La organización Agenda Migrante celebra que el gobierno salvadoreño haya impulsado una ley para crear políticas de atención para los salvadoreños deportados, aunque señala que en la elaboración de la misma no fueron tomadas en cuenta las organizaciones que tienen experiencia en este rubro.
El director ejecutivo de Agenda Migrante, César Ríos, aseguró a Diario El Mundo que ve positiva la normativa para crear «una institucionalidad específica para coordinar políticas migratorias» tomando en cuenta las inminentes deportaciones desde Estados Unidos, país donde residen la mayoría de connacionales migrantes.
Sin embargo, advirtió que «la sociedad civil organizada no ha sido consultada en su elaboración», la propuesta de normativa fue estudiada el martes por la Asamblea Legislativa, que invitó a la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, para brindar aportes. La ley contempla la creación de una Coordinación Nacional para regular políticas y atender a deportados.
«Celebramos que se proponga una institucionalidad específica para coordinar políticas migratorias. Sin embargo, advertimos que la sociedad civil organizada no ha sido consultada en su elaboración, a pesar de contar con años de experiencia directa en acompañamiento a migrantes». César Ríos, director ejecutivo de Agenda Migrante.
La ley indica que se deberá crear un Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, en el que se «podrán integrar mesas especializadas, subcomités» u otras conformaciones, dondne podrán invitar «otras instituciones públicas, entidades del sector privado u organizaciones que se encuentren involucradas» con migrantes.
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El experto migratorio también indicó que es fundamental que en estos proyectos se incluya a los gobiernos locales y a los alcaldes, para que tengan roles activos «en la implementación de esta ley» porque «son las autoridades locales quienes reciben de primera mano a los retornados».
Además, que las alcaldías realizan gestiones para servicios básicos de los retornados y tienen «mayor cercanía con las necesidades del territorio» y considera que permitir la participación efectiva de los concejos municipales «garantizaría que las acciones de reintegración sean contextualizadas y sostenibles».
La normativa plantea como una posibilidad que se puedan suscribir alianzas «con los concejos municipales para trabajar de manera coordinada en la implementación de las acciones en materia de movilidad humana».
Asimismo, ve importante que se tome en cuenta la participación del Ministerio de Trabajo «para asegurar que la reintegración económica no se limite a incentivos puntuales» sino que se les permita a los deportados acceder a políticas de empleo digno, reconocimiento de habilidades adquiridas en el extranjero y orientación laboral.
La ley establece que el Mecanismo estará conformado por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana; por la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Procuraduría General de la República (PGR).
Ríos considera que si bien la normativa ofrece incentivos fiscales como la exención de impuestos en el menaje de casas, «estos beneficios deben ir acompañados de garantías de reintegración laboral, acceso a servicios de salud mental y reconocimiento de capacidades migratorias».
El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó la semana pasada un proyecto «para la protección de personas en movilidad» que busca fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria a los deportados, así como implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular, y fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través de empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.
