Categoría: Politica

  • Organizaciones marchan este 15 de septiembre contra régimen, despidos y jornada laboral 4-3

    Organizaciones marchan este 15 de septiembre contra régimen, despidos y jornada laboral 4-3

    Organizaciones como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) han convocado a participar a una marcha este martes 15 de septiembre que partirá desde la zona del hospital nacional Rosales, sobre la 25 Avenida Norte, para dirigirse sobre la Alameda Juan Pablo II hacia el centro de San Salvador.

    El candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, quien también es secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), aseguró ayer que participará en la marcha. Sin embargo, organizaciones aclararon ayer que la marcha no busca a respaldar a ningún candidato presidencial y pidieron «respetar» el espacio.

    El BRP, que considera inconstitucional la reelección presidencial y por ello rechaza la participación en las elecciones de 2027, ha explicado que marchará contra lo que considera un régimen autocrático en función del “clan familiar, oligarquía e imperialismo” y contra el gobierno actual, al que consideran “usurpador y transgresor de la Constitución”.

    El Colectivo de Resistencia Obrero Sindical Salvadoreña rechazó «la jornada de 11 horas diarias durante cuatro días», ya que consideró son «horarios extenuantes» que transgreden los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pidió la reducción de la jornada semanal y frenar los despidos en la red nacional de hospitales y Seguro Social.

    El BRP informó que marchará en rechazo al régimen de excepción, capturas arbitrarias, la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares, los juicios masivos en donde se mezclan personas inocentes con delincuentes y la cadena perpetua para personas señaladas del delito de agrupaciones ilícitas, así como contra el proceso penal contra miembros de la Alianza El Salvador en Paz, la persecución sindical y la Ley de agentes extranjeros.

    El representante de Movir, Samuel Ramírez, explicó que denuncian capturas arbitrarias, las muertes en las cárceles, las condenas masivas de inocentes mezclados con pandilleros y el régimen de excepción. «El silencio está matando a las víctimas… No estamos de acuerdo con este modelo de gobierno… Con el miedo quiere seguir gobernando este país», dijo Ramírez.

    Entre las manifestaciones económicas de la marcha, rechazan la suspensión del pago de intereses por los fondos de pensiones y el déficit de la producción agropecuaria.

    También, el Comité Nacional Monseñor Romero aseguraron que pedirán extender la protección migratoria a los salvadoreños que han estado bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), y defienden a madres y familiares de personas inocentes encarceladas y a vendedores ambulantes perseguidas, además de pedir salarios dignos y jornadas laborales justas.

    Miembros de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral marcharán contra la propuesta gubernamental de reorganizar la jornada laboral en El Salvador en cuatro días de 11 horas de trabajo y tres de descanso, conocida como la jornada 4-3, ya que lo consideran  un retroceso en derechos laborales. En su lugar, piden reducir la semana laboral de 44 horas a un máximo de 40 horas, con aumento de salarios y respeto a los contratos colectivos y escalafones.

    La Mesa pidió una reforma de pensiones para ampliar su cobertura y mejorar las pensiones.

    La marcha se realiza en un contexto en el cual el Consejo Superior de Trabajo analiza propuestas de modificación a las jornadas laborales y en el cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador anunciaron el compromiso de una reforma de pensiones en 2027. La reforma de pensiones acordada en el programa para el cual El Salvador acudió al FMI, de Servicio de Ampliado del Fondo (SAF), busca mejorar las finanzas del país y la reforma previsional está enmarcada dentro de dicho fin.

  • Candidatos al CNJ por el sector de jueces proponen capacitar a evaluadores y cambiar formulario de evaluación de jueces

    Candidatos al CNJ por el sector de jueces proponen capacitar a evaluadores y cambiar formulario de evaluación de jueces

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó la penúltima jornada de entrevistas a los candidatos, con las ternas propuestas para miembros propietarios y suplentes del sector de jueces y magistrados en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

    El primer candidato a miembro propietario del CNJ fue José Alberto Franco Castillo, juez de primera instancia y de sentencia de Santa Tecla.

    Franco Castillo propuso una «reingeniería» del CNJ y un procedimiento de concurso por oposición para seleccionar a los candidatos a jueces y magistrados. Criticó que en los procesos de selección hay falta de transparencia ya que se desconoce por qué razón una persona queda fuera del proceso de selección.

    «Los que están concursando merecen respeto de que se les diga por qué sí o por qué no», expresó.

    Propuso que todos los jueces «deben ingresar en el juzgado de menor rango, que es el juez de paz», ascensos según los «méritos con indicadores expresamente definidos y ponderados» y revivir un Programa de Formación Inicial semipresencial, que antes formaba a los jueces antes de ejercer sus cargos.

    El juez advirtió que actualmente no existe» la Comisión de Investigación de los problemas y dificultades del Órgano Judicial, que se establece en el artículo 6 de la Ley del CNJ, y que esta podría identificar las causas y dar soluciones a la mora judicial. El candidato, sin embargo, señaló que «actualmente el Órgano Judicial ha disminuido la mora judicial» luego de las reformas y la redistribución de la carga en el área penal.

    Propuso un «rediseño» de la Escuela de Capacitación Judicial y la creación de un observatorio judicial de investigación. Sostuvo que la Escuela de Capacitación Judicial actualmente «no tiene director actualmente», el subdirector es interino y, según el juez, la sección académica, los coordinadores académicos y la Unidad de Investigación «no se encuentran trabajando». «La estructura de la Escuela de Capacitación está debilitada», afirmó.

    Sugirió que los evaluadores «sean personas experimentadas». Destacó la importancia de la visitas in situ y los informes de gestión que envían los jueces al CNJ y a la Corte Suprema de Justicia.

    Ante los cambios que está sufriendo el país nosotros actualmente, por medio de las políticas públicas que tenemos actualmente, El Salvador está gozando realmente de inversiones, hay un mayor credibilidad del país a nivel internacional por ser un país que presenta niveles de seguridad muy altos». José Alberto Franco Castillo, juez de sentencia de Santa Tecla.

    Oswaldo Dagoberto Argueta Salazar, juez segundo de familia de Ahuachapán. Fue colaborador de tres juzgados, juez de paz de San Matías y posteriormente nombrado 2022 como parte «de la nueva era de jueces».

    Propuso que el CNJ dé insumos contra la mora judicial y seleccionar a los candidatos a jueces y magistrados por méritos, y «otorgar un plazo para que el juez pueda justificar» un hallazgo para «no estar haciendo informes que vienen a saturar el área de Investigación Judicial de la CSJ», así como evaluar «para mejorar» no solo para sancionar.

    Sugirió el uso «responsable» de la Inteligencia Artificial.

    El diputado Ernesto Castro le preguntó qué opina sobre la formación de jueces. El candidato propuso una «maestría judicial».

    El candidato dijo haber sido respaldado por la Asociación de Mujeres Jueces de El Salvador (Amjes), Asociación de Jueces de Paz de El Salvador (Ajupes), Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (Amjues), Asociación de Jueces y Juezas de Chalatenango y de El Salvador (Ajuchaes).

    El tercer candidato fue Omar Alexander Hernández, magistrado de la Cámara primera contra el crimen organizado, antes fue magistrado de la Cámara de menores de occidente, juez 11o. de paz de San Salvador, juez de paz en Guatajiagua y Guacolocti, Morazán, y fue colaborador judicial en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador. Se graduó en 2005 del Programa de Formación Inicial de Jueces.

    Hernández propuso actividades académicas novedosas y cuido de la resolución del juez. «El CNJ es responsable de que existan capacitadores adecuados», dijo. Sugirió revisar los instrumentos de evaluación y «sistematizar los resultados» así como cuando se realiza «una tesis» para analizar cuáles juzgados tienen mora judicial.

    Señaló que ve «temas de mejora» en el CNJ en la evaluación judicial, como visitar a los juzgados de paz de los pueblos como usuario para ver de qué manera son atendidos. Muchas veces las personas piden una conciliación y no reciben una respuesta, afirmó.

    «No es lo mismo capacitar y evaluar jueces que manejan causas con 30, 50, 100 imputados, hay audiencias únicas abiertas con 200 imputados, 300 imputados. No es para cualquier juez sentarse y hacer ese tipo de manejo de audiencia por el tema de gestión, despacho y esquema técnico de la resolución que tiene quedarse. Ese aspecto debe cubrirlo un juez que haya tenido experiencia». Omar Alexander Hernández, magistrado de la Cámara primera contra el crimen organizado.

    También están siendo entrevistados los candidatos al CNJ para un cargo suplente por el sector de jueces y magistrados entrevistados este lunes fueron Nelly Edith Pozas Henríquez, magistrada de la Cámara Segunda de lo Laboral; José Mauricio Henríquez Iraheta, juez de sentencia de San Vicente; y Óscar Antonio Sánchez Bernal, juez segundo de lo civil.

    Pozas criticó que se pasa el mismo formulario de evaluación a todos los jueces, estableciendo un esquema de evaluación diferente para los jueces con más carga laboral y que cada juez informe con cuánta mora judicial recibió el tribunal.

    La candidata aseguró que «hay que hacer cambios positivos». «Por ejemplo, en los procesos de evaluación, es el mismo formulario para todos los jueces, el mismo formulario no les da la pauta a ustedes de decir este tribunal está trabajando o no trabaja», afirmó.

    Pozas reveló que en uno de los juzgados donde laboró «tenía fama de que se pedía dinero para que los procesos se tramitaran». «No todos los jueces somos negligentes… Por ejemplo, en los tribunales donde yo he estado, antes de la Cámara, la Corte me asignó al Juzgado Civil de Cojutepeque, hubieron cambios significativos en el tribunal, por ejemplo, en el tribunal tenía fama de que se pedía dinero para que los procesos se tramitaran, cuando llegué todas esas cosas cambiaron», aseveró.

    El diputado Castro le preguntó que haría como consejal suplente para cambiar esa situación. «Los jueces estamos como claros que necesitamos un representante nuestro que haga la diferencia, me sumaría a esos cambios», respondió Pozas. «Yo me ceñiría al consejero que ustedes elijan», agregó.

    Pozas también sugirió capacitar evaluadores, por ejemplo, para que puedan revisar los expedientes de manera digital, ya que piden los expedientes impresos. «Si usted no tiene nada de eso, ya perdió todos los puntos. (Se necesitan) evaluadores profesionales realmente», afirmó.

    La candidata también propuso tener un banco de elegibles para analizar si tienen el perfil que se necesita para ser juez.

    Los diputados finalizarán el miércoles las entrevistas a los candidatos al CNJ. Los actuales consejeros finalizan su periodo el 22 de septiembre de 2027. La sesión plenaria está programada para jueves 17 de septiembre de 2026.

  • Exonerarán impuestos a donación de 1,259 lentes para lectura y 16 desfibriladores

    Exonerarán impuestos a donación de 1,259 lentes para lectura y 16 desfibriladores

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes un decreto que eximen de impuestos, almacenaje y manejo sobre importación, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios (IVA) a una donación de lentes para lectura y desfibriladores.

    José Luis Maradiaga, subdirector de la Dirección General de Aduanas, aseguró a los diputados que no tienen objeción ni observaciones al texto del proyecto.

    Maradiaga afirmó que la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistencias de El Salvador (ADRA El Salvador) es una organización humanitaria sin fines de lucro y que han verificado, y que han verificado que esta entidad ha recibido un donativo de 1,259 lentes con un valor aproximado de $61,635 y 16 desfibriladores marca Cardiac Science valorados en $12,000.

    De acuerdo con el subdirector, se ha determinado obligaciones para dicha agencia: presentar a la Dirección en tres meses a partir de la vigencia un informe sobre la entrega de los productos y ante la Asamblea Legislativa un informe firmado y sellado por un auditor donde se acredite la entrega de los productos o los beneficios otorgados.

    La donación fue realizada por personas salvadoreñas radicadas en los Estados Unidos.

  • Artistas gozarán de exención del Impuesto sobre la Renta por servicios y ventas de obras por hasta $15,000 y $25,000

    Artistas gozarán de exención del Impuesto sobre la Renta por servicios y ventas de obras por hasta $15,000 y $25,000

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para revivir por cinco años ley de exoneración de Impuesto sobre la Renta por la venta de servicios u obras de arte por parte de los artistas, si se identifican como tales.

    La exención será aplicada a rentas desde los $0.01 hasta $15,000 para las personas naturales y de $0.01 hasta $25,000 para las personas jurídicas.

    Las personas que contraten a los artistas ya no deberán retener el impuesto pero sí deberán informar los montos pagados en dichos conceptos, pero no deberán hacer ninguna retención.

    «Ahora el que se va a hacer cargo de declarar todos sus ingresos será el artista. El artista tiene que decir: montos exentos hasta tanto, hasta ahí llego, y en todo lo demás, el monto que sigue a continuación, va a ser gravado por el impuesto”. Gerardo Ramos, jefe de la división jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda

    El jefe de la división jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda, Gerardo Ramos, explicó que un aspecto nuevo del decreto que se aprobaría en la sesión plenaria del próximo jueves es que expresamente al momento del pago por los servicios prestados o la adquisición de obras de arte “los sujetos que efectúen dichos pagos no deberán aplicar retención en concepto de Impuesto sobre la Renta siempre que el artista salvadoreño acredite dicha calidad”.

    Un decreto legislativo similar anterior, el 154, publicado en el Diario Oficial del 29 de septiembre de 2021, creó una disposición transitoria por cinco años de exoneración del pago de Impuesto sobre la Renta en los servicios artísticos y ventas de obras de arte en sus distintas especialidades. A diferencia del que se aprobará este decreto permitía la retención de 10 % por la venta de servicios y obras de arte.

    Ramos subrayó que el beneficio es “de carácter temporal”, durará cinco años y será aplicable al final de cada ejercicio impositivo, ya que al momento que liquiden los artistas tendrán que considerar las bases exentas, computando exento el monto señalado para cada tipo de sujeto pasivo.

    “Cuando reciban remuneraciones por cada servicio artístico en el que participen dichos sujetos o la venta de obras de arte que efectúen dentro del respectivo ejercicio, serán consideradas exentos cuando los artistas salvadoreños constaten dicha calidad”, explicó el representante de la DGII.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, puso un ejemplo: “Quien me compra la obra o me contrata el servicio debe comunicar y llenar un formulario pero a mí, digamos, me van a pagar los $15,000 que vale la obra o los $25,000 si son una empresa, como por ejemplo una orquesta va a tener unos conciertos y le van a pagar hasta $25,000, pagan el servicio, hasta ahí”.

    Callejas preguntó qué pasa si la obra de arte vale $20,000 o si es una persona jurídica y va a cobrar $50,000 por un concierto. Ramos respondió que antes cualquier monto se le retenía para que eso le sirviera como anticipo del impuesto, ahora el que se va a hacer cargo de declarar todos sus ingresos será el artista.

    «Ahora el que se va a hacer cargo de declarar todos sus ingresos será el artista. El artista tiene que decir: montos exentos hasta tanto, hasta ahí llego, y en todo lo demás, el monto que sigue a continuación, va a ser gravado por el impuesto”, aclaró.

    El que va a pagar, insistió, tiene la obligación de informar a la administración tributaria. Subrayaron que los montos límites son anuales.

  • Alcaldes de NI piden ley para recuperar impuestos adeudados que en San Salvador Centro suman $59 millones

    Alcaldes de NI piden ley para recuperar impuestos adeudados que en San Salvador Centro suman $59 millones

    Los alcaldes Jorge Castro, Mario Durán y Henry Flores, de Santa Ana Oeste, San Salvador Centro y La Libertad Sur, llegaron este lunes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a defender un proyecto de ley para facilitar el pago de impuestos adeudados con planes de pago hasta 2027 y sin pago de intereses y multas.

    La iniciativa fue presentada por los diputados Ernesto Castro y Suecy Callejas.

    El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, detalló que solo en su municipio la deuda sin intereses ni multas asciende a aproximadamente $59 millones.

    “Estás hablando de por lo menos solo en San Salvador Centro de 59 millones de dólares que digo es una buena cantidad de empresas las que se van a ver beneficiadas y vamos a quitarle prácticamente en mora e intereses 70 millones de dólares”, expresó Durán.

    El alcalde indicó que son entre $136 millones y $139 millones en impuestos adeudados con mora e intereses. “Saquemos esos $70 millones de mora e intereses para que las personas puedan pagar solo capital”, exhortó.

    Durán pidió a los diputados modificar el proyecto de ley para incluir a los contribuyentes que enfrentan procesos administrativos pendientes y también aumentar el periodo para los planes de pago a 18 o 24 meses. Los legisladores no opinaron sobre la modificación planteada.

    La propuesta revive una ley similar que estuvo vigente en el año 2023; y permitirá a deudores tributarios con las 44 municipalidades registradas hasta el 31 de diciembre de 2025.

    Durán pidió ampliar el rango de publicación o aplicación, ya que diciembre y enero son los meses con mayor actividad en las empresas. “Sería interesante poder manejar otros dos meses porque el tema fiscal se mueve más en febrero, marzo, abril”, dijo.

    “No estamos aquí para determinar cuáles son el por qué se encuentran en impago, más bien para generarles un beneficio a todas estas sociedades, estas personas jurídicas, que por algún motivo han caído en esta situación con la alcaldía”, argumentó.

    Por su parte, el alcalde de La Libertad Sur aseguró que las empresas necesitan una solvencia municipal para comprar y vender, y están teniendo mucha inversión de empresas privadas. Reveló que en el municipio ya tienen 17,000 empresas sin subir “ningún impuesto ni tasa municipal”.

    El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, agregó que estar en insolvencia frena la relación comercial y esta ley da “seguridad jurídica”.

    Los jefes edilicios de La Libertad Sur y Santa Ana Oeste no detallaron los montos en impuestos adeudados o en multas e intereses que serían perdonados en sus respectivos municipios.

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, dijo que “nadie quiere que tengamos empresarios con mora” y que tienen el compromiso para que los contribuyentes paguen sus impuestos. “Está un rotundo éxito esta iniciativa de ley. Para nosotros es muy positivo porque sabemos que lo van a invertir en obras”, dijo.

  • Secretaria general de Vamos pide a Fiscalía investigar “hurto de identidad” del partido

    Secretaria general de Vamos pide a Fiscalía investigar “hurto de identidad” del partido

    La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, denunció este lunes ante la Fiscalía General de la República el uso no autorizado de su nombre en el envío de audios y documentos sobre el proceso disciplinario contra Claudia Ortiz y su compañero de planilla, Pacífico Chávez.

    Rivas explicó que están pidiendo investigar la comisión posible del delito de hurto de identidad.

    Según la secretaria general de Vamos, el 7 de septiembre desde la dirección vamoselsalvador@proton.me se enviaron correos con audios y documentos firmados como “Vamos El Salvador” con el asunto “Whisteblowing: Claudia vs corrupción en Vamos”, un correo que aseguró no es un canal institucional autorizado.

    Rivas relató que ella recibió un correo electrónico desde dicha dirección que “no pertenece a la institución política Vamos” y ni siquiera, dijo, quiso descargar los documentos adjuntos, para que sea la Fiscalía la que determine “quién creó y con qué fines se hizo ese correo”.

    La dirigente del partido de oposición leyó un comunicado en el cual se aclara que no están afirmando que los audios sean “falsos ni verdaderos” y exhortan a no resolver “los asuntos internos” mediante “cuentas anónimas”. “Nadie está autorizado a hablar en su nombre sin estar facultado para ello”, insiste el comunicado.

    Lo peor, según la dirigente, sería que la cuenta “haga ataques o mande amenazas” o información a entidades públicas o privadas e incluso internacionales.

    Sobre los audios, el diario Co Latino publicó un reportaje que mencionó audios que revelaban supuestamente un plan para armar un expediente y bloquear la candidatura de la diputada Ortiz ya que un miembro exhortaba a “tirar cascaritas para que comience a deslizar la imagen de Claudia” y un secretario de Vamos relataba que “un equipo de profesionales contratados” estaba recabando “pruebas” contra Ortiz.

    El medio también afirmó que la plataforma de votación de las internas fue manejada por un empleado del Órgano Ejecutivo, por encargo de un miembro de la CEP, hecho por el cual se habrían originado fallas.

    El partido Vamos suspendió las elecciones internas para el cambio de su dirigencia porque la Comisión Electoral Permanente (CEP) quedó solo con un miembro luego de que renunciaran el vocal de la CEP el 30 de julio y el presidente el pasado 30 de agosto.

    Rivas reveló que el Tribunal de Honor del partido está llevando cuatro procesos, uno esta bajo investigación y otro, dijo, tiene “reserva por lo sensible del caso”. La también diputada suplente de Ortiz aseguró que “por sanidad del partido” la CEP pueda considerar hacer “una planilla abierta y plural”.

     

  • Detenciones de salvadoreños en EEUU sin condena registrada por ICE se multiplican por ocho

    Detenciones de salvadoreños en EEUU sin condena registrada por ICE se multiplican por ocho

    Las detenciones de salvadoreños sin condena en Estados Unidos se multiplicaron por ocho en dos años, mientras que las de personas con condena apenas se duplicaron, muestran los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procesados y publicados por deportationdata.org.

    Las detenciones reportadas por el ICE contra salvadoreños sin condena se multiplicaron por ocho si se compara el promedio mensual de 111 detenciones registradas durante el año 2024 con el promedio de 930 mensual durante los últimos 12 meses, de agosto de 2025 a julio de 2026.

    Mientras, las detenciones de salvadoreños con condena, ya sea de un crimen violento o no violento, se han casi duplicado, de 244 a 436 mensuales como promedios de ambos periodos anuales.

    El quiebre hacia el aumento de las detenciones ocurrió a partir de 2025, lo cual puede verse en una gráfica. Ambas curvas de detenciones de condenados y no condenados en aumento se cruzaron. Las detenciones de salvadoreños no condenados dejan de ser la mitad de los condenados como en 2024, y en los últimos 12 meses las detenciones de personas sin condena ahora doblan las de personas condenadas.

    En general, más de la mitad de detenciones de salvadoreños reportadas por el ICE se han realizado a personas sin condena durante el periodo analizado entre octubre de 2022 y agosto de 2026, es decir, el 54.6 % de las detenciones de salvadoreños por el ICE en ese periodo fueron realizadas a personas sin condena registrada.

    Mientras, 39.1 % de detenciones se realizó a salvadoreños con condenas por crímenes no violentos y el 6.3 % fue registrado con condenas por crímenes violentos.

  • Expedecista Mauricio Hernández busca diputación con el PCN: «Se va a tener que llamar a todos los sectores»

    Expedecista Mauricio Hernández busca diputación con el PCN: «Se va a tener que llamar a todos los sectores»

    Mauricio Hernández, un pedecista que fue diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ahora se postula para diputado de San Salvador con el Partido de Concertación Nacional (PCN) para el periodo 2027-2030.

    Propone legislar para crear un subsidio del 30 % para la vivienda de jóvenes que perciban salario mínimo, plantea la continuidad del régimen de excepción y está de acuerdo con la legalidad de la reelección presidencial.

    Asegura que busca ser el «punto de equilibrio» en la Asamblea Legislativa, llamando y consultando con «todos los sectores» para consultar las diferentes iniciativas «porque la Asamblea es la casa del pueblo y todo el mundo allí llega».

    ¿Quién es Mauricio Hernández y cómo decidió volver a la carrera política?

    Mauricio Hernández es un emprendedor que viene desde 1986 y ha venido uniendo familias entre Estados Unidos y El Salvador. He traspasado fronteras. Hemos apoyado la diáspora y, además de eso, ha habido muchos proyectos que hasta este momento, pues gracias a Dios, nuestro país ha crecido debido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y El Salvador.

    ¿Cómo decidió volver a la carrera política?

    Más que todo le he pedido a Dios, he consultado a nivel nacional al pueblo y he tomado una decisión que Dios y el pueblo vamos a hacer ese punto de equilibrio en la Asamblea Legislativa.

    ¿Por qué con el PCN y no con otro partido?

    El PCN es un partido de gobernabilidad que le ha venido dando desde décadas. Desde que fueron presidentes, hicieron muchas obras en la época que estuvieron en la presidencia: construyeron el aeropuerto de El Salvador, construyeron autopistas, empresas hidroeléctricas. Y es un partido que da gobernabilidad entre el Legislativo y el Ejecutivo.

    En seguridad, ¿qué piensa del régimen de excepción?

    Hay que apoyarlo al presidente (Nayib Bukele). Ese es un tema que en verdad nuestra gente lo esperaba y nuestro Presidente lo ha hecho debido a que, pues, hasta este momento estamos gozando de esas libertades y eso es bueno.

    ¿Es conveniente prorrogarlo indefinidamente el régimen o crear una propuesta permanente?

    Está nuestro presidente en el Ejecutivo y quien gane la Presidencia tendrá que dar esa respuesta, debido a que nosotros también como PCN llevamos nuestra fórmula presidencial a Alirio García Flamenco.

    ¿Es constitucional o inconstitucional la reelección presidencial?

    Los marcos de la ley primaria, si la han reformado, pues es constitucional. Y acá, pues, la ley primaria es la que desenlaza a todo lo que es dentro del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

    ¿Qué cambios propondría al sistema de pensiones?

    En el tema de pensiones, en este momento sabemos que el Fondo Monetario ya pidió que los hombres pasen de 60 a 65 años, las mujeres pasen de 55 a 60 años y, además de eso, del 16 al 18% (de cotización). Pero eso es un tema que se requiere del marco legal, revisarlo y reformarlo; ver y consultar también a nivel nacional con todos los sectores: empleado público, empleado privado, empleado por cuenta propia.

    Hay que consultarle a nivel nacional y ver qué respuesta se tiene y, conforme a ello, se puede sacar una reforma tal como lo pide el empleado público y privado.

    ¿Usted cree que la consulta es indispensable para hacer la reforma de pensiones?

    Se tiene que hacer consulta porque se está tocando el trabajo, el ahorro que aporta el empleado público y privado, son sus ahorros y sí se tiene que consultar. Desde mi punto de vista, personalmente, se tiene que consultar porque el que aporta es el patrono y el trabajador, entonces, entre el patrono y el trabajador se tiene que buscar ese punto de equilibrio para que se dé una mejor solución dentro del marco de la ley y que todos estemos, enmarcando la diferencia y ese punto de equilibrio.

    ¿Restablecería la facultad de los jubilados, de los cotizantes, de tomar el 25% de sus propios ahorros?

    Eso fue una reforma que dieron, no me recuerdo hace cuatro o cinco años, se dio esa reforma y, en verdad, es ahorro porque si tú eres cotizante, pues son tus ahorros. Así que eso hay que verlo y hay que tocarlo. Siempre me mantengo en revisar el marco de la ley conforme a consultar también al empleado público y al empleado privado.

    ¿No cree que retirar el 25% abrir otra vez la posibilidad descapitalizaría el fondo?

    Habría que ver y revisar porque si ya el 80% ya lo retiró y se quedó un 20%, pues, habría que analizarlo porque eso es el marco de la ley. Y revisarlo. Si eso amerita que se retire, pues habría que hacer una reforma, pero yo, a estas alturas, tengo entendido que el 80 o el 90% ya lo retiraron y tal vez un 10% se ha quedado sin ese retiro, pero al igual hay que revisar el marco de la ley.

    ¿Qué propuesta a nivel económico tiene?

    En economía sí sabemos de que es una gama increíble de lo que la población o la parte social, pues, en estos momentos está demandando como, por ejemplo, vivienda mínima, que el cotizante a estas alturas gana $408 y paga una cuota al Fondo Social para la Vivienda de $500, entonces, hay un desequilibrio.

    Hay que revisar el marco de la ley en el caso del Fondo Social para la Vivienda para que el cotizante de sueldo mínimo tenga esa vivienda mínima y digna, de que se le dé un descuento del 30% y tenga derecho a una vivienda mínima. Porque sabemos de que hay personas con ese salario pero no puede entrar a ese programa porque no le cubre su salario, pero si se le descuenta de $408 al 30%, serían $80 para el joven y estaría adquiriendo una vivienda mínima que eso tendría que construirse, pues.

    ¿Un subsidio a la vivienda mínima para los jóvenes que ganen el salario mínimo?

    Claro que sí. Claro que sí, porque hay que darle la apertura a los jóvenes. Los jóvenes a estas alturas, el sueño de ellos es tener su familia, tener su casa, su techo, sus hijos y todo eso. Entonces, hay que apostarle a eso.

     

    ¿Confía en el Tribunal Supremo Electoral?

    Bueno, ya está dentro del marco de la ley. Y con los cambios que ha hecho, con las reformas electorales que a él han hecho.

    ¿Cree que son equilibradas?

    La verdad es que si está dentro del marco de la ley y han habido reformas, está en el marco de la ley.

    ¿Y confía en que van a hacer unas elecciones transparentes?

    Eso es lo que espera la población.

    ¿Le da el beneficio de la duda, entonces?

    Dentro de eso, eso es lo que espera la población.

    El PCN ha tenido como el estigma de ser un partido taxi que está siempre con el poder. ¿Qué piensa usted de esa imagen del PCN?

    Bueno, es un partido que le da gobernabilidad al Ejecutivo y al Estado. Porque se escucha en todos los sectores, toda la parte social, se traen los sectores, se escuchan dentro de las comisiones. Y no es que se mencione así, sino que se menciona porque es un partido que hace la concertación entre sectores, entre la población, Asamblea Legislativa y Ejecutivo, y se sacan las mejores propuestas. ¿De dónde sale la mejor propuesta? De los sectores que llevan ese proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

    ¿Usted seguirá ese modelo de apoyo al oficialismo, de principalmente apoyar las propuestas de Nuevas Ideas, sin necesariamente hacer propuestas?

    Más que todo, si el punto de equilibrio, Dios y el pueblo hace el punto de equilibrio, dentro de la Asamblea Legislativa se va a tener que llamar a todos los sectores, a la Asamblea Legislativa, a las comisiones que entran en las piezas de correspondencia, porque la Asamblea es la casa del pueblo y todo el mundo allí llega.

    Entonces, allí llegan las necesidades y, cuando se da dentro de un marco de una necesidad, se puede crear una ley a favor del pueblo. Entonces, se llaman a todos los sectores para poder ser ese punto de equilibrio entre la Asamblea y el Ejecutivo.

    ¿Qué piensa de la imagen que la oposición le da a Nuevas Ideas y a sus aliados de ser “puyabotones”?

    Bueno, ahí cada quien. La verdad es que ellos son legisladores y sabrán responderle al pueblo, y sería bueno que tú les preguntes a ellos porque ellos tendrían que responder esa frase.

  • Salvadoreños bajo TPS «no pueden ser detenidos ni deportados» según asesora legal de organización

    Salvadoreños bajo TPS «no pueden ser detenidos ni deportados» según asesora legal de organización

    La asesora legal de la Alianza Nacional por el TPS con sede en Los Ángeles, Jessica Basal, explicó que los salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), «no pueden ser detenidos ni deportados», ya que los efectos del programa continúan «en efecto hasta que haya un anuncio oficial de Gobierno», como lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de un mensaje entregado a medios de comunicación.

    En un mensaje publicado el 9 de septiembre, la abogada se refirió a los avisos publicados por el DHS y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), el primero en medios de comunicación y el segundo en el sitio web oficial, en los cuales alertan que se mantiene la protección a los beneficiarios del TPS de El Salvador así como sus autorizaciones de empleo.

    La abogada también afirmó que luego de estos mensajes los salvadoreños también mantienen sus autorizaciones de trabajo y publicó una carta dirigida a los empleadores en Estados Unidos, en la cual remarca que los permisos de trabajo se mantienen vigentes mientras no se dé el anuncio. «Hasta que se realice dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en los EE. UU. bajo el TPS conservan la protección, incluida la autorización de trabajo”, indicó el mensaje de la USCIS.

    «Los empleadores deben tener en cuenta que cualquier decisión de finalizar el programa no podría entrar en vigor antes de un plazo mínimo de 60 días, durante el cual los beneficiarios del TPS conservarían su autorización de trabajo», resalta la profesional, ya que la ley que contiene las normas de concesión del TPS U.S.C. 1254a(b)(3)(C) india que la terminación del TPS “no entrará en vigor antes de los 60 días posteriores a la fecha de publicación del aviso”.

    Basal también citó la terminación del TPS para Honduras publicada en el Registro Federal el 8 de julio de 2025 en donde se señala que “los beneficiarios del TPS continúan autorizados para trabajar durante el período de transición de 60 días”.

    Bajo TPS hay unos 170,000 salvadoreños amparados y unos 150,000 hijos de tepesianos ciudadanos estadounidenses. El TPS para El Salvador fue otorgado a raíz de los devastadores terremotos de 2001.

  • Presupuesto estatal 2026 aumenta $354.4 millones en primeros siete meses del año

    Presupuesto estatal 2026 aumenta $354.4 millones en primeros siete meses del año

    El presupuesto general del Estado de 2026 aprobado por $10,555.5 millones ha aumentado en $354.4 millones de enero a julio de 2026, de acuerdo con el informe mensual de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, llegando a un total de $10,909.9 millones.

    Dentro de ese monto modificado, se detallan 25 decretos legislativos de reforma presupuestaria registrados por el Ministerio de Hacienda en el informe a julio de 2026 que suman $290.3 millones.

    Un poco más de la mitad del origen de los fondos de las modificaciones detalladas (50.53 %) fue deuda, al sumar los $66.7 millones clasificados como préstamos más los $80 millones de títulos valores que son ubicados dentro del «Fondo General» como fuente de financiamiento.

    En segundo lugar, un 39.44 % del monto total de las modificaciones detalladas provino de excedentes de impuestos, es decir, un total de $114.5 millones de los $290.3 millones, seguidas de las modificaciones con fondos provenientes de otros rubros y, por último, donaciones.

    Fondo General: excedentes y títulos

    La mayor parte de los incrementos institucionales que fueron detallados en los decretos legislativos proviene del Fondo General, un total de $219.3 millones, en menor cantidad, $66.7 millones, se originaron de préstamos externos, y solo $4.2 millones de donaciones.

    Sin embargo, dentro de la fuente «Fondo General» se incluye una emisión de títulos valores, que es deuda, y también ingresos tributarios.

    Dentro de los $219.3 millones que tienen como origen oficial «Fondo General», se incluyen $80 millones de títulos valores, fondos que fueron asignados a «atención de necesidades urgentes y de carácter estratégico en materia de facilitación de inversiones, innovación productiva, mejora de la competitividad empresarial, transformación digital».

    Excedentes de impuestos

    El informe de Hacienda asevera que los siguientes recursos provinieron de excedentes de impuestos: $2.5 millones para mercados nacionales aprobados en mayo.

    Se suma a los excedentes que en el mismo mes de junio se destinaron así: $18 millones para funcionamiento institucional y necesidades del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), $30 millones para funcionamiento institucional de Salud; $17 millones para funcionamiento institucional del Ramo de Economía; $37 millones para funcionamiento institucional en el Ramo de Agricultura y Ganadería; y $10 millones para funcionamiento institucional del Ramo de Obras Públicas.

    Además, un total de $10.1 millones provino del saldo presupuestario de la liquidación del presupuesto de las elecciones de 2024, $1.4 millones de la contribución especial por libra de azúcar extraída de los productores de caña y centrales azucareras o ingenios, y $7.2 millones de derechos y multas transferidos al Fondo de Conservación Vial (Fovial).

    Con las modificaciones detalladas por decreto legislativo, el presupuesto 2026 modificado ya suma $10,845,945,742. Sin embargo, el informe consigna que el presupuesto modificado asciende a $10,909.9 millones, de los cuales ya está comprometido el 68.32 %.