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La Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció este lunes que sus cuentas oficiales de redes sociales no serán actualizadas regularmente hasta que se reanuden completamente las operaciones, debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias.

Como excepción, sí divulgarán información urgente de seguridad y de protección.

Sin embargo, la Embajada continuará “los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el extranjero”, pero “en la medida que la situación lo permita”.

Desde el sábado 31 de enero, la falta de aprobación de presupuestos necesaria antes del 30 de enero por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en Estados Unidos ha provocado un cierre de gobierno gubernamental. El Senado, con apoyo de todos los demócratas y siete legisladores republicanos, bloquearon un proyecto de presupuesto tras dos asesinatos cometidos por agentes de migración en Minéapolis.

El nuevo cierre parcial ocurre luego del último cierre más largo de la historia de Estados Unidos del 1 de octubre al 12 de noviembre por falta de aprobación presupuestaria para 2026 en el Senado.

El informe de ingresos del Ministerio de Hacienda, a diciembre de 2025, revela que el Estado no realizó recaudaciones del impuesto del 30 % a agentes extranjeros, vigente desde junio, cuando la normativa entró en vigor.

Los ingresos del Estado tienen desde 2025 un nuevo concepto en tributo denominado “Impuesto sobre transacciones (Ley de Agentes Extranjeros)” dentro de la categoría “Otros impuestos y gravámenes diversos”, que forma parte de los ingresos corrientes y las contribuciones registradas por el fisco.

El impuesto del 30 % se aplica a las donaciones que personas u organizaciones calificadas como “agentes extranjeros no excluidos” reciben en cuentas bancarias exclusivas, las cuales deben abrirse para cada proyecto gravable. Debe ser retenido por las instituciones bancarias y reportado a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda durante los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período tributario correspondiente.

La inscripción de las organizaciones en el RAEX ha sido el primer paso de la aplicación de la ley. La normativa otorgó a las personas naturales u organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero un plazo de 90 días para inscribirse en el RAEX, el cual finalizó en septiembre de 2025.

Durante 2025, un total de 29 organizaciones solicitaron su inscripción como agentes extranjeros en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). Además, 38 organizaciones pidieron ser consideradas “sujetos excluidos” del impuesto, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, ya que la ley les faculta a solicitar la exención si realizan actividades sociales y es el RAEX –una entidad que a partir de 2026 tiene un presupuesto de $600,000– el que puede determinar qué organizaciones estarán excluidas del pago del impuesto.

Los criterios para calificar a una organización como excluida del impuesto son la naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, el destinatario, el proyecto a ejecutar y el cumplimiento de la ley. Asimismo, tiene la facultad de revocar dichas exclusiones.

Acción Ciudadana es una de las organizaciones consideradas no excluidas del impuesto. La organización dice no haber recibido fondos en lo que va del año 2026, por lo que no ha sido gravada con el nuevo impuesto a las transferencias.

La AC considera que uno de los efectos de la mera vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros ha disminuido el interés de muchos cooperantes para financiar proyectos de organizaciones de El Salvador. “Muchos cooperantes no están registrados en el RAEX y hay convocatorias donde no consideran a organizaciones salvadoreñas. Varios cooperantes no están viendo a las organizaciones salvadoreñas como receptoras de cooperación”, observó.

La ley define como agentes extranjeros a las personas naturales o jurídicas que responden a intereses o reciben financiamiento de personas o empresas extranjeras, denominadas mandantes extranjeros, quienes también deben inscribirse en el RAEX. En 2025, solo un mandante extranjero se registró en ese sistema.

La normativa fue impulsada tras una protesta de la comunidad El Bosque, en las cercanías de la residencia del presidente Nayib Bukele. En ese contexto, el mandatario aseguró que organizaciones no gubernamentales globalistas manipularon a la comunidad para atacar al Gobierno y afirmó que los fondos recaudados con el impuesto servirían para financiar los terrenos de los miembros de la comunidad que se manifestaban contra un desalojo.

La Constitución de la República de El Salvador tiene 14 decretos de reformas en los últimos 26 años, incluyendo la modificación al artículo 248 de la Constitución, para permitir la reforma constitucional en una sola legislatura, y la habilitación de la reforma presidencial indefinida.

Esta es una cronología de las reformas que ha sufrido la Constitución salvadoreña.

1. Ser humano desde la concepción: 1999

El 3 de febrero de 1999, se ratificó el acuerdo para agregar un inciso segundo al artículo 1 de la Constitución para reconocer como persona humana a todo humano desde el instante de la concepción. El acuerdo de reforma fue aprobado el 30 de abril de 1997.

2. Formación de ley: 2000

Una reforma, aprobada el 13 de abril de 2000, estableció que el término de la publicación de las leyes será de “quince días hábiles” y que, si dentro de ese término, el presidente de la República no las publica, el presidente de la Asamblea Legislativa lo hará en el Diario Oficial o cualquier otro de mayor circulación. La reforma establece que la reforma es “en el sentido que para el proceso de formación de ley se cuenten solo los días hábiles”. También se establecen días hábiles para la devolución de un proyecto de ley que el presidente considere inconstitucional; en caso de veto, y de sanción.

3. Protección a recursos naturales: 2000

La reforma, ratificada el 13 de abril de 2000, establece que “es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”. El acuerdo de reforma fue aprobado el 30 de abril de 1997.

4. Extradición por tratados y no por motivos políticos: 2000

La reforma, ratificada el 6 de julio de 2000, establece la extradición, aún para salvadoreñas, previamente a un tratado internacional que lo regule y que no se aplique por delitos políticos, aun si resultan en delitos comunes. El acuerdo de reforma fue aprobado el 27 de abril de 2000.

5. Iniciativa de ley para diputados Parlacen: 2003

La reforma establece la iniciativa de ley a los diputados del Parlamento Centroamericano por El Salvador relativa a la integración centroamericana. Fue acordada el 6 de septiembre de 2001 y ratificada el 2 de abril de 2003.

6. El CSSP: 2003

Se establece que el Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo y sobre el ejercicio de las profesiones de la salud. Se acordó el 23 de abril de 2003 y se ratificó el 15 de mayo de 2003.

7. Límites a la huelga: 2009

La reforma, aprobada el 27 de mayo de 2009, establece limitaciones al derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga “salvo en los servicios públicos esenciales” para no afectar la prestación de servicios públicos esenciales a la comunidad. Fue un acuerdo de reforma aprobado el 24 de agosto de 2006.

8. Derecho a asociación y contratos colectivos: 2009

La reforma, ratificada el 27 de mayo de 2009, establece el derecho de formar asociaciones profesionales o sindicatos a funcionarios y empleados públicos y municipales, con limitaciones de la ley; así como el derecho de negociación colectiva y que los contratos colectivos entrarán en vigencia en primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su celebración. Se establece que no gozarán de ese derecho la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, miembros de carrera judicial o cargos de confianza.

9. Pueblos indígenas: 2014

Se ratificó una reforma el 12 de junio de 2014 para reconocer a los pueblos indígenas y adoptar políticas “a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Fue un acuerdo de reforma aprobado el 25 de abril de 2012.

10. El artículo 248, reformas a la Constitución: abril 2024-enero 2025

Se cambió la forma en la que puede reformarse la Constitución, permitiendo un camino rápido a los cambios constitucionales, con el fin de que pueda acordarse y ratificarse por la misma legislatura, y no por dos.

La reforma quedó así: “Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa por dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial”.

La reforma fue acordada el 29 de abril de 2024, al final de la legislatura 2021-2024, y ratificada el 29 de enero de 2025, en la siguiente legislatura.

11. Deuda política: febrero 2025

La primera reforma constitucional de manera rápida eliminó el financiamiento púbico para los partidos políticos. Fue acordada el 12 de febrero de 2025 y ratificada el 26 de febrero de 2025.

12. Parlacen: julio 2025

La reforma eliminó toda referencia al Parlamento Centroamericano de la Constitución. Fue acordada el 31 de julio de 2025 y ratificada el 31 de julio de 2025.

13. Reelección presidencial indefinida: diciembre 2025

Se habilitó la reelección presidencial indefinida, ya que se eliminó del artículo 75 la causal de pérdida de derechos ciudadanos de promover la reelección presidencial; y se eliminó el inciso 1 del artículo 152, que decía que “no podrán ser candidatos a presidente de la República” quienes hubieren fungido como tales en el periodo inmediato anterior.

Esta reforma también pasó el periodo presidencial a seis años y adelantó las elecciones presidenciales con el fin de que estas se realicen junto a las elecciones legislativas y municipales.

14. Se amplía periodo al TSE: diciembre 2025

Se extendió de cinco a seis años el periodo para los magistrados del TSE y el periodo de los actuales magistrados se redujo hasta el 1 de julio de 2027 y ya no el 1 de julio de 2029. Fue acordada y ratificada el 16 de diciembre de 2025.

15. Presupuesto de la Corte: diciembre 2025

Se eliminó el piso presupuestario del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto que tenía la Corte Suprema de Justicia. Fue acordada y ratificada el 16 de diciembre de 2025.

La diputada Cesia Rivas, del opositor Vamos, aseguró que, cuando su partido realiza visitas a las comunidades las personas les expresan que tienen temor de caer en el “margen de error” que ha sido reconocido por el Gobierno en la aplicación del régimen de excepción.

“Los salvadoreños, ahí en las colonias… ¿saben qué nos decían?, les voy a poner el caso de Santa Lucía, nos decían que qué bonito era estar en la calle y que sus hijos salieran a jugar mica, a jugar ladrón librado como lo hacían antes… ¿Pero saben qué también nos dijeron? Que tienen miedo de ser el margen de error, que tienen miedo de ser un error y terminar con su vida”, expresó la legisladora suplente que el jueves votó en contra de la 47ª prórroga del régimen de excepción que cumplirá cuatro años en El Salvador el próximo 27 de marzo de 2026.

“¿Acaso el salvadoreño no merece una seguridad sin margen de error?, ese margen de error reconocido por esta administración, ese margen de error que se ha cobrado vidas de estudiantes, de jornaleros, de maestros, de sindicalistas, de salvadoreños de bien que no tenían ningún vínculo con las pandillas y que muchos de ellos han salido muertos porque no se les dio el derecho de decir que eran inocentes”, preguntó a los diputados en el pleno legislativo en la sesión del pasado jueves.

Rivas preguntó cuántas personas están detenidos y “con carta de libertad” porque a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) “no le importa porque en este país no hay separación de poderes”.

“Lo que reina es la inseguridad jurídica”, aseguró, sobre El Salvador. Según la diputada, dicha inseguridad jurídica hizo que un defensor ambiental y el pastor de una iglesia líder de la comunidad El Bosque fueran arrestados por “protestar”.

“Esos vendedores del Centro que son amenazados con el régimen de excepción que se los van a llevar, de eso no dicen nada”, reclamó.

La legisladora, que pidió la aprobación de una ley de desaparecidos, también objetó la reserva de información pública sobre las cárceles del país y criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo señalamientos de pactos con las pandillas durante la administración actual.

Cerca de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador, el Ministerio de Seguridad justificó ante el Consejo de Ministros la necesidad de mantener esta medida en la persistencia de las pandillas en el territorio nacional y en la amenaza regional de estos grupos delictivos poniendo de ejemplo los hechos ocurridos en Guatemala.

En su solicitud de la 47ª prórroga del régimen de excepción, enviada a la Asamblea Legislativa por el secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, Adolfo Muñoz, se expone que el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, sometió a consideración del Consejo de Ministros diversas circunstancias para sustentar la solicitud. El régimen de excepción se prorroga cada mes; la más reciente está vigente hasta el 1 de marzo próximo.

De acuerdo con el Gobierno, aunque se han capturado “más de 91,000 terroristas”, es necesario prolongar el régimen de excepción, ya que la suspensión de las tres garantías constitucionales contenidas en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, así como del artículo 24, “son necesarias” para “continuar las actividades operativas de seguridad”.

La suspensión de las garantías constitucionales tienen que ver con el derecho de defensa, plazo máximo de detención e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, derechos que están suspendidos en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

Según el Ejecutivo, estas medidas “han permitido la detención de integrantes y jefes de organizaciones terroristas, de criminales relacionados con la comisión de ilícitos vinculados al traslado de armamento, e incluso han neutralizado agresiones dirigidas hacia elementos policiales”.

El Ministerio de Seguridad explicó que recientemente fueron capturados miembros de una organización criminal “cuyas acciones estaban dirigidas a afectar gravemente a jóvenes y menores en entornos escolares, por medio de intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas tanto dentro como fuera de los centros educativos”.

“Esto confirma la persistencia y el intento de reorganización de las pandillas en el país, evidenciando la gravedad de este fenómeno”, señala el documento.

Asimismo, el ministro sostuvo que, debido a la amenaza que representan las pandillas para la sociedad y la juventud, “resulta indispensable continuar con la adopción de medidas extraordinarias y especializadas que permitan combatir eficazmente estas estructuras criminales”.

El Gobierno también argumentó que las estrategias permiten “mantener el control interno sobre las estructuras criminales”, pero advirtió que el contexto regional “demanda especial atención” por los hechos ocurridos en Guatemala, donde fueron asesinados nueve agentes policiales.

“Estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad alcanzada en nuestro país. Por ello, la defensa y el combate frontal contra terroristas deben mantenerse a través de las medidas extraordinarias previstas en el régimen de excepción”, indicó el Ministerio de Seguridad al Consejo de Ministros, según el escrito del secretario jurídico.

Finalmente, el documento sostiene que la continuidad del régimen de excepción se considera una herramienta indispensable para preservar la estabilidad y proteger a la población salvadoreña frente a posibles repercusiones externas.

El régimen de excepción ha cuestionado por organizaciones no gubernamentales bajo el argumento de que su aplicación ha implicado la captura de personas no vinculadas a pandillas ya que han registrado más de 6,500 denuncias, en su mayoría denuncias de capturas arbitrarias, y la muerte de más de 400 personas detenidas bajo custodia estatal. El gobierno ha admitido que hay un margen de error en las capturas.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró que su gobierno estará dispuesto a colaborar con El Salvador en tecnología minera, educación y temas agrícolas, al esperar colaboración salvadoreña en torno al sistema penitenciario.

Kast se reunió el viernes con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, San Vicente Sur.

«Queremos generar vínculos de colaboración, en lo que nosotros podamos aportarle en temas de tecnología minera, en temas de educación, en temas agrícolas», expresó, sin dar detalles si hubo pláticas sobre estos tres temas en los que podría colaborar Chile con El Salvador.

Kast dejó claro que quieren «pedirle la colaboración» al gobierno salvadoreño «en mejorar el sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal», pero aclaró que «no necesariamente» aplicarán el mismo modelo sino que lo adaptarían a la realidad chilena, de la cual dijo que «va en un sentido contrario al progreso en tema de seguridad y ha ido perdiendo la esperanza».

“Son un faro dentro de un mundo agitado por el mundo agitado por el crimen organizado y que tenemos nosotros mucho que aprender de ustedes”. José Antonio Kast, presidente electo de Chile al gobierno de El Salvador.

La Asamblea Legislativa de El Salvador revirtió el 23 de diciembre la prohibición de la minería metálica y aprobó una Ley General de Minería Metálica, derogando la Ley de Prohibición de Minería Metálica que estuvo vigente en el país desde 2017.

La nueva ley, que está vigente desde el 7 de enero de 2025, permite la exploración, explotación y extracción de metales, así como toda actividad minera metálica, en el suelo y subsuelo y en el dominio marítimo de El Salvador, sin necesidad de concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.

La explotación minera podrá ser realizada únicamente por el Estado pero podrá hacerlo “a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta». La ley prohíbe expresamente el uso de mercurio, aunque no del cianuro. El resto de sustancias deberán ser autorizadas por la Dirección de Minas.