Diputadas de oposición celebraron el miércoles la divulgación de los datos patrimoniales de los funcionarios públicos realizada esta semana, recordaron que este tipo de información era pública antes de que fuera puesta en reserva, pero manifestaron que tienen dudas sobre la veracidad de las declaraciones de algunos funcionarios.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que debido a la publicidad de esa información patrimonial se conocieron abusos «en otros gobiernos».
«Desde 2021 creo que no se podía saber cuál eran los activos y pasivos de los funcionarios. La verdad eso es bueno que la población conozca, por eso fue que en otros gobiernos se pudo conocer cuáles cuando existieron estos abusos de poder, a través de estas declaraciones patrimoniales. Aquí este gobierno todo este tiempo lo mantuvo en oscurantismo y han decidido proyectarlo a la luz del día por una exigencia del Fondo Monetario Internacional«, indicó, en declaraciones divulgadas por el grupo parlamentario.
Según la diputada, «es bueno que los salvadoreños sepan la realidad patrimonial de todos los funcionarios públicos».
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que esa información «tuvo que haber sido pública desde hace muchos años».
«Lo que pasa es que ha habido un bloqueo al acceso a la información y ahora, por las presiones del Fondo Monetario Internacional, se han visto obligados» «para que les desembolsaran más dinero», remarcó la diputada Ortiz.
Sin embargo, las legisladoras expresaron dudas sobre las declaraciones de activos y pasivos de algunos funcionarios y la correspondencia con la realidad.
He declarado todo mi patrimonio y el de mi grupo familiar de manera completa, veraz, todo tiene soporte documental, no hay nada oculto, todo se ha hecho según la ley lo exige. Claudia Ortiz (Vamos).
«Aunque hay algunos números que por ahí no cuadran, por ejemplo, hay diputados en saldos rojos pero el Banco Hipotecario les ha dado préstamos de miles para tener sus casas y apartamentos, a los salvadoreños de a pie ni les hubieran abierto la puerta», indicó Villatoro, en referencia a un listado de hipotecas que con datos del Centro Nacional de Registro fueron publicadas por el medio de comunicación FocosTV.
«Ojalá que no se estén inventando las cosas, hay algunos que bien dudosos salen con bien poquito pisto y todos sabemos que hay más que lo que cuentan… No sé si los demás se han puesto numeritos demás o se hayan quitado numeritos demás también», agregó.
Yo fui la que empecé a preguntar en la Asamblea Legislativa cuál iba a ser el formato que iba a dar Hacienda para presentarlo. Un día antes no habían hecho el portal para que nosotros pudiéramos subir nuestras declaraciones patrimoniales. Tuve que preguntarle al gerente de operaciones de la Asamblea para que nos dijera cuál iba a ser el procedicimiento a seguir porque nadie sabía absolutamente nada. Por lo menos en nuestro caso, lo hicimos basado en nuestros contadores». Marcela Villatoro (Arena).
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz aseguró es «cuestionable» que «muchos otros funcionarios públicos donde vemos que el patrimonio que han declarado no corresponde con el estilo de vida que todos podemos ver que llevan y eso está a la vista de la ciudadanía».
«Hemos visto en los últimos años funcionarios que han sido contratistas del Estado, siendo funcionarios, con contratos millonarios, hemos visto los créditos hipotecarios que han recibido muchos de ellos y que no se ven reflejados en lo que están declarando, hemos visto funcionarios con cirugías estéticas», expresó.
El registro de activos y pasivos de funcionarios puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.
El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».
El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.
En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.
