Categoría: Politica

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa estudiará este lunes un proyecto de «Ley de desarrollo social» que creará una nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS) como entidad rectora de la política de programas sociales del gobierno y de la medición de pobreza.

La nueva normativa, que deroga una ley similar aprobada en 2014, obligará a todas las instituciones públicas a entregarle a la nueva Dirección información sobre los beneficios que entregan y creá una «Registro Social» de beneficiarios, que recopilaría datos «sobre las condiciones e ingresos de las familias beneficiarias de los programas sociales».

El proyecto de «Ley de desarrollo social», enviado por la ministra de Desarrollo Local, mantiene la medición de la pobreza multidimensional, aunque suprime la disposición de que esta «será pública y transparente» contenida en el proyecto que se derogará.

¿Cuáles serían los cambios planteados en el proyecto?

Creación de la Dirección

Crean la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS): en la ley actual únicamente estaba un Sistema Nacional de Desarrollo dirigido por la Presidencia. En la nueva se mantiene el sistema pero se amplían sus miembros, como el Instituto Nacional de Pensiones (ISP).

Consejo Directivo

Conforman el Consejo Directivo de la Dirección, que estará conformado por los titulares de Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), Dirección de Integración, Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), y ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Local.

Registro Social

Crearán un «Registro Social» para recoger datos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las familias, para identificar beneficiarios de los programas sociales, dicho registro será administrado por la Dirección.

Se quita «transparencia» en el Plan de Desarrollo

Sobre el Plan de Desarrollo y Protección Social, el cual servirá de marco de los programas sociales y que debe ser diseñado en el primer semestre de cada periodo presidencial, se quita «mecanismos de transparencia y procedimientos de rendición de cuentas» entre los aspectos que incluiría.

Objetivo de los programas

Se detalla que los programas de desarrollo social deberán: promover la movilidad social, la integración, generar oportunidades productivas, educativas, culturales y la resiliencia frente a desafiíos socioeconómicos con el acompañamiento y formación durante el curso de vida de las personas.

Informe de beneficiarios

También, todas las instituciones que ejecutan programas sociales deberán remitir un informe de los registros de las personas beneficiarias y de la ejecución de sus programas, proyectos o acciones, según el artículo 24.

Supresiones de programas de gobiernos anteriores

Se eliminan menciones expresas de programas del «Subsistema de Protección Social Universal» que incluía programas de gobiernos anteriores, como comunidades solidarias, urbanas y rurales, dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares, alimentación y salud escolar, vaso de leche, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, Ciudad Mujer, «Nuestros mayores derechos», pensión básica universal, programa de agricultura familiar, paquetes agrícolas, entre otros.

Deberes de los beneficiarios

Se crean cinco deberes para los beneficiarios de los programas: cumplir con los programas, participar en los mismos, dar información veraz a las instituciones, dar información requerida por las autoridades y mantener actualizada la información sobre los beneficios.

Medición multidimensional de la pobreza

Se elimina que la medición multidimensional de la pobreza «deberá ser pública y transparente», dejando únicamente que deberá basarse en enfoque de derechos, ser integral y tener rigor técnico (artículo 42 en anterior ley y 33 en proyecto). Se mantiene que la medición de pobreza se realice anualmente y la medición territorial y brechas de desigualdad, cada dos años.

Informe sobre avance de derechos sociales

Se mantiene la obligación de emitir un informe sobre los avances de los derechos sociales pero se suprime la disposición que ordena entregarlo a la Asamblea Legislativa. La propuesta de nueva ley dice que la Dirección «emitirá un informe sobre el grado de avance en el goce de derechos sociales en el país».

El concejo de San Salvador Centro aprobó el miércoles el acuerdo que permitirá que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) asuma la «ejecución de la recolección y tratamiento» de la basura en el municipio conformado por los distritos de Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.

Las autoridades no discutieron en el concejo la fecha de inicio de operaciones de ANDRES en esta nueva jurisdicción.

Tres fuentes internas del concejo municipal confirmaron a Diario El Mundo que,con la mayoría de votos de los regidores, se aprobó el contenido del convenio y facultó al alcalde Mario Durán, representante legal del municipio, para firmar el «convenio de cooperación para la logística en la ejecución de la recolección de residuos sólidos en el municipio de San Salvador y todos sus distritos», junto al director de ANDRES, Alexander Francisco Gil Arévalo.

Además, el concejo acordó designar al director ejecutivo de la Dirección para la Gestión Sustentable de los Desechos Sólidos, Germán Alejandro Muñoz Herrera, para que actúe como administrador y sea el responsable «de coordinar, facilitar y apoyar» el cumplimiento del convenio que será firmado.

En la aprobación se abstuvo de votar el concejal de Arena, Erick Contreras, mientras que los regidores del FMLN, Simón Paz y Liliana Andrade, salvaron sus votos. Todos los demás concejales votaron a favor.

¿Qué incluye el convenio?

Una de las fuentes indicó que el convenio faculta a ANDRES a «mejorar las rutas» que siguen los camiones recolectores de basura en las colonias de los cinco distritos y se requeriría de una responsabilidad compartida entre la alcaldía y ANDRES para planificar las actividades de forma permanente.

La municipalidad se habría comprometido a asumir «el costo de la disposición final» de la basura, a entregar la información catastral correspondiente y no menos importante, a cumplir con lo que establece la ley y entregar a ANDRES el 50 % de los ingresos municipales para el servicio de residuos sólidos para que sean agregados al «Fondos especial para la logística y ejecución de la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos».

El convenio entraría en vigencia a partir de la firma del mismo, por un «plazo indefinido». Las fuentes dijeron que pese a las interrogantes de los concejales, la comuna no dio a conocer la fecha en que ANDRES asumiría la recolección de basura en San Salvador Centro.

ANDRES ya opera en La Libertad Costa, La Libertad Este, La Paz Este, San Salvador Centro y San Salvador Este. La legislación vigente establece que la Autoridad asumirá progresivamente la recolección de basura en los 44 municipios. El primer municipio con servicio de ANDRES fue San Salvador Este.

La Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos, que dio vida a ANDRES fue aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa. La normativa le permite a la entidad firmar contratos hasta por 20 años y establece que son las alcaldías las que deben informarle sobre «caos de basura» en las localidades.

El Ministerio de Vivienda fue la única cartera de Estado que reprobó, con un promedio de 5.97 en una escala de 0 al 10, la calificación que otorgaron los salvadoreños entrevistados en la encuesta publicada la semana pasada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Según el mismo estudio, realizado en mayo de 2025, para la mayoría de la población –87.2 %– es muy difícil o difícil acceder a una vivienda propia, ya sea propia o alquilada. El mismo estudio indica que dos terceras partes de la población creen que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado mientras el 96.6 % percibe que la delincuencia ha disminuido.

Los salvadoreños calificaron con promedios entre 6 y 7 a los ministerios de Economía, Salud, ANDA, Defensoría del Consumidor y al Ministerio de Trabajo.

El único que tuvo una nota mayor de 8 fue el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con un 8.43. Le sigue el Ministerio de Turismo, con 7.98, el Ministerio de la Defensa Nacional, con 7.87, el Instituto Salvadoreño de la Mujer (Isdemu), con un 7.77 y el Ministerio de Educación, con 7.61.

En este grupo de las notas entre 7 y 8 también se ubican los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Obras Públicas, Agricultura, Cultura, Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Menos de 6:
Ministerio de Vivienda: 5.97

Entre 6 y 7:
Ministerio de Economía: 6.68
Ministerio de Salud: 6.76
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA): 6.8
Defensoría del Consumidor: 6.84
Ministerio de Trabajo y Previsión Social: 6.97

Arriba de 7:
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 7.01
Ministerio de Hacienda: 7.04
Ministerio de Cultura: 7.11
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): 7.22
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte: 7.24
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial: 7.39
Ministerio de Relaciones Exteriores: 7.41
Ministerio de Educación: 7.61
Instituto Salvadoreño de la Mujer (Isdemu): 7.77
Ministerio de la Defensa Nacional: 7.87
Ministerio de Turismo: 7.98
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: 8.43

Cristosal informó este domingo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de hu00e1beas corpus a favor de la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, detenida al filo de la madrugada del 19 de mayo.

A través de un comunicado, Cristosal señaló que la Corte informó la resolución el 20 de junio pasado, la misma fecha en que notificó también un hu00e1beas corpus en favor del abogado constitucionalista Enrique Anaya.

“Sin embargo, la resolución omite pronunciarse sobre la violación al debido proceso, no reconoce la detención arbitraria y avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando con ellos derechos que la Constitución garantiza a todas las personas sin distinción”, sostuvo Cristosal.

Aunque califica la admisión como un “acto positivo” e “inusual en el actual contexto”, Cristosal señaló que la Sala notificó en la resolución que no tiene “trascendencia constitucional las graves violaciones al debido proceso que se produjeron durante la captura” que fue realizada, según la defensa, mediante engaños y trato degradante.

Ademu00e1s, Cristosal señaló que la Sala invalidó el artículo 12 de la Constitución de la República, que establece el plazo de 72 horas de detención administrativa para presentar el caso ante un juez.

López, jefa de Anticorrupción de Cristosal y una de las voces mu00e1s críticas del gobierno, fue detenida cerca de la madrugada del 19 de mayo. La Fiscalía General de la República (FGR) la señala por supuesta participación en la sustracción de fondos públicos cuando era asistente de Eugenio Chicas durante su gestión en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Canadá emitió una alerta de viaje a El Salvador en nivel de riesgo debido a la «aplicación arbitraria de leyes locales y de delitos».

La actualización realizada el 19 de junio de 2025 sugiere a los ciudadanos canadienses que «tenga mucho cuidado» si viajan a El Salvador.

«Se debe tener mucho cuidado en El Salvador debido al riesgo de aplicación arbitraria de las leyes locales y de delitos», señala.

El gobierno canadiense recuerda que El Salvador implementa desde marzo de 2022 un estado de excepción que suspende tres derechos constitucionales en medio de arrestos masivos de presuntos delincuentes.

Agrega que la situación de seguridad ha mejorado significativamente, pero las fuerzas de seguridad tienen mayores facultades para realizar registros, incautaciones y detener a «personas de interés», incluidos ciudadanos extranjeros.

«Las autoridades locales han detenido a ciudadanos extranjeros, en ocasiones de forma presuntamente arbitraria. Las personas encarceladas bajo el estado de excepción carecen de acceso al debido proceso, como un juicio justo y oportuno. Las condiciones penitenciarias pueden ser duras y la asistencia consular puede verse retrasada en las circunstancias actuales», agrega el gobierno canadiense.

Recomendaciones

Para los ciudadanos canadienses que se encuentren en El Salvador, recomienda llevar siempre una identificación válida y estar preparado para los distintos puntos de control en carreteras, espacios públicos y barrios residenciales.

Además, recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y respetar las leyes. En este aspecto, hace hincapié en la cero tolerancia al consumo de alcohol para los conductores.

Aunque destaca la reducción de la criminalidad, el gobierno canadiense señala que los robos son frecuentes, sobre todo en el transporte público y los turistas son sujetos de interés. «Los ladrones también irrumpen en los coches aparcados en lugares públicos», añade.

Asimismo, sostiene que el Centro Histórico es un «destino más seguro gracias a la dedicación de las autoridades locales». En esta zona se encuentra la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, las plazas Barrios, Morazán y Libertad, como lugares de interés para los turistas internacionales.

En las alertas también incluyó los fraudes con tarjetas de crédito, cajeros automáticos y monederos electrónicos de bitcoin. «Se han reportado robos de identidad y transacciones fallidas, especialmente con tarjetas de crédito y Chivo, un monedero electrónico de bitcoin», dice la actualización.

De igual manera, señala que «en ocasiones» se comete acoso y actos de violencia contra personas de la comunidad LGBTI. «Estas personas deben considerar cuidadosamente los riesgos de viajar a El Salvador», sostiene.

También, señala que el transporte público es poco fiable porque el mantenimiento es deficiente y son blanco de pequeños hurtos, robos y acoso sexual.

La cantidad de salvadoreños que expresan que han tenido la n
intención de migrar de su país durante el último año disminuyó 11 puntos, del 25.1 % al 13.6 %, según la medición del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) en su más reciente estudio.n
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La comparación del último año fue incluida en la presentación que hizo la institución el jueves pasado sobre los resultados del estudio más reciente.n
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En contraste, la proporción que no ha tenido la intención de migrar ha aumentado de 74.9 % a un 86.4 %, de diciembre de 2024 a mayo de 2025.n
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De las personas que han considerado migrar, un 50.3 % dicen que solo lo han considerado, 40.5 % indicaron que está pensándolo «seriamente» y un 9.2 %, que «ya decidió migrar y lo hará».n
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Durante los últimos 14 años, la población con intención de migrar llegó a su punto máximo en el año 2016, cuando el 40.3 % de los salvadoreños lo manifestaba. Desde entonces, cayó a ser un 33.4 % en 2017 y a un 27 % entre 2019 y 2021. Disminuyó a un 21.4 % en 2022, pero esta población subió en 2023 y 2024, a 24.8 y 25.1 %, respectivamente.n
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El arresto de migrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos ha disminuido severamente y se han estabilizado a mínimos históricos, aunque las deportaciones han tenido un repunte en mayo de 2025.n
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Un proyecto de nueva «Ley de desarrollo social» presentado a la Asamblea Legislativa por la ministra de Desarrollo Local derogaría una ley similar aprobada en 2014 y, en la nueva normativa, se eliminaría toda referencia a la inclusión y a la desigualdad de género.

El proyecto de ley es acompañado de una carta de la «ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete», con fecha 19 de junio. Ingresó a la sesión plenaria del jueves pasado y será estudiado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que se reunirá el lunes 23 de junio.

La ley, que crearía una Dirección que administraría el registro de los beneficiarios de los programas sociales de las instituciones de Gobierno, deroga el decreto legislativo 647 del 3 de abril de 2014, mediante el cual se aprobó la «Ley de Desarrollo y Protección Social».

En su artículo 3, la ley establecía como objetivo «establecer líneas estratégicas para el desarrollo, protección e inclusión social», «disminuir progresivamente la «desigualdad de género» y avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres». En su artículo 10, establecía un componente de «inclusión social» que buscaba «eliminar las brechas de desigualdad por razones de edad, sexo, religión, identidad indígena, género, discapacidad y nacionalidad».

En el proyecto de nueva «Ley de desarrollo social» se establece en el artículo 3 el principio de la no discriminación en torno a su nacionalidad, raza, sexo, religión, identidad indígena, edad, discapacidad, condición jurídica, social, económica, apariencia física, condiciones de salud o cualquier otra que resulte en violación de los derechos de las personas».

También, «la ley que sería derogada planteaba la formulación de un «Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social». En la nueva ley propuesta, este es sustituido por el «Plan de Desarrollo y Protección Social».

De la misma manera, el artículo 45 de la actual normativa establece que «se procurará la paridad de género» en la composición de una instancia de asesoría técnica para elaborar la propuesta de medición de la pobreza y la desigualdad.

La nueva normativa regulará los programas sociales que las instituciones del Estado entregan a diversos beneficiarios cuyos datos estarán incluidos en un Registro Social, administrado por la nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS).

El gobierno actual ha mostrado su posición de rechazo hacia «ideologías de género» en el sistema educativo. A inicios de 2024, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «expresó» que en El Salvador no se permiten «ideologías de género» en la currícula educativa y se mostró a favor de incluir contenidos «útiles» y «tradicionales» como moral y civismo pero no ideología de género. En diciembre de 2024, una investigación «reveló» que el género era de las materias menos legisladas por el Congreso actual.

El Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos (Inabve) aseguró que ha entregado $2.9 millones en créditos en lo que va de 2025.

Solo en mayo, la institución reportó la entrega de $2.3 millones.

El Inabve indicó que son más de 1,400 veteranos, excombatientes y personas con discapacidad las que han sido beneficiadas con los créditos para emprendimientos, proyectos habitacionales, trabajos, necesidades personales o pago de deudas.

En mayo, la institución detalló que entregaron $2,334,338.86 para 600 personas en todo el país.

Solo el 27 de mayo otorgaron créditos que suman $1,162,126.10; al evento de entrega asistió el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

A inicios de mayo, la institución explicó que a los beneficiarios se les brindan facilidades de pago para que las cuotas sean descontadas de sus pensiones.

Para ser beneficiarios de los créditos, los interesados deben estar inscritos en un registro.

Para aplicar a los créditos, los excombatientes y veteranos deben presentar su Documento Único de Identidad (DUI) y completar el proceso correspondiente en la institución.

Los créditos usualmente otorgados van desde los $1,000 y $8,000.

En este 2025 hemos entregado más de 2.9 millones de dólares en créditos, beneficiando a más de 1,400 veteranos, excombatientes y personas con discapacidad.

¡Seguiremos cumpliendo el mandato del Presidente @nayibbukele, apoyar el desarrollo económico de nuestro sector! pic.twitter.com/ZOQmvkvQ64

— INABVE El Salvador (@INABVESV) June 18, 2025

La Alcaldía de La Libertad Este recordó que los actos de connotación sexual en vía pública estu00e1n sujetos a multas de hasta $114.29 por persona.

A través de un video compartido en redes sociales, la comuna dijo este viernes que, aunque las parejas realicen actos en un vehículo privado y con vidrios polarizados, el hecho de encontrarse en vía pública los hace objeto de multas.

“Tenemos todo tipo de casos donde no solamente es una pareja sino que a veces hay mu00e1s de una persona involucrada, y a cada una de ellas se les pone la sanción y cada una de ellas tiene que pagarla”, añadió un empleado de la comuna.

El audiovisual señala que si las personas no se acercan a la comuna, son sentenciados en ausencia y puede notificarse a la Fiscalía General de la República (FGR) por desacato.

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La alcaldía dijo que la ordenanza de convivencia ciudadana y contravenciones no estu00e1 hecha para molestar a la población y busca “educar” a los pobladores de los distritos de Antiguo Cuscaltu00e1n, Huizúcar, Nuevo Cuscatlu00e1n, San José Villanueva y Zaragoza.

¿Qué dice la ley?

El tema de multas por actos sexuales el lugares públicos no es algo nuevo para los residentes de la ciudad de Antiguo Cusatlu00e1n, pero desde marzo de 2025 la normativa ya puede ser aplicada al resto de distritos que conforman La Libertad Este, tras una serie de reformas a la ordenanza.

Las modificaciones incorporaron a todos los distritos del municipio en la ordenanza de convivencia y contravencional de Antiguo Cuscaltu00e1n desde el 13 de marzo de 2025, ocho días hu00e1biles después de su publicación en el Diario Oficial el 3 de ese mismo mes.

En el artículo 50 del documento se señala que las personas que realicen actos sexuales o de connotación sexual expresiva, en lugares públicos o en lugares privados donde se expongan a la vista del público circulante son objetos de sanción.

Las multas iru00e1n desde los $57.14 hasta los $114.29.

La ordenanza no explica de forma detallada cuu00e1les seru00e1n esos actos que pueden ser clasificados con connotación sexual expresiva, y cuu00e1les acciones no requeriru00e1n sanción.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó la demanda de hábeas corpus interpuesta a favor del abogado constitucionalista Enrique Anaya ante la vulneración de los derechos de salud y defensa.

La defensa de Anaya fue notificada de la resolución el 20 de junio, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) aún no presenta el requerimiento cuyo plazo finaliza este 22 de junio.

En la resolución, la Sala declaró improcedente la petición de la defensa de un hábeas corpus por los fundamentos de privación ilegal de libertad y superación del plazo de la detención administrativa.

Sin embargo, aceptó el trámite por vulneración de los derechos a la salud y la defensa del favorecido.

En la solución, la Sala decretó auto de exhibición personal a favor de Anaya y nombró al juez ejecutor a Harold Iván Córdova Solís para intimar al fiscal general y al jefe de la Subdivisión de Tránsito, quien deberá presentar un informe.

“Requiérase al fiscal general de la República y al jefe de la Subdivisión de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil que, en el plazo de tres días contados a partir de la notificación se les haga del presente auto, rindan informe de defensa en los términos expuestos”, señala la resolución de la Sala.

Asimismo, llamó al fiscal y al jefe de la Subdivisión de Tránsito Terrestre a cumplir con las disposiciones señaladas en la resolución en un plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación.

Puntos de la petición

En el recurso, los defensores señalan que durante la captura de Anaya, realizada el 7 de junio de 2025, se presentó inicialmente una orden de captura en formato digital y luego una empresa, pero no se le informó los “hecho concretos que constituyen el delito” si no que “se le leyó que se le imputaba lavado de dinero y activos”.

Además, alegaron que durante la detención ocurrieron dos fundamentos que justifican el hábeas corpus, uno referido a la privación ilegal de libertad y la superación del plazo máximo constitucional previsto para la detención administrativa.

Sobre este punto, la defensa planteó que a los familiares de Anaya se les notificó que serían trasladados a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), pero en esta delegación se les negó información aunque se requirió medicamentos y un kit de higiene.

Fue hasta el 9 de junio, dos días después de la detención, que las autoridades confirmaron que Anaya se encontraba en la División de Tránsito.

La defensa alegó que el segundo fundamento del hábeas corpus se puede aplicar por la vulneración a los derechos de salud y la defensa, ya que los abogados no recibieron información sobre el destino ni el motivo de traslado.

En la resolución se plantea la vulneración al derecho a la integridad personal porque fue denegada la petición de realizar una ultrasonografía esquelética y el detenido no tuvo acceso a una revisión médica integral, mientras que las autoridades informaron que Anaya fue trasladado al Hospital Nacional Zacamil sin que se le notificaran los motivos de movilización.