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La alcaldía de San Salvador Centro exhortó este jueves a los ciudadanos de los cinco distritos a presentar su declaración de impuestos municipales en cualquiera de los Puntos de Atención Empresarial (PAE) de la comuna.

Señaló que el último día para presentar la declaración de impuestos municipales es el 31 de marzo.

“Evita multas, presenta a tiempo, no dejes al último mes y evita largas colas”, indicó la institución municipal.

Los distritos que deben declarar son: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

La administración tributaria municipal tiene la facultad legal de requerir declaraciones a los contribuyentes o responsables respecto a sus obligaciones tributarias. Según el artículo 101 de la Ley general tributaria municipal, esta tiene que determinar la obligación tributaria pero según el artículo 102 los contribuyentes “presentarán declaracióin jurada” en los plazos establecidos.

Omitir la declaración de impuestos municipales conlleva a una sanción del 5 % del impuesto no declarado. También se sanciona con el 20 % del impuesto omitido si se presentan declaraciones falsas o incompletas.

Si las declaraciones de impuestos se presentan de manera extemporánea se establece una sanción del 2 % del impuesto declarado fuera del plazo, por cada mes o fracción de mes desde la fecha en que concluyó el plazo para presentar la declaración.

Los obligados son propietarios de negocios o que realicen cualquier actividad económica dentro del municipio (comercial, industriales, financiera, serviciso), deben declarar impuestos y actividades económicas aunque no hayan operado en el año, también personas o empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles. La declaración se realiza en los primeros tres meses del año.

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, presentó este jueves, ante la ventanilla de Correspondencia de la Asamblea Legislativa, su propuesta de reducción del Impuesto sobre la Renta para los trabajadores salvadoreños, iniciativa que el pleno rechazó agendar el pasado martes.

La propuesta de “Disposición especial transitoria para la reducción del 50 % del Impuesto sobre la Renta aplicable a las rentas obtenidas del trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026” fue recibida hoy por la Gerencia de Operaciones Legislativas de Sección de Correspondencia Oficial a las 10:42 a.m. de este 26 de febrero, según el sello institucional.

Ortiz opinó que el Legislativo está “legislando para intereses particulares” al referirse a la reducción del impuesto por concentración de alcohol al whisky, ginebra y otros licores.

“Presentamos esa propuesta en sesión plenaria, lamentablemente la bancada mayoritaria decidió no permitir que esta propuesta vaya a comisión, por eso este día vamos a hacer la presentación para que quede en cancha de ellos”. Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz relató que “fue una sorpresa muy grande” que, después de que Vamos intentara introducir la iniciativa para reducir el Impuesto sobre la Renta, redujeran los impuestos a varios licores fuertes.

¿En qué consiste?

La propuesta de Ortiz contiene tres artículos, el primero establece la reducción del Impuesto, el segundo regularía las retenciones y el tercero la vigencia, que solo se aplicaría al pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio de 2026.

“Se reduce en un 50 % el Impuesto sobre la Renta causado por las personas naturales respecto de las rentas obtenidas del trabajo, en los térmnos definidos en el artículo 2, literal “a” de la referida ley”, señala la propuesta, que se refiere a la renta obtenida “del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales”.

La reducción se aplicaría sobre el monto del impuesto después de aplicar las deducciones y las exenciones.

Según el artículo 2 de la propuesta, los agentes de retención aplicarían la reducción del 50 % en las retenciones de las rentas obtenidas del trabajo durante 2026. Las retenciones realizadas antes se mantendrían pero la reducción se aplicararía en la liquidación anual del impuesto.

La diputada asegura que el esquema de cobro de impuestos sobre los salarios de los salvadoreños no ha tenido “ajustes estructurales acordes a la realidad económica actual” y que es “una de las principales afectaciones al ingreso disponible de los trabajadores formales”, por lo que cree necesario “compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

El reglamento interior de la Asamblea indica que “las solicitudes, mociones y en general toda correspondencia relacionada con el trabajo de la Asamblea, serán estudiadas y dictaminadas por la comisión que la Presidencia oportunamente determine” y para ello “se abrirá el expediente respectivo.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, se reunió con el subsecretario de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Riley M. Barnes, y le expresó que “los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad” en El Salvador.

“Sostuve un encuentro con Riley M. Barnes, a quien expresé que, para nosotros, los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad en la agenda de seguridad; además le expliqué de nuestro trabajo para combatir la trata de personas, entre otros temas”, informó en X la funcionaria.

En un giro respecto a los informes anteriores, el Departamento de Estado de EE.UU. aseveró, en su Informe anual sobre Derechos Humanos 2024, que no ve “informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” en El Salvador y destacó que el Gobierno salvadoreño tomó “medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Sin embargo, el informe habla de “desafíos” en el cumplimiento de las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales en El Salvador, de muertes de personas en prisión antes de ser condenadas y denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

Este informe, publicado en agosto de 2025, indica que hubo 2 denuncias de tortura, 47 denuncias de violaciones a la integridad física, 53 de malos tratos, 34 de abuso físico y 3 de agresión y discriinación. A la vez, señala medidas disciplinarias para 14 policías y destitución de 12.

Los funcionarios que se reunieron no detallaron si conversaron sobre los desafíos en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la población salvadoreña.

El respeto a los derechos humanos en El Salvador es cuestionado por organizaciones no gubernamentales que cuestionan que en El Salvador hay violaciones a garantías judiciales o debido proceso de personas que hayan sido detenidas y violaciones a sus derechos humanos, como arbitrariedad en las capturas, malos tratos y muerte de 480 detenidos desde el inicio del régimen de excepción.

Barnes también fue nombrado en febrero de 2026 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como coordinador especial de Estados Unidos para Asuntos Tibetanos. Antes, fue asesor principal del subsecretario de Asuntos Políticos, subsecretario para asuntos de organizaciones internacionales, asesor principal del embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió a la Asamblea Legislativa derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos que establece un mínimo accionario del 51 % en las entidades bancarias por personas salvadoreñas o centroamericanas, empresas con una mayoría local o regional o extranjeros calificados.

Según la propuesta, la reforma busca “dar acceso a los nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera, posibilitando la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito a los ciudadanos”.

Esto, según el Gobierno, eliminará restricciones legales que impiden o dificultan la “entrada de nuevos competidores en el mercado”.

El artículo 10 de la Ley de Bancos exige que la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador se mantenga en un 51 % entre personas salvadoreñas o centroamericanas o en empresas con mayoría de accionistas salvadoreños o centroamericanos, o bien en manos de bancos centroamericanos con regulación “prudencial” y supervisión calificada por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente; o bien en propiedad de bancos extranjeros de países con regulación prudencial y calificados «como de primera línea» por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

La propuesta fue recibida a las 8:45 a.m. de este martes 24 de febrero y fue publicada por el sitio de la Asamblea Legislativa la noche del martes, al finalizar la sesión plenaria.

Según la misiva enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, a la ministra, la propuesta busca «atender las necesidades de inversión, consumo y desarrollo de los distintos sectores de la economía nacional».

Esta será recibida por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, convocada para este viernes.

Según un estudio del Banco de España, publicado en marzo de 2025, la banca de capital colombiano conforma el 54.1 % del mercado y los bancos de origen salvadoreño solo conforman el 14 %. Son 13 bancos en El Salvador: cinco de capital salvadoreño –Fomento Agropecuario, Hipotecario, Abank, Azul e Integral– y el resto, privados, Bancoagrícola, parte de Bancolombia; Davivienda, del grupo colombiano Bolívar; Cuscatlán, de Inversiones Cuscatlán Centroamérica; Atlántida (Honduras); Banco de América Central (BAC Credomatic) y Promerica, de origen nicaragüense; e Industrial, de capital guatemalteco y Citibank, estadounidense.