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La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos decretos transitorios para extender el plazo que tienen los salvadoreños para modificar su domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) y que este sea incorporado en el Registro Electoral de las elecciones generales del 28 de febrero 2027.

Para los salvadoreños en general, las modificaciones podrán realizarse «hasta 10 meses» antes de las elecciones, por lo que el plazo vencería el 27 de abril de 2026 y ya no este 27 de febrero. Eso implica que los salvadoreños residentes en el país tendrían dos meses más para realizar este tipo de trámites y que el Registro Electoral lo incorpore.

Para los salvadoreños en el extranjero, el plazo se extiende más, ya que permite realizar las modificaciones «hasta 90 días antes» de las elecciones de 2027, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2026.

Ambos decretos transitorios dejarían dejarán sin efecto temporalmente el artículo 20 del Código Electoral cuando establece que el Registro Electoral debe suspender la modificación de residencia un año antes de las elecciones.

Sin embargo, para el registro electoral de los salvadoreños en el extranjero, quedaría sin efecto el primer inciso del artículo 20 en general, es decir, cuando exige que el Registro Electoral debe suspender la inscripción de ciudadanos 180 días antes de las elecciones y también la modificación de residencia un año antes.

La dispensa de trámites del primer decreto fue aprobada por 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El fondo de lo solicitado de ambos decretos fue aprobado por 59 votos, los 54 de Nuevas Ideas, los 2 del PCN, 1 del PDC y 2 de Arena. Ningún diputado opinó sobre los decretos aprobados.

Ambas iniciativas fueron presentadas el 24 de febrero de 2026 a la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas Ernesto Castro, Suecy Callejas, Raúl Chamagua, Ana Figueroa, Elisa Rosales, Walter Alemán, Caleb Navarro y Giovanny Zaldaña.

«Se espera una gran participación de electores y surge la necesidad que el votante pueda realizar actualizaciones de residencia o domicilio en un plazo mayor al establecido en el artículo 20», argumentan en el decreto «Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de residencia o domicilio en el Documento Único de Identidad».

En el decreto «Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el Documento de Identidad para personas en el extranjero» los diputados de Nuevas Ideas argumentan que hay una «previsible participación masiva de electores en el exterior» y que el Estado tiene la obligación de «remover obstáculos que limiten el ejercicio del sufragio».

Según los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), hasta el 31 de diciembre de 2025, sin contar personas fallecidas, 5,562,462 salvadoreños con domicilio en El Salvador.

También, hasta diciembre de 2025, había un total de 938,848 salvadoreños con domicilio en el extranjero, pese a que se considera que hay unos tres millones de salvadoreños en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.

El presidente de Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Gabriel Mato, manifestó al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, interés de participar como observadores en las elecciones de El Salvador.

Ambos funcionarios sostuvieron una reunión de trabajo en Bruselas, Bélgica, informó la Vicepresidencia de la República en X. También participó el coordinador del Grupo Popular Español en el Partido Popular Europeo (EPP), Juan Salafranca.

El eurodiputado Mato mostró interés sobre la posibilidad de participar como observadores con una delegación de la Unión Europea en las próximas elecciones de El Salvador, indicó la Vicepresidencia. “En este marco, reiteraron su disposición de promover iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo de los pueblos y al fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y la Unión Europea”, indicó.

El Salvador realizará elecciones generales, presidenciales, legislativas y municipales, el 28 de febrero de 2027. Las presidenciales, aunque estaban programadas para 2029, fueron adelantadas a 2027 luego de que la Asamblea Legislativa alargara el periodo presidencial de cinco a seis años.

Según la Vicepresidencia, las delegaciones coincidieron en la importancia de “un diálogo político permanente” para ampliar la agenda birregional y en establecer metas comunes sobre progreso económico y social.

En las elecciones generales de 2024, se acreditaron un total de 3,054 observadores nacionales e internacionales, 2,396 observadores nacionales y 658 observadores internacionales. La Unión Europea (UE) acreditó cuatro observadores extranjeros.

La delegación más grande es la enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con 95 observadores.

En las elecciones presidenciales de 2019, hubo 4,294 observadores, 3,220 nacionales y 1,074 internacionales.

La Asamblea Legislativa reformó hoy, con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, el presupuesto 2026 para incorporar $6.2 millones del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la simplificación de trámites en instituciones del Estado.

Con los $6.2 millones, se contrataría los servicios para el desarrollo de sistemas informáticos de digitalización de trámites en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Los fondos provienen de un préstamo CFA-12061 del CAF, aprobado el 4 de julio de 2023, para financiar el “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador a través de la facilitación del comercio e inversiones”, que busca mejorar la infraestructura física y servicios informáticos, para atención a usuarios en las diferentes aduanas del país, la simplificación y digitalización de trámites, con intervención en 18 instituciones públicas y la creación de una plataforma digital para la implementación de la firma electrónica.

La Asamblea Legislativa reformó la autorización del préstamo de $195 millones del BID para la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador con el fin de que el Ministerio Hacienda, que suscribirá el crédito, done los fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y no exija el reembolso de los mismos como se había determinado en el decreto original.

Hubo 57 votos a favor y 1 en contra, de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Se reformó el artículo 2 del decreto aprobado el 18 de diciembre de 2025 que facultaba a Hacienda a suscribir con la CEPA un convenio para transferir «en carácter reembolsable bajo las mismas condiciones financieras del contrato de Préstamo». La reforma indica el convenio será de transferencia “no reembolsable” a CEPA.

El contrato de préstamo 6073/OC-ES fue suscrito por el Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2026 con el BID.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir la apostilla en trámites comerciales aduaneros, con el fin de crear “un clima de negocios atractivo” para inversores nacionales y extranjeros.

La reforma también quita el requisito de presentar copias autenticadas impresas o firmas manuscritas.

En la reforma se incorporó un nuevo artículo 4-A para que, «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero», no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas, «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».

También establece: «Tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.

Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados innecesarios entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.

En el pleno, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, aseguró: «No estamos eliminando el control de la apostilla por ejemplo, sino que se racionaliza el momento en que se exige. Pasamos de un control rígido y previo, que puede y retrasa y frena la actividad económica a un control que es inteligente y que es verificable».

La diputada dijo que esto impacta en inversionistas que están «interesados de hacer negocios» en El Salvador. «Busca reducir las barreras formales y mejorar la competitividad del país frente a otras naciones y fortalecer la atracción de inversión», opinó.

Señaló que la base de esta reforma es el principio de «antiformalismo». «No estamos haciendo una reforma menor, dado que estamos ajustando la forma en cómo interactúa la administración pública con la sociedad y la ciudadanía», indicó. Aseveró que la reforma «no contradice el derecho internacional».

Para la diputada Marcela Villatoro, de Arena, se podrían violar los principios de transparencia y rendición de cuentas en el tema de las compras públicas. «Debería de haberse estudiado un poquito más», observó. Señaló que cuando la facilidad se le da a una empresa que «falsifica sus documentos», la culpa no sería de la empresa sino del Gobierno. «Al final, es un daño a la transparencia», dijo en declaraciones a periodistas.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una autorización a Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para financiar el proyecto denominado “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador”.

El decreto legislativo 520 fue aprobado con 57 votos a favor y 1 en contra.

Con los fondos se financiará la rehabilitación de los sistemas de drenaje de las colonias Médica y Santa Lucía, construcción de lagunas de laminación en la quebrada de Buenos Aires, Santa Tecla, y la quebrada Merliot, en La Libertad; rehabilitación de bóvedas en la quebrada El Piro y bulevar Constitución; actualización del plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador (AMSS) y estudios de preinversión para proyectos de drenajes.

También se financiarán cursos de capacitación técnica en materia de gestión de riesgos de inundaciones, campañas de sensibilización para la disposición adecuada de residuos sólidos, el fortalecimiento de alerta temprana, la incorporación de sensores para la medición y transmisión de datos, el equipamiento para el sistema de monitoreo, y las auditorías respectivas del proyecto.

El Ministerio de reconoció el lunes en Comisión de hacienda que “los sistemas de drenaje urbano compuestos en gran medida por bóvedas y colectores antiguos” están obsoletos, así como el “acelerado proceso de urbanización que reduce áreas permeables” y reiteró que hay una «inadecuada disposición de desechos sólidos que ocasionan inundaciones recurrentes».

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la “Ley reguladora de la producción y comercialización de alcohol y de bebidas alcohólicas” para disminuir las alicuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, concretamente el whisky con grado alcohólico volumétrico superior al 60 % y otros, el ginebra y la partida arancelaria de «licores».

Actualmente los cuatro grupos de licores afectados por la reforma pagan 16 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro de bebida.

El impuesto baja a 9 centavos para whisky con grado mayor al 60 % y otros; para el ginebra y la partida de “licores”; y disminuye a 5 centavos para la partida arancelaria de “licores”.

En la reforma, no se afectan los vinos, el vermut, la cerveza, bebidas como sidra, el ron y tampoco el vodka o aguardientes obtenidos por fermentación con grado superior al 60 %. Estos licores mantienen su alicuota de 9 centavos.

La solicitud enviada por el Ministerio de Hacienda y aprobada con dispensa de trámites señaló que esto se deriva “de la evolución del comercio y de la aplicación del principio de trato de nación más favorecida”.

Los cambios en detalle fueron:

Al whisky con con grado alcohólico volumétrico superior a 60 % vol, se reduce de $0.1600 a $0.0900 la alicuota sobre cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida. Se trata de la partida arancelaria 22.08.30.10. El whisky es la partida 22.08.30.

A “otros” siempre en la categoría de whisky, se baja de $0.1600 a $0.0500 sobre cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida. Se trata de la partida arancelaria 22.08.30.90.

A la partida de “Gin y ginebra”, que paga actualmente $0.1600 por cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida, el impuesto se baja a $0.0900. Es la partida 22.08.50.00.

A los “Licores”, se baja de $0.1600 a $0.0900. Es la partida 22.08.70.00.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que en el momento de la votación acababan de recibir el documento. “Yo no sé si mis colegas diputados ya tienen el diputado, si les interesa tenerlo o van a pushar el botón, este no es un buen procedimiento para aprobar leyes”, cuestionó a Nuevas Ideas.

La diputada Suecy Callejas le respondió que la diputada Elisa Rosales lo leyó y que por eso es “un acto notorio y público”. Ortiz le respondió que la “simple lectura” no equivale “a tener acceso para poder analizar, leer y tomar una decisión responsable”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también pidió el documento. “Me resulta contradictorio que ningún diputado pudiera explicar a qué se debe, cuál es la finalidad, me atrevería a decir que si yo pregunto al azar, tampoco tienen conocimiento de lo que se busca o la finalidad de este documento”, cuestionó.

Castro lo sometió a votación. Ortiz votó en contra. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor de la reforma.

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, presentó este martes un decreto transitorio para reducir en un 50 % el Impuesto sobre la Renta aplicada sobre las rentas derivadas de salarios, sueldos, comisiones, propinas y honorarios por servicios personales.

La diputada propone aplicar la reducción como una medida transitoria solo para 2026 ante el aumento del costo de la vida en El Salvador.

No aplicaría a rentas empresariales, a dividendos, a rentas de capital, a ganancias por alquileres o utilidades, porque “estas otras rentas gozan ya de mecanismos legales para que las empresas puedan ajustar lo que pagan de impuesto a su realidad económica”, explicó hoy la legisladora en el pleno, en donde pidió agendar la propuesta.

Ortiz sostuvo que el costo de la vida ha aumentado en El Salvador y que, pese a que el salario no alcanza, “el descuento del Impuesto sobre la Renta en planilla sigue llegando puntual”, afirmó.

Propuso no cambiar la fórmula, sino únicamente reducir a la mitad el resultado del cálculo. “Si un trabajador mes a mes le descuentan mes a mes $100, solo le descontarían $50, este trabajador habría acumulado $600 que se ahorra de ser descontados para el fisco y los tendría disponibles para sus gastos, para sus necesidades básicas”, afirmó.

“Si el costo de la vida sube, el Estado no puede seguir cobrando impuestos iguales a los trabajadores como si el salario estuviera rindiendo igual, sabemos que no es así. Esta medida beneficia a la gente que día a día tiene que levantarse temprano para cubrir un horario de trabajo”, expresó Ortiz.

“Que esta medida es irresponsable, dicen. ¿Irresponsable con quién?, ¿es irresponsable con las familias que se la ven de a palitos para poder pagar la casa?”, cuestionó.

La diputada pidió introducir la pieza de correspondencia para estudiarla en la comisión respectiva. No obtuvo votos suficientes, ya que no apoyaron los diputados Nuevas Ideas y sus aliados. Solo logró tres votos, dos de Arena y el de Ortiz.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó este martes por 48 vez el régimen de excepción en El Salvador manteniendo la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en el inciso segundo del artículo 12, el inciso segundo del artículo 13 y el artículo 24. El partido Vamos votó en contra y los diputados de Arena se encontraban ausentes.

Con esta prórroga, el estado de excepción cumplirá cuatro años luego de que fuera aprobado el 27 de marzo de 2022, en un inicio también con la restricción del derecho de asociación, que fue restablecido en agosto de 2022.

El primer derecho constitucional es que la persona detenida debe ser informada de sus derechos y razones de detención, que no puede ser obligada a declarar y que se garantiza la asistencia del defensor; el segundo es que la detención administrativa no excederá 72 horas dentro de las cuales debe consigarse a la orden de un juez competente; y el tercero es la inviolabilidad de la correspondencia.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, dijo recientemente en Europa que solo dos derechos constitucionales están suspendidos.

Para solicitar la prórroga, el gobierno argumentó que ha capturado pandilleros a quienes se les ha decomisado armas de fuego y drogas, que ha detenido a personas vinculadas a extorsiones contra comerciantes y “miembros remanentes” que “intentan aparentar su desvinculación”.

En su solicitud, enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, el Ministerio de Seguridad también menciona que las nuevas tecnologías implementadas han permitido la “intervención oportuna de las acciones de ocultamiento y evasión”.

Así mismo, en los considerandos del decreto, se menciona que hay “persistencia de vínculos transnacionales”, por lo cual consideran necesario prorrogar nuevamente el régimen de excepción.

«Las pandillas están debilitadas pero existen»

En el pleno, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que “las pandillas están debilitadas pero existen”, “no están desaparecidas”. El diputado advirtió que, “cuando una enfermedad regresa, lo hacen con mayor agresividad” y criticó al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) por ausentarse durante las votaciones sobre el régimen de excepción.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, citó capturas recientes de supuestos pandilleros. “Son personas retorcidas completamente que ya no tienen ningún tipo de arreglo”, dijo. Leyó que un menor de 17 años de edad fue capturado en colonia Italia, Soyapango, “en posesión de un teléfono celular que lo vincula a la estructura criminal”.

“El régimen de excepción es para los pandilleros. Que restringe creo que dos o tres derechos fundamentales”, dijo.

En El Salvador, los plazos mayores a 72 horas son aplicados también a otros casos como capturados por delitos de conducción peligrosa y a otros detenidos como Ruth López y Enrique Anaya, abogados críticos del Gobierno procesados por enriquecimiento y lavado de dinero, quienes según sus allegados están incomunicados de sus familiares y también abogados.

La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que durante el régimen de excepción se han dado golpes al narcotráfico y se han cumplido 1,140 días sin homicidios desde el inicio del primer periodo de Nayib Bukele el 1 de julio de 2019.

El Ministerio de Seguridad reporta, en la solicitud al Consejo de Ministros, un total de 91,300 personas capturadas, incluyendo cabecillas y sus miembros, durante la aplicación del régimen de excepción; sin embargo, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la asociación Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen cuestiona que, durante la aplicación del régimen de excepción, también ha habido capturas arbitrarias, falta de cumplimiento de órdenes judiciales de libertad por parte de Centros Penales, denuncias de torturas y la muerte de 488 personas detenidas bajo esta medida cuando estaban bajo custodia policial. El vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que es necesario «reducir» el margen de error del régimen de excepción y confirmó que se han liberado 8,000 personas que «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó este martes que aún no han recibido alguna propuesta de reforma de pensiones y pidió a los medios de comunicación «no levantar morbo» del tema.

Según un video publicado por YSKL, Castro expresó: “Ustedes, los comunicadores, porque al final todos somos salvadoreños, no es justo que estén levantando morbo sobre este tema”.

En las negociaciones por un programa que busca la estabilidad financiera, el Gobierno salvadoreño se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a presentar una propuesta de reforma de pensiones el 10 de febrero de 2026 para aplicarla el mismo año. El programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) le permitirá a El Salvador tener acceso a un financiamiento directo de $1,400 millones y la catalización de un financiamiento multilateral adicional de $3,500 millones durante el periodo del programa, 40 meses.

El también diputado de Nuevas Ideas reconoció que se deben hacer más reformas de pensiones: “Es un tema en el que nosotros anteriormente ya hicimos reformas, ahora el tema es que se deben hacer más reformas”.

El funcionario prometió que dará a conocer la propuesta de reforma de pensiones cuando la reciba y no quiso opinar sobre cuáles reformas ve necesarias al sistema.

“Nosotros estamos trabajando de la mano con el Ejecutivo, estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer, en caso sean necesarias, nosotros las vamos a traer aquí y en ese momento las vamos a compartir con ustedes”, fueron sus palabras.

No descartó conformar una comisión especial para poder “hacer una observación si fuera necesaria” a la propuesta de reforma.

El acuerdo con el FMI es diseñar una reforma de pensiones en función de bajar la carga fiscal que tiene actualmente el sistema de pensiones.

Por el momento, ningún funcionario se ha referido de qué forma disminuirían la carga fiscal del sistema sin que este objetivo socave los beneficios previsionales ya otorgados a los afiliados del sistema público de reparto o a los afiliados del sistema privado (los cotizantes de las AFP).

En El Salvador, hay 223,500 personas jubiladas. En el sistema privado son 137,000 jubilados de los cuales el 57 % reciben una pensión de $400 al mes. En el sistema público hay 86,500 jubilados, cuyas pensiones no son detalladas en el informe actuarial.

Por otra parte, el sistema que recibe más fondos es el privado, ya que las AFP tienen 2.1 millones de afiliados activos, mientras que el sistema público, que tiene pensiones mayores, tiene 1,400 afiliados.

Los jubilados de ambos sistemas gozan del beneficio de una pensión vitalicia, que a los privados se otorgó a partir de la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria con sus propios fondos individuales y una inyección inicial por parte del Estado.

En medio de las distorsiones entre los beneficios, según el estudio publicado en diciembre de 2025, el déficit previsional será del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2070, la CGS se agotará en 2029 y las cuentas de la mayoría de jubilados en 2024 se agotarán en dos años.