El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó recientemente que dejarán “legalmente sellado” el marco normativo de El Salvador «para que ningún pandillero sea liberado», en un futuro, mientras defendía el proyecto de presupuesto de la cartera estatal que dirige.
«Creo que nuestra comunión con el pueblo salvadoreño se mantiene sólida y, si el día de mañana nos toca irnos, de manera responsable, somos una generación que va a dejar legalmente sellado este tema para que ninguno de esos, en el futuro, pueda ser liberado. Es decir, jugamos con dos grandes estrategias, por un lado, nuestro protocolo de guerra, que está sustentado sobre el régimen de excepción y que la población respalda bastante porque no es lo mismo vivir para ellos en régimen de excepción que vivir en régimen terrorista», expresó. Luego, se refirió a la reforma penal y específicamente a la cadena perpetua para el delito de pertenencia a organizaciones terroristas, vigente desde abril de 2026.
Villatoro definió el régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022, como el «protocolo de guerra» del gabinete de seguridad «en contra de estas organizaciones criminales».
«Al entender la esencia de estas organizaciones se responde el porqué no se ha levantado el régimen de excepción. Hoy por hoy, tenemos un país envidiable, un país que exporta esperanza, seguridad, pero nosotros salimos a custodiar, a la caza de todos esos miembros no brincados que aún quedan en nuestro territorio», expresó.
El funcionario se refirió a las reformas legales «necesarias para cumplir a cabalidad» la promesa de que «ninguno de los asesinos seriales, pandilleros o pandilleros no brincados, postes, chequeos, gatilleros, van a salir de la cárcel» y resaltó la aprobación de la cadena perpetua, aprobada para el delito de pertenencia de organizaciones terroristas pese a que la mayoría de personas capturadas por sus vínculos con pandillas fueron arrestadas por «agrupaciones ilícitas».
«Ustedes mismos nos apoyaron con la iniciativa de reforma de la Constitución donde establecía la cadena perpetua por pertenencia a organizaciones terroristas», indicó.
Villatoro aseguró que disponen de la infraestructura legal necesaria para lograr condenas de más de 11,00 pandilleros capturados durante el régimen de excepción.
«Ese círculo del sistema judicial completo, desde que se investigó, se capturó, se procesó y se condenó, ya no hay vuelta atrás, los 45 (años), las cadenas perpetuas, los 30, los 20 años, ya los tienen y esa es la apuesta, seguir semana a semana, condenando dentro de un Estado de Derecho que somete a un detenido a un sistema judicial que termina imponiendo la sanción», expresó.
El 79 % de 10,561 pandilleros condenados durante el régimen de excepción han sido condenados a penas entre 15 y 45 años de prisión, mientras 13 han sido sentenciados a cadena perpetua según cifras oficiales. El Gobierno no ha informado si acusará nuevamente a estas personas cuando concluyan sus penas o no.
El Gobierno anunció recientemente que revisará las penas de las personas acusadas de ser colaboradores de pandillas. La cadena perpetua, una vez impuesta, puede reducirse a 10 años de prisión a petición fiscal según la reforma penal.
El Salvador tiene en sus cárceles unos 121,000 personas privadas de libertad de los cuales 96,400 son pandilleros. El presidente salvadoreño ha dicho que el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) “es la cárcel más dura” para “personas que han matado diez o incluso más” personas y que en el resto del sistema penitenciario tienen “programas de capacitación” y por cada día que trabajan se les descuenta a los reos dos días de su condena.
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