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Organismos de Naciones Unidas criticaron ampliamente el jueves una reforma legal en El Salvador que permite enviar a prisiones de adultos a menores vinculados a pandillas, y alertaron que transgrede convenios internacionales sobre derechos de los niños.

El Congreso salvadoreño, controlado por diputados afines al presidente Nayib Bukele, modificó el miércoles la Ley Penal Juvenil y estableció que los menores detenidos y condenados por nexos con el crimen organizado, particularmente las pandillas, deben ser enviados a una prisión regular.

«Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales», señalaron cuatro organismos de la ONU en una declaración conjunta.

La reforma es «un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos», advirtieron.

Desde marzo de 2022, Bukele libra una «guerra» contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual más de 83,000 personas acusadas de pertenecer o ser cómplices de esos grupos han sido detenidas. Unos 8,000 fueron liberados por ser inocentes, reconoció Bukele.

En julio de 2024, la ONG Human Rights Watch señaló que hasta esa fecha «cerca de 3,000 niños, niñas y adolescentes» habían sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

En la reforma se estableció que los menores, bajo detención preventiva o condenados, estarán separados «en pabellones» en las cárceles para adultos y al cumplir los 18 años pasarán al «régimen general».

Las entidades de la ONU advirtieron que el sistema penitenciario salvadoreño «no cuenta con especialización en niñez y adolescencia».

La declaración está firmada por representantes de las agencias de Naciones Unidas: Comité de los Derechos del Niño (CRC), Fondo para la Infancia (Unicef), Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh-CA) y el Fondo de Población (Unfpa).

A criterio de esos organismos, «existen abundantes evidencias» de que el internamiento de «adolescentes» en prisiones para adultos «pone en peligro su seguridad básica, su salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional».

En el caso de los adolescentes procesados por delitos comunes continuarán en correccionales juveniles, según la reforma.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) registró 142 vulneraciones a derechos fundamentales durante el año 2024, informó este jueves al presentar los resultados del «monitoreo del espacio cívico salvadoreño».

El director ejecutivo de Fespad, Héctor Carrillo, explicó que el monitoreo incluía la revisión de los derechos de asociación, expresión y reunión pacífica, que les permiten a los ciudadanos «que estén velando por el buen funcionamiento de las instituciones públicas».

El monitoreo revela que dentro de las vulneraciones se reportan 72 (50 %) casos de vulneraciones a la libertad de expresión; otros 44 (31 %) hechos contra la libertad de asociación y 26 (18.3 %) contra la libertad de reunión pacífica.

«Podemos destacar que la libertad de expresión en el año 2024 es uno de los principales derechos afectados de los que tenemos registro en el sistema».
Ricardo Montoya, técnico de Fespad.

Según el estudio, 46 vulneraciones se registraron fueron contra periodistas, otras 21 vulneraciones contra personas defensoras de derechos humanos y otros 17 casos que corresponden a perfiles variados.

Ricardo Montoya, técnico de Fespad, aseguró que también ha registrado 12 casos de «afectaciones directas a liderazgo sindical», así como otros 10 casos de afectaciones a liderazgos sociales como infoactivistas y familiares de empleados de medios de comunicación.

Montoya indicó con estos datos que «la afectación a periodistas representa el principal rubro de afectaciones al espacio cívico con un 32.39 %» seguido por de liderazgos sociales y sindicales.

El monitoreo fue realizado en coordinación con Cristosal, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y con la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos.

El gobierno de El Salvador participó el miércoles en la firma de la «Hoja de ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos», adoptada también por Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, e impulsada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por parte de El Salvador, asistió la embajadora Wendy Acevedo, representante permanente de El Salvador ante la OEA.

Los países se comprometieron a adoptar una estrategia conjunta durante 10 años para fortalecer las leyes, controlar el ciclo completo de las armas, mejorar la investigación y la persecución del tráfico ilegal de armas, y prevenir la violencia con armas.

Así, El Salvador se comprometió a desarrollar un «Plan de Acción Nacional» (PAN) con las prioridades de la hoja de ruta, que incluyen mecanismos de coordinación, sistemas unificados de registros de armas, protocolos de rastreo, tecnologías de control fronterizo y mecanismos de intercambio de información.

Por parte de otros países asistieron titulares de seguridad, como la ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful; subsecretario de Seguridad en Prevención y Derechos Humanos en el Despacho de Seguridad de Honduras, Hugo Suarzo; la viceministra del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Mayda de León; el secretario del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, Juan Carlos Rodríguez; el miembro del Consejo de Armas y Municiones de Belize, Mannon Dennison; y la directora de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, María Eugenia Mata Chavarría.

«Este día que marca un hito en la agenda de seguridad en Centroamérica y República Dominicana. Estoy convencido que la Hoja de Ruta será una herramienta clave para apoyar los gobiernos centroamericanos en sus valiosos esfuerzos para disminuir el impacto de la violencia armada y promover países más seguros para nuestras comunidades», dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, según el comunicado de prensa.

Según la OEA, la región de Centroamérica y República Dominicana presenta una tasa de homicidios que supera el promedio global de 17.3 homicidios cada 100.000 habitantes y cuatro de cada cinco homicidios son perpetrados con armas de fuego.

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, defendió el miércoles la eliminación de la deuda política a los partidos pero también prometió públicamente que no harán lo que los financistas partidarios quieren.

«La clase política que nos gobernó estaba compuesta de dos maneras, primero, los dirigentes partidarios, los financistas que luego determinaban cómo se manejaba la cosa pública y, por otro lado, estábamos los votantes que íbamos a las urnas, pero al final se hacía lo que los financistas terminaban diciendo, eso llegó a su fin», anunció la legisladora.

En la sesión plenaria del miércoles 12 de febrero, la Asamblea Legislativa eliminó el artículo 210 de la Constitución de la República, que establecía un financiamiento público a los partidos políticos.

La diputada de Nuevas Ideas aseguró que «hay otras formas de ganarse la vida, no solo en esos partidos» y criticó que en el pasado «nadie tuvo el valor» de eliminar la deuda política cuando la oposición tenía «mayoría» en la Asamblea Legislativa.

La diputada sugirió a los políticos de oposición visitar «las comunidades si quieren reelegirse» y objetó el millonario gasto en los medios de comunicación con fondos públicos.

«Con nosotros, ya no más esas formas de vida. ¿A cuenta de qué vamos a estar financiando el activismo electoral? ¿A cuenta de qué vamos a tener que pagar millonarias pautas en los medios de comunicación o esos aliados que les validaban su modelo de gobernabilidad? Era fácil que los trataran bien porque la contrapartida de los recursos provenían del dinero de los salvadoreños», señaló.

También, señaló un «doble discurso» de los partidos de los partidos y dijo que la oposición «siempre se exaltan cuando se trata de dinero». «Están muy preocupados porque este día le estamos poniendo fin a una forma de vida, a la forma de usar los recursos del Estado para financiarles un negocio que mantuvieron por años», indicó en el pleno.

De la oposición, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó por la eliminación de la deuda política; el diputado Francisco Lira, de Arena, votó en contra; y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó abstención.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, sostuvo el miércoles «una reunión de alto nivel» con el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en El Salvador, Juan Carlos Roncal.

El Tribunal informó a través de sus redes sociales que en el encuentro se trataron temas como: los ejes estratégicos para las elecciones de 2027 y la «nueva visión de modernización institucional» por medio de la tecnología en los procesos de la entidad.

#TSEElSalvador | Este día, nuestra Magistrada Presidente Roxana Soriano sostuvo una reunión de alto nivel con el representante de la @OEAElSalvador, Dr. Juan Carlos Roncal.

Los principales temas abordados fueron:

Ejes estratégicos de cara a las #Elecciones2027.
La nueva… pic.twitter.com/r94Z7a0tcT

— Tribunal Supremo Electoral (@TSEElSalvador) February 13, 2025

A través de una publicación en X, el TSE aseguró que seguirán «trabajando en la preparación de la fiesta electoral de todos los salvadoreños». En 2027, los salvadoreños elegirían a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.

Por su parte, la cuenta de X de la OEA en El Salvador informó sobre la reunión y aseguró que forma parte de su trabajo basado en sus pilares de «promoción, desarrollo y cooperación.

Hoy el Dr Juan Carlos Roncal, representante de la OEA en El Salvador, se reunió con la Magistrada presidente del @TSEElSalvador Roxana Soriano.

Está reunión es parte del trabajo que promovemos basado en nuestros pilares de promoción, protección, desarrollo y cooperación. pic.twitter.com/kpng7lzwel

— OEA El Salvador (@OeaElSalvador) February 13, 2025

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, aseguró este miércoles que a partir de la eliminación de la deuda política como financiamiento público para los institutos políticos ahora quienes van a poder competir en las elecciones serán aquellas personas «que tengan más dinero» para financiar una campaña política.

El legislador aliado del oficialismo dijo que espera que la eliminación de la deuda «no se derive a otro tema» que considera peligroso, refiriéndose a posible financiamiento ilícito a partidos aunque aclaró que su partido no se prestaría a recibir financiamiento ilícito.

«Ahora quien va a poder competir por una diputación en los departamentos va a ser aquella persona que tenga más dinero, o sea, ojalá que esto no se derive a otro tema que para mí es peligroso, un tema bastante delicado».
Reynaldo Cardoza, diputado del PCN.

Por otro lado, López Cardoza aseveró que, hasta ahora, era la deuda política la que le daba «solidez a los partidos políticos» pero aseveró que el desembolso de ese dinero estaba «agobiando las arcas del país». «En nuestro partido no recaudamos mucho dinero» en deuda, dijo el pecenista a medios de comunicación.

López Cardoza se cuestionó quiénes de los candidatos en la próxima elección querrán participar si «no tiene el dinero para poder financiarse las campañas». «Usted no puede ir al pueblo o a la población con las puras manos», indicó.

Un periodista cuestionó a Cardoza sobre qué mecanismos se deberían implementar para que los partidos no sean financiados por «actividades ilícitas», a lo que el diputado respondió que no sabe. «Es que es lo que no sabemos en este momento, no sabemos, yo creo que no puede haber ninguna persona, no puede haber ningún partido político que pueda aceptar donaciones y que venga de dinero ilícito», explicó.

«Estoy totalmente en contra de eso (recibir financiamiento ilícito), sería un caos en el país, se imagina que venga el narcotráfico y financie partidos políticos al país, sería un verdadero error, un verdadero caos, creo que nadie, ningún partido se va a poder prestar».
Reynaldo Cardoza, diputado del PCN.

López Cardoza también reconoció que la eliminación de la deuda «va a afectar a los partidos, obviamente los va a afectar» y aseveró que debería emitirse «alguna legislación» sobre cómo los partidos transparenten su financiamiento privado.

Con base a los resultados de las elecciones de 2024, el Ministerio de Hacienda programó el gasto de $38 millones para pago de deuda, de los que más de $14 millones ya habrían sido entregados a partidos.

El partido de oposición Vamos aseguró este miércoles que la eliminación de la deuda política busca «concentrar el poder» en un solo instituto político, mientras que la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió que los partidos rindan cuentas del uso de la deuda.

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La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, aseveró que la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos es una movida para concentrar más poder» e indicó que los diputados «mienten» al decir que el principal fin es ahorrar recursos.

Ortiz retó al partido Nuevas Ideas a ver si «estará dispuesta» a decir en «qué ocuparon la deuda política» tomando en cuenta que en 2024 fue el instituto que más fondos en deuda recibiría, superando los $27 millones, es decir, más del 90 % de los $38 millones que el Ministerio de Hacienda destinó para pago de deuda.

«Es una movida para poder concentrar más poder y más recursos. Hay que ver si realmente la bancada mayoritaria, la del partido Nuevas Ideas estará dispuesta a decir en qué se va a ocupar o en qué ocuparon la deuda política de más de $27 millones que ellos sí cobraron y que ellos sí han utilizado sin rendir cuentas».
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La diputada Ortiz sugirió «poner el foco» en lo verdaderamente importante de esta reforma al artículo 210 de la Constitución que es «que han empezado a tocar la Constitución». «Eso es en lo que no estoy de acuerdo, que se toque la Constitución, que se cambie la Constitución como cambiarse de ropa», señaló la legisladora de oposición.

Por su parte, la jefa de fracción de Arena, Marcela Villatoro, reiteró que está «a favor de eliminar la deuda… desde un inicio» porque los partidos políticos la «han mal utilizado por muchos años». Mencionó que ella no ha recibido ni «un cinco» de la deuda política para financiar sus campañas. Asimismo, aseveró que se debe auditar «los fondos que se les ha entregado» a todos los partidos, tomando en cuenta que Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional «no les han dado cuenta a nadie».

«Yo estoy a favor de eliminar la deuda y lo dije desde un inicio. Yo creo que la deuda política se ha mal utilizado por muchos años y este gobierno lo ha hecho también, este partido Nuevas Ideas». Marcela Villatoro, diputada de Arena,

La eliminación de la deuda política fue aprobada este miércoles con 58 votos a favor incluyendo a Nuevas Ideas, sus aliados y un voto de Arena. En 2024, el Ministerio de Hacienda reportó el desembolso de más de $10 millones en deuda.

Organizaciones de sociedad civil temen que haya desigualdad electoral en los próximos comicios y que se dé lugar al financiamiento «oscuro» a los institutos políticos.

El mecanismo ágil de reforma constitucional en El Salvador que requiere la votación de una sola legislatura, establecido con la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, está vigente desde el 6 de febrero.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial del 29 de enero de 2025, el mismo día que culminó su proceso de aprobación, y divulgada en el sitio web de la Imprenta Nacional el miércoles 12 de febrero. El decreto establece que la vigencia inicia ocho días después de su publicación.

El primer cambio constitucional impulsado bajo esta figura fue la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos, conocida como deuda política, acordada ayer miércoles con los votos de 58 diputados.

Nuevas Ideas aún no ha informado qué reformas constitucionales aprobará utilizando esta vía rápida, que requiere 45 de 60 votos de la Asamblea Legislativa. Solo Nuevas Ideas tiene 54 votos.

La reforma al artículo 248 agregó la posibilidad de que una reforma constitucional sea ratificada «por la misma Asamblea Legislativa» con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. El artículo original únicamente permitía que la reforma fuera ratificada «en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios» de los votos, disposición que no fue eliminada.

La reforma constitucional ha sido prevista por el gobierno desde inicios de la administración. Fue el 24 de agosto de 2020 que el presidente Nayib Bukele por acuerdo ejecutivo delegó al vicepresidente, Félix Ulloa, la coordinación del estudio y la propuesta de reformas a la Constitución.

Mientras, desde entonces, organizaciones, abogados y opositores han señalado que la actual Constitución mantiene al menos seis artículos que prohíben la reelección presidencial continua.

Sin embargo, Ulloa entregó al presidente el proyecto el 15 de septiembre de 2021, 12 días después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitara la reelección de un presidente en periodo continuo poniéndole como condición su renuncia en seis meses intermedios. La Sala estableció que la reelección solo puede realizarse “por una sola vez”.

Pese a que la propuesta de reforma constitucional de Ulloa mantenía la alternabilidad presidencial, Ulloa aseguró en marzo de 2024 que veía posible una reforma que aprobara la “reelección indefinida”, mediante un acuerdo de reforma constitucional por la legislatura 2021-2024 y su respectiva ratificación por la legislatura 2024-2029.

La legislatura 2021-2024 no aprobó tal acuerdo, sino uno en el cual los cambios constitucionales pudieran aprobarse por una sola legislatura, acuerdo que fue ratificado el 29 de enero por la legislatura 2024-2029, que ya está vigente y que abre puertas a cualquier reforma constitucional en una sola legislatura.

Al cierre del año 2024, el Ministerio de Hacienda ejecutó un total de $14.2 millones de un total de $38.4 millones programados en «complemento de deuda política» correspondiente a la campaña electoral presidencial, legislativa y municipal de 2024.

Según el Portal de Transparencia Fiscal, el Ministerio de Hacienda programó inicialmente un total de $9.3 millones para complemento de deuda política, pero modificó este presupuesto y lo aumentó en $29 millones, dejándolo finalmente en $38.4 millones.

Sin embargo, según la ejecución presupuestaria, solo se han ejecutado $14.2 millones. El Ministerio de Hacienda no ha divulgado los montos que han sido entregados a los partidos políticos.

Un cálculo realizado por El Mundo según los precios de cada voto de las elecciones 2024 deja ver que Nuevas Ideas tenía derecho a recibir $27.6 millones; Arena, $2.7 millones; el FMLN, $2.5 millones; Gana, $1.2 millón; el PDC, $1.1 millón; el PCN, $918,189.45; Fuerza Solidaria, $638,028; FPS, $134,259; Nuestro Tiempo, $564,273.32; Cambio Democrático, $268,491.96. Vamos, que tenía derecho a recibir $322,730.78, renunció a solicitarla.

Para la elección presidencial, Hacienda pagaría $6.05 por cada voto válido; en la elección legislativa cada voto cuesta $3.28; cada voto válido en la elección municipal vale $2.45 y en la elección de Parlacen cada voto cuesta $3.30.

Según el más reciente informe publicado por el Ministerio de Hacienda, de enero a junio de 2019, para las presidenciales de 2019 y legislativas y municipales de 2018, Gana recibió $7,167,994, Vamos recibió $104,005, el PDC recibió $43,149.75; y el PSD recibió $71,328.69.

El financiamiento público se encontraba establecido en el artículo 210 de la Constitución de la República y fue eliminado mediante una reforma constitucional aprobada el miércoles por 54 diputados de Nuevas Ideas, dos del PCN, uno del PDC y el voto de la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

La reforma fue aprobada en una sola votación, mecanismo rápido de reforma constitucional creado mediante otra modificación constitucional al artículo 248 de la Carta Magna. La oposición sostuvo que la eliminación de la deuda política fue la «excusa» del gobierno para empezar a «trastocar» la Constitución salvadoreña.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decidió derogar la creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), una unidad dentro de la Presidencia de la República que desde 2020 era encargada de optimizar las posibilidades de cooperación a El Salvador.

Las funciones de la ESCO serán trasladadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, que también canaliza la cooperación internacional, según el decreto ejecutivo 3 firmado por Bukele el 28 de enero de 2025 y vigente desde el 30 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial.

Uno de los argumentos para realizar esta derogación es, según el decreto 4 del Consejo de Ministros, es la necesidad de una «reestructuración» de distintas dependencias del Gobierno para «unificar, coordinar y canalizar de forma óptima los recursos que aportan los diferentes actores».

Para realizar esa modificación, el Consejo de Ministros reformó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, decreto que fue firmado por el presidente Bukele y está vigente desde el 30 de enero pasado.

Según ese decreto ejecutivo, el Viceministerio de Coooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá 11 nuevas atribuciones, entre las cuales están coordinar las necesidades de financiamiento que puedan ser apoyados con cooperación internacional, coadyuvar en la presentación de proyectos y gestionar recursos ante la cooperación internacional.

La ESCO fue creada el 29 de junio de 2020 por decreto ejecutivo.

Una publicación del diario estatal El Salvador informaba de los planes de la ESCO de aprobar 10 acuerdos de cooperación internacional en 2025 con Uruguay, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, México, Panamá, Argentina, Paraguay y Honduras.

El 17 de mayo de 2023, la ESCO informó que El Salvador y España presentaron un marco de asociación país (MAP) 2023-2026 por 110 millones de euros entre donativos y créditos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, de junio de 2022 a mayo de 2023, concretó un total de $357 millones de cooperación el proyectos estratégicos para El Salvador.