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El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que ahora que no habrá “chantajes” en la presentación oficial del Consorcio de Empresas de Movilidad de El Salvador (Cemmovil), el lunes, que explicó estaría conformado por 25 rutas de San Salvador Este y renovará 1,200 unidades con una inversión de $160 millones.

“Nosotros les vamos a dar todo el acompañamiento necesario para que los salvadoreños puedan tener ese transporte digno y humano que se necesita”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa.

Según Castro, quien agradeció la invitación a la presentación del nuevo consorcio, “por primera vez en la historia empresarios del transporte colectivo se unen con la finalidad de llevar un cambio”, según el video divulgado por El Salvador News.

“Ahora vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar de una manera correcta y transparente, en donde no se va a permitir corrupción de ninguna índole, se va a trabajar de manera directa, para que las cosas puedan cambiar, aquí ya se acabaron los chantajes, aquí las cosas van a ser sobre la mesa y ya no va a haber aquel tipo de extorsión que se daba”, expresó Castro en su intervención.

Castro posteó en sus redes sociales que los transportistas asociados en Cemmovil “inician su trabajo con una importante inversión privada que asciende a $160 millones, destinados a la renovación de más 1,200 unidades del transporte colectivo en San Salvador Este”.

Detalló que el consorcio estará conformado por 25 empresas con una inversión de $160 millones. “Son salvadoreños invirtiendo en su país, ¿cómo no los vamos a acompañar?, por su puesto que los vamos a acompañar”, indicó.

La Asamblea Legislativa amplió el plazo para que los transportistas puedan sustituir las unidades que cumplieron 20 años de antigüedad en 2024, 2025 y 2026. Los transportistas tienen 18 meses adicionales a un plazo que originalmente se vencía el 17 de julio de 2026.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este martes en Bruselas, Bélgica, el «milagro de la seguridad» y el modelo económico del país bajo la presidencia de Nayib Bukele, de quien dijo que ha logrado «ganar la guerra contra el crimen organizado sin llegar a la sangre».

Desde un evento organizado por el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) en el Parlamento Europeo sobre cómo El Salvador ha pasado «de la lucha contra la delincuencia al crecimiento económico», Ulloa defendió que el régimen de excepción aprobado hace casi cuatro años, el 27 de marzo de 2022, para hacer frente a las pandillas en el país, es consistente con la legislación internacional.

«El objetivo es la paz: hemos llevado la paz a las comunidades. Debe ser algo proporcionado y es lo que hacemos todo el tiempo. Hemos logrado ganar esta guerra sin llegar a la sangre. No había otra forma de luchar contra las organizaciones criminales», aseguró Ulloa.

En enero, Bukele dijo que no se explica cómo lograron derrotar a las pandillas sin tener «una sola baja civil» y lo atribuyó a un milagro». Ulloa también aseguró que la estrategia de su gobierno es «un milagro» y un «fenómeno transnacional» porque «en América hay pandillas en otros países pero no en El Salvador».

El vicepresidente salvadoreño aseguró que, tras conseguir sus objetivos de seguridad, la siguiente fase de reforma del Gobierno se centra en el crecimiento económico, un área en el que defendió los últimos datos de turismo del país (con cuatro millones de visitantes en 2025), sus inversiones en energía renovable o la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.

Ulloa subrayó que Bukele tiene una buena relación con el magnate Elon Musk, con quien ha firmado acuerdos para la conectividad de todas las escuelas de El Salvador y para que todos los alumnos tengan acceso a un tutor basado en la inteligencia artificial. «En diez o quince años, hablaremos de Silicon Valley, seremos un país tecnológico», aseguró.

También presentó a El Salvador como «el mejor país para el surf del mundo», y como el que, hasta noviembre de 2025, tenía «el mejor hospital para el coronavirus de toda Latinoamérica«, en referencia a la adecuación que hizo durante la pandemia de las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco); o como el país que está construyendo «la autopista más grande» de Centroamérica.

«Nuestro país está libre de violencia. De hecho, si miran las estadísticas globales, El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental». Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador en Bélgica.

La Cancillería salvadoreña inauguró el servicio de emisión inmediata de Documento Único de Identidad (DUI) para salvadoreños en Suecia y en las ciudades de Barcelona, Madrid y Milán, lo que podría implicar la documentación de un total de 141,550 salvadoreños que residen en esos lugares.

Según Cancillería, beneficiaría a 14,700 salvadoreños en Suecia, 20,000 salvadoreños en Barcelona, España; 40,500 salvadoreños en Madrid, España; y 66,350 salvadoreños en Milán, Italia.

En Suecia, la emisión inmediata se daría en la Embajada de El Salvador, ubicada en Estocolmo.

La inauguración del servicio en Suecia fue informada por Cancillería el 23 de febrero y se dio con la presencia del presidente de la junta del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Camilo Trigueros, y el registrador nacional de las personas naturales, Fernando Velasco.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, también inauguró el servicio de emisión inmediata de DUI para salvadoreños en las ciudades de Barcelona, Madrid y Milán, las primeras dos en España y la siguiente en Italia.

“Lo que antes tomaba días, ahora serán minutos. Este proyecto responde al mandato de nuestro presidente Nayib Bukele de atender a nuestra diáspora, no importando dónde residan así como su condición migratoria”, dijo Godínez, según el comunicado de prensa.

Hasta diciembre de 2025, más de 900,000 salvadoreños en el extranjero tienen Documento Único de Identidad salvadoreño, por lo que pueden emitir su voto desde el extranjero de manera remota si tiene domicilio extranjero o de manera presencial si mantienen el domicilio en territorio salvadoreño.

El 28 de febrero de 2027 se celebrarán elecciones de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales. La participación remota de los salvadoreños en el exterior no está habilitada para las elecciones municipales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició esta semana un proceso de contratación temporal para las elecciones generales de 2027, en las cuales también se celebrarán las presidenciales luego de que fueran adelantadas con el fin de alargar el periodo presidencial de cinco a seis años.

El órgano electoral no detalla cuántas plazas están disponibles.

En sus redes, el TSE detalló que están disponibles estas plazas: digitador, motorista, técnico de compras, técnico jurídico, colaborador administrativo, gestor de recurso humano, líder de selección, técnico informático, ordenanza a nivel nacional, colaborador técnico, colaborador jurídico, colaborador técnico administrativo de combustible y mecánico.

En el sitio de postulación se puede ver que también están disponibles  plazas para supervisor de adecuaciones para mantenimiento en sedes y bodegas o bienes adquiridos, gestión de inventarios, y seguimiento a procesos de compras y administración de contratos; además de plazas para supervisor de movilización y transporte, supervisor electoral administrativo, supervisor electoral operativo y supervisor electoral superior.

El TSE publicó el anuncio de las postulaciones en Facebook, X e Instagram. Los interesados pueden acceder a postulaciones.tse.gob.sv o llamar al 7228-8818.

Actualización del Registro y clonación de equipos

Los digitadores son requeridos para la actualización del Registro Electoral, para lo cual únicamente se requiere manejo de equipo informático para escanear, transcribir, digitar y controlar la calidad de datos.

El Tribunal también requiere de un supervisor de “clonación CGE”, que pueda utilizar herramientas de clonación como Clonzilla o Microsoft Deployment Service, que sirven para clorar sistemas informáticos.

Los requisitos

En algunos de los cargos exigen un título universitario.

Para la plaza de asesor administrativo de despacho, el TSE pide licenciatura de administración de empresas o afines y tres años de experiencia. Deberá ejecutar el “Programa de Apoyo a la Administración Superior” y generar los reportes al organismo colegiado.

Al asesor financiero de despacho se le requerirá ser licenciado en contabilidad pública, administración de empresas o afines, además de tres años de experiencia.

El asesor jurídico de despacho tiene como requisitos: conocimiento de normas técnicas de administración y jurídicas en materia electoral vigente, documentación de expedientes jurídicos de interés para el TSE, realizar investigaciones jurídicas y participar en decisiones interinstitucionales que requieran soporte legal.

Un asesor informático

Un asesor informático de despacho, que será contratado temporalmente, según el anuncio del TSE, deberá dar las soluciones digitales que garanticen un funcionamiento “continuo, seguro y eficiente de las plataformas y equipos asignados al Organismo Colegiado”.

Los requisitos, que no mencionan un grado académico requerido, son: conocimiento en instalación, configuración de redes informáticas LAN y WAN, conocimiento en seguridad informática hardware y software, instalación y configuración de hardware y software, dominio en gestión de bases de datos, capacidad de documentar procedimientos y generar reportes, habilidades avanzadas en informática, Office y otros.

Las decisiones informáticas a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticas (USI) del TSE fueron una de las causas identificadas por el TSE de las fallas en la transmisión y divulgación de los resultados electorales preliminares de la Asamblea Legislativa. Para las elecciones de 2024, la jefatura de la USI estaba a cargo de Ignacio Villagrán.

Para los comicios de 2024, el TSE no mantuvo la Comisión Coordinadora Informática de las elecciones de 2021. Un magistrado del TSE cuestionó que se “dejó en manos de una persona inexperta” esa “enorme responsabilidad”.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El chino” Flores, aseguró que por lo menos aspiran a ganar un diputado de la Asamblea Legislativa en las elecciones de la Asamblea Legislativa para el periodo 2027-2030.

“Mínimamente un diputado ya es ganancia, o diputada, y creo que uno le apuesta no solamente a ganar, sino hacer bien las cosas”, dijo, el lunes, en la conferencia de prensa que brinda semanalmente.

Flores sostiene que “el crecimiento del FMLN es grande” en la opinión pública y que hay un “némesis”.

El partido de izquierda se quedó sin diputados de la Asamblea Legislativa en 2024, luego de que los escaños legislativos de la oposición quedaran reducidos a tres, dos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y uno de Vamos.

En enero pasado, la diputada Claudia Ortiz aseguró que su espera ganar más que 16 diputados para el próximo periodo ante declaraciones de Ernesto Castro, presidente legislativo, que afirmó que con 16 diputados que gane la oposición “se acabó todo”.

Castro, por su parte, ha dicho que Nuevas Ideas aspira a ganar los 60 diputados y avisó que será una contienda incluso contra sus aliados, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tienen escaños, y Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), que también quedó fuera de la Asamblea en 2024.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, no se arriesga a proyectar una cantidad de diputados y únicamente ha dicho que esperan “el mayor número posible”.

Los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron este lunes una reforma para incorporar $6.2 millones del préstamo “Programa de simplificación y digitalización de trámites, componente I, Minec-CAF” a la Ley del presupuesto del Estado 2026 con el fin de financiar la digitalización de trámites

“Los recursos irían destinados para la contratación de servicios para el desarrollo de sistemas informáticos orientados a la digitalización de trámites en entidades como la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad (de Planificación) del Centro Histórico (APLAN) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)”, detalló la subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes.

Parte de los $6.2 millones servirían para la “contratación de servicios para la modernización, integración y estandarización de sistemas de inventario institucionales, incluyendo módulos de activo fijo, medicamentos, mercancías y otros bienes estratégicos acorte a la naturaleza de la entidad correspondiente”.

También, adquirirán licencias para mantenimiento de sistemas en la SRS y la Autoridad del Centro Histórico y la contratación de servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico para el acompañamiento, control de calidad y sostenibilidad de los proyectos de digitalización institucional que se realicen.

Esto, según Hacienda, expandirá las inversiones y generará empleo, mediante la simplificación de trámites.

El programa es ejecutado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, este último desarrolla la digitalización y simplicación de trámites. Actualmente, el proyecto tiene una asignación de $3.9 millones en la Ley de presupuesto, ya ejecutó $1 millón, y tendrá una incorporación adicional de $6.2 millones.

El préstamo asciende a $75 millones y es destinado a “Programa de transformación del clima de negocios de El Salvador, a través de la facilitación del comercio y las inversiones”, aprobado el 4 de julio de 2023.

El proyecto incluye el desarrollo de sistemas informáticos para la automatización de procesos en al menos 20 entidades públicas en el otorgamiento de permisos para el desarrollo de actividades comerciales, así como para la implementación de la firma electrónica.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) celebró con instituciones de gobierno y socios sus 45 años de trabajo en El Salvador, con programas de protección a personas desplazadas por la fuerza, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y personas apátridas.

ACNUR entregó un reconocimiento al Gobierno de El Salvador por el trabajo conjunto en favor de las personas desplazadas y apátridas.

En torno al aniversario, Acnur reiteró su compromiso de trabajar con los distintos sectores para proteger a personas que han huído de sus países y que este es un apoyo al compromiso del Gobierno de El Salvador con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), una aplicación regional del Pacto Mundial sobre Refugiados.

Según Acnur, el acto participaron autoridades del Gobierno, del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, socios estratégicos, comunidad internacional y academia.

Esta conmemoración fue una oportunidad para mostrar solidaridad, reconocer los logros alcanzados y renovar el compromiso colectivo de trabajar juntos, con el Estado salvadoreño y todos los actores de la sociedad por un futuro de dignidad, protección y soluciones para las personas desplazadas.

“ACNUR ha tenido el privilegio de acompañar a El Salvador en distintos momentos de su historia, siempre en cumplimiento de su mandato, proteger a quienes se han visto obligados a huir de sus hogares y apoyarles para reconstruir su vida con dignidad”, expresó el representante de ACNUR en El Salvador, Vito Trani.

Se presentaron ilustraciones de estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado con el mensaje “Solidaridad con las personas forzadas a huir”, exposición que recorrerá durante 2026 otros espacios.

“Esta muestra busca sensibilizar sobre la realidad de las personas forzadas a huir y promover la solidaridad mediante acciones concretas, como la inclusión, el apoyo y la creación de oportunidades para su integración”, expresó por su parte el coordinador de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la universidad, Carlos Cordero.

ACNUR ha trabajado junto al gobierno central, gobiernos locales, cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia y las comunidades mismas para proteger a personas desplazadas.

Las iniciativas incluyen protección, medios de vida, fortalecimiento comunitario, prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica para la prevención del desplazamiento.

ACNUR informó que mantiene los espacios de apoyo “A tu Lado” en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, que brindan orientación, acompañamiento, ayuda humanitaria y facilita servicios de protección.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes una reforma a la autorización del préstamo de $195 millones del BID para la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador con el fin de que Hacienda done el préstamo a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y no los transfiera como fondos “reembolsables” como se había determinado en el decreto original.

El artículo 2 del decreto aprobado el 18 de diciembre de 2025 la Asamblea Legislativa había facultado al Ministerio de Hacienda a suscribir con la CEPA “un Convenio de Transferencia de Recursos en carácter Reembolsable bajo las mismas condiciones financieras del Contrato de Préstamo que suscriba el Gobierno de la República con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Esto fue eliminado del decreto y sustituido por una disposición que diga que el Ministerio de Hacienda suscribirá un convenio de transferencia “no reembolsable” a CEPA.

La subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, explicó a los diputados que el proyecto es “un esfuerzo estratégico de gobierno” para contribuir el desarrollo de la actividad económica en general y del sector turístico en particular.

“CEPA, que es una entidad gubernamental adscrita al ramo de Obras Públicas y Transporte también está realizando inversiones con recursos propios e igualmente continuará ejecutando inversiones a futuro”, argumentó.

El contrato de préstamo 6073/OC-ES fue suscrito por el Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2026 con el BID.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó este lunes un dictamen favorable de reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir la apostilla en trámites comerciales aduaneros, con el fin de crear “un clima de negocios atractivo” para inversores nacionales y extranjeros, según la asesora del despacho del Ministerio de Economía, Marta Solís.

Además, no se requerirán copias autenticadas ni impresas ni firmas manuscritas.

Solís explicó que se eliminaría el requisito de la apostilla en operaciones comerciales o aduaneras, o las compras públicas, en línea con el Convenio de La Haya de 1961, que regula que la “Apostila no será aplicable a documentos administrativos vinculados directamente a operaciones comerciales o aduaneras”.

“El fundamento de este proyecto es que el Estado debe promover el desarrollo económico y social y, además, fomentando la producción”, indicó.

Explicó que la apostilla será eliminada en trámites aduaneros y comerciales, pero no en trámites como en procesos judiciales o en el Ministerio de Educación.

En la reforma se incorpora un nuevo artículo 4-A para que, «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero», no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas, «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».

La reforma también establece: «Tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.

Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados innecesarios entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de oposición, opinó este lunes que las elecciones internas que deben realizar los partidos políticos para elegir a sus candidatos a presidente, alcaldes y diputados son eventos privados.

“Son internas. Son internas y son privadas. Los partidos políticos cada quien desarrolla sus elecciones de acuerdo a su reglamento y a su estatuto, es privado”, expresó en conferencia de prensa este lunes.

Flores dijo que la transparencia –un requisito exigido para las elecciones internas por la Ley de Partidos Políticos– se garantizará por “la participación de la militancia”.

La “Ley de partidos políticos” obliga a elegir a sus candidatos y sus autoridades mediante “elecciones internas con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afiliados inscritos en el padrón correspondiente a su circunscripción territorial” y el artículo 22 de la ley establece que son obligaciones de los partidos políticos “ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y las leyes” y “cumplir con las obligaciones que la presente ley establezca en materia de transparencia y acceso a la información”.

Acción Ciudadana, una organización que hará un monitoreo de las elecciones internas, ha sostenido que las elecciones internas de los partidos políticos deben ser públicas por esas disposiciones.

“Los ciudadanos tienen derecho a hacer un control social sobre las internas de estos partidos. ¿Qué tal si hay una incompatibilidad? ¿Cómo lo voy a saber si no se publica esa información? La libertad de prensa es parte de las reglas democráticas. Estas internas son de carácter público, la información que generan, porque sirven para el posterior ejercicio de la función pública”, argumenta.