Categoría: Politica

Desde este martes inicia la vigencia de la nueva «Ley de fomento a Inteligencia Artificial y tecnologías», luego de su respectiva publicación en el Diario Oficial del lunes 3 de marzo.

¿Qué implica? Esta ley promete a todo tipo de personas o entidades la libertad para desarrollar, investigar, entrenar o implementar la Inteligencia Artificial dentro del territorio salvadoreño.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deberá nombrar al director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que administrará un registro con la información de los desarrolladores u operadores de Inteligencia Artificial en El Salvador.

Para ser director de la ANIA, exige tener más de 30 años, tener experiencia laboral en desarrollo de IA o tecnologías afines, haber desempeñado en servicio público, académico o profesional «en forma destacada», y ser de reconocida honorabilidad y probidad.

La nueva Agencia establecerá un marco de evaluación de riesgos, requisitos para sistemas que manejan datos confidenciales, reservados o personales, requisitos del trámite para registrarse como operador y criterios de seguridad.

¿En qué consiste la nueva ley de Inteligencia Artificial en El Salvador?

Una nueva Agencia

La creación de una nueva Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) cuyo director será nombrado por el presidente de la República.

Un nuevo Registro Nacional administrado por la Agencia de Inteligencia Artificial ANIA incluirá la información de desarrolladores y operadores.

Exención

Beneficios para los desarrolladores y operadores de Inteligencia Artificial, como: la exención de responsabilidad por uso indebido de herramientas por terceros o uso de estas fuera de El Salvador o investigaciones experimentales.

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Prohibición

La prohibición a las empresas a que limiten la libre competencia en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Uso ético

Aunque la ley exime de responsabilidad a desarrolladores y operadores, exige también un uso «ético y responsable» de los sistemas.

También le da un carácter especial, es decir, prevalece sobre el resto de leyes, pero advierte que se deben aplicar la Ley de protección de datos personales y la Ley de ciberseguridad.

Informar a usuarios (para uso comercial)

Si la normativa se cumple, se deberá informar a los usuarios cuando el uso comercial de la IA. No detalla sobre otro tipo de usos.

Inicia plazo de 90 días: hasta junio de 2025

Según la ley esta inicia su vigencia ocho días después de su publicación, es decir, el 11 de marzo. Pero establece un plazo de 90 días a partir de su vigencia para:
1. Que la ANIA emita criterios técnicos de seguridad a partir de la vigencia de la ley.
2. Que la ANI emita normativa sobre la información y el trámite de inscripción en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA.

La nueva normativa fue aprobada el 26 de febrero de 2025 por la Asamblea Legislativa luego de escuchar la opinión del presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez. Los diputados habían citado a la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin en El Salvador, Stacy Herbert, pero finalmente los diputados no se reunieron con la funcionaria durante la jornada de aprobación.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) estu00e1 auditando los fondos pu00fablicos ejecutados en siete hospitales nacionales en seis ciudades salvadoreu00f1as de un total de 59 auditoru00edas que se estu00e1n ejecutando en diferentes instituciones pu00fablicas, autu00f3nomas y municipalidades hasta el 31 de enero.

Según la revista TerritorioCCR, uno de los centros de salud auditados es el Hospital Nacional Jeru00f3nimo Emiliani, en Cabau00f1as, en donde verifican la utilizaciu00f3n de fondos pu00fablicos como ingresos y egresos en el peru00edodo comprendido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. El jefe del equipo auditor, Jorge Ramu00edrez, aseguru00f3 que estas acciones velan «por el buen uso de los recursos pu00fablicos.»

Ademu00e1s, el Hospital Nacional General de La Uniu00f3n estu00e1 siendo auditado por la sede regional de San Miguel de la CCR. El examen especial aplicado al centro de atenciu00f3n se basa tambiu00e9n en el anu00e1lisis de los gastos e ingresos de dinero del Estado. El jefe del equipo auditor es Evelio Umanzor. No se detalla el plazo que estu00e1 siendo verificado por las autoridades.

Por otro lado, en el Hospital Nacional San Juan De Dios, en San Miguel, los auditores estu00e1n verificando los ingresos, egresos y las obras de infraestructura ejecutadas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. El examen especial estu00e1 siendo ejecutado por un equipo de la CCR de la zona oriental dirigido por Veru00f3nica Su00e1nchez.

El Hospital Nacional Nuestra Seu00f1ora de Fu00e1tima en Cojutepeque y el Hospital Nacional General del distrito de Suchitoto, ambos en el departamento de Cuscatlu00e1n, estu00e1n siendo auditados con un examen especial para verificar la ejecuciu00f3n presupuestaria.

En el hospital de Cojutepeque, la Direcciu00f3n de Auditoru00eda de la regional de San Vicente examina el peru00edodo del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. El equipo es dirigido por Arely Cornejo.

Esa misma sede regional tambiu00e9n estu00e1 ejecutando un examen especial sobre ejecuciu00f3n presupuestaria en el centro mu00e9dico de Suchitoto que va del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.

Por u00faltimo, el Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca, tiene en ejecuciu00f3n un examen especial sobre la ejecuciu00f3n presupuestaria de ingresos y egresos de la instituciu00f3n. La auditoru00eda es liderada por u00c1ngela Cubu00edas de la CCR.

El Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena, de Usulutu00e1n, estu00e1 siendo auditado sobre sus manuales, instructivos y reglamentos internos.

La Corte de Cuentas no publica los resultados de sus auditoru00edas correspondientes al au00f1o 2024, asu00ed como tampoco ha publicado las sentencias ejecutivas ejecutoriadas correspondientes al au00f1o 2024, ni las sentencias de la Cu00e1mara de Segunda Instancia, conformada por los magistrados y el presidente de la instituciu00f3n contralora.

El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo, dijo a Diario El Mundo que la ejecución de clases virtuales para niños y jóvenes no es una propuesta «descabellada» aunque considera que deben aplicarse en casos excepcionales.

El partido Vamos ha propuesto una ley que contempla una educación híbrida para menores con dificultades para asistir a la escuela.

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Óscar Picardo, quien posee grados de maestría en educación y en educación a distancia y redes digitales, así como un doctorado en didáctica y organización escolar, consideró que las clases virtuales en sus distintas modalidades son «una posibilidad» para estudiantes que no pueden asistir a una escuela por condiciones «excepcionales» como dificultades de movilización, salud, climáticas o geográficas.

En ese sentido, el académico cree que la aplicación de una educación híbrida en El Salvador «no es descabellada», al analizar la propuesta de «Ley especial del sistema de megaescuelas y servicios complementarios a la educación pública», dada a conocer por la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, y que supone un modelo de educación híbrida para los niños que tengan «una imposibilidad para asistir presencialmente» a las megaescuelas.

«Las clases virtuales en sus diversas modalidades sincrónicas es una posibilidad para estudiantes que no puedan movilizarse por asuntos de salud o climáticos, geográficos, etcétera». Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG.

Si bien considera que la virtualidad es una posibilidad porque permite «la continuidad pedagógica», también cree que esta metodología tiene sus limitaciones y que debe utilizarse «eventualmente en casos excepcionales» y «no como una norma», pues estima que, en parvularia y nivel básico, «la sociabilidad» es «un factor importante para los niños».

La diputada Ortiz propuso que los centros escolares con baja población estudiantil y con situaciones graves de deterioro sean absorbidas por «megaescuelas», en donde se agruparían a estudiantes de varias escuelas, a quienes les darían transporte escolar gratuito por el Viceministerio de Transporte (VMT) para movilizar a los estudiantes que viven a no más de una hora de distancia y que residen en el distrito del recinto educativo.

La propuesta contempla que los niños y jóvenes de zonas de difícil acceso y con obstáculos para asistir a las megaescuelas sean inscritos en «centros de educación híbrida» para recibir clases en línea según su nivel académico. La teoría sería aprendida de forma virtual y el aprendizaje presencial estaría basado en proyectos.

Picardo consideró que, de los tres principales componentes de la propuesta –jornada extendida, alimentación escolar y transporte escolar–, la más compleja de implementar es el transporte escolar gratuito, porque «la red vial en muchas comunidades y cantones es compleja», por lo que considera que de aprobarse ser podría hacer una prueba piloto.

Pasantías o maestrías a maestros

La propuesta de Ortiz también incluye el programa «Maestros de Maestros», que busca gestionar becas para que docentes puedan acceder a mentorías, pasantías, maestrías y estudios que les permitan formarse en el extranjero para educar a otros docentes. Para esto, proponen que los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores suscriban convenios.

Ortiz también propone crear el Premio Nacional a la Excelencia Docente, para que sea un reconocimiento «moral y económico» para los docentes con metodologías más innovadoras.

Al respecto, Picardo consideró que, para que un sistema de educación mejore, se requiere de la «dignificación docente» a través de un sistema integral que «cambie la calidad de los servicios educativos».

«Ningún modelo escolar va a mejorar si no se parte de la dignificación docente, algo que ha aparecido en todos los planes de educación desde inicios de los noventas… Todos han incluido el tema de la dignificación, pero nadie ha intentado nada por echar a andar la dignificación».
Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFG.

Ve positivo debate sobre modelos escolares

Óscar Picardo consideró que el diagnóstico realizado por Ortiz para formular su propuesta «es bueno». Lo importante, advirtió, «es generar debate técnico sobre modelos escolares».

Según el educador, parte de la propuestas de la diputada Ortiz «ya se experimentaron parcialmente» en programas como «la escuela inclusiva de tiempo pleno» desarrollado durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, que buscaba extender el horario escolar, implementar la entrega de alimentos y servicios complementarios en las escuelas.

En general, Picardo consideró importante que las políticas públicas estén «sobre la mesa» porque la educación en El Salvador es un «tema fundamental para la productividad» y competitividad. «Creo que es una tarea indelegable, la búsqueda de mejorar la calidad y los servicios educativos», agregó.

El partido Vamos propuso que este proyecto sea financiado con fondos del presupuesto general, emisiones de notas de crédito del tesoro público y otros activos. El partido aún no tiene una fecha para presentar la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa.

Vamos tiene actualmente solo una diputada y en los dos períodos legislativos ha presentado al menos 41 iniciativas, ninguna de las cuales ha sido aprobada por los diputados. Ortiz exhortó ayer, en una conferencia de prensa, a pedir la aprobación de su propuesta a través de redes sociales.

El Ministerio de Hacienda destinó más de $33.7 millones al Instituto de Bienestar Animal (IBA), que durante el año 2025 incluyó $10 millones al hospital Chivo Pets.

Con las modificaciones incluidas, el gobierno programó para el año 2025 un total de $16.4 millones ($16,663,486) luego de una reducción de $200,000 respecto a lo programado inicialmente. Del total, según el Portal de Transparencia Fiscal, se devengó $2.2 millones ($2,260,715.21) aunque ya se habían comprometido $2.7 millones ($2,753,293.24).

En el presupuesto del IBA correspondiente al año 2025 se incluyó el plan de gastos del hospital veterinario Chivo Pets, cuyos fondos programados ascendían a $10 millones, de los cuales se habían devengado $2 millones.

Dentro del presupuesto del IBA, también se programaron $2.4 millones para «Protección y Bienestar Animal 2025» y $4.2 millones para la «Dirección y administración institucional 2025».

Sin embargo, dentro de la línea presupuestaria denominada «Dirección y administración institucional 2025», pese a que se programaron un total de $4,231,000, únicamente se devengaron $150,318.64. A este presupuesto se le recortaron $200,000 y el presupuesto programado modificado quedó de $4 millones para todo el año.

Durante este año, dentro del área de «Dirección y administración institucional 2025», se devengaron un total de $129,698.80 de remuneraciones, de un total de $1.3 millones programados para salarios; y también se devengaron únicamente $19,187 de $2.3 millones programados, siempre durante 2025.

En años anteriores, según el Portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto del IBA, que no incluía los fondos destinados al centro hospitalario Chivo Pets, osciló entre $4.8 millones y $7.5 millones.

En el presupuesto de 2024, se destinaron $3.1 millones a remuneraciones y $3.6 millones a bienes y servicios. Los fondos destinados a activos fijos, inicialmente previstos por $892,080, se redujeron en $444,660.

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El Instituto de Bienestar Animal, cuyo cierre fue anunciado el fin de semana por el presidente Nayib Bukele, surgió con la Ley especial de protección y bienestar animal, aprobada el 16 de febrero de 2022, con la función de verificar denuncias ciudadanas de maltrato animal, realizar auditorías y verificar el cumplimiento de los roles de los entes obligados, como municipalidades, y de informar a las municipalidades de las infracciones para que inicien los procesos de sanción ante los maltratos.

La junta directiva del IBA estaba constituida por un designado de la Presidencia de la República que es el presidente del Instituto, un designado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), un designado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), otro designado del Ministerio de Salud (Minsal), otro designado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), un designado de la Policía Nacional Civil (PNC), un designado por el presidente de la República de candidatos propuestos de las asociaciones de médicos veterinarios y un designado por el presidente de las fundaciones y asociaciones de protección de bienestar animal.

El presupuesto del IBA, según el decreto emitido el 25 de mayo de 2022, fue constituido inicialmente a través de una reforma presupuestaria de $5 millones dentro de la cartera del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): $2 millones de la recaudación del Impuesto sobre la Renta y $3 millones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

Del presupuesto, se destinaron $1.8 millones de la Dirección y Administración Institucional, y $3.1 millones a Protección y Bienestar Animal. De los fondos, la mayoría se destinaba a bienes y servicios, $2.8 millones; y a remuneraciones, $1 millón, para un total de 67 plazas, con salarios entre $601 y 12 superiores a los $2,301.

Los más recientes reportes del IBA en X registraron un rescate de perros y gatos en el condominio Regis, San Salvador, el 1 de marzo de 2025; y de lesiones de una gata comunitaria llamada “Lili”, en Mejicanos, el 1 de febrero de 2025.

Según su boletín semanal, la institución benefició a más de 390 animales de compañía con campañas de esterilización y castración en Ahuachapán del 18 al 20 de enero, actividad que, según el reporte, se realizó en las instalaciones del Centro Juvenil El Salvador-Corea Koica de Ahuachapán. La directora del IBA era Alejandra Vega.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó este lunes que han regularizado un total de 52,587 lotes durante la intervención a la Corporación Argoz, S.A. de C.V. desde diciembre de 2023 cuando capturaron a sus representantes por comercializar lotes sin tener los permisos.

“Las oficinas están intervenidas, los dueños de Argoz ya no existen. Ahorita lo que estamos trabajando es que el Ministerio de Vivienda está regularizando todos esos procesos”, indicó esta mañana en el programa Diálogo 21, de Canal 21.

La funcionaria relató que, luego de encontrar “procesos en el suelo como que eran basura” han “empezado a liberar todas esas escrituras”.

La regularización de los lotes, sin embargo, es un primer paso. “En este momento, tenemos 52,587 lotes regularizados, esta regularización permite que esa lotificación tenga sus permisos para partirse en porciones y así tramitar las escrituras de la familia”, explicó Sol.

El siguiente paso es que las familias afectadas lleguen a cualquiera de las cinco sucursales de Argoz, paguen su trámite de escrituración. “Al pagarlo adentro de las oficinas, en la caja de las oficinas de Argoz, se van tardar dos meses en que les entreguemos las escrituras ya inscritas en el CNR (Centro Nacional de Registros)”, detalló.

ARGOZ fue intervenida desde el 8 de julio de 2024 por el Estado luego de la captura a sus representantes, Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, en diciembre de 2023.

En abril de 2024, las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) proyectaron que la legalización de los lotes adquiridos por Argoz tardaría aproximadamente dos años.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, explicó este lunes que su proyecto de «megaescuelas» contempla la implementación de transporte gratuito y alimentación subsidiada para estudiantes que asistan a estos grandes centros de enseñanza que impartirían clases desde parvularia hasta bachillerato.

La legisladora de oposición propone que el servicio de transporte gratuito para estudiantes sea dirigido por el Viceministerio de Transporte (VMT) para garantizar «seguridad y puntualidad» para los niños y jóvenes estudiantes. El proyecto de ley indica que las flotas de buses podrían ser «estatales o privadas» siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la autoridad competente.

«Se entenderá por megaescuela un complejo escolar oficial que centraliza los niveles de educación inicial, básica y media en una sola infraestructura… Las megaescuelas sustituirán y absorberán la matrícula de los centros oficiales de educación de menor capacidad».
Proyecto de ley desarrollado por el partido Vamos.

La propuesta de «Ley especial del sistema de megaescuelas y servicios complementarios a la educación pública», presentada el domingo durante una transmisión en vivo de Ortiz, indica que sería el Ministerio de Educación la entidad encargada de decidir la ubicación de las megaescuelas y los centros escolares que serían absorbidos por las mismas tomando en cuenta criterios geográficos, distancia domiciliar y población estudiantil por grados.

Ortiz detalló que el Ministerio de Educación también tendría que tomar en cuenta que el traslado de los estudiantes no implique salir de su distrito ni el traslado por más de una hora. «Esto es un estándar internacional de lo que es aceptado de lo que debe mantenerse un niño en trasporte hacia su lugar de estudio», explicó.

Alimentos y útiles escolares

La propuesta de ley contempla «la alimentación» subsidiada, a bajo costo y que incluiría «opciones nutritivas».

Ortiz explicó que este programa contaría con subsidios de hasta el 100 % para las familias que así lo necesiten a través de un estudio socioeconómico «garantizando que ningún estudiante quede excluido por razones económicas».

Aclaró que, aunque la propuesta no menciona directamente la continuidad de la entrega de paquetes escolares, asume que esta es una medida que continuaría porque es una necesidad para los estudiantes en todo sistema educativo.

La legisladora propone que jornadas de estudio en las «megaescuelas» se dividan así: de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía las clases ordinarias y de 1:00 a 5:00 de la tarde, una jornada extendida que sería obligatoria a partir de séptimo grado hasta bachillerato.

En las jornadas extendidas se impartirían actividades extracurriculares como:

• Deportes y educación cívica.
• Artes plásticas, música, danza y teatro.
• Clases de idiomas extranjeros.
• Informática, programación y robótica.
• Comunicación, diseño, fotografía y edición audiovisual.
• Clubes de ecología.
• Clubes de emprendedurismo.
• Programas de voluntariado y servicio comunitario.

Su propuesta es que las megaescuelas cuenten con laboratorios, servicios básicos, bibliotecas, con personal de enfermería, limpieza, mantenimiento y seguridad para que el ambiente en estos recintos sea: seguro, higiénico y de apoyo integral. La diputada Ortiz estima que cada megaescuela tendría un costo de $12 millones.

La diputada propone que este proyecto sea desarrollado por fases y se financie con recursos provenientes del presupuesto general, emisiones de notas de crédito del tesoro público y otros activos, incluyendo digitales. Sugiere que los ministerios de Hacienda y Educación «estructuren incentivos fiscales especiales» para apoyar el sistema de megaescuelas. Su idea es que la primera megaescuela sea implementada en Soyapango. El partido aún no tiene una fecha específica para presentar la propuesta ante la Asamblea Legislativa, pero instó a los salvadoreños a pedir por redes sociales la aprobación de esta iniciativa.

El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel «El Chino» Flores, reiteró este lunes que no había «ninguna causa jurídica» para destituir al alcalde de San Salvador Este, de quien dijo «a saber qué hizo» porque «no apareció».

Flores reveló que el sábado se comunicó con el concejal de su partido en San Salvador Este, Cayetano Cruz, mientras argumentó que si Cruz hubiera votado por el nombramiento del regidor Marvin Elías Aragón, luego de la destitución de José Chicas, el concejal Cruz hubiera cometido delito.

«Si él vota (si hubiera votado el concejal del FMLN), él está cometiendo delito y por supuesto que dialogamos antes. Hoy ponen a otro y a saber cómo hicieron, esto no es un juego de fútbol, están jugando con las leyes del país porque no les importa el país», dijo.

El dirigente se refirió a que no se cumplieron las causas de destitución que exige el Código Municipal ni se evaluaron las propuestas para alcalde interino. Los miembros de los concejos pueden ser suspendidos o destituidos por la comisión de un delito, no cumplir requisitos como ser de moralidad e instrucción notoria, o cometer situaciones del artículo 27 del Código Municipal ser contratista de servicio público, ministro pastor, destilador, militar o empresario de obra municipal.

El alcalde a saber qué se hizo porque supuestamente hasta con maletas en el aeropuerto, ¿por qué se fue?, ¿por qué no apareció?, ni un solo día, a dar la cara, porque algo oscuro hay detrás de esto, oscurísimo.
Manuel Flores, secretario general del FMLN.

Añadió que no se sabe si «es una chibolita» que luego seguirá como «una avalancha».

El concejal efemelenista Cayetano Cruz aseguró que la convocatoria al concejo que se reunió el sábado fue «irregular y prepotente, y que el nombramiento del alcalde interino no se sometió a discusión ni se evaluaron sus credenciales o su idoneidad.

Fue irregular, prepotente, muy al estilo de Nuevas Ideas. Llegaron y dijeron: 'Esta es la propuesta, ¿quiénes votan?', ni siquiera se habló de él tiene un currículum, quizás tiene algún bar o algo, por lo menos eso, lo único fue: ¿van a votar o no van a votar?
Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN.

El concejal Cruz prevé una «gran anarquía» en el municipio –que reúne los distritos de Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque– porque cree que la persona nombrada como alcalde interino es «una persona sin experiencia, que tiene carácter conflictivo». Según el regidor del FMLN, hay otros «intereses» en el municipio.

«Yo dudo mucho de que pueda sacar adelante el municipio, por eso no voté, porque no vamos a votar por macetas», expresó.

Cayetano aseguró que, el sábado, no hubo una nota oficial en donde se haya convocado al alcalde destituido y que «no tuvo a la base discusión» ni un proceso de apertura de propuestas para alcalde interino.

«Ya la comisión que habían mandado de Casa Presidencial ya les había dado lineamiento de qué es lo que había qué hacer», indicó Cruz.

Los concejales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de Cambio Democrático (CD) aseguraron que en el concejo municipal de San Salvador Este no se comparten los documentos que respaldan los puntos de agenda para ser aprobados.

El regidor del CD, Hernán Carrasco, aseguró que en muchas de las propuestas realizadas por el concejo, no las han apoyado porque no les han hecho llegar la documentación correspondiente para «verificar que todo está conforme a la ley».

Por su parte, el concejal del FMLN, Cayetano Cruz, recordó que, para la aprobación del presupuesto de la alcaldía para 2025, no se les presentó el desglose del dinero para cada rubro y para cada unidad. «Nunca nos dan documentación de respaldo de los puntos a tratar», agregó.

«Si se va a aprobar el presupuesto, no nos dan el presupuesto. Si se va a firmar un convenio, no nos dan el convenio. Entonces, no nos dan nada, solo puramente la hojita donde van los puntos de agenda».

Cayetano Cruz, concejal del FMLN en San Salvador Este.

Cruz atribuye la falta de transparencia en la municipalidad porque «no se quiere transparentar cómo funciona la administración» y citó el problema con el refugio animal de la colonia Bosques de la Paz en Ilopango. «No transparentar porque no se quiere dar a conocer la situación», dijo.

En el sitio web de transparencia de la alcaldía, no se encuentran disponibles las actas de concejo. Al preguntarles la razón de su inexistencia en transparencia, ambos funcionarios dijeron desconocerla.

«No han dado ninguna explicación por qué no lo hacen. Sin embargo, sí lo he solicitado en sesión de concejo», dijo Cruz, mientras Carrasco aseguró que desconoce «por qué las actas no han sido publicadas». Recordó que ellos han solicitado las copias para su registro pero «no se nos ha brindado ninguna información», aclaró.

Carrasco indicó que la fracción del CD ha pedido información sobre dinero liquidado por la emergencia climática del año pasado, informes sobre cantidad de trabajadores municipales y condiciones laborales, pero tampoco han recibido información.

«Nosotros guardamos toda esa información y cada cierto tiempo en el momento en que no se nos ha proporcionado, volvemos a reiterar nuestras solicitudes. Pero sí, creo que es una situación que crea mucha incomodidad».

Hernán Carrasco, concejal del CD en San Salvador Este.

Carrasco aseguró que la situación de transparencia en la alcaldía «es algo preocupante» porque desde el inicio han estado solicitando información, pero se les ha negado.

San Salvador Este está integrado por Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.

El concejal Cruz aseguró que ha propuesto que las sesiones de concejo sean grabadas y divulgadas «pero no se ha querido hacer» y tampoco se ha publicado la documentación requerida por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). «No se ha querido hacer, no han dado ninguna explicación por qué no lo hacen», agregó.

La ley establece que los concejos municipales deben dar a conocer sus ordenanzas, proyectos, reglamentos, fotografías, actas de concejo, informes de auditorías, currículos de los funcionarios y demás documentos contenidos en el artículo 10 de la LAIP. El concejo de San Salvador Este tiene representación de Nuevas Ideas, Cambio Democrático, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y del FMLN.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, presentó el domingo una propuesta para transformar el sistema educativo en el país, denominada «Megaescuelas».

La parlamentaria aseguró que con el proyecto se pretende mejorar la calidad educativa, tanto para estudiantes, como para el sector docente.

Ortiz catalogó el sistema de educación pública como una «estafa», en el que «durante décadas nos han mentido haciéndonos creer que el Estado nos da educación, que el Estado garantiza el derecho a estudiar».

La diputada señaló que actualmente estudiantes y maestros no cuentan con las condiciones básicas en las instituciones educativas.

«No podemos llamar educación y sistema educativo a un sistema donde nuestros niños están estudiando en escuelas que están en ruinas, donde tenemos maestros que no tienen los recursos necesarios para estudiar», dijo la diputada de Vamos en un live de Facebook.

Durante la transmisión en su cuenta de Facebook, Ortiz detalló que el proyecto «Megaescuelas» será un sistema integrado por diferentes áreas, como la transformación de los centros educativos, la alimentación y el transporte para estudiantes y docentes.

La diputada dijo que hay alrededor de 8,000 estudiantes por municipios y que de estos, 3,000 reciben clases «en centros o complejos educativos más grandes, que tienen de 900 a 1,400 estudiantes cada uno».

Mientras que los 5,000 restantes se distribuyen en el resto de escuelas de la zona.

«Tenemos en el municipio otros 22 centros escolares, que están en condiciones más pobres, más precarias y en el cual se reparten 5,000 estudiantes desde parvularia hasta bachillerato», aseguró.

La parlamentario señaló que este modelo genera desigualdad entre la comunidad estudiantil «porque dos niños en la misma localidad o niños en la zona rural o en la zona urbana, no tienen acceso a la misma calidad de educación»

Con las «Megaescuelas» Ortiz asegura que se tendrán «centros educativos de gran magnitud, totalmente equipado con canchas para deportes, bibliotecas, laboratorios, aulas con tecnología para educación, internet inalámbrico, agua potable, servicio propio de mantenimiento, de limpieza, espacios para recreación y también para la educación artística».

Este modelo implicaría una extensión en el horario de clases, en el que en horas de la tarde los alumnos reciban clases extracurriculares concentradas en deporte, arte, tecnología y el aprendizaje de idiomas extranjeros.

El proyecto estaría acompañado de un beneficio para los padres de familia, «aquellos que tienen la necesidad de trabajar todo el día sabrán que sus hijos están bien cuidados y ocupados en algo productivo por las tardes y todo sin un costo adicional. Eso es educación integral», recalcó la diputada de Vamos.

Sobre la iniciativa Ortiz aseguró que «no estamos distribuyendo pobreza, estamos unificando recursos para que todos tengan acceso a la mayor educación posible».

La alimentación y el transporte son dos de los factores con los que se apoyaría el proyecto. «La mega escuela es el corazón de la propuesta pero le acompañan una serie de servicios complementarios que hacen de esta propuesta algo integral», recalcó Ortiz.

Las «Megaescuelas» complementaría el aprendizaje en las aulas con desayunos, refrigerio y almuerzos, además de realizar estudios socioeconómicos para brindar un subsidio del 100 % del costo de los alimentos a las familias en extrema pobreza.

Deberá haber un servicio de cafetería que brinde desayunos y refrigerios completos y nutritivos y también almuerzos en los casos en que sea necesario a un costo subsidiado, similar a lo que las familias gastan dando de comer a sus hijos en casa, no mayor, pero con mejor calidad».

«Este sistema de transporte escolar estará integrado al sistema de megaescuelas y a los otros centros escolares, de manera que sea un transporte seguro y digno para tus hijos y los maestros, en el cual no haya un trayecto mayor a una hora hasta el centro de estudios, así los niños no llegarán cansados de caminar bajo el sol», aseguró Ortiz.

La diputada dijo que pese a las críticas que pueda recibir, el proyecto busca transformar el sistema educativo.

«Algunos detractores van a decir que este proyecto no es posible, pero a ver, si se crearon leyes, se movilizaron recursos y se construyó en tiempo récord una megacárcel, porque no podemos construir megaescuelas».

Claudia Ortiz pidió ayuda durante la transmisión para dar a conocer el proyecto por medio del hashtag #MegaEscuelas y aseguró que en las próximas semanas darán a conocer más contenido sobre la propuesta.

En el año 2027 se agotará la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que financia las pensiones mínimas en El Salvador, y se vencerá el periodo de gracia que tiene el gobierno para pagar intereses y capital a su deuda con el Fondo de Pensiones, que ascendía a $10,572.40 millones en enero de 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo advierte en la página 30 de un informe emitido luego del acuerdo de financiamiento a El Salvador, «los activos de la CGS se agotarían en 2027», por lo que comprometió al gobierno a una «reforma integral del sistema de pensiones para contener los déficits fiscales y restaurar la sostenibilidad de las pensiones» y advirtió que se deberán evitar medidas que «aumenten» las deudas contingentes. Esa reforma debe ser adoptada en 2026.

¿Cuáles son los caminos según tres expertos para recuperar esa «sostenibilidad» del sistema en el tiempo, es decir, que no agote los ahorros de los trabajadores cotizantes antes de tiempo?

Los problemas centrales, según el economista Carlos Acevedo, son dos: la alta informalidad en el mercado laboral, que deja fuera del sistema de pensiones a la mayor parte de la población, y los bajos salarios, que no permiten pensiones dignas. «Solución, no sé si la haya», aclaró.

De entrada el régimen es elitista con la alta informalidad. El 25 % de la PEA son los que van a tener pensiones, y dentro de ese 25 %, el 80 % tiene el salario mínimo. De entrada, eso indica que no se pueden tener buenas pensiones. Por más malabarismos que hagás, no vas a tener lo que la gente pide.
Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR.

El también expresidente del Banco Central de Reserva cree que un referente de El Salvador podría el sistema de pensiones de Uruguay, en donde hay una tasa de cotización del 21 % –la tasa de cotización de El Salvador suma 16 % del salario–, edades de jubilación de 65 y 67 años –las edades de jubilación en El Salvador son 55 y 60 años– y además tiene un IVA de 23 % en donde dos puntos son para pensiones, con una tasa de reemplazo –pensión respecto al salario que se devengaba– de aproximadamente 40 %. «Yo creo que por ahí tendrían que ir los números para que el sistema sea medio sostenible», indicó el economista.

«Entonces, obviamente aquí hay que hacer los estudios actuariales que corresponda, pero yo tomo como ejemplo el sistema de Uruguay, que es probablemente el mejor dentro de los sistemas mixtos en América Latina», argumentó.

Sin embargo, aumentar las edades de jubilación y aumentar la tasa de cotización de los trabajadores, según Acevedo, costaría capital político al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«La reforma que garantice la sostenibilidad tendría que ir en esas tres líneas: tasas de cotización, edades de jubilación y revisar la tasa de reemplazo. Costaría al presidente buena parte de su capital político». Carlos Acevedo, economista.

Tomando en cuenta que el año 2027 es un año crucial, por agotarse los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y por vencerse el periodo de gracia del gobierno para reanudar sus pagos de intereses o capital a la deuda con el Fondo de Pensiones, cree que sí es necesario que la reforma se apruebe en el 2026 y, además, «habría que renovar el periodo de gracia del pago de intereses y capital y hacer algún otro malabarismo».

El agotamiento de los fondos de la CGS, explicó, no es algo nuevo. «Todo esto se sabe desde el día 1. Desde el día 1, sabíamos que la Cuenta de Garantía Solidaria se iba a agotar», afirmó.

La CGS se alimenta de las cotizaciones de cada trabajador y las aportaciones del empleador: del 16 % del ingreso, 7.25 aportado por el trabajador y 8.75 por el empleador, 9 % va a la cuenta individual, 6 % a la CGS y 1 % a la comisión de las AFP.

El economista Rommel Rodríguez, director del Área Macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que uno de los problemas de la reforma de 2022 es que aumentó la tasa de cotización pero eso no se tradujo en un ahorro sustancial en la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) sino en un beneficio para los jubilados de 30 % adicional.

Para el economista las reformas «paramétricas» –como aumento de la edad de jubilación y tasa de cotización– necesariamente requiere que beneficie individualmente al trabajador.

«La única forma que veo es que haya un incentivo en que las reformas paramétricas verdaderamente se traduzcan en beneficios para los cotizantes y no para sufragar otras cuentas de jubilados o peor aún las cuentas del gobierno».
Rommel Rodríguez, director del Área Macroeconómica de la Funde.

El economista también considera posible la revisión de la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), que actualmente es del 1 %.

Para Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna, la reforma «paramétrica» es inevitable. «Es que se viene, es una reforma que va a venir, es una paramétrica, va a venir», dijo recientemente en Diálogo 21.

Pineda cree que se debe disminuir la comisión de las AFP, porque la reforma de 2022 la volvió «más onerosa»; además, propone cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones, pagar la deuda estatal de pensiones, mejorar salarios, ampliar cobertura del sistema y liberar los instrumentos de inversión de los fondos de pensiones a tasas de hasta el 9 % anual.

«Tenían 1.90 % antes de 2022, lo bajaron al 1 %, ¿qué no te dicen?, antes las AFP destinaban al pago de la póliza de seguros 1.12 % y se quedaban con el 0.78 % pero hoy ganan el 1 %, eso es lo que no te dicen».
Patricio Pineda, Meas por una Pensión Digna.

En síntesis, estos fueron los elementos posibles o probables de una reforma de pensiones en El Salvador hacia el año 2026 mencionados por los economistas consultados:

1. Aumento de la edad de jubilación.
2. Aumento de la tasa de cotización (porcentaje del ingreso aportado por el trabajador y el empleador).
3. Revisión de la tasa de reemplazo (relación porcentual de la pensión con el salario del trabajador).
4. Un economista propuso evaluar la renovación del periodo de gracia que tiene el Estado para seguir pagando la deuda estatal con el Fondo de Pensiones. Otro economista propuso que el Gobierno pague el total de la deuda de pensiones.
5. Que las reformas paramétricas se traduzcan en beneficios para los cotizantes y no para cuentas de jubilados o del gobierno.
6. Revisión de la comisión de las AFP (1 %).
7. Cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones.
8. Hacer ajustes actuariales al sistema.
9. Colocar los fondos de pensiones en instrumentos de rentabilidad del 7 al 9 % anual.
10. Mejores salarios, más oportunidades de trabajo y ampliación de cobertura.