La Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) es una cuenta colectiva vigente, creada en la reforma de pensiones de 2017, que se financia con el 6 % de la tasa de cotización de los trabajadores, aportada por los empleadores, y que sirve para pagar pensiones cuando a los jubilados se les agotan sus ahorros individuales, pero también para pagar otras obligaciones.
Así, la CGS también sirve para garantizar las pensiones vitalicias del Sistema de Pensiones Público (SSP), para pagar las pensiones mínimas al agotarse la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP), para el pago de los Certificados de Traspaso y para pagar las devoluciones de los aportes de los afiliados que no cumplen requisitos de jubilación.
Desde el año 2023, la CGS únicamente recibe fondos correspondientes a las cotizaciones de los trabajadores cotizantes de las AFP y de una cotización especial de los pensionados por vejez.
Esto ocurre porque la reforma aprobada en diciembre de 2022, vigente desde enero de 2023, derogó la obligación del Estado de aportar desde el año 2020 hasta un 2.5 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal hacia la CGS. Esa erogación eran entra $160 a $170 millones anuales a la CGS. En su lugar, dicha reforma aumentó un punto porcentual el aporte del empleador hacia la CGS.
¿Se está agotando?
Antes de la reforma de 2022, el Estado ya preveía que el saldo de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotaría desde 2027.
Un informe de la Superintendencia del Sistema Financiero de 2020 indicó que la CGS tenía un acumulado en $243.96 millones en 2020 y, según una valuación actuarial, llegaría a tener únicamente $3.03 millones en el año 2027.
El mismo estudio proyectó un déficit o falta de -$154.97 millones en el año 2028 y también déficit de -$170.01 millones en el año 2029.
Pese a que no hubo un nuevo estudio actuarial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la CGS se agotaría en el año 2027 y explica que se debe al aumento de la «generosidad de las pensiones» de los jubilados de los sistemas público y privado, situando «los beneficios por encima de los ahorros acumulados en las cuentas individuales».
«Como resultado, las AFP (administradoras de fondos para pensiones) ya han comenzado a recurrir al CGS para pagar pensiones, y el stock de activos en la CGS comenzó a disminuir en 2023. Según las proyecciones del personal técnico, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027, momento en el que el Tesoro (Estado) tendría que intervenir, por montos de alrededor del 0.5 % del PIB», advierte el FMI.
La ley actual, sin embargo, delega el compromiso de pago al Estado si se agotan los fondos de la CGS.
El artículo 119 de la actual ley aclara que el Estado “será el último garante de los compromisos que asume la CGS” y cita el artículo 120, que aclara que el sistema “contará con la garantía de pago del ISP” y si es insuficiente “le corresponderá concurrir al Estado”.
¿Qué hacer?
Patricio Pineda, representante de la Mesa por la Pensión Mínima, propone revivir el aporte del Estado a la Cuenta de Garantía Solidaria para que busque otra fuente de financiamiento de las pensiones de los jubilados del sistema público sin recurrir a los ahorros de los cotizantes del sistema privado.
«Con ese 6 % (de la cotización) más póngale que sea 5 % que el Gobierno aporte, que ese aporte, como se pone a trabajar y se supone que va a tener mejor rentabilidad, ese que le sirva al Gobierno para pagar las pensiones del antiguo sistema (público)», sugirió.
«El Gobierno ya no tiene que tocar fondos privados de los trabajadores para gasto corriente, no… Ya no más abuso de parte de los políticos en el Fondo de las Pensiones».
Patricio Pineda, Mesa por una Pensión Digna.
Pineda está de acuerdo en que del resto de fondos de la CGS se podrían sufragar obligaciones previsionales como los certificados de traspaso, que son derechos ya adquiridos, e incluso se puede crear un fondo de emergencia de desempleo para los cotizantes, con fondos de la CGS.
Por su parte, el economista Rommel Rodríguez, director de macroeconomía de la Fundación Nacional de Desarrollo (Funde), sugiere buscar mayor equidad en los beneficios y en las obligaciones en torno a la CGS.
Explicó que el nacimiento de la CGS fue un intento novedoso y válido que incluso recibía un impuesto a los jubilados del grupo de los optados además de los aportes de los cotizantes. Pero, con el incremento del 30 % en las pensiones por la reforma de 2022, «se profundizó de alguna manera la brecha que se había buscado solucionar con la CGS» y ello «hace que se drene la CGS”.
¿Qué hay que hacer? Me parece que hay que introducir algunas medidas que vengan a restablecer la equidad, por ejemplo, estas pensiones que tienen el 30 %, hay que hacer un estudio serio, quizás un impuesto para que aporten proporcionalmente”, sugiere, en un primer análisis.
Rodríguez reconoció como positivo de la reforma de 2022 el límite a las pensiones máximas de $3,000, pero observó que es necesario reducir aún más la brecha entre las personas menos favorecidas y las más favorecidas del sistema. “A los que están en los estratos más altos que tienen que tener un mayor aporte”, indicó.
