En un comunicado divulgado en redes sociales, el diputado Francisco Lira rechazó las críticas recibidas por su informe patrimonial que lo deja en último lugar del listado con deudas por $197,392.
El diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) declaró activos por $9,500 y pasivos por $197,392, resultándole un patrimonio de -$187,892.35.
El legislador aseguró que por estas cifras lo han intentando atacar al llamarle “el diputado más endeudado” interpretándolo como “irresponsabilidad”.
“Se equivocan. Solo demuestran que siguen desconectados de la realidad del país”, indicó.
El legislador mencionó una deuda que se suma durante nueve años, incluso antes de ser diputado, para costear la batalla de su padre contra el cáncer. “Solo el que ha pasado por eso me puede comprender, conozco de primera mano el sacrificio, la impotencia y la dura realidad que viven miles de familias en nuestro país”, indicó.
Según el legislador, él mismo financió sus campañas electorales de 2018, 2021 y 2024. “Prefiero tener una deuda con el banco que favores a quienes después quieren decidir cómo debo votar”, expresa en el comunicado. También, criticó a “otros que aumentan su patrimonio de la noche a la mañana, yo doy la cara y rindo cuentas con honestidad”.
El Ministerio de Hacienda publicó los activos y pasivos que han declarado funcionarios públicos, entre estos, diputados propietarios de la Asamblea Legislativa.
El listado de los datos patrimoniales de los diputados puede verse aquí. En el sitio web, aún no aparecen los datos patrimoniales de los diputados Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Francisco José García Villatoro (Nuevas Ideas).
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la exoneración del pago de ciertos impuestos sobre los ingresos y los pagos que se hagan para realizar el evento “Taza de Excelencia El Salvador 2026”. El decreto fue aprobado con 59 votos de todos partidos, incluidos Arena y Vamos.
El decreto exonerará impuestos por ingresos o gastos que realice el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) para pagar servicios, comisiones u honorarios a entidades nacionales o extranjeras contratadas para el evento, incluso los pagos a la Fundación Alianza para la Excelencia del Café Inc. (ACE), entidad que promueve los cafés de calidad en los mercados internacionales de cafés especiales, y la Fundación Organización Taza de Excelencia.
La exención aplica únicamente a ingresos y egresos relacionados al evento y tiene una excepción: el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que siempre se deberá pagar.
Con el decreto se podrá eximir del Impuesto sobre la Renta pero no del IVA, por lo que a los proveedores no domiciliados deberá aplicarse la retención del 13 % del IVA.
La edición 2026 de la Taza de Excelencia concluyó el 14 de mayo de 2026 con la premiación de los primeros lugares a la Finca la Esperanza con 91.95 puntos con el café Bernardina procesado con el método honey, a la Finca Los Morales de Santa Ana con un café Geisha en proceso natural con 91.70 puntos y la Finca San Andrés con un café Geisha en proceso natural anaeróbico con 90.55 puntos.
La Taza de Excelencia 2026 es un evento que reúne productores, fincas y cafés analizados por jueces internacionales que seleccionan los mejores cafés de El Salvador.
El partido Nuevas Ideas lidera las preferencias partidarias con un 33 %, muy arriba de los opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que se llevan un 4 % de las preferencias cada uno.
Sin embargo, durante el último mes, bajó cinco puntos, del 38 % que había logrado en febrero al 33 % en mayo.
Los resultados publicados el miércoles por CID Gallup son parte de la encuesta en mayo de 2026 a una muestra de 1,200 salvadoreños con entrevistas telefónicas con un margen de error del 2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.
El mismo estudio reveló que el 59 % de la población no tiene ningún partido político favorito o dice ser independiente.
Nuevas Ideas, partido cuya creación fue impulsada por el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició en 2018 con 17 % de las preferencias y ha alcanzado su máximo histórico del 42 % en dos años: 2021 y 2024.
Desde 2024, las preferencias para Nuevas Ideas cayeron al 33 % en 2025, volvieron a subir en febrero de 2026 a un 38 % pero han vuelto a caer a un 33 % en mayo de 2026, de acuerdo con el mismo estudio.
Mientras, los partidos de oposición Arena y FMLN se mantienen rezagados desde 2020 aunque de febrero a mayo subieron levemente de 1 % a 4 % cada uno.
El partido oficial sigue siendo menos fuerte que la figura del presidente Nayib Bukele, que posee un 93 % de aprobación contra un 4 % que no opina ni bien ni mal del mandatario, y un 3 % que opina mal o muy mal sobre el mismo.
La presentación de la encuesta de CID Gallup no incluyó una evaluación del trabajo de la Asamblea Legislativa, cuya próxima legislatura será elegida en elecciones el 28 de febrero de 2027.
El resultado de la CID Gallup es similar al encontrado en la encuesta de diciembre de 2025 del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde Nuevas Ideas tenía 34.9 % de las preferencias y el 57.6 % no tenía un partido favorito. En esta encuesta, los partidos de oposición sumaban entre todos 3.4 %: 1.7 % del FMLN, el 1.5 % de Arena y 0.2 % de Vamos.
El gerente de la casa encuestadora CID Gallup, Luis Haug, se pronunció este miércoles respecto a la distribución de paquetes escolares que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) de El Salvador llevó a cabo la semana anterior en el sector de Nahuaterique, departamento de La Paz, Honduras.
El representante de la firma encuestadora calificó de lamentables los obstáculos que las autoridades hondureñas impusieron a la delegación salvadoreña para ingresar a dicho territorio.
“Definitivamente es una lástima porque al final de verdad estamos afectando lo que es la educación y la niñez del país, y eso es algo que no debería tener fronteras. De verdad, los asuntos políticos de Honduras y de El Salvador se deberían dejar aparte y permitir a la ministra (Karla Trigueros) de verdad realizar su trabajo que está siendo muy bien evaluado a nivel de los ciudadanos”, expresó Haug para el programa de entrevista “Frente a Frente”.
Asimismo, Haug resaltó la labor de Trigueros al mando del Ministerio, subrayando que, de acuerdo con los resultados del sondeo de mayo, ella se posiciona como una de las funcionarias con mayor reconocimiento y valoración positiva por parte de la ciudadanía.
“Es una figura en ascenso, sus labores están siendo impactadas y vemos ese 95 % donde se está despidiendo una aprobación bastante alta”, aseguró Haug.
El pasado viernes, la ministra Trigueros informó sobre la distribución de los paquetes escolares en la zona exbolsón de Nahuaterique, Honduras, específicamente en la zona fronteriza al norte de Perquín, Morazán.
Esta acción se da tras el incidente de la semana pasada, cuando las autoridades hondureñas restringieron la entrada de la funcionaria salvadoreña debido a que ella vestía uniforme militar.
El gobierno de Honduras argumentó que su ingreso representaba una transgresión a la soberanía nacional, señalando que la normativa vigente prohíbe el acceso de militares extranjeros activos, a menos que se cuente con la aprobación del congreso nacional o se gestione mediante canales diplomáticos entre cancillerías.
El presidente de la República, Nayib Bukele, obtuvo un índice de aprobación del 93 % al 24 de mayo de 2026 de acuerdo con los resultados del más reciente estudio de opinión pública realizado por la firma CID Gallup, indicó este miércoles el gerente de la institución encuestadora, Luis Haug.
De acuerdo con Haug, la recopilación de datos para este estudio de opinión pública concluyó el pasado 24 de mayo con una muestra representativa de 1,200 ciudadanos a nivel nacional entrevistados por teléfono.
Según el gerente, Bukele encabeza la lista de servidores públicos con mejor percepción entre la población salvadoreña. Asimismo, precisó que las medidas implementadas en materia de seguridad gozan de un respaldo del 98 %.
“Aquí vemos que definitivamente el presidente Nayib Bukele, es la persona que es conocido por los ciudadanos y donde el 93% opina favorable de él”, declaró Haug durante el programa de entrevistas “Frente a Frente”.
Haug explicó que la encuesta arroja que El Salvador ha alcanzado un hito en seguridad, ubicándose entre los primeros 10 países a nivel mundial en percepción de seguridad en las calles.
“De hecho, en el último ranking a nivel mundial, por primera vez un país latinoamericano (El Salvador) estuvo entre los primeros 10 de todo el mundo. Estaba ya codeándose con Suiza… Los temores que se tienen de poder ser asaltado, ya lo que era Suiza, lo que era algunos de los países árabes, lo que era Suecia, definitivamente ya El Salvador llegó a fuerza, estaba en el número ocho a nivel mundial, ya no Latinoamérica”, aseguró el Haug.
Los resultados de este estudio de CID Gallup indican que un 95 % de los consultados respalda el manejo de la ofensiva contra las estructuras criminales. Además, el 83 % de los ciudadanos se muestra a favor de endurecer las políticas tanto para los reclusos como para quienes todavía no han sido capturados. Asimismo, un 77% de los salvadoreños encuestados apoya endurecer aún más las medidas antipandillas.
En cuanto a las inquietudes manifestadas por la población, el ámbito económico sigue siendo prioridad mayor que la inseguridad. El costo de la vida es la principal preocupación para el 27 % de los encuestados, seguido por la inseguridad, con un 22 %, y la situación de la vivienda, con un 13 %.
De acuerdo con lo informado por Luis Haug, el estudio reveló que el 79 % de la población (cuatro de cada cinco personas) percibe que la actual gestión gubernamental trabaja en beneficio de toda la ciudadanía. El gerente de CID Gallup subrayó que este hallazgo contrasta significativamente con la tendencia internacional que percibe que los mandatarios favorecen exclusivamente a las élites.
El decreto transitorio que otorga la gratuidad de la renovación del Documento Único de Identidad (DUI), solo si este vence del 29 de noviembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, está vigente desde el pasado 14 de mayo.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de mayo, el mismo día de aprobación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el Diario Oficial de esa fecha fue divulgado ayer martes 26 de marzo de 2026.
Esto implica que los salvadoreños que tengan DUI con fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2026 o una fecha posterior hasta el 28 de febrero de 2027 pueden tramitar su DUI sin que se les cobre los $10.31 que sí le exigirían a un salvadoreño cuyo documento venza en junio, julio, septiembre u octubre de 2026.
Se trata del decreto legislativo 576 denominado “Disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del DUI cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027”.
La renovación gratuita del DUI se podrá realizar “en cualquier Duicentro a nivel nacional” o plataforma electrónica si lo dispone el Registro Nacional de las Personas Naturales y se podrá “iniciar el trámite de renovación gratuita” “desde su entrada (en) vigencia” “hasta el 28 de noviembre de 2026”.
El decreto establece que el Duicentro no podrá exigir “trámites ni documentos adicionales de ningún tipo para gozar del beneficio” de gratuidad.
A lo largo del año 2026 se vencerán un total de 1.6 millones de documentos; sin embargo, del 1 de enero al 19 de mayo de 2026, se han renovado 281,186 documentos, apenas un 17 %.
Para la renovación del DUI, el salvadoreño puede presentarse a un Duicentro o puede antes hacer una cita. El trámite de DUI en línea aún no está habilitado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrató a una empresa por un total de $455,400 para que provea servicios de publicidad con el fin de divulgar las elecciones internas de los partidos políticos y también motive la participación de los salvadoreños en el exterior en las elecciones generales salvadoreñas del 28 de febrero de 2027.
El nombre del proyecto bajo contratación es “Servicios integrales de comunicación y publicidad para el primer cuatrimestre del año 2026, divulgación sobre elecciones internas de partidos políticos, divulgación de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero (LEESE) y campaña país LEESE para motivar la participación electoral de salvadoreños en el exterior proceso electoral 2027”.
La empresa adjudicada fue AKVERTISING según datos de Compras Públicas (Comprasal). Entre otros participantes del proceso de adquisición solo se menciona Ogilvy El Salvador.
Las contrataciones, según el registro, ascienden a montos de $253,400, $89,000, $56,500 y $56,500, todas bajo el código 300-2026-P0136, que suman los $455,400, todas aprobadas el 25 de mayo de 2026.
El sitio de compras públicas no divulga el contrato de compra ni proporciona detalles de los servicios contratados o las fechas en que se desarrollarían las campañas de motivación del voto de los salvadoreños en el exterior o la campaña de las elecciones internas de los partidos políticos.
Hasta ayer, el TSE había realizado adquisiciones por $1,579,184.19 relacionadas a las elecciones generales que El Salvador celebrará el 28 de febrero de 2027.
Esta es la contratación de mayor monto con $455,400, seguida de los boletos aéreos para misiones oficiales por $376,295.12, la contratación de servicios de integración de contenidos institucionales en programas de televisión y plataformas de streaming para la promoción de la participación electoral en el extranjero con énfasis en Estados Unidos y Canadá por $169,250.
Siempre relacionado al proceso electoral 2027, el TSE también ha contratado pólizas de seguro, mobiliario y equipo, servicios profesionales de asesoría legal, renovación de licencias, telefonía móvil, cobertura de riesgos, certificación del sistema antisobornos, servicios de enlaces de internet y transmisión de datos, licencias de software para productividad y gestión en la nube, así como llantas para vehículos, disposición final de desechos bioinfecciosos, internet, formularios y arrendamiento de fotocopiadoras para la Junta de Vigilancia Electoral.
El movimiento “Todos somos El Espino” acumula un total de 517,431 firmas de personas que respaldan una solicitud pública que busca frenar la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en un área de la finca El Espino. El movimiento busca recolectar un millón de firmas.
En la solicitud, el movimiento manifiesta su oposición a la construcción del nuevo CIFCO en una porción de más de 55,000 metros cuadrados ubicadas en la finca El Espino y que fueron transferidas al CIFCO, ya que argumentan que es un área de recarga hídrica y hábitat de especies de riesgo como el torogoz, la ardilla roja y más de 100 especies de aves y mariposas.
“Este bosque enfrenta el riesgo de ser reemplazado por más concreto y contaminación, lo que aumentaría la temperatura y reduciría la calidad del aire en Salvador”, prevén en la misiva.
En la carta, que puede leerse en la plataforma change.org, el movimiento pide la suspensión inmediata del proyecto en dicho lugar, evitar talas y construcciones y proteger legalmente de manera permanente las áreas que conforman la finca El Espino como reserva ecológica.
En estos momentos el movimiento aún mantiene una campaña física y en redes sociales para reunir más firmas en la plataforma global de peticiones en línea change.org. Una de las campañas, situada en este enlace , registraba hasta este 26 de mayo, a las 3:27 p.m., un total de 342,311 firmas. Sin embargo, las cinco campañas gestionadas a través de esta plataforma sumaban hasta ayer 489,791 firmas, informó Jonathan Méndez, integrante del movimiento.
Sumadas a las 27,640 firmas físicas recolectadas, suman un total de 517,431 firmas reportadas hasta ayer.
En una de las campañas en change.org el movimiento «Somos El Espino» ha recolectado más de 340,000 firmas.
“Las firmas provienen de comunidades, universidades, colectivos, diáspora salvadoreña y diferentes redes sociales, por lo que no se trata simplemente de una misma base replicada. Algunas personas compartieron las peticiones con estudiantes universitarios, otras con organizaciones y comunidades en territorio y también hay salvadoreños en el exterior que han difundido las campañas en sus redes y espacios digitales, esto ha permitido ampliar significativamente el alcance de la movilización”, expresó Méndez.
El movimiento, que ha logrado levantar el tema en redes sociales y al cual se han unido jóvenes, busca tener un espíritu constructivo y ha dirigido mensajes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
«Sigamos compartiendo #SalvemosElEspino #cadenanacional Presidente @nayibbukele esperamos su respuesta 🦝🌿🌎💚 Con respeto y espíritu constructivo, por El futuro de El Salvador», indicó el martes en X.
El 16 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa transfirió un terreno arborizado de 55,711.13 metros cuadrados ubicado en la Finca El Espino al CIFCO para que el Gobierno de China Popular construya la nueva sede del centro de convenciones, ya que sus instalaciones originales fueron utilizadas para convertirlo en Hospital Nacional El Salvador durante la pandemia de covid-19. Actualmente todavía funciona y atiende a pacientes de distintos padecimientos. Durante la aprobación, fue mostrado públicamente un mapa «urbanizable» en El Espino.
El presidente del Cesta Amigos de la Tierra, Ricardo Navarro, ha asegurado que construir el CIFCO implicaría talar los árboles sembrados en más de nueve manzanas de terreno.
De acuerdo con el proyecto de decreto aprobado para transferir el terreno de 55,711.13 metros cuadrados, el inmueble transferido era parte de un terreno general propiedad del Ministerio de Hacienda de 475,806.7160 metros cuadrados “que forma parte de la Finca El Espino, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este”. Dicha porción fue solicitada al Ministerio de Hacienda por el CIFCO.
Parte del decreto que transfirió el terreno estatal ubicado en la zona conocida como finca El Espino al CIFCO.
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, destacó este martes la “eficacia” de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) durante la conmemoración de los 40 años de cooperación entre España y El Salvador.
Granados realizó una visita oficial de dos días al país, en la que también se celebraron los 25 años de relaciones entre España y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Durante un acto realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la funcionaria española entregó a la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, un libro conmemorativo que recopila los principales hitos de la cooperación bilateral iniciada en 1986.
«Los avances que se reflejan en la publicación son el resultado del compromiso y del esfuerzo del pueblo salvadoreño y de sus instituciones, subrayando el trabajo de todos los actores de la Cooperación Española», afirmó Granados.
La secretaria de Estado también sostuvo que el trabajo de las ONGD ha sido “eficaz” y aseguró que su participación es “inseparable de la historia y de los logros de la cooperación española en el país”.
Como parte de la agenda oficial, la delegación española visitó el distrito de Suchitoto, donde supervisó proyectos de agua potable y saneamiento impulsados con apoyo financiero del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Según detalló la funcionaria, la cooperación española ha destinado una inversión de $70 millones para ejecutar proyectos vinculados al acceso al agua y saneamiento en diferentes comunidades salvadoreñas.
La visita de Granados ocurre en un contexto en el que España mantiene programas de cooperación regional con Centroamérica enfocados en desarrollo social, fortalecimiento institucional y acceso a servicios básicos.
La cooperación española en El Salvador inició formalmente en 1986 y desde entonces ha financiado iniciativas en áreas como educación, salud, gobernabilidad, infraestructura y gestión de recursos hídricos.
La comunidad Michapa, sectores 1 y 2, del municipio de Cuscatlán Sur, en el departamento de Cuscatlán, fue incluida en la ley que legaliza tramos de carretera en desuso que son habitadas por familias que no disponen de vivienda, con el fin de que las reciban mediante el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).
Los diputados aprobaron el dictamen para reformar la “Ley especial para la legalización de calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso público, para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”.
La reforma sería aprobada en la sesión plenaria de este miércoles. En su solicitud, la diputada Janeth Molina, de Nuevas Ideas, aseguró que son 18 familias de escasos recursos quienes conforman esta comunidad.
El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) resolvió que el tramo que ocupa la comunidad Michapa “ya no tiene uso vial” y “sí es factible desafectarlo con el objetivo de que las familias que ahí habitan puedan legalizar a su favor el área del inmueble que habitan”. Según el dictamen, la vía no es utilizada desde hace dos décadas.
El MOPT emitió el informe técnico el 23 de marzo de 2026 luego de una inspección realizada el 18 de febrero de 2026 por el MOPT, Ministerio de Vivienda, Fonavipo y Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP).
La comunidad se ubica dentro del trazo antiguo de la Carretera Panamericana entre el kilómetro 23 y el kilómetro 27 y medio, distrito de Santa Cruz Michapa, municipio de Cuscatlán Sur, según el dictamen leído.
Las primeras comunidades introducidas en esta ley fueron Los Castaños, en Caluco, Sonsonate, Palacios en San Rafael Cedros, en Cuscatlán, en Santa Rosa, Quezaltepeque, La Libertad, cuando la ley se aprobó con un total de 59 comunidades legalizadas en 2009.
La normativa ha venido reformándose desde entonces. Primero se hicieron seis reformas a la misma, de 2012 a 2015. La siguiente reforma aprobada el 19 de diciembre de 2019 incluyó a la comunidad Las Flores y la Esperanza en Apaneca, Ahuachapán, que fue la comunidad número 60 beneficiada. Desde entonces, se han incluido 16 comunidades contando la legalización que sería aprobada este miércoles.