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La Unión Europea (UE) lamentó este sábado la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que imponen un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales a organizaciones, y las recientes detenciones de defensores de derechos humanos en El Salvador.

«El Salvador: La UE lamenta la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que podría restringir el trabajo de la sociedad civil y contradice las obligaciones internacionales», publicó en X la delegación de la UE en El Salvador.

Añadió que «las recientes detenciones de defensores de derechos humanos generan aún más preocupación».

El mensaje fue compartido con la publicación de una declaración de la UE en su portal, en el que se indica que «contradice las obligaciones contraídas por El Salvador en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es Estado Parte».

Además, «corre el riesgo de restringir el acceso de los actores de la sociedad civil al financiamiento, que es esencial para su funcionamiento y vital para cualquier democracia saludable».

«En este contexto, la UE expresa su preocupación por las recientes detenciones de defensores de los derechos humanos, y espera que las autoridades salvadoreñas respeten sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como que garanticen su seguridad e integridad física», subrayó.

Este pronunciamiento se suma al hecho el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también expresó su preocupación por dicha normativa y por las capturas de activistas, entre ellos críticos al Gobierno del presidente Nayib Bukele.

La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.

Además, destacó la existencia de «órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios», junto a Zavala.

Este sábado también se conoció la detención del abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Bukele, Enrique Anaya, bajo el cargo de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República.

«Este día, se ha ejecutado la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, por el delito de Lavado de Dinero y Activos. Será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días», publicó escuetamente la FGR en X.

Anaya es un fuerte crítico del Ejecutivo de Bukele, enfocado principalmente es aspectos jurídicos y que en las últimas semanas ha denunciado desde redes sociales las que considera irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, también procesada por lavado de dinero.

Los sujetos obligados de la nueva Ley de Agentes Extranjeros tienen un plazo máximo de 90 días a partir de la vigencia de la normativa para inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que deberá conformarse dentro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Los sujetos obligados de la normativa, que inicia su vigencia este sábado, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, deben registrarse mediante «una declaración de registro bajo juramento» para el Registro y para la Fiscalía General de la República.

El incumplimiento de la obligación «autoriza al Registro a realizar las acciones legales» para impedir las actividades del sujeto obligado «de manera temporal o definitiva».

Los sujetos obligados serán: «Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero».

Los sujetos obligados también son los mandantes extranjeros, según el artículo 3, que son los representantes de un gobierno de un país extranjero, miembros, representantes o correligionarios de un partido extranjero, organismo, corporación o cualquier persona jurídica extranjera, organizada, constituida bajo las leyes de otro país, o que tengan su sede principal de negocios en un país extranjero.

Estos sujetos obligados podrán solicitar su exclusión «de las obligaciones» de la ley, pero «previa calificación del RAEX» por periodos «anuales renovables automáticamente» o por «cada proyecto».

La inscripción en el RAEX será obligatoria, según el artículo 6. El RAEX podrá requerir información o cualquier información que considere necesaria sobre los sujetos obligados para mantener actualizado el RAEX o verificar el cumplimiento de la ley, así como «supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros, de acuerdo al giro, actividad, tamaño y demás características», como les puede requerir «los informes necesarios cuando lo estime pertinente».

El RAEX elaborará un informe semestral «de las actividades registradas» y remitir «a la unidad de la Fiscalía General de la República que corresponda» según la Ley contra el lavado de dinero y de activos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, manifestó el domingo 1 de junio su deseo de que la injerencia extranjera se prohíba en todos los países del mundo pero, cuando defendió la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador, aseguró que la permitirá.

«Yo, como persona, creo que es un error que permitamos la injerencia extranjera, creo que no deberíamos hacerlo. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aún así la vamos a permitir. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos», dijo, al explicar la Ley de Agentes Extranjeros que inicia su vigencia este sábado 7 de junio en El Salvador.

La normativa establece un plazo de 90 días, que se vencerían en septiembre, para que las personas o entidades que realicen actividades en El Salvador encargadas o financiadas por una persona o entidad extranjera se inscriban en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá fiscalizarlos y supervisarlos. La ley permite la exención de obligaciones como del pago de impuestos después de ser verificados por el RAEX.

El 1 de junio, Bukele insistió en que la Ley de Agentes Extranjeros no prohibirá las actividades ni que se metan en política ni que tengan injerencia en El Salvador.

«Insisto, no estamos prohibiéndoles que lo hagan, no estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiendo que se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa de cualquier cosa», señaló.

Según el mandatario salvadoreño, «la mayoría de países desarrollados prohíbe la injerencia extranjera».

«Nosotros permitimos injerencia extranjera, solo les pedimos que paguen impuestos, igual que todos», indicó.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros prohíbe en su artículo 9 literal «b» a los sujetos obligados «realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país».

También prohíbe «transmitir» en El Salvador o «hacer que se transmitan en El Salvador» materiales informativos para interés de un «mandante extranjero» «sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que indique que el mismo se transmite en nombre de un mandante extranjero o es financiado por este último».

En una carta dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, los congresistas estadounidenses que forman parte del Caucus de El Salvador en el Congreso, aseveran que los 253 venezolanos presos en el CECOT reciben una alimentación similar a la de un restaurante de los Estados Unidos.

Al enviar la misiva, los congresistas alentaron al Departamento de Estado de EEUU a «apoyar en compromiso constructivo» con la administración del presidente Bukele, «particularmente en áreas de cooperación en seguridad, inversión y desarrollo humano», ya que estas políticas ayudan a «promover la estabilidad regional» y desalentar la migración ilegal a la frontera sur de los Estados Unidos.

En la misiva, la congresista Anna Paulina Luna, y los congresistas Vicente González y Andy Ogles, dan un breve informe de su visita a El Salvador y su reunión de dos horas con el presidente Nayib Bukele, actividades realizadas del 8 al 10 de mayo de 2025.

«Nuestra visita culminó en un tour en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para recluir a los más violentos criminales y pandilleros», relataron. «Observamos los procedimientos de admisión, clínicas médicas y dentales, áreas de consulta legal y alojamiento para dos poblaciones de reclusos separadas: miembros del grupo criminal Tren de Aragua (TdA) y miembros de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18», detallaron.

Luego, los congresistas describieron que vieron buenas condiciones de los venezolanos recluidos en esa prisión salvadoreña, así:

«El sector alberga a 253 reclusos en celdas con capacidad insuficiente, cada uno con acceso a kits de higiene, uniformes y comidas diarias. El día de nuestra visita, se les sirvió comida de calidad comparable a la de un restaurante estadounidense. Estas condiciones demuestran un régimen de encarcelamiento diferenciado, reflejo de la condición de los miembros de TdA como extranjeros deportados a El Salvador», dijeron los congresistas al secretario Rubio.

Según el Caucus, los pandilleros salvadoreños «exhibieron un comportamiento disciplinado y participaron en rutinas estructuradas, que incluían exámenes médicos y ejercicio».

«En ningún momento se restringió la libertad de expresión de los reclusos durante nuestra visita, y no observamos indicios de abuso ni hacinamiento», dijeron, los miembros del Caucus de El Salvador, aunque no detallaron qué expresaron los reclusos. Opinaron que las audiencias virtuales garantizan el debido proceso y que «la administración del centro parece estar bien organizada, segura y transparente».

Estados Unidos deportó ha deportado más de 250 venezolanos señalados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Un reporte del Cato Institute informó que 50 de los venezolanos entraron legalmente a los Estados Unidos de la recopilación de 174 casos que hicieron y revisión de documentos gubernamentales de entrada, testimonio y declaraciones del gobierno.

El CECOT, una megacárcel de máxima seguridad construida en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente, tiene capacidad de recluir a 40,000 personas. Estados Unidos y El Salvador acordaron usarla para recluir a supuestos criminales deportados por la administración Trump.

El viernes, uno de los salvadoreños deportados el 16 de marzo de 2025 y recluidos inicialmente en el CECOT fue devuelto a los Estados Unidos, luego de ser requerido por un tribunal a raíz de una acusación interpuesta en mayo por los delitos de tráfico de migrantes o extranjeros y conspiración para tráfico de personas. La fiscal de Estados Unidos ha dicho que, luego de que enfrente los cargos en Estados Unidos, será retornado a El Salvador.

El congresista Chris Van Hollen, quien pidió la liberación del salvadoreño, celebró su retorno, ya que la Corte Suprema había ordenado al gobierno de Estados Unidos facilitar su retorno, tras advertir que fue deportado por error, ya que un tribunal de Baltimore había suspendido su deportación. Congresistas demócratas reclaman violación a la Constitución estadounidense y al debido proceso penal, porque fue encarcelado por El Salvador, a través de un acuerdo financiero con Estados Unidos, sin haber sido puesto ante un juez.

El senador demócrata Chris Van Hollen reaccionó a la noticia del retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego a Estados Unidos, quien fue deportado por «error administrativo» y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Las autoridades estadounidenses solicitaron el retorno de Ábrego García, luego de que un gran jurado en Tennesse lo imputara por tráfico de migrantes o extranjeros y conspiración para tráfico de personas, según la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Sobre el traslado del salvadoreño, el senador Van Hollen aseguró en su cuenta de X que: «Después de meses de ignorar nuestra Constitución, parece que la Administración Trump ha cedido a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y el debido proceso para Kilmar Abrego García».

«Nunca se ha tratado del hombre: se trata de sus derechos constitucionales y de los derechos de todos», aseguró Van Hollen, quien en una ocasión anterior manifestó que no defiende al salvadoreño sino su derecho al «debido proceso».

El demócrata visitó el país a mediados de abril con la intención de reunirse con Kilmar Ábrego, encuentro que se llevó a cabo el día 18.

«La administración tendrá ahora que presentar su caso ante los tribunales como debería haberlo hecho desde el principio», dijo Chris Van Hollen en el mensaje publicado este viernes.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele aseguró que el retorno de Ábrego García a Estados Unidos fue parte del trabajo en conjunto con la administración Trump.

“Como dije en la Oficina Oval: 1. Nunca introduciría de contrabando a un terrorista en los Estados Unidos. 2. ⁠ Nunca liberaría a un pandillero en las calles de El Salvador. Dicho esto, trabajamos con la administración Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos”, publicó Bukele en X.

Ahora el salvadoreño deberá enfrentar un proceso judicial en suelo norteamericano, donde se le acusa de haber contribuido para el ingreso de migrantes a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo miembros de la MS-13.

After months of ignoring our Constitution, it seems the Trump Admin has relented to our demands for compliance with court orders and due process for Kilmar Abrego Garcia.

This has never been about the man—it’s about his constitutional rights & the rights of all.

Full statement: pic.twitter.com/q28RLNEj2S

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) June 6, 2025

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró el viernes que el gobierno salvadoreño no se negaría a regresar a un pandillero a los Estados Unidos si este es solicitado para enfrentar cargos en dicho país, en referencia al retorno de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error a los Estados Unidos, hecho divulgado minutos antes por el medio estadounidense ABC News.

«Como dije en la Oficina Oval: 1. Nunca introduciría de contrabando a un terrorista en los Estados Unidos. 2. ⁠ Nunca liberaría a un pandillero en las calles de El Salvador. Dicho esto, trabajamos con la administración Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos», indicó el presidente en X poco después de la publicación de ABC News sobre el retorno de Ábrego García a los Estados Unidos..

Ábrego García fue deportado en marzo de Estados Unidos para ser recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, sin que tuviera un proceso en tribunal abierto en Estados Unidos o en El Salvador, como parte de un acuerdo de servicio penitenciario por $6 millones anuales.

Tanto la administración Trump como el presidente Bukele lo acusaron públicamente de ser miembro de la pandilla MS-13 acusado penalmente por esa causa en ninguno de los dos países. Hoy enfrenta una acusación penal por tráfico de personas luego de una acusación supuestamente iniciada hace un mes en un tribunal de Teneessee.

«No más margaritas bajo custodia»

El presidente salvadoreño hizo referencia a las bebidas que fueron puestas en la mesa en la cual se reunieron el senador Chris Van Hollen con Ábrego García, trasladado el 17 de abril al hotel en donde se encontraba el senador demócrata, quien había presionado públicamente para verificar el estado de bienestar del salvadoreño recluido.

Ese día, Bukele compartió en X la fotografía con las bebidas afirmando que eran margaritas. Van Hollen afirmó que estas bebidas fueron colocadas por personal del gobierno salvadoreño.

Este viernes, Bukele expresó en X: «No más margaritas bajo custodia».

Desde abril varios congresistas visitaron El Salvador para presionar por la libertad de Ábrego García luego de que consideren su caso como un símbolo del incumplimiento de la Constitución en los Estados Unidos a una orden de la Corte Suprema estadounidense y de la violación al debido proceso en El Salvador.

Al conocer sobre el retorno de Ábrego García, Van Hollen escribió: «Después de meses de ignorar nuestra Constitución, parece que la administración Trump ha cedido a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y el debido proceso para Kilmar Abrego García. Nunca se ha tratado del hombre: se trata de sus derechos constitucionales y de los derechos de todos».

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error por Estados Unidos, encarcelado en la prisión CECOT y posteriormente en un penal de Santa Ana de El Salvador, está «en camino, de regreso a los Estados Unidos», publicó este viernes la red de televisión y radio estadounidense ABC News, que cita fuentes familiarizadas con el asunto y señala que hubo «discusiones diplomáticas de alto nivel» entre la administración Trump y del gobierno salvadoreño.

Ábrego García, según el medio estadounidense, enfrentaría en Estados Unidos dos cargos por presuntamente transportar a migrantes indocumentados en Texas, una acusación que habría sido interpuesta en un tribunal federal de Tennessee el mes pasado.

Una fuente del gobierno salvadoreño negó que haya habido discusión, como lo asevera ABC News. «No hubo discusión, el gobierno de El Salvador cumple la ley, un juez le ordenó a Estados Unidos que soliciten a El Salvador se le entregue a Kilmar y el país cumple con hacer la entrega al gobierno de Estados Unidos para que ellos hagan su traslado», dijo la fuente.

Kilmar Armando Ábrego García es un salvadoreño nacido en julio de 1995 que sin haber cumplido los 17 años cruzó la frontera sur de los Estados Unidos, por McAllen, Texas, probablemente el 25 de marzo de 2012. Su caso se ha vuelto el centro de una disputa política en Estados Unidos en la que relucen consignas de combate al crimen y a la migración irregular y el derecho al debido proceso que tendrían todas las personas antes de ser enviadas a prisión.

Ábrego García fue deportado el 15 de marzo desde Estados Unidos, recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) en El Salvador y posteriormente en un centro penal de Santa Ana. Sin un caso penal abierto contra él, el gobierno de los Estados Unidos lo acusó públicamente en X de ser pandillero de la MS-13 y de ser sospechoso de trata de personas; él lo negó en los escritos.

El 10 de octubre de 2019, juez de migración de Baltimore, Maryland, denegó una petición de asilo a Ábrego García, pero también resolvió: «Se concede la solicitud del demandado de suspensión de la deportación». En esta resolución, se cita el testimonio de Ábrego García, cuando tenía 24 años, quien relata que su familia era extorsionada y era amenazada por el Barrio 18. Al final, el juez señala que «los hechos demuestran que la pandilla del Barrio 18 continúa amenazando y acosando a la familia Ábrego durante estos años, a pesar de que la familia se ha mudado tres veces».

El 10 de abril, la Corte Suprema estadounidense confirmó la validez de la orden del tribunal de distrito de Maryland al gobierno estadounidense para “facilitar y hacer efectivo el regreso de (Abrego García) a los Estados Unidos a más tardar a las 23:59 del lunes 7 de abril, día en que el gobierno estadounidense apeló la resolución.

“la orden requiere adecuadamente que el Gobierno facilite la liberación de Ábrego García de la custodia en El Salvador y que garantice que su caso se maneje como lo habría hecho si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador”, indicó la Corte.

Ábrego García fue visto públicamente reunido con el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, quien había intentado ir al CECOT para verificar su estado de salud. El gobierno salvadoreño lo trasladó a un hotel y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó la fotografía de la reunión junto a dos copas con agua y cerezas que dijo eran “margaritas” y que según el senador fueron puestas por personal del gobierno salvadoreño.

Los gobiernos de Bukele y de Trump tienen un acuerdo bajo el cual El Salvador puede recibir supuestos criminales y recluirlos en el CECOT. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que el gobierno de El Salvador «no califica» a los deportados bajo este acuerdo porque Estados Unidos paga por el servicio. “Nosotros no calificamos personas que están ahí, solo las tomamos…, exacto, eso (el gobierno de Estados Unidos está pagando para mantenerlos ahí)”, dijo a Van Hollen, uno de los políticos demócratas que visitaron a El Salvador para presionar por el cumplimiento del debido proceso en el caso.

El 14 de abril, el presidente Bukele dijo que no devolvería a Ábrego García. «¿Cómo puedo introducir a un terrorista de contrabando en Estados Unidos? Claro que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda», respondió Bukele, junto al presidente Donald Trump.

El gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa la ratificación del «Acuerdo sobre la cooperación en la industria de la defensa» entre los gobiernos de El Salvador y Turquía para intercambiar de productos y servicios de defensa.

El acuerdo, cuyas entidades competentes son el Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador y la Secretaría de Industrias de Defensa de la Presidencia de Turquía, fue suscrito el 3 de marzo por El Salvador y el 16 de abril de 2025 por Turquía, entrará en vigor 30 días después de la última notificación diplomática del cumplimiento de requisitos legales.

Entre los beneficios que se esperan, indicó la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, están el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Fuerza Armada salvadoreña, el acceso a tecnología avanzada y la transferencia de conocimiento técnico-científico en defensa, el impulso a la «industria nacional» en manufactura y ensamblaje, formación y especialización y diversificación en cooperación de defensa.

El texto del acuerdo no fue enviado por la canciller Hill Tinoco, quien solamente dio un resumen de los “elementos clave” del acuerdo, así:

1. Intercambio de información y experiencia técnica en áreas relacionadas con productos y servicios de defensa.

2. Participación en proyectos conjuntos de desarrollo, diseño y producción de sistemas de defensa.

3. Transferencia de tecnología y conocimientos vinculados con la industria militar.

4. Visitas recíprocas de delegaciones técnicas, militares y empresariales.

5. Capacitación y formación del personal técnico y militar en instituciones designadas por ambas partes.

6. Adquisición, desarrollo, producción de cualquier tipo de productos y servicios de la industria de defensa que necesiten las organizaciones de seguridad de las partes.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, las relaciones con El Salvador cobraron impulso en los últimos años, mencionando la visita de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, en agosto de 2019, luego de lo cual se inauguraron las embajadas de El Salvador en 2020 y la de Turquía en 2022.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue el primer presidente en hacer una visita presidencial Turquía, del 19 al 21 de enero de 2022, según la Cancillería turca. Fue durante esa visita que firmó seis acuerdos, uno de ellos de industria de la defensa, y otros sobre economía, educación y desarrollo.

En agosto de 2023, el sitio defensa.com publicó que la Fuerza Armada de El Salvador se estaba modernizando con sofisticados sistemas turcos, en un paquete en donde se requería un helicóptero T625 que había sido inspeccionado por el presidente durante su visita a la fábrica, camiones de 10 toneladas, vehículos todoterreno, un buque, 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos para el Ejército y la Policía, dispositivos de vigilancia, entre otros.

En febrero de 2023, El Salvador desplegó a un contingente de militares a Turquía luego de un devastador terremoto en Turquía y Siria.

Los diputados Christian Guevara, Ernesto Castro y Rubén Flores, todos de Nuevas Ideas, agendaron el pasado 5 de junio una solicitud para solicitar que se otorgue un reconocimiento especial al equipo Alianza Fútbol Club por su «destacada trayectoria» y por haberse coronado campeón nacional por 19ª vez.

Los diputados pidieron que se invite al equipo y al cuerpo técnico de Alianza F.C. a la Asamblea Legislativa para entregarles ese reconocimiento.

La solicitud fue incorporada el 5 de junio a las 9:37 de la mañana, antes de que iniciara la sesión plenaria. Durante la misma sesión plenaria, Nuevas Ideas no votó por agendar una solicitud de la oposición para derogar la Ley de Minería Metálica.

Las piezas de correspondencia que son «agendadas» o incorporadas a la agenda de cada sesión plenaria son trasladadas a una comisión de trabajo de diputados, para que estos puedan estudiar la solicitud, aprobarla o no aprobarla.

Ayer, únicamente fueron introducidas cuatro piezas de correspondencia, una fue aprobada con dispensa de trámite, y tres pasaron a comisiones de trabajo: una solicitud de naturalización para el deportista Sebastián Ruiz García, una solicitud de ratificación del acuerdo de cooperación en defensa con Turquía y el reconocimiento al Alianza. En el caso del reconocimiento al Alianza, la solicitud fue traslada a la Comisión de la Niñez y la Integración Social.

La Asamblea Legislativa reformó ayer los artículos 100 y 101 del Código Municipal para eliminar las solvencias de impuestos, tasas o contribuciones municipales como requisito para la inscripción de una sociedad mercantil en el Registro de Comercio.

Sin embargo, el artículo 100 reformado aún mantendrá el requisito de presentar la solvencia municipal solo en la inscripción de una modificación, transformación, fusión y disolución de una sociedad.

Los diputados también reformaron el artículo 101 para establecer que las solvencias pueden ser emitidas por un medio electrónico y no solo en papel simple.

La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

“Se ha identificado que la solvencia municipal es un paso bastante burocrático ya que la idea o la naturaleza de las SAS es que este registro sea en línea o presencial pero sumamente rápido o también en cuestión de horas, sin embargo, no todas las municipalidades tienen la facilidad de poder entregarlas en un tiempo límite y que le funcione a nuestros emprendedores”, indicó la diputada Dania Gonzalez de Nuevas Ideas.

Ella señaló que con la reforma eliminan «una de las principales barreras que enfrentan los emprendedores salvadoreños, la exigencia de la solvencia municipal para registrar una sociedad por acciones simplificadas”.

“No podemos permitir que esta burocracia local se interponga entre el ciudadano y su derecho a poder emprender de forma legal”.

Dania González (Nuevas Ideas).

Además, también en la sesión plenaria del jueves, los diputados también derogaron la exigencia de la solvencia municipal para la constitución de las sociedades en la Ley General Tributaria Municipal. Esta reforma no pasó a estudio de comisión de trabajo, sino que fue introducida a última hora en la misma sesión plenaria y aprobada con dispensa de trámites.

La Ley General Tributaria Municipal, en el inciso segundo del numeral 4 en el artículo 89, tenía una disposición que exigía la solvencia municipal: «Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio las escrituras de constitución, modificación y disolución de sociedades mercantiles, sin que se les presente a los Registradores de Comercio, constancia de solvencia de impuestos municipales de los socios de la sociedad, según el caso». Esa disposición fue también eliminada.