Categoría: Politica

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este sábado en una sesión plenaria extraordinaria la autorización del uso de las instalaciones del Teatro Nacional ubicado en el Centro Histórico de San Salvador,

para la sesión solemne en la cual el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentará su informe de labores de primer año de gobierno de su segundo periodo.

La solicitud fue realizada por los diputados de Nuevas Ideas, partido oficial, y no fue conocida sino hasta que se desarrollaba la sesión plenaria, que fue instalada con 48 diputados propietarios presentes. La sesión plenaria duró aproximadamente 12 minutos.

Fueron llamados diputados suplentes para sustituir a algunos de los propietarios: Ana Figueroa, Juan Rodríguez, Lorena Fuentes, Herberth Sierra, Maricela de Guardado, Ángel Lobos, Dania González, Bladimir Barahona, Salvador Chacón, Eduardo Amaya y Francisco Lira. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se encontraba ausente. De Arena, estuvieron presentes Marcela Villatoro y Silvia Regalado.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió la dispensa de trámites.

En la solicitud, leída por la diputada Elisa Rosales, los diputados recordaron que el artículo 122 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa «podrá trasladarse a otro lugar de la República para celebrar sus sesiones cuando así lo acordare».

Agregaron que la Asamblea Legislativa autorizó las sesiones plenarias en las instalaciones de Cancillería de la República desde el 22 de enero de 2025 mientras se realiza la remodelación del Salón Azul de la sede del Legislativo. Sin detallar si los trabajos de remodelación del Salón Azul no están finalizados, los diputados pidieron que se autorice la sesión en el Teatro Nacional. La iniciativa fue aprobada con 57 votos a favor, de Nuevas Ideas y sus aliados. Las diputadas de Arena se retiraron antes de la votación.

Bukele presentará mañana domingo 1 de junio en una sesión solemne que se desarrollará a las 8:00 de la noche con la presencia de funcionarios de los tres poderes del Estado y cuerpo diplomático.

La aprobación en su labor presidencial bajó levemente del 89 al 85 %; y como persona del 91 al 86 % según la encuesta de CID Gallup publicada y en la población que se siente orgullosa de tener a Bukele como presidente del 82 al 77 %. La población que cree que El Salvador va por el rumbo correcto, según este estudio, disminuyó del 87 % al 73 %.

Bukele enfrenta críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos luego de la captura de la abogada de Cristosal, Ruth López. La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) emitió una carta pastoral de 29 páginas en la cual le realizan demandas al gobierno sobre educación, salud, economía y medio ambiente, pero también le piden no perseguir a ambientalistas y defensores de derechos humanos, y no ofrecer el país como una cárcel internacional.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este domingo el primer año de su segundo mandato consecutivo, tras reelegirse en febrero de 2024 a pesar que la Constitución lo prohíbe, con lo que suma seis años al frente del Ejecutivo con la economía aún como su mayor reto y aferrado a un régimen de excepción para sostener su popularidad.

Bukele, que llegó al Ejecutivo en 2019 y en 2024 -año en que cumplía el período de gobierno establecido de cinco años- fue en contra de la Constitución al buscar y lograr la reelección.

En este nuevo período, que concluye en 2029, el principal reto para el mandatario sigue siendo mejorar la economía del país y de los ciudadanos.

Se tiene previsto que Bukele brinde el domingo, desde la sede de la Asamblea Legislativa en San Salvador, un mensaje a la nación, sin que se conozca los temas a abordar o si hará algún anuncio.

«Sanar la economía»

Bukele prometió el 1 de junio de 2024, durante su discurso de investidura para su segundo mandato, «sanar» la economía tras curar al país del «cáncer» de la violencia, generada principalmente por los grupos de pandillas.

De acuerdo con diversas encuestas, el presidente salvadoreño llegó al final de su primer mandato (2019-2024) con un reclamo de la sociedad por solventar los problemas económicos, preocupación que ha desplazado al tema de la seguridad.

Bajo su administración, la nación centroamericana se ha mantenido a la cola del crecimiento económico en Centroamérica y es altamente dependiente de las remesas familiares, que anualmente inyectan más de 8,000 millones de dólares.

Además, de acuerdo con datos oficiales, el porcentaje de pobreza general pasó de un 22.8 % a un 27.2 % de los hogares.

Para «paliar» la situación económica el Gobierno de Bukele ha propuesto algunas medidas consideradas por diversos analistas como «paliativas», más no políticas de mediano y largo plazo.

El mandatario anunció en abril pasado un aumento al salario mínimo de un 12 %, con lo que el sueldo pasará de 365 dólares a 408 dólares para el sector de industria, comercio y servicios, mientras la canasta básica de alimentos se acerca a los 300 dólares mensuales.

El Salvador alcanzó un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también ha suscrito créditos con otras entidades financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La deuda pública de El Salvador en 2024, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzó los 32.107,13 millones de dólares, un 8.4 % superior a los 29.596,04 millones reportados en 2023.

Régimen de excepción para sostener popularidad

Bukele logró su reelección aferrado a un régimen de excepción -medida implementada por su Gobierno contra las pandillas- que elevó su popularidad por «erradicar» el accionar de las pandillas y reducir los índices de violencia que mantuvieron a El Salvador como uno de los más peligrosos del mundo.

No obstante, esta polémica medida -que se ha convertido en la principal y única para sostener la reducción de la violencia- ha sido señalada de violentar derechos humanos y bajo la cual se han ejecutado cientos de detenciones arbitrarias, según diversas organizaciones.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en 39 ocasiones por períodos de 30 días por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Bajo este régimen se reportan más de 400 muertes de personas detenidas bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado y más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El abogado Alejandro Díaz dijo en declaraciones a EFE que el régimen de excepción ha sido la «punta de lanza» del Gobierno, pero «hay que tener claro que popularidad es diferente a conocimiento».

«El conocer al país como una cárcel mundial o conocerlo que está bajo hechos que están quedando impunes eso ya no genera popularidad», añadió.

Un 85 % de la población aprueba la gestión de Bukele, según la Presidencia salvadoreña que retoma los resultados de una encuesta de la consultora CID Gallup publicada el miércoles.

Sin embargo, aunque el mandatario se mantiene como una de las figuras políticas más populares de la región, el respaldo ha caído ligeramente en comparación con 2024, cuando alcanzaba el 89 %.

Además, 9 de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción que tras tres años de implementación deja más de 86.000 capturas de supuestos miembros de pandillas y supuestas personas ligadas a estas bandas.

La Iglesia Católica aseguró en su carta pastoral que observa “con dolor” la situación del medio ambiente en El Salvador, mientras citó que el 40 % del suelo salvadoreño tiene erosionabilidad severa, el 45 % de la población dispone sus desechos de manera no adecuada, el 70 % de las lluvias se pierde en escorrentía superficial y que el 87 % de las aguas superficiales tienen calidad de regular a pésima.

Así, en el documento firmado por los obispos miembros de la Conferencia Episcopal (CEDES), la instancia religiosa también pidió a “nuestras autoridades” apostar por la reforestación, limpieza de las fuentes de agua, protección de la fauna.

También, insistió en derogar la Ley de Minería Metálica, revivida por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024, ya que afirmó que “saldríamos todos gravemente dañados, incluyendo las futuras generaciones”.

Los representantes religiosos también pidieron escuchar “las voces de los ambientalistas” evitando “su persecución y encarcelamiento”.

En enero de 2023 fueron arrestados cinco miembros de la comunidad Santa Marta por el asesinato de María Inés Alvarenga cometido el 22 de agosto de 1989 cuando ellos eran parte de la Resistencia Nacional (RN), uno de los brazos armados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Su acusación es vista por organizaciones ambientalistas como motivada por su activismo ambiental ya que ellos lograron prohibición de la minería metálica en 2017. Ellos fueron capturados el 11 de enero de 2023 y la minería metálica fue revivida en diciembre de 2024.

“No es justo que se les enjuicie y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente”.
Conferencia Episcopal de El Salvador.

La carta pastoral lamentó expresamente el asesinato de los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. “Ya van 15 años de impunidad en este caso, pues nunca se les ha hecho justicia, fueron asesinados por haber levantado su voz en defensa del medio ambiente y en defensa de sus vidas y las vidas de los salvadoreños”, observó la iglesia.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó ayer a una sesión plenaria extraordinaria este sábado en las instalaciones de Cancillería de la República, en donde los diputados están sesionando debido a las remodelaciones que se dan en el Salón Azul.

Esta sesión extraordinaria es adicional a la sesión solemne convocada para este domingo 1 de junio en la cual se reúnen funcionarios de los tres poderes del Estado y cuerpo diplomático para escuchar el informe del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por su primer año de gobierno de su periodo 2024-2029.

La sesión solemne está convocada para las 8:00 de la noche de este domingo 1 de junio.

Castro no informó qué decreto será aprobado en la sesión plenaria extraordinaria de este sábado. Sin embargo, se conoce que, hasta el 26 de mayo pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no había enviado a publicar la Ley de Agentes Extranjeros al Diario Oficial, por lo que aún no se conoce si le hará observaciones.

La Ley de Agentes Extranjeros aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa crea un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos extranjeros y controla todas sus actividades, así como permite a un Registro de Agentes Extranjeros (RAE) solicitarles cualquier información que considere necesaria.

Las sesiones ordinarias como las extraordinarias suelen transmitirse a través de las plataformas legislativas.

Aproximadamente mil organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones o asociaciones se han inscrito en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial de El Salvador desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024.

Un informe de enero al 5 de diciembre de 2024 indica que un total de 86 asociaciones, fundaciones y entidades extranjeras fueron inscritas por el Ministerio de Gobernación. Un segundo registro de enero de 2019 hasta julio de 2024 cuenta un total de “906 ONG” registradas durante ese periodo.

Al integrar ambos listados, sin repetir las entidades inscritas durante el último año, se obtiene que desde enero de 2019 se habrían inscrito 950 entidades no gubernamentales en el periodo 2019-2024.

Unas 243 asociaciones o fundaciones están dedicadas a actividades de desarrollo humano, social, humanitario o integral. Otras 74 son asociaciones dedicadas a la beneficencia, como Abigail Association Inc, American Refugee Committee, Asociación Amigos de California, Asociación Ayuda Bendición Esperanza, Asociación Mejor Futuro SV, entre otras.

También, un total de 36 fundaciones y organizaciones se definen como ambientalistas, entre estas la Asociación Colmenas de El Salvador, Asociación de Investigadores Ambientales de El Salvador, Fundación Buceo Inclusivo, Asociación Un Árbol y Yo, la Fundación para la Restauración Ecológica y Secuestro de Carbono, entre otras, según el listado 2019-julio 2024.

En menor cantidad, aparecen 18 nuevas organizaciones en derechos humanos, como Asociación Espacios Diversos, Fundación Nosotros, Norwegian Refugee Council, Fundación Hagamos Bien El Salvador, Asociación Centro de Integración para Migrantes Trabajadores y Trabajadoras, entre otras.

Ocho de estas son fundaciones dedicadas al tema del adulto mayor, 42 asociaciones o fundaciones de excombatientes, 11 de mujeres, pero hubo nuevos registros de asociaciones deportivas, agricultura, científica, entre otros.

En El Salvador las asociaciones, fundaciones u organizaciones están reguladas actualmente por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, normativa que ya las obliga a presentar sus balances financieros ante un Registro bajo el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Sin embargo, a petición de presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros para controlar y fiscalizar las actividades de las organizaciones, así como cobrarles un 30 % de impuestos sobre sus donaciones del extranjero, con excepciones.

La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES)pidió el jueves al gobierno salvadoreño «no colaborar en la en la lucha de los grandes países colonizadores contra los migrantes» ni promocionar a El Salvador «como si fuera una gran cárcel internacional», como tampoco no perseguir «a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

En un notable giro por parte de la Iglesia Católica salvadoreña, con énfasis crítico aunque respetuoso hacia el gobierno actual, la CEDES emitió una carta pastoral, en la cual reconoce logros concretos del gobierno en la disminución de violencia, la reparación de escuelas y la construcción de hospitales, pero también le lanza sugerencias como: «Les rogamos que piensen bien lo que hacen».

Esta frase la expresa cuando fija posición sobre la oferta de El Salvador como una «cárcel internacional«, algo que es rechazado por la Iglesia Católica, que, indicó, creen que la migración es un derecho humano.

«Los migrantes no son delincuentes ni criminales. Son personas que buscan mejores oportunidades de vida. Solicitamos a las autoridades no promover las cárceles de nuestro país para las víctimas de políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras», fueron algunas frases escritas y firmadas por los obispos salvadoreños de la CEDES. En su lugar, pidió promover una política a favor de los migrantes.

«No nos gustaría que nuestros compatriotas fueran encarcelados en otras naciones», expuso al gobierno, sobre la prisión que ejerce el gobierno salvadoreño sobre extranjeros, gracias a un acuerdo al que llegó con el secretario de Estado, Marco Rubio. Con base en este acuerdo ya se recluyeron a 266 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un tema que también ha generado una polémica en la política interna estadounidense, ante reclamos de congresistas demócratas por la reclusión de personas que no han sido llevadas ante un juez.

«No se persiga a defensores por ejercer su función»

Sin mencionar expresamente la detención de Ruth Eleonora López, abogada de la asociación Cristosal, la Iglesia Católica pidió al gobierno «que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

«Y sin en dado caso hay algunos presos sin más motivo que la defensa de derechos humanos, deben ser estudiados sus casos y de inmediato puestos en libertad», pidió. En sus demandas a favor del medio ambiente, también pidió no encarcelar ambientalistas.
Es su mensaje, la Iglesia Católica también pidió revisar «con gran objetividad» los casos penales de las personas que ya guardan prisión «para lograr que los que son inocentes salgan de ahí lo más pronto posible».

Un grupo de expertas de la «Organización de Naciones Unidas (ONU)» exigió el viernes al gobierno que continúe «garantizando que la defensora de derechos humanos u003cstrongu003eRuth Lópezu003c/strongu003e reciba todas las salvaguardias legales fundamentales y las garantías del debido proceso mientras se encuentra detenida» y advirtió que en su caso ha habido «desaparición forzada».

Las expertas advirtieron, en un comunicado, que las autoridades salvadoreñas «no informaron a su familia ni a sus representantes legales sobre su suerte o paradero hasta el 20 de mayo de 2025» y que por ello fue sometida «a una desaparición forzada hasta ese momento».

u003cstrongu003eAclararon que este es un caso de «desaparición forzada», ya que esto no depende «de la duración de la detención o del ocultamiento».u003c/strongu003e

«La desaparición forzada de defensores y defensoras de derechos humanos es una estrategia que a menudo se utiliza para sembrar el terror, genera un efecto paralizante en la sociedad, disuadiendo a las personas de actuar en defensa del interés público por temor», señalaron las personas expertas de la ONU.

López, u003cstrongu003e jefa de Justicia y Anticorrupción de Cristosalu003c/strongu003e, fue detenida el 18 de mayo de 2025 por la noche y cumple 15 días de detención la noche del próximo lunes 2 de junio.

La u003cstrongu003eFiscalía General de la República (FGR) de El Salvador u003c/strongu003e en X la acusó de peculado en su labor de asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones de Salvador Su00e1nchez Cerén, expresidente de la República.

Las diputadas opositoras Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, criticaron el primer año del segundo mandato del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señalando opacidad, falta de transparencia, falta de solución a la crisis económica y a la situación del sistema de salud, y malas prácticas en las instituciones del Estado.

“Este primer año de su segunda reelección inconstitucional ha sido ampliamente criticado por su opacidad y ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la fiscalización de la administración pública, una constante represión a medios de comunicación, persecución a líderes territoriales, defensores de derechos humanos, inseguridad jurídica», expresó la diputada de Arena.

El mayor desafío: economía

La legisladora cree que «sobre todo» faltan soluciones para la crisis económica y el estado del sistema de salud del país, que es lo que considera «la población más ha exigido” en el sexto año de gobierno de Bukele.

La diputada Ortiz también cuestionó que el anuncio que hizo Bukele hace un año a los salvadoreños, sobre «la medicina amarga» para curar el mal estado de la crisis económica, sigue sin solución.

“Hace un año se anunció que se iba a curar la economía con medicina amarga y la medicina amarga la ha tenido el pueblo, pero la cura a la economía no se ha visto. Sigue siendo el tema económico el gran desafío para el pueblo de El Salvador y sobre todo para el pueblo salvadoreño que sortea día a día las dificultades de llegar a fin de mes, las dificultades de poder comprar alimentos, las dificultades de encontrar un empleo formal, un empleo digno con suficiente ingreso”, dijo Ortiz.

Falta de transparencia y «arrestos arbitrarios»

La legisladora de Arena señaló falta de transparencia, «concesiones irregulares» en el Estado y «arrestos arbitrarios», en referencia a la detención de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal capturada la noche del domingo 18 de mayo a quien la Fiscalía acusa, según su cuenta de X, del delito de peculado.

“La reserva de información, bloqueo a auditorías, manejo discrecional de fondos públicos, concesiones irregulares entre otros, son prácticas de secretismo que han sido una constante desde el primer mandato y solo ha venido en aumento. Lo que implica un retroceso en tema de transparencia, donde los organismos particulares son los que se encuentran denunciando este tipo de prácticas y por los que han sido últimamente atacados e incluso con arrestos arbitrarios”, expresó la también jefa de fracción de Arena.

Ven deficiencia en DOM y falta de obras

Otra de las observaciones que hacen ambas legisladoras de oposición es la deficiencia en el trabajo de las instituciones públicas como la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

“No logran cubrir las necesidades a nivel nacional, así mismo, no se le da prioridad en orden de necesidades, pues no sabemos si realizan planificación en la atención de los servicios que se brindan», dijo la diputada Villatoro.

«Las instituciones no cuentan con planes bien estructurados y técnicos, que logren traducirse en mejoras en las atenciones de los ciudadanos…Pareciera que solo se van tapando los problemas superficiales sin proyección, sin buena administración, ni transparencia».

Marcela Villatoro (Arena).

Villatoro aseguró que en el área de salud ven «desabastecimiento en medicamentos, fuga de especialistas, falta de equipo médico, lo que ocasiona que la población tenga un pésimo servicio en el área de salud».

Por su parte, la diputada de Vamos relató que, durante sus visitas al territorio, una de las constantes quejas de las ciudadanía es el mal estado de las escuelas, las calles y que ni las alcaldías, ni las instituciones como la DOM les responden.

“La gente en el territorio nos dice que en las escuelas hay deficiencias graves y el mayor financista del sistema educativo de El Salvador no son los organismos multilaterales, ni el gobierno, son las familias salvadoreñas», indicó.

«Son los que pagan para que en las escuelas haya luz eléctrica, agua potable, los refrigerios escolares, para quien haga la limpieza, son los padres de familia los que están subsidiando al Estado, prácticamente».

Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz aseguró que una alcaldía le recomendó a la comunidad que hicieran rifas para que recaudar fondos y solventar ellos mismos sus problemas porque, si se le pide a la DOM, «iba a ser muy tardado».

Según la encuesta Cid Gallup, un 73 % de la población salvadoreña cree que el país va por rumbo correcto, 14 puntos abajo de la proporción del 87 % de hace un año.

La Iglesia Católica salvadoreña, representada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), felicitó en su reciente carta pastoral los esfuerzos alcanzados contra la violencia por el gobierno y le pidió expresamente eliminar el régimen de excepción porque ya no lo considera necesario.

En un documento de 29 páginas, publicado el jueves 29 de mayo y firmado por los obispos de la CEDES, aseguran que su misión es escrutar a fondo los signos de los tiempos, interpretarlos a la luz del Evangelio y que por ello manifestan su preocupación por «ciertos hechos» en El Salvador.

En su carta, la CEDES hace un fuerte llamado a «todos los funcionarios del Estado«, a quienes les indica «que la política es servicio al pueblo» y no «el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis», citando al Papa Francisco, «hacer política no puede reducirse a técnicas y recursos humanos y capacidad de diálogo y persuasión, esto no sirve solo».

En ese sentido, advierte que piden «la derogación del estado de excepción».

«Aunque en otro momento fue necesario para frenar la violencia y se consideró exitoso por sus resultados. Pero ha pasado el tiempo y consideramos que ya no es necesario, ahora, se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna», aseveró la Iglesia en su carta pastoral.

Señala que el pueblo debe optar por el bien porque es bueno para él pero no por coerción, «no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien y obedeciendo las leyes por temor a las consecuencias del régimen de excepción», indicó.

En su más reciente solicitud de prórroga, el gobierno de El Salvador argumentó que aún hay presencia de pandillas en el territorio salvadoreño. Relató que en mayo de 2025 «se ha registrado una variedad de eventos delictivos que generaron significativas detenciones por ejemplo la captura de un cabecilla de la MS-13 fundador de una de las clicas en Texas Estados Unidos en el departamento de Sonsonate, la captura en el Aeropuerto Internacional de Salvador de cinco miembros de la MS».

El régimen de excepción, cuya prórroga 39 fue aprobada el jueves, lleva 86,400 personas capturadas calificadas de terroristas por el Ministerio de Justicia y Seguridad en su solicitud de prórroga enviada a la Asamblea Legislativa. Mientras el gobierno destaca la disminución de homicidios, las organizaciones de derechos humanos, como Socorro Jurídico Humanitario, Observatorio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Cristosal, señalan que ha provocado más de 400 muertes en centros penales, capturas arbitrarias y torturas.

Iglesia hace otros llamados al Gobierno

En la carta pastoral, la representación de la Iglesia Católica en El Salvador hace otros llamados al gobierno salvadoreño, referidos a no perseguir ambientalistas ni defensores de derechos humanos, establecer una política familiar, un aumento al salario mínimo en el sector agrícola, el subsidio a la canasta básica, el respeto al derecho de la migración, estudiar bien los casos de los prisioneros para que las personas que son inocentes salgan «lo más pronto posible» de la cárcel y pide priorizar la educación. En general, hace un llamado a escuchar al pueblo «en sus peticiones y sus necesidades», fomentar el diálogo y la escucha, sumando a las fuerzas vivas sin coaccionarlas, procurar el bien común y tener una «actitud positiva unificando a la nación», haciendo «uso de un lenguaje propositivo, respetuoso e incluyendo».

También, manifiesta su preocupación por la educación de los niños y jóvenes en el país.

Advierte que son necesarios los espacios de «sano esparcimientos» como escuelas de arte, deportes, fútbol, básquetbol, y pidió que «se invierta tiempo, atención y los recursos necesarios», con talleres, para zonas en donde antes había violencia para que «la triste historia de la violencia vivida no se repita». La Dirección de Integración desarrolla «festivales» que se trasladan cada fin de semana a un diferente lugar.

Así mismo, la Iglesia advirtió que «la pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, a la violencia, al odio de clases y por ende a la criminalización, sino es que a la lucha de clases».

En su Carta Pastoral emitida el jueves, la Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) exhortó a «escuchar la voz de los más pobres, de los más vulnerables», de los despedidos o despojados de sus puestos de venta informal, y se pronunció sobre temas cruciales de la realidad salvadoreña.

«Urge que se les presenten a todas estas personas alternativas para que puedan salir adelante con el sostenimiento de sus familias», dijo.

Aclaró que estas demandas no las realiza por «contradecir a las autoridades nacionales» ni por «algún interés ideológico partidista».

En su carta pastoral, la Iglesia Católica exhortó a escuchar «al pueblo en sus peticiones y necesidades», a fomentar el diálogo la escucha, sumar a «todas las fuerzas vivas» «por su propia voluntad y no coaccionados», y procurar el bien común con un lenguaje propositivo, respetuoso e inclusivo.

«Creemos que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa político-social. Es cometido de las autoridades lograr que este pueblo se convierta en actor y constructor de su propia historia».
Conferencia Episcopal de El Salvador.

También, hace demandas específicas: pidió derogar el estado de excepción para permitir a la población «ejercer su libertad sin presión alguna», «sin represión», y recordó que el político debe servir al pueblo y no a «minorías sobre todo oligárquicas», aunque felicitan «una vez más» por los «esfuerzos y logros alcanzados».

Así mismo, pidió revisar todos los casos de las personas detenidos para que «los que son inocentes salgan de ahí lo más pronto posible».

Consideró que el aumento al salario mínimo es insuficiente y urgió «invertir en el agro permitiendo su tecnificación», subsidiar a los pequeños y microagricultores, y aumentar el salario mínimo en el sector agrícola. Además, exhortó a la creación de una Ley de Seguridad Alimentaria y al subsidio a la canasta básica.

La Conferencia Episcopal también insistió en derogar la Ley de la Minería Metálica y escuchar las voces de los ambientalistas, «evitando su persecución y encarcelamiento».

«No es justo que se les enjuició y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente. Hay un precedente muy lamentable, el asesinato de los ambientalistas: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorte con su hijo en el vientre».
Conferencia Episcopal de El Salvador.

La Cedes también exhortó al gobierno de El Salvador no promocionar al país como «una gran cárcel internacional» y «que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

La Carta Pastoral fue publicada el jueves 29, y firmada por el presidente de la CEDES, monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, así como los obispos de San Vicente, monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, vicepresidente de la CEDES, el obispo de Santiago de María, monseñor William Iraheta, el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Óscar Álvarez Orellana, el obispo de Zacatecoluca, monseñor Elías Bolaños; el obispo de Santa Ana, monseñor Miguel Moran Aquino; el de San Miguel, Fabio Colindres; el de Sonsonate, Constantino Barrera; el de Chalatenango, Oswaldo Escobar; el obispo del Ordinariato Militar, monseñor Reinaldo Sorto Martínez; el obispo auxiliar emérito, cardenal Gregorio Rosa Chávez; y el obispo emérito de Chalatenango, monseñor Luis Morao.