El presidente salvadoreño Nayib Bukele acusó la noche del jueves a «algunos» opositores de tener vínculos con delincuentes y advirtió que en El Salvador «ya no hay impunidad».
«La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society», empezó su publicación Bukele y siguió: «Algunos de los que emiten estas amenazas tienen vínculos claros con delincuentes. Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió».
La advertencia de Bukele ocurrió luego que en redes sociales se expusieran la identidad de fiscales que procesaron a la abogada Ruth López. Una investigación de El Diario de Hoy señaló que uno de los fiscales que acusó a la también jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal es el hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial, una unidad de la Fuerza Armada dedicada a la seguridad del mandatario.
En su publicación, Bukele no señaló con nombre a los opositores a los que se refiere.
El pasado miércoles la abogada Ruth López enfrentó audiencia inicial por una acusación de enriquecimiento ilícito hecha por la Fiscalía Genera de la República. López fue detenida el 18 de mayo, y al momento de detenerla, la Fiscalía aseguró que fue por peculado, en un caso relacionado con el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. En lugar de explicar el cambio de tipificación de delito, los fiscales pidieron al Juzgado Décimo Segundo de Paz que pusiera reserva total al caso. La jueza al recibir el requerimiento el pasado lunes, avaló la reserva total.
Ayer, la asociación Cristosal aseguró que la decisión de la jueza era una decisión política y «representa un grave retroceso en el respeto al debido proceso». «Encarcelar a Ruth es un acto político, no una decisión judicial. Es un castigo para quienes se atreven a cuestionar el autoritarismo y denunciar la corrupción».
«Su detención demuestra que el actual régimen no busca justicia: busca silencio», apuntó.
La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde Cristosal y es una de las principales voces críticas del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.
Una nueva Dirección de Mercados Nacionales, cuyo director y subdirector serán nombrados por el presidente de El Salvador, adjudicará y definirá las tarifas de arrendamiento para los puestos en los mercados o locales comerciales que hayan sido intervenidos o construidos por el Órgano Ejecutivo.
Los puestos no podrán ser subarrendados.
La «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El cobro de las tarifas por arrendamientos de puestosde los llamados «mercados nacionales» –intervenidos por el Ejecutivo– será potestad exclusiva de la Dirección de Mercados Nacionales. La normativa prohíbe expresamente que la municipalidad cobre «tasas o contribuciones a los arrendatarios de puestos de venta o de locales comerciales» y aclara que será la Dirección la que se encargará de los mismos.
La adjudicación de puestos tendría dos prioridades: «los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado o los locales» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado» según el artículo 31.
La ley no establece criterios para definir las tarifas, fueron eliminados criterios que habían sido incluidos en el proyecto original, como las dimensiones del puesto, la ubicación y el flujo de personas. También se eliminó el mecanismo de la subasta al mejor postor.
Con esta ley, las municipalidades deberán entregar en comodato –por 50 años renovables– a la nueva Dirección los mercados construidos o remodelados por el Ejecutivo y estas inversiones serán declaradas de «utilidad pública e interés social».
La Dirección de Mercados Nacionales, que presupuestariamente estará en la Presidencia de la República, podrá adquirir préstamos a mediano y largo plazo, internos y externos.
Esta nueva entidad deberá velar por el orden de los mercados, podrá sancionar a los arrendatarios e incluso notificar a la Fiscalía General y revocar adjudicaciones de puestos a personas «naturales o jurídicas legalmente constituidas» que no tengan antecedentes policiales ni penales.
La ley fue aprobada la tarde del jueves con 57 votos de diputados de Nuevas Ideas, partido de gobierno, en medio de una discusión, en la cual diputados oficialistas señalaron que la situación de los mercados, en donde dominaban las pandillas, es herencia de gobiernos anteriores; mientras, la oposición aseveró que la ley aprobada viola la autonomía municipal y que el gobierno terminará por eliminar a las municipalidades para dejar solo las 14 gobernaciones.
Uno de los mercados que ha sido intervenido por el Órgano Ejecutivo es el mercado San Miguelito, que fue consumido por un incendio el 22 de septiembre de 2021. Inicialmente, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) le adjudicó la construcción del mercado a la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores el 28 de octubre del 2022, por $33.6 millones, y posteriormente fue asumido por la empresa argentina IME S.A de C.V que se dedica a estructuras metálicas.
La instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior de los mercados nacionales estará prohibida por la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa.
Esta es una de las prohibiciones que aún se mantiene en la nueva normativa, aunque sí fue eliminada la prohibición de ventas ambulantes dentro del mercado y a una distancia de cien metros de su perímetro, restricción que estaban contenida por el proyecto original de la ley.
Los arrendatarios de los puestos o locales podrán ser multados, con montos desde los $5 hasta los $50, por las infracciones que cometan, pero también la Dirección podrá revocarles la adjudicación si las infracciones son «muy graves», como provocar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas.
La Dirección también podrá revocar la adjudicación de los puestos o locales si los puestos son modificados sin autorización de la Dirección.
Estas son las reglas para los puestos de venta en los llamados «mercados nacionales»
-Limpieza: Los adjudicatarios de los puestos deberán mantenerlos completamente limpios y en buenas condiciones de salubridad e higiene.
-Depósitos: El puesto de venta deberá disponer de depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección, que deberán estar «cerrados».
-Horario: Se prohibirá el ingreso de personas fuera del horario, que será establecido por la Dirección de Mercados Nacionales.
-Sin establecimientos provisionales: Se prohibirán establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado.
-Sin subarriendo: Se prohibirá la «transferencia o subarriendo» de puestos de venta.
-Sin basura: Se prohibirá botar basura en áreas de circulación.
-Sin agujeros: Prohibirán abrir agujeros en las paredes del mercado.
-Sin desórdenes: Prohibirán perturbar la disciplina y el orden del mercado. También se prohíben las agresiones verbales y físicas, por lo cual podrán perder la adjudicación.
-No vender artículos descompuestos: Se prohibirá vender artículos descompuestos o de forma antihigiénica.
-No armas, velas, material peligroso: Se prohíbe también portar arma de fuego excepto el personal de seguridad, encender velas o luminarias «que puedan provocar incendios», almacenar material peligroso. También reitera prohibiciones legales como sustancias ilícitas. También se prohíbe limpiar los locales con sustancias corrosivas.
Estas son las multas de la nueva Ley de Mercados
Multas de $5 a $25 [infracciones leves]
no cumplir con acondicionamiento del puesto o local, no atender indicaciones de la Dirección, no mantener limpio y en condiciones de salubridad e higiene el puesto, y no contar con depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección.
Multas de $25 a $50 [infracciones graves]
Impedir inspecciones, almacenaje en condiciones antihigiénicas, botar basura o productos descompuestos en pasillos, obstruir pasillos con estructuras, vender artículos antihigiénicos, encender velas, conductas reñidas con la moral o buenas costumbras, lavar instalaciones con sustancias corrosivas y acciones «que alteren la disciplina y el orden».
Revocación de la adjudicación y aviso a Fiscalía [infracciones muy graves]
Almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, conservar explosivos o material inflamable, almacenar material peligroso o contagioso, realizar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas, con o sin armas.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones».
Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban.
Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé.
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas.
Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones». Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban. Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé. Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas. Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», eliminando de su proyecto original la restricción de ventas ambulantes en cada mercado nacional y hasta una distancia de 100 metros de su perímetro.
Una segunda modificación al proyecto original fue la eliminación del artículo 38, que oblibgaba a los adjudicatarios de los puestos pagar a los trabajadores el salario mínimo aprobado por el «Consejo Nacional de Salario Mínimo».
La ley fue aprobada este jueves, a las 4:23 p.m., con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra.
En la normativa, se mantiene que el municipio «deberá manifestar su intención de entregar» a la Dirección de Mercados Municipales «voluntariamente el bien inmueble» del mercado que sea intervenido a su solicitud –en diseño, construcción o remodelación– por el Órgano Ejecutivo.
El plazo del comodato deberá ser de 50 años prorrogables por periodos según el literal «c» del artículo 23.
Además, se mantienen los montos de las multas, de $5 hasta $50, y sanciones para infracciones muy graves, revocación de la adjudicación de un puesto de venta y aviso a la Fiscalía General de la República.
La diputada «Claudia Ortiz, de Vamos», votó en contra. Aseguró que el desarrollo no se limita a que «las fotos salgan bonitas». Aseguró que con un «maquillaje de orden» tienen «una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales».
«¿Y por qué odian tanto a los pobres?, ¿por qué le están dando al Ejecutivo administrar otro servicio municipal más, si el gobierno es mal administrador?, si no le alcanza para salud, para educación. Les recuerdo que hace cuatro años crearon la famosa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), las comunidades siguen olvidadas no por la alcaldía sino por la famosa DOM», cuestionó.
«La DOM no le rinde cuentas a la gente de las comunidades, solo le rinde cuentas a Casa Presidencial».
«Claudia Ortiz (Vamos).»
El «diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas» aseguró que la realidad de los vendedores actuales fue «lo que heredaron» los gobiernos anteriores y «todo lo que antes se tenía» no funcionó.
Relató que, cuando él era un niño y vivían en «Barrio La Vega», su abuela tenía una tienda: «Íbamos con ella al mercado. Yo veía las condiciones de los mercados. Casi siempre me daba cuenta de las deficiencias que había ahí… Esas historias que escuchamos con mucho respeto en esta sesión plenaria, como la historia de Rosita. Ahí se describe todos lo que los gobiernos anteriores hicieron en este país».
«Yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad, el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden?, ¿ha existido limpieza, ha existido justicia a la hora de repartir los puestos?… Ahí ni siquiera las alcaldías dominaban, los mareros eran los que dominaban»
«Ernesto Castro (Nuevas Ideas).»
El «diputado Francisco Lira, de Arena» aseguró que la ley «atenta gravemente» contra la autonomía municipal. Señaló que, al centralizar la administración de mercados municipales, «busca debilitar la capacidad de respuesta de las alcaldías para solventar la necesidad de las comunidades».
«Quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo gobernaciones».
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos«, eliminando la restricción de ventas ambulantes hasta una distancia de 100 metros del perímetro de los establecimientos como planteaba el proyecto original.
Una segunda modificación al proyecto original fue la eliminación del artículo 38, que obligaba a los adjudicatarios de los puestos a que pagaran a los trabajadores el salario mínimo aprobado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo.
La ley fue aprobada este jueves, a las 4:23 p.m., con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Los legisladores de Arena y Vamos votaron en contra.
En la normativa, se mantiene que el municipio «deberá manifestar su intención de entregar» a la Dirección de Mercados Municipales «voluntariamente el bien inmueble» del mercado que sea intervenido a su solicitud –en diseño, construcción o remodelación– por el Órgano Ejecutivo.
El plazo del comodato deberá ser de 50 años prorrogables por periodos según el literal «c» del artículo 23.
Además, se mantienen los montos de las multas, de $5 hasta $50, y sanciones para infracciones muy graves, revocación de la adjudicación de un puesto de venta y aviso a la Fiscalía General de la República.
La nueva ley crea la Dirección de Mercados Municipales, cuyo director y subdirector serán nombrados por cinco años por el presidente de la República.
Esta Dirección será «la única responsable» de cobrar los impuestos municipales, tasas o contribuciones relacionados a la infraestructura de los mercados entregados en comodato por las municipalidades y definirá el «pliego tarifario» con los precios de arrendamiento de los puestos de venta o local comercial.
La Dirección de Mercados también podrá gestionar y contratar préstamos a largo o mediano plazo para financiar sus actividades si no puede con sus ingresos ordinarios.
El debate
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Aseguró que el desarrollo no se limita a que «las fotos salgan bonitas». Aseguró que con un «maquillaje de orden» tienen «una oscura intención de adueñarse y controlar los ingresos que tienen las alcaldías mediante la administración de mercados municipales».
«¿Y por qué odian tanto a los pobres?, ¿por qué le están dando al Ejecutivo administrar otro servicio municipal más, si el gobierno es mal administrador?, si no le alcanza para salud, para educación. Les recuerdo que hace cuatro años crearon la famosa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales), las comunidades siguen olvidadas no por la alcaldía sino por la famosa DOM», cuestionó.
«La DOM no le rinde cuentas a la gente de las comunidades, solo le rinde cuentas a Casa Presidencial». Claudia Ortiz (Vamos).
El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que la realidad de los vendedores actuales fue «lo que heredaron» los gobiernos anteriores y «todo lo que antes se tenía» no funcionó.
Relató que, cuando él era un niño y vivían en Barrio La Vega, su abuela tenía una tienda: «Íbamos con ella al mercado. Yo veía las condiciones de los mercados. Casi siempre me daba cuenta de las deficiencias que había ahí… Esas historias que escuchamos con mucho respeto en esta sesión plenaria, como la historia de Rosita. Ahí se describe todos lo que los gobiernos anteriores hicieron en este país».
«Yo les pregunto a ustedes: ¿de verdad, el sistema de mercados ha funcionado? ¿Ha existido orden?, ¿ha existido limpieza, ha existido justicia a la hora de repartir los puestos?… Ahí ni siquiera las alcaldías dominaban, los mareros eran los que dominaban» Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que la ley «atenta gravemente» contra la autonomía municipal. Señaló que, al centralizar la administración de mercados municipales, «busca debilitar la capacidad de respuesta de las alcaldías para solventar la necesidad de las comunidades».
«Quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo gobernaciones». Francisco Lira (Arena).
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, pidió este jueves modificar la agenda de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para incorporar una solicitud de derogatoria de la Ley de Minería Metálica del movimiento «Caminata Ecológica»; sin embargo, no tuvo apoyo de Nuevas Ideas (NI) ni sus aliados PCN y PDC, ya que los tres partidos no votaron ni a favor, ni en contra.
“Es un día importante porque concientizamos a la ciudadanía y al mundo entero de la importancia de cuidar el medio ambiente y de nuestros recursos naturales… La caminata ecológica de El Salvador ya lleva 25 años haciendo esta caminata y este día ellos fueron ante la Asamblea Legislativa y piden derogar la Ley de Minería”, inició su intervención la diputada Villatoro, por el Día mundial del medio ambiente.
La legisladora explicó que los participantes de la Caminata Ecológica llegaron este jueves a la Asamblea Legislativa para apoyar la petición de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), que presentó más de 150,000 firmas recolectadas por la Iglesia Católica para solicitar la derogatoria de la Ley de Minería Metálica.
Los miembros de la caminata fueron recibidos por el diputado Francisco Lira, de Arena, quien respaldó la iniciativa. «Este día acompañé a organizaciones ambientalistas en la 25ª Caminata Ecológica, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. También es para respaldar la iniciativa de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que ha solicitado a la Asamblea Legislativa derogar la Ley General de Minería Metálica, atendiendo el clamor de más de 150,000 salvadoreños que firmaron esta petición presentada en marzo», indicó Lira.
“Esta ya es tercera vez que presentamos la derogatoria de la Ley de Minería, también se ha presentado en ventanilla en la Asamblea Legislativa y no se ha agendado dentro de ninguna comisión. Por eso es que ellos nos decían que lo pidiéramos por dispensa de trámite, para que se hiciera hoy la derogatoria de la Ley de Minería. Marcela Villatoro (Arena).
“Esta mañana, nosotros les dimos firma a ellos, así como Vamos, pero ellos también nos pedían que nosotros ingresáramos esta pieza de correspondencia con dispensa de trámite ante esta sesión plenaria, con la finalidad que esta Asamblea en este día tan importante como es el Día Mundial de Medio Ambiente derogue la Ley de Minería”, explicó Villatoro.
Pidió a los legisladores no disfrazar la explotación minera con el concepto de minería verde, ya que «eso no existe», aseguró.
«Todos los salvadoreños debemos recordar que la minería es dañina para la salud, independientemente si se le quiera disfrazar con minería verde, porque eso no existe y poco a poco va a dañar la salud de los salvadoreños y puede causar la muerte. Así es que, diputado presidente, le solicito que esta pieza de correspondencia, en modificación de agenda, sea vista inmediatamente para que se derogue la Ley de Minería”, solicitó la diputada de Arena.
El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sometió a votación la solicitud de Arena. “Quienes estén de acuerdo en modificar agenda, en los términos que fue planteada por la diputada Marcela Villatoro, favor, votar», dijo. La bancada de Nuevas Ideas y aliados no votaron ni a favor, ni en contra; solo obtuvo los dos votos de Arena. “Con dos votos a favor, no hay resolución”, concluyó el diputado presidente y siguió con la plenaria.
Con votos de diputados de todos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa aprobó en la sesión plenaria de este jueves la nacionalización de nueve atletas salvadoreños originarios de seis países: Brasil, Guatemala, Perú, Cuba, Estados Unidos y Nicaragua.
Tres de los dictámenes fueron aprobados con 59 votos y seis tuvieron 60 votos, todos emitidos por la Comisión de la Niñez e Integración Social.
Los dictámenes fueron aprobados para la nacionalización de los siguientes deportistas:
Filippo Giuseppe Pilenga, nadador de origen brasileño. Dictamen 13 aprobado con 60 votos.
Pablo Andrés de León Donis. Deportista en kickboxing originario de Guatemala. Dictamen 14 aprobado con 60 votos.
Cooper Alejandro Tidwell, de origen peruano. Basquetbolista. Dictamen 15 aprobado con 59 votos.
Kayla Angelina Estrada Coll, de origen guatemalteco. Gimnasta. Dictamen 16 aprobado con 60 votos.
Kevin Francisco Alemán Gómez, de origen cubano. Luchador. Dictamen 17 aprobado con 60 votos.
Montavious Charles Marc, de origen estadounidense. Basquetbolista. Dictamen aprobado con 60 votos.
Brandi Danielle Harvey-Carr, de origen estadounidense. Basquetbolista. Dictamen 19 con 59 votos.
Marcia Yessenia Pérez Morales, de origen guatemalteco. Deportista en karate do. Dictamen 20 aprobado con 60 votos.
Larissa Milagros Rodríguez Díaz, de origen nicaragüense. Voleibolista. Dictamen 21 aprobado con 59 votos.
Todos fueron nacionalizados «por su destacada trayectoria» en las correspondientes disciplinas deportivas.
El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), que aglutina federaciones y sindicatos en El Salvador, protestó este jueves frente al Ministerio de Trabajo, ya que consideran que el Estado salvadoreño viola el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El movimiento también exhortó públicamente a la OIT a que organice «una misión de contactos directos» con el objetivo de «verificar la situación de libertad sindical» en El Salvador, en el marco de 113a. Conferencia Internacional de la OIT.
Este movimiento registra 455 directivos sindicales despedidos desde 2019 en diferentes instituciones del Estado y 30 contratos colectivos cuya negociación e inscripción no ha permitido el Estado.
El movimiento protestó contra el encarcelamiento de Giovanni Aguirre, directivo sindical, y la muerte de dos directivos sindicales mientras estaban encarcelados bajo custodia estatal: José Leonidas Bonilla y Hever Chacón.
A ello suman el retraso arbitrario de la entrega de credenciales sindicales, el acoso laboral a sindicalistas, la criminalización de la protesta y libertad de expresión sindical y la falta de investigación a solicitudes de inspecciones de trabajo.
Olinda Monterrosa, secretaria general del Sindicato del Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial (SITISBM), reclamó falta de medicamentos para los docentes e incumplimiento del contrato colectivo, según la líder sindical, debería destituirse l directora presidente del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), Silvia Canales.
