure» hasta que sea detenido el «último pandillero».
Entretanto, la diputada Claudia Ortiz dijo que también es «violento» que la población salvadoreña no tenga un eficiente servicio de agua y sistema de salud.
Resultados y críticas
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), 2024 cerró con 114 personas asesinadas, con un promedio diario de 0.3. Esta cifra se redujo un 25.9 % respecto a los 154 homicidios intencionales registrados en 2023; sin embargo no se toman en cuenta las muertes violentas de pandilleros.
La aprobación llega un día después de que el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) publicara una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar 150 personas detenidas arbitrariamente.
MOVIR detalló que se presentó arraigos para «150 víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen de excepción, que contienen pruebas de su inocencia”. La documentación se entregó junto a la Unidad de Defensa de Derechos y Comunitarios (UNIDEHC) el pasado 18 de diciembre a la Presidencia de la República y recibió respuesta el 3 de enero de 2024.
Aunque el régimen de excepción redujo notablemente la violencia ejercida por las pandillas, las organizaciones critican el costo sobre los derechos humanos. De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 354 personas han muerto dentro de los centros penitenciarios desde que se implementa.
La portavoz de la organización, Ingrid Escobar, señaló a finales de diciembre que el 94 % de las muertes se trataba de personas que no tenían vínculos con pandillas.
