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El Ministerio de Hacienda reportó un total de $82,375,176.56 desembolsados durante enero y febrero de 2026 en concepto de préstamos externos a El Salvador. Durante enero, se reportó un desembolso de $40,515,078 y, en febrero, un desembolso de $41,860,098.18.

La mayor parte proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que desembolsó un total de $65,208,644 en ambos meses.

La CAF ha desembolsado $15 millones para el programa de desarrollo al sector aeronáutico, cuyo préstamo de $320 millones fue aprobado el 3 de octubre de 2024.

A ello se sumaron $7.15 millones para el programa para la transformación del clima de negocios, cuyo préstamo de $75 millones fue aprobado en junio de 2023; y $27.87 millones para el proyecto de modernización del sistema educativo, de un préstamo de $100 millones aprobado el 13 de agosto de 2025.

Luego de los desembolsos de la CAF, le siguen los $13.4 millones recibidos para el programa Surf City fase I, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), proveniente de un préstamo que asciende a un total de $113.9 millones y que fue aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Asamblea Legislativa.

En menor cantidad, el Estado ha recibido también dos desembolsos correspondientes a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $2.3 millones del programa de modernización del sistema estadístico, de un crédito de $44 millones aprobado el 29 de marzo de 2022; y $1.2 millón para la protección social responsiva a choques en El Salvador, cuyo préstamo por $100 millones fue aprobado el 12 de abril de 2024.

A la vez, en el mismo periodo, el Ministerio de Hacienda registra un total de $74,077,950.89 a diferentes préstamos.

Así, en enero se amortizaron $8.3 millones al crédito del BID 5046/OC-ES para fortalecimiento de la política pública y fiscal. También, se amortizaron $6.6 millones al préstamo BID 4807/OC-ES para el programa «Programa de Fortalecimiento Fiscal Para El Crecimiento Inclusivo II», entre otros.

Durante el año 2025, la Asamblea Legislativa aprobó $2,506 millones en 18 contratos de préstamos y títulos valores, y $1,480 millones en garantías crediticias a diferentes instituciones autónomas.

El sindicalista Erick Zelaya anunció a través de una publicación del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, que salió del país “de manera forzada” luego de recibir “hostigamiento” de parte de las autoridades de seguridad.

Aunque no detalla los hechos, el comunicado indica que fueron “una serie de incidentes de vigilancia, hostigamiento y amenazas de los cueros de seguridad”, que a su criterio configuraron un riesgo de “persecución, detención arbitraria y encarcelamiento”, debido a su labor.

“Mi salida del país no es voluntaria: es una medida de protección frente a un entorno que castiga y persigue la defensa de derechos, tampoco es cobardía, sino garantía para seguir ejerciendo mi labor de defensor, muchos menos abandono a mis compañeras y compañeros que siguen luchando, si no voluntad de continuar fortaleciendo la defensa de derechos desde otras trincheras. No soy el único sindicalista en el exilio, ya se cuentan por decenas, por lo que este no es un hecho aislado”, dice en el comunicado.

Zelaya dice que durante 10 años ha trabajado como defensor de derechos humanos de la clase sindical en los sectores público, privado y municipal ante organizaciones internacionales, pero que en este contexto ejercer esa defensa se ha vuelto “cada vez más peligroso”.

Su misiva recuerda que no es la primera persona que ha sufrido este hostigamiento y que en otros casos, se ha llegado a configurar las detenciones, como el caso de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, y el también defensor de derechos humanos, Fidel Zavala.

A la cuenta también trae las detenciones de sindicalistas como Giovanni Aguirre,César Sánchez y Misael Gómez que aún siguen detenidos, además, de dos que murieron en prisión bajo custodia estatal: Leonidas Bonilla y Ever Chacón.

Esta semana, sindicalistas salvadoreños revelaron que el gobierno no ha respondido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las quejas interpuestas debido a despidos y violaciones a derechos del trabajador que ellos han presentado ante este organismo internacional.

En situación de exilio también se cuentan más de medio centenar de periodistas, quienes empezaron a salir en mayo de 2025, tras la captura de la abogada Ruth López.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena, este sábado, para intercambiar experiencias sobre cooperación y gobernanza ambiental.

Durante la reunión, las autoridades abordaron el Plan Trifinio, los corredores biológicos y oportunidades de desarrollo territorial conjunto entre El Salvador, Guatemala y Honduras.

En el encuentro también se destacó el avance de programas de cooperación impulsados por México, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocados en agricultura sostenible y capacitación laboral.

Además, se acordó una visita técnica en mayo por parte del comisionado mexicano de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Longoria, en mayo próximo con el objetivo de explorar un posible convenio de cooperación en gestión ambiental, atención rural y manejo de incendios forestales.

Las autoridades coincidieron en fortalecer una agenda conjunta que promueva el desarrollo y la integración regional.

El lunes 27 de abril de 2026 es el último día para que los salvadoreños que residen en el territorio nacional actualicen su dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) y puedan ser incluidos en el Registro Electoral que será la base para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

Esto quiere decir que únicamente faltan dos semanas para realizar el cambio de dirección.

Los salvadoreños en el extranjero tienen hasta el 29 de noviembre de 2026, ya que la Asamblea Legislativa les otorgó más tiempo mediante un decreto, tanto para cambios de domicilio como para nuevas inscripciones. Esto quiere decir que el registro electoral 2027 del exterior cerrará después que el nacional.

Los ciudadanos tienen la obligación de mantener actualizada la dirección de su domicilio en su DUI. Asimismo, trasladar el domicilio con el fin de votar en una circunscripción distinta a la que corresponde constituye un delito electoral, según lo establecido en el artículo 295 del Código Penal.

Los plazos para modificar la dirección en el DUI dependen del proceso de actualización del Registro Electoral. Aquellos salvadoreños que realicen el cambio dentro del tiempo establecido serán incorporados tanto en el Registro Electoral como en el padrón que se utilizará en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

En cambio, quienes efectúen la actualización fuera de ese período podrán modificar su dirección en el DUI, pero dicho cambio no se verá reflejado en el Registro Electoral.

• Los salvadoreños que residen en el extranjero disponen hasta el 29 de noviembre de 2026 para inscribirse en el Registro Electoral mediante el trámite de su DUI. En contraste, quienes viven en el país tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para realizar nuevas inscripciones en el Registro Electoral 2027 al tramitar su DUI por primera vez.

Hasta el 6 de marzo, el Registro Electoral salvadoreño contabilizaba un total de 6,477,745 personas inscritas, de las cuales 5,533,061 residen en el territorio nacional y 944,684 en el exterior.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pedirá que se mantenga la prohibición de que asocios o alianzas entre públicos y privados puedan prestar servicios de salud, educación o de agua a la población, posibilidad que se abre con el nuevo proyecto de Ley de alianzas público-privadas presentado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, a la Asamblea Legislativa.

«El riesgo no es solo económico, es institucional y político: ¿quién define tarifas o condiciones?, ¿quién controla la calidad?, ¿qué pasa si el privado incumple en un servicio esencial? El Estado que dejaría de ser proveedor directo de derechos y pasa a ser regulador de servicios prestados por privados. Ese es el verdadero debate de fondo. No me opongo a la inversión privada, me opongo a privatizar derechos», resumió su posición.

Villatoro aseguró que las alianzas público privadas «no son malas» pero consideró que es “un riesgo” cuando son creadas para dar servicios públicos de derechos fundamentales como de salud, educación y agua.

La Ley especial de asocios públicos privados (APP) actual excluye de la posibilidad de crear una APP para dar servicios de salud, incluido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la educación, incluida la Universidad de El Salvadr (UES) y en recursos hídricos. Esas exclusiones son eliminadas según el nuevo proyecto de Ley de alianzas público privadas en manos de la Asamblea Legislativa.

“Cuando se mete la lógica privada, inevitablemente aparece cobro directo o indirecto, segmentación del acceso, incentivos a reducir costos”, sostuvo, en un mensaje, cuando se le preguntó su opinión sobre la posible eliminación de las prohibiciones actuales de las APP para prestar los servicios de salud, educación y recursos hídricos. “No son bienes de mercado son derechos, el Estado tiene una obligación constitucional directa, no subsidiaria”, razonó.

“Las APP no son malas per se. Bien diseñadas, sirven para infraestructura (carreteras, puertos, energía), proyectos donde hay retorno económico claro, y transferencia de riesgo al privado El problema se da cuando se trasladan a derechos fundamentales, salud, educación y agua”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Según la legisladora, cuando hay participación privada en un servicio “inevitablemente aparece” un «cobro» directo o indirecto y se busca «reducir los costos del servicio» o la rentabilidad, por lo que se arriesga la calidad. “Incluso críticas históricas en El Salvador han advertido que esto puede llevar a trasladar el costo al usuario y favorecer intereses privados”, argumentó.

Además, agregó que las APP genera una deuda «disfrazada o diferida», porque el Estado deberá pagar si el proyecto falla o deberá garantizar ingresos mínimos.

Diario El Mundo consultó la opinión de la diputada Cesia Rivas, de Vamos, pero al cierre de esta nota aún no había respondido.

El proyecto de ley será analizado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que se reunirá el martes 14 de abril.

La nueva «Ley de alianzas público privadas» derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, los contratos del Estado con empresas privadas podrían durar hasta 50 años y ya no 40, y se inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación.

El proyecto crearía la nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda, que podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la admisibilidad de las iniciativas. Actualmente, el Consejo Directivo del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa, hoy Invest) tiene la competencia de aprobar los proyectos de asocio público privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró este sábado en un mensaje en X que «la oferta» de enviar presos a Colombia «sigue abierta», esto unos días después que su homólogo Gustavo Petro criticara el sistema penitenciario salvadoreño.

El mandatario salvadoreño continúo con el tema al reaccionar a una nota del noticiero colombiano Noticias Caracol sobre diversos artistas que amenizaron fiestas que se realizaban en una cárcel del municipio de Itagüí, en donde se resguarda a los principales cabecillas de bandas delincuenciales del departamento de Antioquia.

«Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo): se estaba anticipando a esto», publicó Bukele y siguió: «Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás».

El salvadoreño reiteró que «por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos (a los presos), definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles». Bukele respondió el martes a las críticas de Petro sobre el sistema penitenciario y le ofreció trasladar a Colombia al «100 %» de los detenidos, «incluyendo los llamados presos políticos».

«Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana», publicó Bukele en un mensaje en X.

El presidente salvadoreño señaló que, «en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’».

El lunes, Petro aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay «personas presas inocentes», son «campos de concentración de población civil» y dijo que allí se está «matando en vida» a miles de jóvenes.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91,000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8,000 «inocentes».

Mientras que, en este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.

Además, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Un total de 1,145 salvadoreños con estatus migratorio irregular han sido retenidos en los primeros tres meses de 2026 en Estados Unidos, de los cuales 501 fueron encontrados en la frontera sur con México, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Los datos incluyen aprehensiones en las fronteras bajo el Título 8 que realiza la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y personas inadmisibles siempre bajo el Título 8 que son detectadas por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en fronteras terrestre norte, terrestre suroeste y, a nivel nacional, por vía aérea, terrestre y marítima.

El promedio mensual de encuentros, sin embargo, 380 salvadoreños al mes, es 11 veces menor que los 4,143 mensuales reportados durante el primer trimestre de 2024.

En general, las cifras de las detenciones de migrantes reportadas por fuerzas fronterizas estadounidenses han sufrido una baja drástica desde febrero de 2025.

Las autoridades fronterizas detectaron durante 2024 entre 3,600 y 5,000 migrantes cada mes; pero desde febrero del año siguiente las cifras oscilaron entre 211 a 379 cada mes.

Solo en la frontera sur de los Estados Unidos se han reportado 135 encuentros de salvadoreños en enero, 169 en febrero y 197 en marzo de 2026, los dos últimos meses, un aumento del 25 y 16 %.

En marzo se reportó un incremento mensual de 22 % en los encuentros de migrantes de todas las nacionalidades, un total de 11,732 retenciones.

Los datos no incluyen detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que opera dentro del territorio de Estados Unidos y no en las fronteras.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, copresidida por el congresista demócrata James McGovern, realizará una audiencia el 16 de abril de 2026 en la cual escucharán a testigos sobre el régimen de excepción en El Salvador cuya vigencia inició el quinto año.

A la audiencia están convocados: Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y periodista de El Faro; Isabel Carlota Roby, abogada principal de América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy; Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Juan Pappier, subdirector de las Américas de Human Rights Watch (HRW); Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de Washington College of Law de la Universidad Americana; y Andrés Martínez-Fernández, analista senior de políticas para América Latina de la Fundación del Patrimonio.

De acuerdo al anuncio de la Comisión, los testigos discutirán la situación en El Salvador y ofrecerán recomendaciones a Estados Unidos.

La audiencia promete ser abierta a los miembros del Congreso, público interesado y medios de comunicación; y se transmitirá en vivo a través del sitio web de la Comisión.

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 después de una matanza de más de 80 salvadoreños realizada en tres días por las pandillas, 62 de los cuales fueron cometidos en un solo día.

La medida de seguridad facilitar que las autoridades capturen y mantengan detenidas a las personas por más de 72 horas sin ser llevadas ante un juez, ya que extiende el plazo de detención administrativa a 15 días; así mismo suspende derechos constitucionales relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones y al derecho de defensa.

«Los funcionarios del gobierno afirman que afecta la duración de la detención administrativa de personas vinculadas a estructuras criminales y la interceptación de sus comunicaciones, pero que muchas organizaciones de derechos humanos reclaman que suspende los derechos fundamentales», resume la Comisión.

La Comisión señala que organizaciones de derechos humanos afirman haber documentado la detención arbitraria masiva, la tortura, las desapariciones forzadas y las violaciones del debido proceso, incluida la imposibilidad de acceder a un abogado y juicios masivos, menciona también el exilio de periodistas y las detenciones o amenazas contra abogados y defensores de derechos humanos.

Así mismo, indica que, en septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, ambos capturados, y exhortó al gobierno a garantizar acceso a su familia y a sus abogados, y revisar la legalidad de sus arrestos.

El Gobierno registra más de 91,000 personas arrestadas señaladas de ser pandilleros o terroristas y niega que se cometan violaciones a derechos humanos como torturas o muertes violentas dentro de las cárceles, aunque admite un margen de error en las capturas.

El embajador de El Salvador en Austria, Kennedy Obed Reyes Lazo, también inició el proceso de acreditación como embajador concurrente ante la República de Eslovaquia, con la entrega de copias de estilo al embajador al director de Protocolo de Cancillería de Eslovaquia, Igor Maukš.

Reyes se reunió con el director del Departamento de las Américas de Eslovaquia, Vit Koziak, con el secretario de la Cámara de Comercio de Eslovaquia, Martín Hrivik, y con una turoperadora de Eslovaquia con la cual aseguró que iniciarán “acciones para posicionar a El Salvador como un destino emergente y atractivo en el mercado eslovaco”.

Reyes Lazo ocupa los siguientes cargos:

• Embajador de El Salvador en Austria
• Representante permanente de El Salvador ante Naciones Unidas en Viena
• Representante permanente de El Salvador ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
• Representante permanente de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO o ONUDI)
• Representante permanente de El Salvador ante la Academia Internacional Anticorrupción
• Embajador de El Salvador en Eslovenia

Reyes Lazo fue ministro consejero de la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos, desde marzo de 2019.

El año pasado aún se desempeñaba en la OEA. En junio de 2025, asistió al 55º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA como embajador adjunto de El Salvador ante la OEA, en St. John’s Antigua y Barbuda, según el consolidado de misiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de abril-junio de 2025.

Reyes Lazo se graduó de Maestría en Diplomacia, el 20 de diciembre de 2018, del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD), fundada en 2010 por Cancillería de la República, al sustituir a la Academia Diplomática de El Salvador Mauricio “Borgonovo Pohl”.

La embajadora de Turquía en El Salvador, Gül Büyükerşen, concluyó su misión en El Salvador luego de cuatro años y recibió la Orden Nacional “José Matías Delgado” de la ministra de relaciones exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

Hill Tinoco le agradeció por su “compromiso decidido y su valiosos acompañamiento” e informó que consolidaron avances en fortalecimiento político y diplomático, apertura de la Embajada de El Salvador en Turquía (Türkiye), impulso a la inversión y comercio, cooperación en áreas clave y solidaridad.

La diplomática también se reunió con Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

La legisladora le agradeció públicamente su apoyo para el fortalecimiento de lazos entre ambas naciones, indicó en su cuenta de X.

Gül Büyükerşen entregó en julio de 2022 las copias de estilo como embajadora de Türkiye en El Salvador; en esa ocasión, la canciller realizó la invitación para el ministro Mevlüt Çavuşoğlu para que visitara el país, a fin de consolidar proyectos estratégicos. En esa ocasión, coincidieron en establecer un Foro Bilaterial de Negocios permanente.

El Salvador inauguró su embajada en Turquía en enero de 2022. Ambos países también suscribieron un convenio de cooperación bilateral en materia educativa.