Redacción HCloud

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  • Tres partidos reportan 49 donantes con aportes de hasta $6,000 durante 2024

    Tres partidos reportan 49 donantes con aportes de hasta $6,000 durante 2024

    Tres partidos políticos han reportado el ingreso de financiamiento privado a través de 49 donantes que han brindado aportaciones de los $5 hasta los $6,097.91 según el informe de Acción Ciudadana titulado el «Estado del acceso a la información de los ingresos y gastos de los partidos políticos salvadoreños 2024».

    El informe señala que el instituto político con mayores donaciones fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con $63,913.80 registrados el año pasado. Le siguió el partido Vamos con $17,920.36 recibidos de 31 donantes y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con $9,778.14.

    Para la realización del estudio solo entregaron la información contable y financiera los partidos Arena, Vamos, PDC y Democracia Salvadoreña (DS). Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) no entregaron la información solicitada.

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    El informe indica que de los 10 donantes del PDC, los 10 son personas naturales; en cuanto a Vamos, también todos sus donantes son personas naturales y en Arena hay siete donantes que son personas naturales y un donante jurídico, además de 47 donaciones indeterminadas.

    Tres partidos reportaron haber recibido financiamiento privado de 49 donantes durante 2024.

    El PDC reportó que el rango de sus donaciones van desde los $15.65 hasta los $6,097.91; mientras que Vamos las donaciones fueron desde los $5 hasta los $1,000 y en Arena las aportaciones fueron desde los $20 hasta los $600. Las donaciones indeterminadas de Arena sumarían $7,402.14.

    El estudio también indica que Arena y PDC recibieron $2,521,273.86 en concepto de deuda política. Vamos renunció al financiamiento público el año pasado y DS no reporta financiamiento público ni privado. La Asamblea Legislativa eliminó este año el pago de deuda política para los partidos que compiten en las elecciones salvadoreñas.

    El Partido Demócrata Cristiano (PDC) recibió donaciones desde los $15.65 hasta los $6,097.91.
  • Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles únicamente a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para los siete cargos vacantes, algo de lo que luego se retractó.

    Durante la sesión plenaria, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso inicialmente siete nombres para ocupar cargos como magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional y otras salas del máximo tribunal.

    Entre ellos figuraban Juana Corvera de Meléndez, Lila Margarita Rosa González, Oscar Antonio Canales para la Sala de lo Constitucional, así como a Linda Jacel Peraza Fuentes, Marta Alicia Ochoa Aragón, Raymundo Alirio Carballo Mejía e Ivonne Lizzette Flores González, para el resto de salas de la CSJ.

    Los primeros seis perfiles recibieron 57 votos favorables por parte de Nuevas Ideas y sus aliados. Sin embargo, previo a la votación por la última aspirante, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decretó un receso cerca de las 5:30 p.m.

    Al retornar del receso, Guevara presentó una modificación de agenda, solicitando anular las propuestas anteriores y dejar sin efecto la votación realizada.

    Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033.

    “Queremos dejar sin efecto las siete propuestas que esta bancada hiciera y proponemos (…) a los profesionales Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández”, expresó Guevara, sin dar mayores explicaciones sobre el cambio repentino.

    Ni Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), ni Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes inicialmente respaldaron la primera lista, se pronunciaron sobre la nueva moción.

    La votación nominal y pública aprobó la elección de Iglesias Majano y Cardoza Hernández, quienes fueron juramentados de inmediato como magistrados suplentes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. La Corte Plena será la encargada de asignarlos a las salas correspondientes.

    Guevara no explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ni ofreció razones para revertir la votación de los seis aspirantes inicialmente aprobados.

  • Diputada arenera cree que “fue innecesario” que El Salvador participara en canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela

    Diputada arenera cree que “fue innecesario” que El Salvador participara en canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela

    La diputada de Arena, Marcela Villatoro, reiteró este miércoles su rechazo a que El Salvador recibiera a más de 250 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de un canje diplomático con el régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que el país no debía involucrarse en conflictos bilaterales ajenos.

    “Nunca estuvimos de acuerdo con que vinieran personas deportadas de otros países. Bastantes problemas tenemos como para que nos enviaran individuos de los que no sabemos si eran pandilleros o si estaban condenados”, expresó Villatoro.

    El intercambio ocurrió el pasado 18 de julio, cuando Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses y un grupo de presos políticos. A cambio, Estados Unidos trasladó a 252 venezolanos a El Salvador, donde permanecen en cárceles salvadoreñas, como parte del acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

    “Esto fue una negociación entre Venezuela y Estados Unidos. El Salvador solamente albergó a estas personas en sus cárceles y las entregó como parte de ese trato. No debimos participar”, reiteró la legisladora opositora.

    Villatoro también señaló que el tema no pasó por el debido proceso dentro del país, ya que, según dijo, fue el presidente Nayib Bukele quien obedeció directamente lo que decidiera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Venezuela y Estados Unidos tomaron la decisión. Hubiéramos preferido que este tema no se manejara en territorio salvadoreño. Fue innecesario”, sentenció.

    Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, coincidió en que el acuerdo fue entre gobiernos extranjeros, y que El Salvador simplemente actuó como ejecutor del pacto entre Estados Unidos y Venezuela, quienes retomaron relaciones diplomáticas para favorecer a sus connacionales.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo fue posible “gracias al liderazgo” del presidente Donald Trump, y agradeció también al presidente Bukele por facilitar el traslado de los venezolanos detenidos.

  • Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva modificación al Presupuesto General de la Nación para destinar $20 millones al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de fortalecer los agromercados existentes y construir una nueva Central de Abastos en el departamento de Usulután.

    Durante la sesión plenaria, el único legislador que intervino fue el diputado oficialista Ricardo Rivas, presidente de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, quien aseguró que esta inversión permitirá que más de medio millón de familias tengan acceso a productos agrícolas de calidad a precios accesibles.

    “Con esta incorporación de estos $20 millones se va a permitir que los agricultores en pequeño puedan ser beneficiados y puedan ir y vender sus productos directo a los consumidores. Más de medio millón de familias van a ser beneficiadas con esta nueva central de abastos en el departamento de Usulután y no solo en Usulután, sino en departamentos aledaños”, afirmó Rivas.

    El diputado de Nuevas Ideas destacó que los agromercados ofrecen precios competitivos y representan un alivio para el bolsillo de los salvadoreños. Reiteró el respaldo de su bancada al presidente de la República para continuar impulsando proyectos de este tipo.

    “Nosotros como diputados de la bancada cian vamos a seguir dándole gobernabilidad a nuestro presidente, para que estos megaproyectos sigan avanzando”, añadió Rivas.

    Actualmente, según el Ejecutivo, en El Salvador funcionan 61 agromercados y con esta asignación se echarán a andar otros,  aunque no se especificó el número ni ubicación.

    Durante la exposición técnica ante la Comisión de Hacienda, la subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce de Aguilar, detalló que la Central de Abastos de Usulután será el primer mercado mayorista de este tipo en la zona oriental del país. El proyecto pretende conectar de forma directa a productores e importadores con los comerciantes.

    Dentro de los objetivos de la orientación de los recursos se “espera mejorar el sistema de distribución de alimentos y beneficiar tanto a los productores como a los consumidores”, según había explicado Arce.

     

  • Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    El Gobierno de El Salvador se negó a participar este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estar en desacuerdo con el título de la sesión pública, en la que organizaciones humanitarias denunciarían la detención, persecución y exilio de activistas.

    La comisionada Andrea Pochak señaló que el Gobierno de Nayib Bukele avisó su declinación momentos antes del inicio de la sesión mediante una carta.

    «(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios», dijo El Salvador, según indicó Pochak.

    Agregó que El Salvador manifestó que esto «es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados».

    La referida audiencia pública se tituló ‘El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos’.

    Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencias de la CIDH, según explicó Pochak, ya que declinó en al menos seis sesiones entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

    Recientemente, la organización Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Nayib Bukele.

    En tanto, otras organizaciones han dejado de expresarse públicamente como medida de seguridad o han reducido sus acciones ante la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros y la reducción de la cooperación internacional.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

    Entre estos se encuentra la abogada anticorrupción Ruth López, reconocida en 2024 por la BBC como una de las mujeres más influyentes, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.

    También se conoció la salida de la activista y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, tras conocer sobre una posible «detención arbitraria» en su contra.

  • Asamblea avala garantía soberana para préstamo de $93 millones para proyecto de universalización de energía eléctrica en El Salvador

    Asamblea avala garantía soberana para préstamo de $93 millones para proyecto de universalización de energía eléctrica en El Salvador

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una garantía soberana para un préstamo de $93 millones suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de universalización de la energía eléctrica en El Salvador.

    El gobierno busca conseguir con este proyecto que el 100 % del territorio salvadoreño tenga cobertura del servicio de energía eléctrica para el año 2030. El préstamo fue suscrito para pagar en un plazo de 23 años con seis meses, con un período de gracia de siete años.

    Durante el desarrollo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los diputados recibieron al jefe del Departamento de la Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, Julio Alemán, quien explicó que el proyecto busca que especialmente las comunidades rurales tengan «acceso a una fuente de energía eléctrica confiable y sostenible».

    Los $93 millones serán utilizados en:

    • Construcción de la infraestructura para distribución media de energía eléctrica.
    • Construcción de un sistema fotovoltaico para proveer de energía a los hogares.
    • Construcción de tres miniredes.

    Con estas tres principales ejecuciones se prevé que sean al menos 8,735 las familias beneficiadas con energía eléctrica en el país. La garantía soberana fue aprobada con 56 votos a favor. El contrato de garantía fue suscrito en julio de 2025 por el Ministerio de Hacienda por autorización de la Asamblea Legislativa.

    La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, dijo que este es un proyecto que «va a cambiar la vida de los salvadoreños» porque busca que «El Salvador tenga un 100 % de la población con energía eléctrica» y explicó que el proyecto se basa en la inversión de infraestructura, fortalecimiento institucional y la sensibilización y participación de las comunidades con énfasis en género.

    «A diciembre de 2020 habían en El Salvador cerca de 35,000 hogares que no tenían acceso a energía eléctrica, de esos, aproximadamente el 82 % se encontraban en zonas rurales», afirmó la legisladora oficialista.

    La primera cuota de amortización deberá ser pagada en 84 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato y la última a más tardar en la fecha final del plazo del préstamo. Las cuotas deberán ser pagadas semestralmente y de forma consecutiva.

  • Diputados aprueban incorporar $22 millones al MOPT para obras en Surf City 1

    Diputados aprueban incorporar $22 millones al MOPT para obras en Surf City 1

    Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron este miércoles la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $22 millones al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para trabajos en Surf City 1. La obras incluyen la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera que va de playa El Obispo a El Zonte.

    El Ministerio de Hacienda explicó durante la discusión de la propuesta que los $22,777,027 serían destinados a dos proyectos: el primero por $8,730,500 para la construcción de un «intercambiador de corredor pacífico», en la intersección de la carretera Litoral y la carretera de Acajutla, en Sonsonate.

    Este proyecto incluye un paso elevado de dos carriles sobre la carretera a Acajutla, rampas de entrada y salida, un puente sobre el río Sensunapán, instalaciones eléctricas, obras en el ciclo peatonal y otras obras de demolición.

    Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz, aseguró que los sonsonatecos conocen la zona intervenida como «el kilo 5» y que «anteriormente hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas por el demasiado tráfico que se hace ahí» por los camiones pesados que transitan por la zona.

    «Básicamente, la construcción es un bypass, en la intersección de la carretera Litoral con la carretera de Acajutla… esto incluye un paso elevado de dos niveles… estas obras iniciales que son del 30 %. Esto va a mejorar el impacto y la conectividad que tenemos en el área». Mauricio Ortiz, diputado de Nuevas Ideas.

    El segundo proyecto requiere de $14,046,527 para ampliar de dos a cuatro carriles para la ampliación de la carretera que va desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, La ampliación sería aplicada en al menos 8.67 kilómetros.

    Además, se incluyen trabajos como obras de drenaje, construcción de aceras, ciclovías, bahías de autobuses, miradores y zonas de estacionamiento. El dictamen fue aprobado el lunes por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

    El dictamen fue aprobado con 55 votos a favor y uno en contra. La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, dijo que estos proyectos buscan «dinamizar el turismo» y promover el desarrollo económico local. Además, recordó que los fondos provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

  • Solo tres votos tuvo propuesta de Vamos para crear delitos de desaparición agravada y encubrimiento de funcionarios

    Solo tres votos tuvo propuesta de Vamos para crear delitos de desaparición agravada y encubrimiento de funcionarios

    El partido de oposición Vamos propuso este miércoles a la Asamblea Legislativa  reformar la agenda para introducir una reforma al artículo 148 del Código Penal para incluir dos nuevos delitos: desaparición agravada y encubrimiento o instigación en el delito de desaparición por parte de funcionarios o autoridades públicas. La propuesta solo obtuvo tres votos a favor de los legisladores de oposición.

    La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió modificar la agenda de la sesión plenaria de la  para incorporar en el artículo 148 dos nuevas letras para delitos relacionados a la desaparición de personas en El Salvador, pues aseguró que aunque el delito de desaparición ya está tipificado «no es suficiente y debemos tomar acciones».

    La propuesta de delito de desaparición de personas agravada se definía en la propuesta como la desaparición cometida «en algunas de las circunstancias» como:

    • Si la víctima fuere menor de edad.
    • Mujer.
    • Persona con discapacidad.
    • En condición de vulnerabilidad.
    • Si la desaparición se cometiere con participación de funcionarios públicos, autoridad pública o agente de autoridad.
    • Si se cometiere como parte de un patrón sistemático.
    • Si se causare la muerte, tortura, violencia sexual o tratos crueles durante la desaparición.

    La legisladora detalló que proponían que el delito fuera imprescriptible y perseguible de oficio, con penas que hubieran ido de 30 a 50 años de prisión.

    «Como todos sabemos la desaparición constituye uno de los actos más graves en contra de la dignidad humana, es un hecho abominable, un delito que debe de pagarse por aquellos que lo comete y quienes cometen este grave hecho pueden ser personas particulares o agentes del Estado». Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

    Rivas explicó también que el segundo delito propuesto era el de «encubrimiento o instigación en el delito de desapariciones de personas por parte de servidores públicos», que contemplaba penas de 15 a 20 años de prisión «al funcionario, autoridad pública o agente de autoridad que con conocimiento de una desaparición oculte información, obstaculice la investigación, impida la búsqueda efectiva de la víctima o instigue a otras personas a cometer las desapariciones».

    La propuesta para modificar agenda crear dos nuevos delitos por desapariciones solo obtuvo tres votos a favor de la oposición. / Jessica Guzmán.

    La diputada aseveró que la importancia de esta pieza era que en El Salvador han habido desaparecidos durante décadas, «durante el conflicto armado incluso previo a él, durante las pandillas y hoy también en el contexto del régimen de excepción» y añadió que «son las familias de las personas desaparecidas que luchan cada día con este flagelo que ha pausado sus vidas».

    Rivas recordó que según el informe de labores de la Fiscalía General de la República (FGR) comprendido desde mayo 2023 a junio 2024, «en El Salvador desaparece una persona diariamente, esto no debe seguir pasando, estos nos debe de alarmar a todos como sociedad», dijo.

    «No es posible que El Salvador este sobre una fosa clandestina, dónde están esos miles de desaparecidos, qué acciones han tomado los responsables de estos, que el Estado primero», aseveró durante su intervención.

  • Cancillería lanza programa de protección a migrantes salvadoreños retornados

    Cancillería lanza programa de protección a migrantes salvadoreños retornados

    El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el martes el «Proyecto para la protección de personas en movilidad» que busca ampliar la asistencia, programas de protección y servicios para los migrantes salvadoreños. Expertos migratorios han pedido la implementación de un plan integral que aborde el área psicosocial de los retornados.

    La Cancillería salvadoreña afirmó que el proyecto será implementado durante dos años y contará un con financiamiento de $3.4 millones, proveídos por el Fondo Multidonante para la Migración y será ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró durante la presentación del proyecto que el proyecto busca:

    • Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria.
    • Implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular.
    • Fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través del empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.

    El proyecto será implementado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por haber sido identificados como territorios «con alta presencia de personas en condiciones de movilidad» y que requieren de «atención prioritaria».

    “Este nuevo esfuerzo también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular en municipios priorizados, mediante un enfoque intersectorial e inclusivo. Con un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad, el proyecto contará con un presupuesto de 3.4 millones de dólares y se desarrollará durante un período de 24 meses». Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

    Portal aseguró durante su discurso que el proyecto contempla también «un enfoque multifactor» que incorporará a gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de migrantes retornados y sector privado. «Esta articulación permitirá ofrecer una respuesta contextualizada, cercana y efectiva en los territorios priorizados», indicó.

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    Por otro lado, el jefe de misión para El Salvador de la OIM, Nicola Graviano, aseguró que este proyecto será muy importante para el «fortalecimiento de las capacidades institucionales» para atender a los migrantes deportados y así brindar respuestas para que estos «puedan tomar decisiones acertadas» en cuanto a movilidad.

    En el evento participó el representante adjunto y oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFA), Mario Iraheta; la director junta del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Carolina Barreto; representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y funcionarios del gobierno salvadoreño.

    La viceministra de Diáspora, Cindy Portal, aseguró que el proyecto contempla el apoyo de organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y asociaciones de migrantes. / Cancillería de El Salvador.

    Los expertos migratorios César Ríos de Agenda Migrante y Celia Medrano han urgido al gobierno salvadoreño la implementación de un plan integral para atender a los salvadoreños que están siendo deportados desde Estados Unidos.

    Medrano aseguró que la atención brindada a los migrantes debe ser diferenciada en cuanto a género y derechos humanos, además, de considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados que en su mayoría son hombres adultos, de baja escolaridad.

    Desde enero hasta junio de 2025, Estados Unidos ha enviado a El Salvador 85 vuelos con deportados según los datos del informe de la organización Witness at the Border, que recolecta la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

  • San Salvador Centro adeuda más de $25 millones a empresa recolectora de impuestos

    San Salvador Centro adeuda más de $25 millones a empresa recolectora de impuestos

    La alcaldía de San Salvador Centro mantiene una deuda de más de $25 millones con la empresa Integra International Services SV, sociedad anónima de capital variable, por los servicios de recolección de impuestos y tasas municipales que le ha ofrecido a la municipalidad desde junio de 2021, según documentos en poder de Diario El Mundo.

    La empresa informó al personal administrativo de la comuna que la deuda asciende a $22,502,679.24 desde junio de 2021 hasta septiembre de 2024, lo cual, consta en facturas ya revisadas en los departamentos correspondientes de la alcaldía.

    Mientras que, hay $3,171,818.86 en facturas que la empresa ya procesó, pero que no había emitido y que corresponden desde octubre de 2024 hasta enero de 2025.

    Una fuente administrativa de la alcaldía aseguró que se ha conformado una comisión que estudia el caso y que se reúne con la empresa para “agilizar los trámites para el pago respectivo”.

    Integra International Services indica en sus redes sociales que se dedica a brindar consultorías sobre gestiones tributarias municipales y nacionales, además, de ofrecer servicios de desarrollo de software. Asegura que busca “implementar prácticas de recaudación y elevar el servicio de atención a los contribuyentes”.

    La fuente administrativa señaló que la empresa habría sido contratada por la comuna para brindarle servicios para la recolección de impuestos y tasas, no específicamente de contabilidad porque esa gestión es realizada por el área financiera de la comuna.

    Este mes, la alcaldía autorizó la implementación de un plan para actualizar los estados financieros y contables de la alcaldía para dar cumplimiento de la Ley de transición para la reestructuración municipal, eso incluye los ingresos, egresos y deudas de los cinco distritos que componen el municipio.

    San Salvador Centro está integrado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.