Categoría: Politica

El nnComité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide) tiene 300 casos activos de migrantes salvadoreños desaparecidos desde el año 2000, además de 78 migrantes salvadoreños fallecidos desde el año 2010, según su secretario general, Omar Jarquín.nn“Nosotros en el Comité tenemos 300 casos activos, más los que ya tenemos de baja, por haberlos sacado, que hemos encontrado los restos del cuerpo, de personas que venimos trabajando desde el año 2000”, indicó este miércoles. Calculó que un 25 % son mujeres y un 75 % son hombres.nnCofamide es una organización fundada en 2006 pero que empezó a conformarse en el año 2000. La organización pide hacer campañas de concientización para advertir los riesgos de viajar de manera irregular a los Estados Unidos.nn

n

“Siempre hemos solicitado a nuestro país que se vea la problemática, hay que duplicar esfuerzos para que realmente las personas ya no viajen, como hacer campañas de concientización, hacerle saber a las personas que el viajar no es solo decir ‘me voy para Estados Unidos’ sino ver las causas y la situación y los riesgos que hay en el camino”.
nOmar Jarquín, secretario general de Cofamide.

n

nnLa organización recibe denuncias de desapariciones de migrantes en El Salvador, los familiares deben llenar una ficha con la información del familiar y la persona desaparecida, con detalles bien específicos. Cuando realizan la entrega de un cuerpo lo realizan mediante ADN.nnUno de los casos es el de José Antonio Ábrego Delgado, un salvadoreño desaparecido desde el 27 de agosto de 2020 cuando cruzaba las fronteras de Piedras Negras, en México, aunque asegura que ella cree que estaba ya en Texas, Estados Unidos.nnSu esposa, una mujer de 48 años que elabora barquillo artesanal, cuenta que su esposo inició su viaje a los Estados Unidos en busca de ahorrar para comprar una casa. «No importa la condición en que lo encontremos, en calle, los restos, pero nosotros queremos saber, qué pasó con ellos, qué hicieron de ellos y traer ya una fortaleza para nuestros hogares», dijo.nn

Tres migrantes fallecidos en 2025

nDesde el año 2010 a la fecha, Cofamide ha registrado la entrega de 78 migrantes salvadoreños fallecidos a familiares.nnRecientemente, en los primeros meses de 2025, han sido sido notificados del hallazgo de tres migrantes fallecidos encontrados en los Estados Unidos. “La notificación ya se está llevando a cabo, la coordinación entre las partes, se está promoviendo que llegue del 28 de marzo al 2 de mayo podría hacer ese proceso”, detalló.nn“Buscar un migrante que sido desaparecido, no se halla en un año o en dos años, se llevan muchos años, hay restos que quedan en los desiertos, fosas comunes en México, a veces dicen que hay 140,000 restos que no se sabe de dónde son ni quiénes son, es un proceso tan largo”, relató.nnCofamide es parte del Banco de Datos Forenses, que también está conformado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Cancillería de El Salvador. La organización tiene contactos con instituciones y Fiscalía de México para notificarles las desapariciones. “Es mentira que ha pasado un año y que nadie se desaparezca”, dijo.nnLa Organización Internacional de Migración (OIM) registra 1,233 migrantes de todas las nacionalidades fallecidos durante el año 2024 en las Américas, de un total de 8,938 en todo el mundo.

En El Salvador existe una

«problem á tica sistem á tica» en términos de garantías para el ejercicio periodístico y el Estado «ha montado» una «m á quina de propaganda y desinformación», alertó en una entrevista con EFE el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Artur Romeu.

Reporteros Sin Fronteras realizó la pasada semana una visita de tres días a El Salvador para encontrarse con periodistas, medios de comunicación y organizaciones locales.

La finalidad, según explicó en una entrevista telefónica Romeu, fue «entender e intercambiar información, escuchar de primera mano relatos y testimonios de medios y periodistas que nos hacían llegar denuncias de persecución, hostigamiento, allanamiento, presiones administrativas y financieras como estrategia del Gobierno».

«Nos pareció, en esos pocos días que estuvimos, que la situación es aún peor de la que teníamos en cuenta», dijo el periodista brasileño y enfatizó que en este país centroamericano «hay una problem á tica sistémica en términos de garantías para el ejercicio periodístico».

«El Estado ha montado y estructurado una m á quina de propaganda y desinformación, a través de medios oficiales que deberían ser públicos pero que en verdad son los que el Gobierno utiliza para poder promocionar sus acciones y postura».
Artur Romeu,
Director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina.

Señaló que, desde hace mucho, «vemos una lógica, una manutención de un especie de ecosistema en redes sociales, de youtubers, de influencers y de personas a fines del Gobierno, org ánicas o sintéticas, que est á n manejando o impulsando informaciones que promocionan información de interés del Gobierno».

Y a la vez, apuntó, «forman una m á quina de destrucción, de reputación con acciones de acoso digital en contra de periodistas y de medios de comunicación, en particular de periodistas mujeres que se vuelven el blanco de ataques que buscan estigmatizar su trabajo, deslegitimar su acción, su trabajo como periodistas».

Además, el director de RSF aseguró que «es muy preocupante que el presidente haga un tuit, por ejemplo, para utilizar la suspensión y los bloqueos de los fondos de la USAID y su impacto para el ecosistema de medios independientes en El Salvador para cuestionar la independencia de los medios, tergiversando la información en ese caso».

Nayib Bukele publicó a inicios de febrero en su cuenta de X que «la gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero cuyo objetivo es impulsar la agenda globalista, junto con las ONG financiadas bajo el mismo esquema».

El mandatario salvadoreño acompañó su mensaje con una publicación de la cuenta en X de WikiLeaks, pero no presentó pruebas o documentos relacionados con su señalamiento.

Falta de transparencia e intimidación

Romeu indicó que, tras las conversaciones que sostuvieron, con la documentación y con el monitoreo que la organización internacional realiza, «est á muy claro que hay una opacidad en relación a informaciones de interés público o datos públicos».

«Hay una lógica que se impone desde el Gobierno que no se hable con la prensa, los funcionarios públicos de manera general son instruidos a no hablar con determinados medios y con determinados periodistas».
Artur Romeu,
Director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina.

El Instituto de Acceso a la Información Pública, según lo que hemos escuchado, «ya se ha vuelto un instituto nacional de la opacidad pública», dijo.

En otro punto, el periodista brasileño comentó que durante su paso por El Salvador «escuchamos casos de allanamientos abusivos con captura de equipos periodísticos, intimidación en la Asamblea Legislativa, denuncias de estigmatización, intimidación en redes sociales, una lógica de hostigamiento a los periodistas, que genera un ambiente muy poco favorable par el ejercicio periodístico».

«Un allanamiento es algo extremadamente grave y esta hostilidad permanente en el discurso público, de funcionarios, del propio presidente, del Gobierno, hacia los periodistas, a medios que hacen un trabajo de investigación en el país, genera un ambiente muy poco favorable para el ejercicio periodístico», subrayó.

Reunión con el comisionado de DDHH

RSF se reunió con el comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzm án. Este encuentro fue informado por la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión pero este ente no brindó detalles.

El director de RSF indicó que «nos llamó la atención el hecho que nos dijo (el comisionado) que, desde hace dos años que se ha creado la comisión, nunca ha recibido ninguna denuncia de parte de periodistas y medios sobre ataques». «Ninguna denuncia seria sobre ataques a la libertad de prensa en el país», dijo Guzm án según Romeu.

Comentó que el comisionado recibe a periodistas para comentarios, para entrevistas, recibe representaciones internacionales, pero «al final el diagnóstico que hace públicamente el comisionado (…) es que en El Salvador se garantiza ampliamente el derecho a la libertad de prensa y eso es lo que le comentamos que nos preocupada y nos genera inquietud».

«Nos genera inquietud la posición del Gobierno con respecto a la situación de la libertad de expresión en el país. Es tan diametralmente opuesta a la realidad que confrontamos en nuestra visita y en el acompañamiento de la situación del país», agregó.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, será la segunda alta funcionaria de Trump que realizará una visita a El Salvador, la cual se desarrollará este miércoles 26 de marzo, dentro de una gira que incluye a Colombia y México.

En El Salvador Noem realizará un recorrido por el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y posteriormente se reunirá con el presidente Nayib Bukele, con quien aseguró conversará “cómo pueden incrementar el número de vuelos de deportados de criminales violentos de Estados Unidos”.

El Cecot, la prisión que visitará la funcionaria estadounidense, es una de las aproximadamente 20 cárceles que existen en El Salvador, fue construida en tiempo récord e inaugurada el 31 de enero de 2023.

Está ubicado en el distrito Tecoluca, el municipio de San Vicente Sur, ubicado a 74 kilómetros de San Salvador, tiene capacidad para recluir a 40,000 privados de libertad pero hasta enero tenía 15,000, pandilleros de la MS-13 (Mara Salvatrucha) y del Barrio 18. El terreno del Cecot tiene una extensión de 236 manzanas de las cuales 32 están construidas.

EE.UU. «ya no es refugio para criminales violentos»

La alta funcionaria aseveró en X que “Estados Unidos ya no es refugio seguro para criminales violentos” y que estará en El Salvador para “ver de primera mano el centro de detención donde se alojan los peores criminales”.

El Salvador y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para recluir a presos extranjeros deportados de los Estados Unidos. La madrugada del 16 de marzo, fueron enviados 238 venezolanos acusados por funcionarios del gobierno de Estados Unidos de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, en vuelos que también trajeron a 23 pandilleros de la MS-13, incluido a dos cabecillas. De los 238 venezolanos traídos a El Salvador, 101 fueron deportados bajo la norma Título 8 con la cual se deportan a extranjeros por su estatus migratorio irregular y 137 expulsados con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

El 20 de enero, en su primer día de gobierno, Trump declaró “terroristas” a ocho grupos criminales en América Latina, entre estos el Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cartel Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cartel del Noroeste, Cartel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

Seguirá en Colombia y México

En Colombia, el 27 de marzo, Noam se reunirá con el presidente Gustavo Petro, además de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el director policial Carlos Fernando Triana y la directora de Migración, Nigeria Renteria.

En México, el 28 de marzo, la funcionaria tiene previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Las diputadas de Arena y de Vamos critican el acuerdo carcelario entre Estados Unidos y El Salvador de deportaciones de criminales del Tren de Aragua y de la MS-13 para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), sin que se hable de beneficios para salvadoreños migrantes que están con estatus irregular en el país norteamericano.

La oposición también cuestiona que dicho acuerdo no se ha transparentado y que se desconoce si está amparado en base legal.

“Es una lástima estos acuerdos que se han realizado, ojalá que hubieran hecho como Guatemala o Costa Rica que sí lograron cosas beneficiosas para su gente. Yo creo que no es positivo para nadie que El Salvador se esté viendo como una megacárcel donde se estén enviando a todos los delincuentes, en lugar de verse como un país próspero, un país que esté luchando por salir adelante”, cuestionó la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recalcó que los salvadoreños con estatus irregular viven a la expectativa de qué ha hecho el Estado salvadoreño a favor de ellos.

“¿Qué ha hecho el Estado salvadoreño para apoyarles a salvadoreños que se encuentran con estatus migratorio irregular? y ellos viven a la expectativa y siempre pendientes para apoyarles, ¿qué ha hecho el Estado salvadoreño para apoyarles en esta situación?, ellos se encuentran en serias dificultades como acceso a servicios públicos, discriminación laboral y social”, señaló Ortiz.

Ambas cuestionan la base legal de estos acuerdos para traer criminales al país y advierten que, si no está amparado legalmente, “es muy delicado” y “habría implicaciones serias al respecto”.

Gracias al acuerdo carcelario, la madrugada del 16 de marzo, llegaron a El Salvador 238 venezolanos y 23 salvadoreños presos que fueron confinados al Cecot.

Este 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, visita a El Salvador para supervisar personalmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, y discutir con el presidente Nayib Bukele la posibilidad de aumentar el número de vuelos de deportación de criminales desde territorio estadounidense.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inspeccionaron el martes el material electoral de los pasados comicios del 4 de febrero y 3 de marzo de 2024, los cuales, se mantienen en resguardo en la Dirección de Organización Electoral (TSE) como parte del seguimiento al examen especial que la Corte de Cuentas de la República (CCR) está ejecutando.

La institución informó que esta inspección forma parte del seguimiento al examen especial que la Corte está ejecutando desde octubre de 2024, cuando la magistrada presidenta, Roxana Soriano, solicitó una auditoría. La CCR reportó en octubre equipo y documentación «en total descuido y abandono».

Además, el Tribunal aseguró que la visita de los jueces electorales a la DOE, en San Marcos forma parte de «la primera etapa del ciclo electoral», cuyo objetivo sería «evaluar y clasificar los recursos tecnológicos, asegurando que se encuentren en óptimas condiciones».

«Nos encontramos en la etapa preelectoral, la cual demanda una planificación meticulosa y estratégica. Nuestro compromiso es orientar todos los esfuerzos hacia procesos más eficientes, modernos y transparentes».
Roxana Soriano, presidenta del TSE.

La entidad electoral afirmó que el personal «colaboró de manera coordinada» para reordenar los recursos tecnológicos. En la visita participaron magistrados propietarios propuestos por Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como el magistrado suplente propuesto por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Los jueces electorales verificaron el estado de las instalaciones, el inventario de equipo y el levantamiento del material electorales que permanece en las bodegas. «Realizar esta inspección forma parte del reordenamiento y reorganización que el TSE necesita», aseveró la presidenta Soriano.

La Corte inició la auditoría el 30 de septiembre, tres días después que Soriano, quien había sido presidenta de la CCR, asumiera su nuevo cargo frente al Tribunal. El 18 de octubre, la CCR informó en redes sociales sobre expedientes del registro electoral, vehículos, computadoras, pantallas y mobiliario «en total descuido y abandono».

Fuentes electorales explicaron a El Mundo que la auditoría buscaría justificar la remoción de jefes y técnicos de la institución. Una de las fuentes aseguró que «se busca justificar la limpieza que quieren hacer» del personal técnico porque «la gente que se ha quitado es gente valiosa».

Con el objetivo de garantizar un reordenamiento de cara a la #FiestaElectoral de 2027, el nuevo Organismo Colegiado visitó la Dirección de Organización Electoral (DOE) en San Marcos, San Salvador Sur. pic.twitter.com/yJ0zRTA4Oy

— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) March 25, 2025

La Asamblea Legislativa autorizó el martes que los restos mortales del sacerdote Rogier Georges Jan Ponseele, conocido como «Rogelio Ponseele», sean sepultados en la «Casa Pastoral de las Comunidades Eclesiales de Base (Cebes) de Morazán», en «Perquín», Morazán Norte, departamento de Morazán.

«Este miércoles 26 de marzo, se realizará una misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana y, después de una procesión por las calles de Perquín, será el entierro.»

Según la iniciativa, el sacerdote de nacionalidad belga, quien llegó a El Salvador desde la época de la guerra, había manifestado su deseo de ser sepultado en dicha Casa Pastoral. Evangelizaba a las comunidades Cebes.

Ponseele fue hospitalizado luego de que sufriera un accidente de tránsito ocurrido el miércoles 19 de marzo, en la ruta de La Paz, por el desvío de Guanacaste, Morazán.

«Los diputados aprobaron la autorización ayer «en agradecimiento a su importante legado de entrega y apoyo a las comunidades del norte de El Salvador», indica el decreto.»

Ponseele nació el 22 de mayo de 1939 en Guillegem, Bélgica, se ordenó como sacerdote en 1965 y realizó estudios de español en la Universidad de Lovaina, Bélgica.

Según la iniciativa, cuando llegó a El Salvador, el sacerdote acompañó a la población civil en Morazán a través de distintos grupos o ministerios catequistas desde las Comunidades Eclesiales de Base; en 1998 fue nombrado párroco de la Parroquia Santiago Apóstol, en Torola, San Fernando, Perquín y Villa El Rosario, distritos al norte del departamento de Morazán. En 2002 fue nombrado vicario foráneo de las parroquias situadas al norte de Morazán.

Escribió tres libros con sus homilías: Granito de Mostaza, Granito de Mostaza II y Granito de Mostaza III. Sobre su vida también se ha escrito el libro «Muerte y vida en Morazán».

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió prohibir que los donantes de los partidos políticos participen en licitaciones públicas para evitar que en el futuro se vuelvan contratistas del Estado.

“Ahora, que ya se eliminó la deuda política, también hay existido circunstancias, por ejemplo, de donantes privados que le dieron en su momento, en especial al partido de gobierno y que luego en licitaciones de gobierno lograron ganar licitaciones millonarias como DNA Pharmaceuticals, S.A. de C.V. que donó $25,000 a la campaña de Nuevas Ideas en 2019 y obtuvo tres contratos por un total de $785,140 con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para la adquisición de medicamentos”, expuso Villatoro.

La diputada agregó que la empresa hondureña Alutech “donó $1 millón al partido GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) para las presidenciales en 2019 y luego es quien administró la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de el Salvador», criticó.

«Entonces, para que no se dé esto de darle a los partidos políticos, para que después me regresen el favor, presento una reforma a la Ley de Compras Públicas. ¿Qué busca esta reforma? Algo muy sencillo: que personas naturales y jurídicas que se compruebe que han donando a los partidos políticos no podrán licitar en ninguna forma dentro de las compras públicas del Estado. Así nos curamos en salud, si usted donó a un partido político, olvídese de licitar, y así evitamos corrupción”, propuso la diputada Villatoro.

En sintonía con lo que expuso la diputada de oposición, la iniciativa explicaba que “se ha observado que, durante los años electorales, se da la mayor cantidad de contratos estatales adjudicados a donantes de partidos políticos”.

Sin mencionar nombres específicos, agregó que actualmente «se conoce de varios casos en los que empresas que fueron donantes del partido mayoritario, se les han adjudicado millonarios contratos públicos y actualmente se encuentran bajo reserva, por lo que no se cumple el principio de trasparencia que establece la Ley de Compras Públicas”.

La diputada pidió modificar agenda de la sesión plenaria para incorporar la iniciativa de reforma.

Sin embargo, solo contó con tres votos: los dos de Arena y el de Claudia Ortiz, de Vamos. La bancada de Nuevas Ideas, PCN y PDC no apoyaron.

La propuesta fue realizada después de que la Asamblea Legislativa eliminara la deuda política de la Ley de Partidos Políticos, derogación pendiente de la Ley secundaria, ya que el 12 de febrero el financiamiento público para los partidos políticos fue eliminado de la Constitución de la República.

La supresión de la regulación de la deuda política en la ley secundaria fue aprobada con 58 votos a favor, 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN, uno del PDC y uno de la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en abstención; y la diputada Silvia Regalado, suplente del diputado Francisco Lira, de Arena, votó en contra.

La Asamblea Legislativa eliminó la regulación de la deuda política de la Ley de Partidos Políticos, un trámite que debía hacerse luego de que, el 12 de febrero pasado, eliminara el artículo 210 de la Constitución de la República que establecía el derecho de los partidos políticos a un financiamiento público.

La supresión de la regulación de la deuda política fue aprobada con 58 votos a favor, 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN, uno del PDC y uno de la diputada Marcela Villatoro de Arena.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en abstención; y la diputada Silvia Regalado, suplente del diputado Francisco Lira, de Arena, votó en contra.

La diputada Suecy Callejas, vicepresidente de la Asamblea Legislativa e integrante del partido Nuevas Ideas, explicó que era necesario finalizar este proceso, derogando la deuda política de la ley secundaria y todas las disposiciones relativas a dicho financiamiento.

“Este es el último paso para la eliminación real de la deuda política política en El Salvador… El pueblo salvadoreño habló alto y claro, dijo que no quiere seguir financiando las campañas electorales de los partidos políticos pero que, para cumplir esta solicitud, había que cumplir un proceso».
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

El 12 de febrero, la Asamblea Legislativa eliminó el artículo 210 de la Constitución de la República para suprimir la deuda política; hoy como «último paso» suprimió la regulación que había sobre la deuda dentro de la Ley de Partidos Políticos, indicó la diputada.

Con esto, según la diputada Callejas, «se va a garantizar que los partidos políticos sean autosostenibles».

«Evitaremos también que los recursos públicos sean utilizados para campañas políticas, y se fomentará la transparencia y la independencia financiera de los partidos políticos”, prometió, en referencia al financiamiento privado, cuya regulación no fue eliminada de la normativa.

Con ello, se reforma el artículo 50 de la Ley de Partidos Políticos, que habla del patrimonio y financiamiento de los partidos, eliminado “las subvenciones del Estado”, quedando de la siguiente manera:

«Artículo 50.- El patrimonio de los partidos políticos está integrado por las aportaciones de sus miembros, las donaciones y legados que reciba, los bienes muebles e inmuebles que adquiera y sus deudas.»

También, se reformó el artículo 51, en el inciso primero, quedando de la siguiente forma:

“Art. 51.- El régimen de financiamiento de los partidos políticos deberá ser bajo la modalidad de financiamiento privado.

Eliminaron el inciso quinto relativo al financiamiento público.

Además, derogaron el Capítulo II sobre Financiamiento Público, que corresponde a los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Partidos Políticos sobre cálculo, derecho, anticipo, garantía y reintegro de la deuda política.

En la reforma se asevera que “quedan derogadas todas las disposiciones relativas a la deuda política contenidas en la Ley de Partidos Políticos, leyes generales o especiales y en cualquier otro cuerpo normativo.”

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al gobierno a que firme el contrato de préstamo que le aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $500 millones para asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado y mejorar la integridad y la estabilidad financiera.

Luego de la autorización y la respectiva suscripción del contrato de crédito, este debe ser aprobado por el pleno.

“Todo ello con el objeto de fortalecer la estabilidad macroeconómica de El Salvador, asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la integridad y estabilidad financiera”, expresó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en su solicitud.

Según el ministro de Hacienda, el gobierno ha contemplado el apoyo financiero y técnico de diferentes organismos multilaterales, con el fin mejorar la estabilidad financiera.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseveró que esto “forma parte de las reformas estructurales a las finanzas públicas de El Salvador en busca de generar una mayor sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento y la resiliencia”.

Señaló que como país hay “una tarea bastante grande” pero que no se puede avanzar sin estas reformas macroeconómicas.

Acompañamos el esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder alcanzar los objetivos y poder dar inicio a los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional partiendo de la estructuración que se está llevando a cabo con estos fondos”.
William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.

Soriano indicó que “estos fondos forman parte de los primeros a ser desembolsados para lograr ejecutar la estrategia macroconómica que plantea el gobierno del presidente Nayib Bukele para los siguientes años”.

El diputado agregó que con este nuevo préstamo “busca mejorar la sostenibilidad fiscal, mejorar las reservas internacionales sobre todo, generar espacio fiscal para que El Salvador pueda llevar a cabo todas estas reformas estructurales en sus finanzas”.

La dispensa de trámites se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados Partido Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Por error, inicialmente se contaron 58 votos.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, reclamó que nuevamente estaban aprobando un decreto sin tener acceso al mismo. Calificó de “penoso” que nuevamente tenga que insistir en lo mismo que mencionó en la sesión plenaria.

En esta Asamblea se está aprobando un préstamo de $500 millones y no se tiene información de qué consiste en detalle ni el proyecto de decreto”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

“Solicito nuevamente que se nos comparta la pieza de correspondencia puesto que no está disponible en el sitio web, ni para los diputados, ni para la prensa, ni para el pueblo salvadoreño», detalló.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes cuatro reformas al presupuesto estatal 2025, dos créditos por $173.9 millones y una exoneración de impuestos a una donación a la alcaldía de Sonsonate.

Las diputadas Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), votaron por la reforma para incorporar $99,347 para órdenes de cambio en proyectos de mitigación, el préstamo de $113.9 millones para Surf City I y de la exoneración al donativo a la alcaldía de Sonsonate.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra del préstamo para Surf City I, se abstuvo por aumentar los fondos para el Ministerio de Obras Públicas por órdenes de cambios a obras de mitigación y votó a favor de la exoneración del donativo a la alcaldía de Sonsonate.

Tanto Arena como Vamos se abstuvieron de votar por la reforma presupuestaria que reorientó fondos no utilizados del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (Prodeporte) para ser utilizados en la remodelación del Palacio de los Deportes, sede del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Las cuatro reformas aprobadas autorizan una incorporación de $7,094,276.71 al presupuesto general del Estado 2025, así:

Reformas presupuestarias aprobadas y sus votos

–$497,962 del BCIE para “Suministro e Instalación de Servidores para los Sistemas Transnacionales de la Dirección General de Aduanas”: 56 votos a favor (Nuevas Ideas y aliados).
–$852,967.71 del Prodeporte a la remodelación del Indes: 3 abstenciones (Arena y Vamos) y 57 votos a favor (Nuevas Ideas y aliados).
–$993,347.00 para órdenes de cambio en proyectos de emergencias: 1 voto en abstención (Vamos), 0 en contra, 59 votos a favor (Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena).
–$4,750,000 del BIRF para “Fortalecimiento institucional” en el proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente: 2 votos en abstención (Arena), 57 votos a favor (Nuevas Ideas y Aliados). Vamos: no votó.

Préstamos aprobados y sus votos

–$60 millones para el Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador: 57 votos (Nuevas Ideas y aliados).
–$113.9 millones para el «Programa Surf City Fase I: 1 voto en contra (Vamos). Votos a favor: 58, incluidos dos de Arena, Marcela Villatoro y Silvia Regalado.

Exoneración a donación

Exoneración a la alcaldía municipal de Sonsonate Este para la introducción de un donativo con diversos artículos: 60 votos, todos los partidos.