Categoría: Politica

El partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señaló hoy al gobierno salvadoreño de «poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» por la continuidad de compras de bitcoin luego del acuerdo con el organismo financiero.

El partido de derecha publicó este miércoles un comunicado en el cual cree que la compra de bitcoin por el Estado «podría eventualmente poner en peligro» el acuerdo así como el plan de contingencia fiscal para resolver parcialmente el problema de liquidez del gobierno.

«El presidente Bukele ha sido enfático en decir que la compra de bitcoin no se detendrá a pesar de que el acuerdo estipula una prohibición de las compras gubernamentales de bitcoin mientras dure el plan de financiamiento», reclamó.

Hace una semana, el martes 4 de marzo, el presidente Nayib Bukele dijo que el bitcoin «no se detendrá» cuando compartió una publicación de la Oficina Nacional del Bitcoin que confirma la compra de un bitcoin llegando a un saldo de 6,101.8 monedas. El 6 de marzo, la directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, reaccionó diciendo que «el gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general» y que «las autoridades han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa». Ese día, la directora de la Oficina del Bitcoin, dependencia de Casa Presidencial, criticó que «algunos bitcoiners confían en las palabras del FMI sobre las acciones».

Este martes 11 de marzo, la Oficina Nacional del Bitcoin anunció otra compra. «El Salvador está acumulando mientras otros venden en pánico. Un BTC más añadido a nuestra reserva estratégica hoy», escribió, al anunciar un saldo de 6,113.18 bitcoins.

El acuerdo entre el gobierno y el FMI firmado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR) y del Ministerio de Hacienda compromete al gobierno a «no acumular bitcoins» y promete un financiamiento de casi $1,400 millones en 40 meses bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF o EFF) que da asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas en la balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales.

Al referirse a la destitución del alcalde de San Salvador Este,

the diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas,

aseguró el martes que necesitan tener funcionarios humildes y alcaldes «que de verdad respondan» para los próximos comicios municipales de 2027; advirtió que el presidente Nayib Bukele está «atento» al trabajo de los diputados y de los alcaldes.

Los temas partidarios son importantes, sí, porque son el reflejo de una mística de trabajo, pero más importante es que tengamos el trabajo territorial presente, por eso, creemos que dentro de los próximos comicios, debemos tener alcaldes que de verdad respondan y seguramente el partido Nuevas Ideas va a tomar acciones con lo que ha venido haciendo.

Edgardo Mulato, diputado de Nuevas Ideas.

En declaraciones al youtuber Edenilson Calderón, el legislador del partido oficial respaldó la reapertura del hospital veterinario Chivo Pets y aseguró que el presidente de la República está «atento al trabajo que hacen los alcaldes» y los diputados.

«Significa que él está atento al trabajo que hacen los alcaldes, los diputados…, que el partido Nuevas Ideas también toma acciones, es un partido presente en el territorio», expresó, sobre la problemática que se desarrolló hace una semana en torno al maltrato animal denunciado dentro del refugio de la colonia Bosques de la Paz, en el distrito de Ilopango, que mantenía encerrados y amarrados unos 200 perros.

El político subrayó la importancia que tiene para Nuevas Ideas la municipalidad de San Salvador Este –Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. «El trabajo municipal es importante que se vaya mejorando, es el segundo municipio más grande del país, tiene cerca de un millón de personas», advirtió.

«No podemos tener un municipio abandonado, no podemos tener un municipio que lastimosamente no se trabajó bien en los últimos años, pero estoy seguro que debe haber un recambio… Debe llegar gente que realmente esté comprometida con el proyecto del presidente Nayib Bukele…, indistintamente de un partido u otro», insistió el diputado. Reiteró que no quieren «oportunistas», ni «gente que esté únicamente lactando del Estado», ni «gente inoperante».

«La población los está observando»

Ante la pregunta del youtuber, sobre si se espera que algunos de los concejales de Nuevas Ideas tomen la alcaldía de San Salvador Este «porque la población siente más confianza», el legislador defendió la destitución pero exhortó a cambios en el partido y en la municipalidad.

Mulato dijo que, si bien es cierto el pueblo eligió a José Chicas como alcalde, el concejo «también puede tomar la decisión de destituirlo».

«Creo que ellos (concejales) tienen que tomar cambios tanto al interior porque la población los está observando, la población espera noticias reales de lo que nosotros debemos cambiar como partido, que tenemos que cambiar como municipalidad, como trabajo territorial», expresó.

El legislador cian agregó:

«Se necesita gente comprometida con el territorio, se necesita gente que esté trabajando localmente, que no solo sea digamos trabajar desde un despacho, sino que necesitamos funcionarios humildes.

Edgardo Mulato, diputado de Nuevas Ideas.

Mulato aseguró que los funcionarios de Nuevas Ideas deben estar «de cerca al pueblo salvadoreño, que la gente los pueda tocar, que la gente los pueda ver, de cara al trabajo real» y que tengan «la valentía de atender las necesidades» y «de decir sí puedo o no se puede». Aseguró que es el trabajo que deben «estar haciendo» en el nuevo gobierno local de San Salvador Este.

El concejal por el FMLN en la alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz, señaló este martes que la proyección que está llevando la alcaldía capitalina en el Centro Histórico no es para los salvadoreños, sino para el extranjero.

“Ahí la soberanía se va a perder, porque la proyección no es para los salvadoreños, la proyección es para el extranjero, para el turismo y vender, claro, estas diez cuadras como que es la realidad de nuestro país, pero salga de esas diez cuadras y la realidad es otra, si va al interior del país, la realidad es otra”.
Simón Paz,
Concejal del FMLN en San Salvador Centro, en la entrevista TVX.

El concejal del partido de izquierda cuestionó que dentro del concejo no se discute nada del qué hacer municipal, ni reordenamiento, ni las acciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos contra los vendedores.

El concejal del partido de izquierda aseguró que han llevado peticiones basadas en las necesidades de la gente, pero “eso nunca se lleva al concejo”.

Paz aseguró que el “desalojo de vendedores va más allá de liberar las calles, el Centro Histórico va más allá en el tema de generar las condiciones para que venga el gran capital a tomar posesión y desarrolle su proyecto y no es descabellado, la gente lo dice, que el Mercado Sagrado Corazón, el día de mañana, lo conviertan en otra cosa, que no sea el mercado o que debe ir en consonancia de la visión que tienen del Centro Histórico: hoteles, restaurantes de lujo…”, señaló.

El funcionario municipal también cuestiona el llamado reordenamiento, y lo califica de “desalojo de vendedores” ya que no se les ha reubicado en un lugar digno para que sigan comercializando sus productos y el accionar del CAM contra ellos.

“Nosotros (el FMLN), hemos cuestionado en el concejo el accionar del CAM, el accionar del CAM no es el del Cuerpo de Agentes Municipales, el código regula la función de los agentes del CAM, pero nosotros hemos visto imágenes en las que el CAM violenta derechos humanos de las personas, en donde atropellan a adultos mayores, que no tienen otra opción porque no tienen atención digna en este país y tienen que buscar el sustento diario. Nosotros hemos pedido explicación, porque al interior del concejo no se discute nada del qué hacer municipal, ni del tema de lo que está pasando en el Centro Histórico, ni sabemos cuál es el presupuesto que están invirtiendo en eso y lo hemos señalado”, cuestiona el concejal del Frente.

Paz señala que a los vendedores desalojados no les han dado una verdadera solución, ya que en la “red de mercados no venden”, asegura y por tanto no alcanzan a pagar la tasa municipal por el espacio.

El primer fin de semana de marzo, la comuna capitalina ejecutó un desalojo de más de mil puestos informales sobre la 4a calle Poniente y las avenidas aledañas. Esta calle conduce directo a la Biblioteca Nacional.

El Salvador se mantiene como un régimen híbrido con una baja en su índice de democracia de 4.71 a 4.61 y sube del puesto 96 al 95, de más de 160 países analizados en el Índice de Democracia 2024 de la Unidad de Inteligencia del grupo de The Economist (EIU).

Solo 6.6 % de la población en el mundo vive en democracia plena, un 38.4 % en democracias defectuosas, un 15.7 % en régimen híbrido como El Salvador, y un 39.2 % vive en regímenes autoritarios, según el Índice.

En una escala del 0 al 10, la EIU califica a El Salvador con un 6.17 el proceso electoral y el pluralismo, con un 3.21 el funcionamiento del gobierno, con un 5.56 la participación política, un 3.13 para la cultura política y con un 5.0 las libertades civiles.

Desde el año 2019, la calificación de la democracia de El Salvador ha caído 24 puestos y disminuido 1.54 puntos; El Salvador es considerado régimen híbrido desde el año 2020 cuando dejó de ser “democracia defectuosa”.

En este Índice, El Salvador está sobre Guatemala y Nicaragua; y bajo Honduras y Costa Rica, sus puntos más débiles son la cultura política y el funcionamiento del gobierno, que logran notas un poco superior al 3.

Las notas son otorgadas en una escala de 0 a 10 y se basan en calificaciones de 60 indicadores que se resumen en cinco: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política.

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Durante las últimas dos décadas, la democracia salvadoreña ha oscilado entre el 4.61 y 6.22 de calificación. En el último año su calificación bajó una décima, de 4.71 a 4.61 pero su tendencia ha sido a la disminución.

La unidad de The Economist consigna que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo una victoria «aplastante» con el 85 % de los votos en las elecciones presidenciales de febrero de 2024 y admite que goza de una gran popularidad, pero señala también que la reelección «fue posible por un poder judicial politizado que anuló los límites constitucionales».

También, señaló que la victoria presidencial de Bukele pareció «sugerir” que “muchos votantes” están “dispuestos a sacrificar el sistema de pesos y contrapesos de la democracia representativa a cambio de mejoras tangibles en el nivel de vida y seguridad personal proporcionadas por gobernantes autoritarios” y que «los votantes están dispuestos a sacrificar los «estándares democráticos por la seguridad».

“Muchos votantes han aceptado la erosión del sistema de pesos y contrapesos y las libertades civiles a cambio de una mayor seguridad básica”.
Índice 2024 de la unidad de inteligencia de Economist (EIU).

El estudio cita, de Latinobarómetro, que un 72 % de los salvadoreños dicen que el país va “por buen camino” –muy superior del promedio regional es 28 %. Según el estudio, la experiencia de El Salvador «podría repetirse en otros países cuyo funcionamiento gubernamental ha experimentado un pronunciado declive en los últimos años».

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Es visto como una “fotografía instantánea” del estado de la democracia en 165 países independientes y dos territorios.

Cada país es ubicado en categorías como democracia plena, democracia defectuosas, régimen híbrido o régimen autoritario.

El informe 2024, publicado en febrero de 2025, cuestiona por qué la democracia representativa no está trabajando para la mayoría de ciudadanos en el mundo y “está aumentando el consenso» de que el modelo democrático desarrollado en el siglo pasado «está en problemas».

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso el martes condicionar la comisión que se entrega a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), que asciende al 1 %, a la rentabilidad o interés que ganan los ahorros de los trabajadores cotizantes.

«La medicina amarga ya no tiene que estarse tomando el pueblo, la clase trabajadora, los pensionados. ¿Cuándo va a tomar medicina amarga el gobierno? ¿Cuándo van a tomar medicina amarga las AFP?», cuestionó al consultarle sobre la reforma de pensiones que para el año 2026 proyectaron el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo de financiamiento de $1,400 millones.

«Que la comisión que pagan los cotizantes esté amarrada a un porcentaje de la rentabilidad. Si la AFP no genera rentabilidad, no hay comisión; si le genera rentabilidad, hay comisión». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Ortiz dijo que el gobierno tendrá que «tomar decisiones más difíciles» de las que debió haber tomado en 2022 al reformar el sistema de pensiones, pero aseguró que debe haber «la más amplia discusión» con «todas las personas afectadas potencialmente».

Según Ortiz, una nueva reforma de pensiones «necesita la más amplia discusión» y la divulgación de la información sobre el fondo de pensiones. Aseguró que los cotizantes del fondo de pensiones deben conocer «quién o quiénes» son los responsables «de que el fondo de pensiones esté en la situación en la que está», tomando en cuenta las últimas reformas de hace dos años.

Advirtió que en la reforma de 2022 «se le dijo a las personas que su pensión iba a ser mayor», al referirse al aumento del 30 % de las pensiones, pero reclamó que «el fondo de garantía solidaria se va a acabar en 2027».

La legisladora consideró que la situación será «aún más complicada» cuando el gobierno deba pagar la rentabilidad de las pensiones a partir de 2027. Un acuerdo entre el gobierno y las AFP estableció un período de gracia de 4 años que suspende la amortización de capital e intereses de más de $8,000 millones de deuda estatal con el Fondo de Pensiones.

Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) piden al gobierno salvadoreño que deje de tomar dinero de los fondos de pensiones, debido a la advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevé que los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se acaben en 2027, mientras se vence también el plazo de gracia que tiene el Estado para empezar a pagar intereses y capitales de deuda.

El diputado de Arena, Francisco Lira, aseguró que la primera reforma que el gobierno debe implementar al sistema de pensiones es «ponerle los candados necesarios» para que el mismo gobierno ya no pueda tomar prestados más fondos de los ahorros de los trabajadores cotizantes, pues considera que estos fondos se han tomado como «caja chica».

Este mecanismo fue creado en el año 2006 con los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Con la reforma, el mecanismo continuó bajo los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), ahora emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a un rendimiento del 7 % anual.

«Creo que la primera reforma que se debe considerar es ponerle los candados necesarios para que este gobierno no siga agarrando los fondos del sistema de pensiones para caja chica».
Francisco Lira, diputado de Arena.

El legislador de derecha considera importante que también el gobierno se siente «con todos los sectores del país para encontrar una salida viable» porque aseguró que desde la reforma de 2022, el gobierno ha tomado $8 de cada $10 del fondo de pensiones. «Ellos dijeron que iban a tener mayor número de pensiones, mejor calidad y esa fue una mentira más que dio este gobierno. Creo que la primera acción que debe hacerse es poner el candado», agregó.

En ese sentido, la jefa de fracción del partido tricolor, Marcela Villatoro, considera que los fondos tomados de pensiones no han sido utilizados para mejorar y estima que a «todo esto debe ponérsele un paro en este momento», además de hacer reformas «beneficiosas para la gente».

Sin embargo, Villatoro prefirió no proponer reformas hasta tener estudios actuariales más opiniones de economistas y expertos. «Dependiendo de eso, vamos a ver cómo se puede actuar porque por tomar decisiones arrebatadas como hizo este gobierno es que nos encontramos con el problema con las pensiones», añadió.

«De cada $10, $8 se han ocupado por este gobierno para fines que en definitiva no son los de la gente que ha cotizado para mejorar, a todo esto debe ponérsele un paro en este momento y hacer las reformas respectivas».
Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena.

El Salvador ha suscrito un acuerdo con el FMI para el otorgamiento de $1,400 millones a cambio de cinco compromisos del gobierno en el tema de pensiones: el gobierno debe realizar una evaluación actuarial independiente a finales de julio de 2025, que darían pie a la presentación de una propuesta de reforma en febrero de 2026.

La reforma tendría que ser aprobada por la Asamblea Legislativa ese mismo año y, con ello, se tendría que restablecer la sostenibilidad del sistema y la diversificación de los fondos. La CGS que quedaría sin fondos en 2027. Esta se usa para dar pensiones vitalicias y mínimas a los salvadoreños a quienes se les acaban sus ahorros, pero que necesitan recibir un aporte mensual.

El concejal por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la alcaldía de San Salvador Centro cuestionó este martes el abandono que viven los diferentes distritos con la reducción de municipios, que califica de un

tremendo fracaso.

“El tema de la reducción de los municipios ha sido un tremendo fracaso, un fracaso, y que se veía venir cuando se aprobó, porque algo tan importante no tuvo a su base consultas, ni mucho menos discusiones con los actores involucrados”, cuestionó concejal de San Salvador Centro, en la entrevista de TVX.

Paz recalcó que los municipios no se constituyeron de la noche a la mañana. “El tener la categoría de municipio, el tener la categoría de ciudad, de villa, es un proceso que implica décadas y venirlo, de tajo, a quitarlo, era imposible, por eso lo sigo sosteniendo que ha sido un tremendo fracaso”.

El exalcalde de Mejicanos reiteró que la reducción de 262 a 44 municipios, que

entró en vigencia a partir del 1 de mayo de 2024, obedeció a una salida con intereses electorales debido al mal trabajo de los alcaldes de Nuevas Ideas.

“Eso fue enmarcado en una estrategia electoral por el mal fracaso que habían hecho los alcaldes de Nuevas Ideas y todo el mundo lo sabe, Mejicanos ‘embasurado’, Ayutuxtepeque ‘embasurado’, Ciudad Delgado ‘embasurado’, etc., completamente abandonado, entonces para seguir teniendo el control hubo la necesidad de crear un salvavidas y lo que vendieron fue que los municipios económicamente solventes iban a sacar adelante los que estaban complicados y eso era ilógico”.

Simón Paz,
Concejal de San Salvador Centro.

Para el concejal del FMLN, la reforma ha generado más abandono, no solo de calles

sino de programas para diferentes sectores de la sociedad, con cierre de espacios en los que se desarrollaban talleres, capacitaciones con el objetivo de mantener a las comunidades individualizadas.

“Y aquí está en la práctica, el abandono, las calles y de los diferentes sectores para el adulto mayor, el de adolescentes, por ejemplo el complejo Katya Miranda está cerrado, porque no les interesa que las comunidades estén organizadas, porque cuando una comunidad está organizadas exige mejor sus derechos, ahí habían capacitaciones de diversa índole, tardes culturales atención al adulto mayor, atención a los emprendedores, y la gente quiere ver sus impuestos en obras de beneficio a la comunidad”, sostuvo el concejal.

Paz lamentó que, desde su punto de vista, el rumbo que ve es que podrían

desaparecer los municipios.

“Primero les quitan el Fodes, después crean la Dirección de Obras Municipales (DOM) que tampoco funcionó, y reducen los municipios, que fue algo ilógico y absurdo, y no está funcionando y el camino a donde va esto, es que los distritos van a ir desapareciendo y digo esto porque les están violentando la autonomía, porque con la creación de ANDRES le están quitando ingresos”, advierte el concejal.

Mientras la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Marcela Villatoro consideró positivo el cierre del Instituto de Bienestar Animal (IBA) anunciado el fin de semana por el presidente Nayib Bukele, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, habló de necesarios cambios en la municipalidad de San Salvador Este y en el trabajo territorial del partido cian.

La jefa de fracción del partido tricolor consideró positiva la disolución del IBA porque «no estaba cumpliendo su función».

«Es una muestra del mal desempeño de él y lo pudimos conocer a raíz de personas que estuvieron denunciando en las redes. De lo contrario, nadie hubiese sabido nada. Quiere decir que el funcionamiento del IBA no era bueno ni correcto».
Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena.

Para el diputado Francisco Lira, de Arena, la decisión, que además disolvió Polipet y momentáneamente el hospital veterinario Chivo Pets, estuvo influenciada por los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de $1,400 millones. «¿Qué tenía que ver Chivo Pets?», cuestionó, con el maltrato de animales en el refugio de la colonia Bosques de la Paz, en Ilopango.

«Hay un trasfondo: los requisitos que le ha puesto el Fondo Monetario Internacional. Estaban buscando una excusa exacta para eliminar una institución más para reducir los fondos públicos».
Francisco Lira, diputado de Arena.

Villatoro destacó que, si no fuera por las denuncias de ciudadanos en redes sociales de maltratos a animales en el refugio, «nadie hubiese sabido nada y hubieran continuado» los maltratos. Para la diputada, el desempeño del edil de San Salvador Este, José Chicas, fue «malo» no solo en la administración del refugio sino en otras funciones como recolección de desechos sólidos.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que no se pronunciaría sobre el tema para no sumarse a «algo que no es relevante para los problemas graves que está pasando nuestro país en temas económicos, ambiental y en otros temas».

Edgardo Mulato: «Cambios»

El diputado de Nuevas Ideas Edgardo Mulato dijo este martes que el concejo municipal de San Salvador Este debe hacer «cambios, tanto al interior, porque la gente los está observando» como partido y municipalidad.

«Pero creo que ellos deben tomar cambios tanto al interior porque la población los está observando, la población espera noticias reales de lo que nosotros debemos cambiar como partido y que tenemos que cambiar como municipalidad; como trabajo territorial, se necesita tener gente comprometida con el territorio».
Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas.

El sábado, el presidente anunció la disolución definitiva del IBA y de la Polipet luego de denuncias de maltrato animal en el refugio de la colonia Bosques de la Paz, en Ilopango, aunque el domingo informó de la reapertura de Chivo Pets ante demandas en redes sociales. El sábado, a solicitud presidencial, en una sesión extraordinaria, el concejo municipal destituyó de su cargo al alcalde, José Chicas, y nombró como sustituto a Marvin Aragón, tercer regidor de Nuevas Ideas.

El gobierno se comprometió con el FMI a asignar los recursos públicos de «manera eficiente» dando prioridad a proyectos sociales y de inversión pública, por lo que suspendió incrementos y nivelaciones salariales de funcionarios y la creación de nuevas plazas en 2025.

En una breve sesión plenaria desarrollada este martes, 56 diputados aprobaron la derogación del comodato de la Casa Dueñas que tenía la Academia Salvadoreña de la Lengua para que, según la diputada Suecy Callejas, el Ministerio de Cultura pueda invertir y recuperar el inmueble.

Luego de la lectura del decreto, la diputada Callejas recordó que la Casa Dueñas, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II, es un bien cultural que estaba administrado por el Ministerio de Educación –a través del Consejo Nacional para la Cultura, Concultura– y que estaba en comodato por 50 años a la Academia Salvadoreña de la Lengua desde el año 2001.

Continuó diciendo que hasta 2024 se finalizó un proyecto de restauración con una inversión de $2 millones de inversión y que el Ministerio de Cultura hará una nueva inversión en el inmueble para recuperarlo.

“Es necesario revocar el contrato de comodato para que el Ministerio de Cultura asuma la administración del inmueble para poder hacer la inversión y poder recuperar el inmueble”.
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

La diputada insistió en que la restauración del inmueble es necesaria “no solo porque tiene daños estructurales” sino también porque “pone en inseguridad a las personas que en ella están trabajando”.

La Casa Dueñas es una edificación de estilo antiguo construida mediante el sistema «ployé», techo de lámina galvanizada y teja sobre armazón de madera, construida durante los años 1919 y 1920; declarada bien cultural el 21 de septiembre de 1992 por acuerdo ejecutivo 8326 del Ministerio de Educación y cuya protección estaba a cargo de la Dirección del Patrimonio Cultural de la Dirección General del Patrimonio Nacional, que dependían de Concultura.

El ministro de Cultura, Raúl Castillo, aclaró que aún no saben qué harán con la Casa Dueños aunque tienen «varios proyectos».

Presentando un balance de los recursos públicos y privados recibidos por los partidos políticos, Acción Ciudadana (AC) opinó este martes que la supresión de deuda política limitará el acceso igualitario a recursos por parte de los partidos políticos y por tanto afectará el pluralismo político, fortaleciendo un modelo de “partido hegemónico” en El Salvador.

“La mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral, los partidos políticos quedarán a merced de los financistas privados”, indicó la AC en un comunicado.

Por otro lado, la AC sostuvo que la reforma beneficiará a particulares, el incremento de favores políticos a cambio de financiamiento y el acceso a fondos de crimen organizado e incluso fondos públicos debido a la falta de transparencia sobre el origen de fondos privados.

El coordinador de monitoreo político de la AC, Malcolm Cartagena, aseveró que, con la eliminación de la deuda política, “no es cierto que reciben todos (los partidos) en igualdad”, ya que en un «contexto de partido hegemónico y régimen de excepción», «los financistas privados se lo piensan dos veces antes de estar financiando partidos de oposición por el estigma y las consecuencias que podrían llevar”.

“No hay duda que viene a socavar la confianza del sistema político y electoral, y limita la competencia democrática y el acceso igualitario a los recursos necesarios para participar en el proceso electoral”, indicó Cartagena.

Calculó que la eliminación del financiamiento público tendría un impacto entre un 40 % y 60 % en los partidos políticos, y advirtió un financiamiento privado «con los riesgos que conlleva por el origen que estos puedan tener, narcotráfico, crimen organizado”.

“Ocurre en el contexto en el que se ha ido estableciendo un partido hegemónico, que ha venido cambiando las leyes electorales para mantenerse en el poder”.
Malcolm Cartagena, coordinador de Centro de Monitoreo de la AC.

$90 millones de deuda política en 10 años

En los últimos 10 años, el monto de deuda política recibido por los partidos políticos asciende a los $89.9 millones según información del Ministerio de Hacienda retomada por la AC.

Para la campaña electoral de 2024, el Ministerio de Hacienda ha desembolsado $14.2 millones de deuda política y ha detallado que $1.8 millones los entregó a Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y $2.2 millones al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero Hacienda no informó a qué partidos entregó el resto de los $10.1 millones desembolsados.

Según una estimación basada en el valor del voto, la deuda política erogada sería $113.8 millones en los últimos 10 años, siendo los mayores montos los $21 millones en 2014 y $38 millones en 2024; y los montos más bajos en 2015 y 2017, años en los que no hubo elecciones presidenciales.

Cartagena sostuvo que en el periodo 2014-2021, los partidos recibieron $75.4 millones de financiamiento público y $72 millones de financiamiento privado.

La Asamblea Legislativa eliminó la deuda política mediante una reforma constitucional en el artículo 210 de la Carta Magna, para lo cual los diputados reformaron antes el artículo 248 para poder cambiar la Constitución en una sola legislatura y no en dos como lo exigía.