Categoría: Politica

El Ministerio de Hacienda reformó recientemente el reglamento de la Ley de Compras Públicas para establecer ciertas normas de transparencia sobre las compras del Estado y agregar nuevos requisitos de clasificación de los proyectos «estratégicos de utilidad pública».

Los proveedores del Estado deberán proporcionar información sobre los beneficiarios finales, incluyendo el nombre y la nacionalidad, según una reforma al artículo 7.

Además, el nuevo artículo 7-A del reglamento de la Ley de Compras define beneficiario final como «cualquier persona natural que en última instancia posee o controla una persona jurídica, incluso a través de una cadena de propiedad» o un control distinto «con un porcentaje igual o mayor al 10 %».

También, considera beneficiario final a la persona «que ejerce control efectivo» sobre la empresa o sociedad por «medios distintos a la propiedad directa o indirecta».

La reforma al reglamento de la Ley de Compras, publicada en el Diario Oficial del 5 de junio de 2025, establece que «los nombres y la nacionalidad, o las nacionalidades si hubiera más de una, de los beneficiarios finales se pondrán a disposición del público«, aunque agrega que se hará «de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos».

Proyectos de utilidad pública: requisitos

La reforma del Reglamento de la Ley de Compras Públicas aprobada el pasado 5 de junio reitera que los llamados «proyectos estratégicos de utilidad pública» son aquellos en los cuales «la particularidad o la necesidad inminente de su realización hagan inviable su tramitación de forma adecuada, oportuna, eficaz y transparente» mediante los métodos de contratación ordinarios establecidos en la Ley de Compras Públicas.

Sin embargo, indica que las instituciones deberán remitir a la Dirección Nacional de Compras (Dinac) un reporte de los procesos de compra, las denominaciones de las contrataciones, las instituciones participantes, fechas y montos de las contrataciones de los proyectos “estratégicos de utilidad pública».

La reforma redefine estos proyectos estratégicos de utilidad pública y les agrega el nuevo requisito de cumplir servicios públicos «de naturaleza vital o indispensable para la ciudadanía o la operación estatal» y de comprobar «la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de manera efectiva, eficiente o en el tiempo requerido» con las modalidades de adquisición que establece la Ley de Compras.

La modificación a este reglamento obliga a que estos proyectos, aunque excluidos expresamente de la aplicación de la Ley de Compras Públicas, tengan «análisis de precios» y que haya «disponibilidad de fondos al momento de su ejecución».

Según la reforma, cada institución encargada de ejecutar un «proyecto estratégico de utilidad pública» remitirá un reporte a la Dinac y esta publicará las denominaciones de las contrataciones, instituciones participantes, fechas y montos de las contrataciones.

«Información de libre acceso»

La reforma también establece un nuevo artículo 9-A que obliga a las instituciones, sobre las compras públicas en general, a «garantizar que la información que registren en Comprasal sea cierta, precisa, oportuna, clara, consistente» y acorde a la legislación sobre el acceso a la información pública y la protección de datos.

Expresamente se indica que será «de libre acceso» la información sobre: nombre del proceso de contratación, método, número de ofertas y proveedores, proveedor adjudicado, beneficiarios finales de los proveedores adjudicados, estado del proceso, número de modificaciones y monto adjudicado.

Actualmente, el sitio web de Comprasal y de la Dinac está restringido únicamente a proveedores del Estado.

El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, quien recientemente tuvo un aumento salarial de $500 a $1,000 mensuales, informó que han recaudado más de $44,000 con la venta de sombreros.

Castro aseguró que durante más de un año de su gestión en la municipalidad no se ha generado «ni un centavo de deuda» y que su objetivo es «no ser carga» para el Gobierno.

«Parece algo sencillo pero en un mes y medio hemos generado un poquito más de $44,000 en la venta de sombreros. Parece nada pero con $44,000 hemos hecho calles, estamos haciendo bandas de rodaje en zonas de difícil acceso», afirmó en el programa Pulso Ciudadano, conducido por el abogado Julio Valdivieso.

El funcionario aseveró que tiene «tres cuadrillas de trabajadores».

«Cada una de 15 personas, maestro de obras y auxiliares. Gastamos en materiales, la mano de obra la hacemos nosotros. Tú sabes que los contratos con el Estado son carísimos, pero nosotros los hacemos directamente nosotros, nos reinventamos, nos volvemos más funcionales», expresó.

Castro reveló que están tratando de recaudar $160,000 para realizar la modificación al proyecto de venta de agua embotellada. «Donde tenemos el agua, donde se va a embotellar el agua, esa estructura tiene una observación que requiere una ‘modificativa’ de cerca de $160,000», dijo.

El alcalde se asignó un salario de $500 mensuales al inicio de su gestión pero recientemente provocó un aumento en su salario realizando una encuesta en la cual solo existían tres opciones, $1,000, $2,000 y $2,250 mensuales. El edil explicó que, de las tres opciones, la más votada fue la de $2,250 y dijo que declinaría la asignación y que se asignaría «un salario de $1,000 que era la primera opción en los rangos propuestos».

El 85 % de las personas viudas en El Salvador son mujeres, de acuerdo con el registro de los Documentos Únicos de Identidad (duis) emitidos por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) desde el 26 de noviembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2025.

Los datos publicados en el portal de transparencia del Registro indican que hay 99,346 salvadoreños con estado civil «viudo», de quienes 84,797 son mujeres, que constituyen el 85 %. El registro excluye de los resultados a las personas reportadas como fallecidas.

Solo 14,549 salvadoreños hombres son viudos según su DUI, siendo el 14.6 % del total.

La mayoría de las personas en esta categoría tienen entre 61 y 80 años, sumando 48,977 registros.

Muy por debajo, hay 23,684 personas viudas con edades entre 81 y 100 años. Con edades entre 21 y 25 años, hay solo 30 viudos. Para que los salvadoreños registren su viudez en el DUI deben actualizar la información y presentar ante el duicentro la partida de defunción de su cónyuge.

De acuerdo con la Ley integral del sistema de pensiones, el viudo o a la viuda tiene derecho a pensión de supervivencia del esposo, esposa o conviviente. La legislación también contempla como beneficiarios a los hijos menores de 18 años y los padres del causante, si estos dependían económicamente del afiliado.

Las remodelaciones en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa que continuaron en enero de este año aún no finalizan según algunos trabajadores del Legislativo.

El 22 de enero de este año, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, en sesión plenaria, pidió con dispensas de trámite que a partir de la siguiente semana se realizaran las sesiones plenarias en la Cancillería, debido a que seguirían trabajos de remodelación en el Salón Azul.

Cerca del 1 de junio, algunos trabajadores de la Asamblea decían que el objetivo era que estuviera listo para el 1 de junio, día en que el lugar sería utilizado para la entrega del informe del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su primer año de su segundo mandato gubernamental.

El 14 de mayo, la jefatura de prensa de la Asamblea Legislativa envió las indicaciones para las acreditaciones de periodistas para la cobertura del 1 de junio e informó que la entrega del informe se daría en el Salón Azul.

Sin embargo, el lugar del evento fue trasladado al Teatro Nacional. “Aquí (en la Asamblea) ya habían traído varias cosas para montar todo, hasta la alfombra, pero parece que algo no estaba bien”, dijo una fuente interna del Legislativo que pidió anonimato.

Las modificaciones continúan, pero no se conoce qué realmente están reestructurando, ya que la adecuación de 80 curules a 60, como es conformada la Asamblea desde el 1 de mayo de 2024, se hizo entre febrero y abril de 2024. Se desconoce en qué consisten las actuales modificaciones, cuando finalizarán y de cuánto ha sido el presupuesto.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) se encuentra realizando un examen especial a los fondos utilizados por el Ministerio de Economía (Minec) y por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante los años 2021 y 2022.

La entidad fiscalizadora informó que han solicitado al Minec que entregue «toda la información de respaldo» de las erogaciones de fondos que ha hecho la institución para el «funcionamiento institucional» para «verificar el uso adecuado de los recursos públicos».

La auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2022 y pretende, según la institución, «evaluar si los resultados alcanzados por esta cartera de Estado se fundamentan en principios de legalidad, eficiencia, efectividad y economía».

#AuditoríasCCR | Ministerio de Economía

Como parte de nuestra misión constitucional de control y fiscalización, realizamos un examen especial al Ministerio de Economía, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. pic.twitter.com/QoqvmBBOCG

— Corte de Cuentas de la República (@CortedeCuentas) June 10, 2025

Asimismo, la CCR indicó que también están ejecutando una auditoría a la ejecución presupuestaria realizada por ANDA en los ejercicios fiscales de 2021 y 2022. Los auditores se encuentran verificando los avances en 20 obras que realiza la autónoma.

Los equipos están verificando obras como perforación, instalación y mantenimiento de pozos.

Para ello, la Corte de Cuentas ha desplegado ingenieros hidráulicos y eléctricos con el fin de que supervisen trabajos en los distritos de Zaragoza, Antiguo Cuscatlán, San Martín, Ciudad Delgado, Soyapango, San Sebastián, Metapán, San Luis Talpa, Santa Cruz Michapa y Arambala.

Este control incluye el respaldo de profesionales en ingeniería hidráulica y eléctrica, quienes supervisan la calidad de las intervenciones en municipios como Zaragoza, Antiguo Cuscatlán, San Martín, Ciudad Delgado, Soyapango, San Sebastián, Metapán, San Luis Talpa, Santa Cruz… pic.twitter.com/96jDxTBVfG

— Corte de Cuentas de la República (@CortedeCuentas) June 13, 2025

El concejo municipal de Ahuachapán Centro –que reúne a Ahuachapán y Atiquizaya– estará obligado a destinar un 0.05 % del presupuesto de la municipalidad para financiar programas dirigidos a la población migrante y su familia.

La nueva «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Ahuachapán Centro» fue aprobada el 4 de febrero y está vigente a partir del jueves 5 de junio luego de que fuera publicada en el Diario Oficial del 28 de mayo pasado.

El municipio estará obligado a llevar «un registro actualizado de las personas migrantes extranjeras que residen en el municipio, independientemente de cuál sea su condición migratoria», así como de salvadoreños retornados que residan en el municipio.

«En ninguna circunstancia el registro será utilizado como control migratorio», aclara la ordenanza.

La municipalidad de Santa Ana Centro, constituido por el distrito de Santa Ana, aprobó una ordenanza similar, la «Ordenanza municipal para la atención y protección de la persona migrante y su familia del municipio de Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana«, que también establece un registro de las personas migrantes extranjeras y de los salvadoreños retornados que residan en el municipio.

La municipalidad de Ahuachapán Centro también elaborará un directorio de asociaciones de salvadoreños que residen en el exterior y otro directorio de cooperantes nacionales e internacionales para coordinar el trabajo migratorio del municipio.

La ordenanza también busca prevenir la migración irregular con actividades conjuntas entre instituciones públicas, oenegés, asociaciones de desarrollo comunal (adescos), empresa privada, iglesias, universidades y centros escolares, así como asociaciones de salvadoreños en el exterior.

El partido opositor Vamos está buscando llevar candidatos a alcaldes en los 44 municipios, para las próximas elecciones municipales y legislativas que se realizarán el 28 de febrero de 2027, informó la secretaria general del partido, Cesia Rivas.

“»La gente quiere tener representación de Vamos en los 14 departamentos y en los 44 municipios; la gente quiere tener funcionarios de Vamos en sus territorios y representándolos también en la Asamblea»”, aseguró.

Según Rivas, el partido Vamos ha crecido un 400 %, ya que en las últimas elecciones alcanzó 165,745 votos, incluidas las elecciones municipales.

En las elecciones legislativas de 2024, Vamos logró 91,675.45 votos, de los cuales 67,235.44 los obtuvo en San Salvador, 16,678.73 en La Libertad, y el resto en Santa Ana, La Paz y San Vicente.

En votación legislativa, Vamos fue el séptimo partido con más votos. En 2024, Nuevas Ideas quedó en primer lugar con 2.2 millones, seguido de Arena, con 227,357.3 votos; el FMLN, con 195,919.98; el PCN, con 101,641.43; Gana, con 99,343.89; y PDC, con 93,107.56. Después de Vamos se ubicó Fuerza Solidaria con 51,021.1 y Nuestro Tiempo, con 41,060.48.

“»Esa apertura ciudadana que hemos tenido, de mucho ciudadano que cree en este proyecto, que se siente representado por este proyecto. Hemos crecido, sí, hemos avanzado, a pesar de que estamos en un contexto no democrático, en el que cada vez más se busca arrancar de raíz el pluralismo, que va en contra de lo que dice la Constitución»”, indicó la dirigente.

Al consultarle cómo están trabajando para que la gente no se quede con la percepción de que Vamos solo es la diputada Claudia Ortiz, respondió que la representación legislativa les ha ayudado a nivel nacional no solo en San Salvador, pero que sí están trabajando en ello.

“»Ahí es donde nosotros estamos buscando que se conozca el proyecto y eso lo hacemos a través de los funcionarios públicos, de quienes forman parte activa del partido. Vamos sumando, sin duda hay mucho por hacer y, aunque puedan decir que solo es la diputada Claudia Ortiz y no vemos a nadie más, pues necesitamos más referentes como ella, con esos principios, con esa visión de país, con esa integridad»”, indicó.

Mencionó a los funcionarios que tienen en los municipios: Xiomara Lazo, concejal propietaria, Alejandra Gallardo, suplente, ambas en La Libertad Sur; y Marvin Menjívar, concejal en la Libertad Centro.

En las elecciones de 2024, Vamos solo participó en cinco departamentos: San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y San Vicente. Para las elecciones de alcaldes y diputados que se realizarán el 28 de febrero de 2027 recalcó que el reto es participar a nivel nacional.

“»Pues la idea es participar en todos. La gente nos está pidiendo que participemos en todos los departamentos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos formando ciudadanía. Este año se inició el Instituto de Formación Política y lo que se busca es (pasar) de la participación ciudadana a la incidencia política, estamos formando a personas que entiendan cuáles son sus derechos, cómo deben exigir, qué instituciones están obligadas a ser garantes»”, relató.

Vamos realizará sus elecciones internas del partido se realzarán el otro año, las últimas internas que tuvieron fueron en 2023.

Defensores de Enrique Anaya presentaron este viernes una demanda de habeas corpus ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el fin de que concluya la detención del abogado constitucionalista y le permitan el derecho a la defensa.

«Lo que se busca (con el habeas corpus) es el derecho a la libertad y, en el caso concreto de Enrique, es que cese la detención arbitraria y, lo otro, que se le permita el derecho a la defensa», explicó el defensor Jaime Quintanilla.

El abogado explicó que recurrieron a una demanda de «habeas corpus» debido a que Anaya, a quien se le acusa de un delito común, «tuvo que haber sido puesto a la orden de los tribunales después de la detención administrativa», es decir, a las 72 horas, que se cumplieron la mañana del martes 10 de junio. «Pero no se hizo así, presumimos se le está aplicando el régimen de excepción», señaló Quintanilla. Anaya fue capturado durante la mañana del sábado 7 de junio.

Quintanilla pidió públicamente a los magistrados resolver «con independencia» y «corregir un error» cometido en la acusación contra el abogado.

«Hacemos el llamado a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional que van a conocer de este caso, que actúen de una forma y a lo mejor corrigiendo un error que se cometió, porque quieren hacer ver a Enrique Anaya como un delincuente, como un criminal que lava dinero, cosa que es falaz. Lo que queremos es que los magistrados resuelvan con principio de independencia, apegados a la ley y prevalezca el estado de derecho», expresó Quintanilla.

Señalan «desaparición de corto plazo»

La abogada Marcela Ramos, parte del equipo de defensores de Anaya, denunció que el acusado fue víctima de una «desaparición de corto plazo». Explicó que el martes por la noche se dieron cuenta que Anaya iba a ser trasladado a otro lugar pero que preguntaron en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se encuentra detenido, y les aseguraron que no sabían nada.

«El día martes, Enrique fue víctima de una nueva desaparición forzada de corto plazo, nos movilizamos a la División de Tránsito y consultamos si iba a ser movilizado, dijeron que no había ninguna movilización, tampoco había orden de chequeo médico. Ante la incertidumbre, también preguntamos en Medicina Legal, no sabíamos nada», indicó el abogado.

Lo trasladan vestidos de civil

Al día siguiente, Anaya les comentó que lo habían trasladado al Hospital Nacional Zacamil para hacerle pruebas de sangre y de presión arterial.

«Fue hasta el día siguiente que nos dimos cuenta que había sido llevado al Hospital Zacamil pero fue sacado sin decírsele nada, para dónde lo llevaban, por personas vestidas de civil. Imagínense la zozobra, incertidumbre, lo llevan al hospital, le hacen unas pruebas, lo mantienen ahí desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche sin decirle nada y esto refuerza una nueva conducta de arbitrariedad, de ilegalidad. Por eso estamos presentando este día el recurso de habeas corpus», indicó la abogada.

Por su parte, el abogado Alfredo García, también del equipo de defensores, reiteró que el delito imputado a Anaya es un delito común y no debió aplicársele el plazo máximo amparado en el régimen de excepción.

El estado de excepción suprime el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa establecido en la Constitución de la República; según el decreto del régimen, esta medida busca combatir las pandillas y los grupos terroristas. Bajo el régimen de excepción el plazo aplicado es 15 días durante los cuales las personas permanecen detenidas sin ser puestas ante un juez.

La Ley de Sostenibilidad Fiscal es uno de los compromisos del acuerdo entre el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del programa del Servicio Ampliado del FMI (SAF), que se otorga a países con graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo.

El programa financiará $1,400 millones a lo largo de tres años pero El Salvador debe cumplir compromisos.

El Gobierno argumentó, en el decreto, que el país debe procurar la estabilidad fiscal con un “razonable ejercicio del gasto público”, “fortalecimiento progresivo de los ingresos públicos” y una trayectoria “sostenible” de la deuda con pensiones.

Estas son las obligaciones de El Salvador que debe cumplir a través del Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa.
1 Límites de la deuda desde 2030
La ley establece un límite de endeudamiento con pensiones del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el Sector Público No Financiero (SPNF) para 2045, iniciando con un límite del 80 % del PIB en 2030 y continuando con un 75 % del PIB en 2035.

2 Suspensión por emergencias
Las metas pueden suspenderse por emergencia o calamidad por un periodo no mayor a tres ejercicios fiscales (tres años). En este caso, Hacienda deberá publicar el estado de ingresos gastos y fuentes de financiamiento.

3 Un marco fiscal (MFMP)
Elaborar un “Marco Fiscal de Mediano Plazo” (MFMP), con proyecciones fundamentadas técnicamente, que debe ser publicado en el Portal de Transparencia Fiscal a más tardar el 31 de mayo de cada año con proyecciones de gastos del Estado, balance fiscal y primario –diferencia de gastos e ingresos corrientes– deuda con pensiones y cumplimiento de regla de la deuda.

El primer MFPM deberá publicarse dentro de tres meses a partir de la vigencia de la ley. Este MFMP servirá de referente para el ejercicio fiscal 2025 y para la elaboración del presupuesto estatal de 2026 (artículo 25).

El MFPM indicará la meta anual para los siguientes cinco años de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que engloba Gobierno Central, instituciones descentralizadas y empresas públicas, y un análisis de la sostenibilidad de la deuda del SPNF, con y sin la deuda de pensiones.

4 Riesgos fiscales
El MFMP que debe diseñar el gobierno cada año, con base en los límites de la deuda impuestos por la Ley de Sostenibilidad Fiscal, debe incluir riesgos fiscales ante desastres, situación macroeconómica, la situación de las empresas públicas, los gobiernos municipales, el sistema de pensiones, la deuda con garantía estatal y el gasto tributario. La ley no excluye algún tipo de deuda pública en su análisis.

El MFMP debe tener también un detalle de la evolución de las finanzas de las Empresas Públicas No Financieras (EPNF), es decir, Comisión Hidroléctrica del Río Lempa (CEL), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y Lotería Nacional de Beneficencia.
5 Informe de cumplimiento de metas
Un «informe de cumplimiento de las metas fiscales» deberá contener las desviaciones de la trayectoria esperada, las causas de las desviaciones y las medidas que se tomarán para corregirlas.

6 Publicación de atrasos en pagos de 90 días
El estado también deberá publicar, en los primeros 10 días hábiles cada mes, la deuda en bienes y servicios y en transferencias que tengan un atraso de 90 días o más en Tesorería; y de las notas de crédito y Letras del Tesoro (Letes), flujo de Letes emitidos y cancelados.

7 Saldo de la deuda total con pensiones
El gobierno también deberá publicar cada mes el saldo de la deuda del SPNF con pensiones, deuda por cada nivel de gobierno, instrumento, plazo y acreedor.

La Ley de sostenibilidad fiscal aprobada este 10 de junio derogó la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada el 10 de noviembre de 2016 y cuya aplicación fue suspendida temporalmente el 26 de marzo de 2020 debido a la pandemia covid-19.

Un total de 35 extranjeros, uno de los cuales renunció a su nacionalidad de origen, han sido nacionalizados salvadoreños en los primeros días de junio, según la

Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

La Migración salvadoreña indicó que las 35 nacionalizaciones fueron entregadas a los extranjeros durante un «emotivo y solemne acto» que según la institución marca «una nueva etapa en su vínculo con el país».

Las nacionalidades fueron entregadas por el director general de Migración, Ricardo Cucalón. El evento destacaría el compromiso del gobierno «con la integración y el reconocimiento de quienes han decidido hacer de El Salvador su hogar».

Solo en 2024, Migración entregó 407 nacionalizaciones salvadoreñas, lo que representó un incremento del 10 % en comparación con las 371 otorgadas en 2023, según los datos de Migración publicados en su sitio de transparencia.

Los reportes institucionales no detallan la nacionalidad de los extranjeros que adquieren la nacionalidad salvadoreña. La entidad migratoria también ha entregado más de 3,400 calidades migratorias entre residencias definitivas, temporales, transitorias, prórrogas y refrendas.

La nacionalización es el proceso mediante el cual un ciudadano adquiere la nacionalidad de otros país, de acuerdo a Migración y Extranjería. El trámite de nacionalización para centroamericanos tiene un costo de $150 y para las naturalizaciones de no centroamericanos $700.

Para ser salvadoreño por naturalización se requiere:

• Presentar solicitud.
• Certificación de partida de nacimiento.
• Solvencia de la Policía Nacional Civil.
• Constancia de antecedentes penales.
• Fotocopia de pasaporte vigente.
• Fotocopia de Documento Único de Identidad del cónyuge si es salvadoreño.
• Certificación de partida de matrimonio.
• Certificación de la Embajada de su país en la que se indique que permite la doble nacionalidad.
• Copia de carnet de residente definitivo.