Categoría: Politica

El Ministerio de Economía nombró, como su nueva directora propietaria en el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a Ena Tamara Pacheco Fernández, en sustitución de Marlon Arnoldo Avendaño Martínez, quien concluyó en julio dos años en el cargo.

El nombramiento se realizó para un periodo de dos años contados a partir del día 2 de julio de 2026 hasta el 1 de julio de 2028.

De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Economía, Pacheco Hernández ha desempeñado el cargo de jefa de la Unidad de Compras del Ministerio de Economía y aparece en una nómina de abogados y notarios sancionados hasta el 17 de julio de 2025 por la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.

Según un acta de la Corte, fue suspendida durante seis meses, con 11 votos, por la “entrega tardía de su Libro de Protocolo por más de cinco años”. La abogada, según el acta, “alegó falta de perjuicio y aceptó los hechos”.

Como director suplente en el ISSS, el Ministerio de Economía nombró al ingeniero Rubén Alejandro Estupinián Mendoza, quien ya ejercía en el cargo desde el 1 de julio de 2024.

La Ley del Seguro Social establece que su Consejo Directivo estará integrado un representante de los Ministerios de Salud, de Hacienda, de Economía, de Trabajo y Previsión Social, del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y del Consejo Superior de Salud Pública.

Avendaño Martínez fue nombrado el 27 de junio de 2024.para un período de dos años contados a partir del día 1 de julio de 2024 y cuyo periodo finaliza el día 1 de julio de 2026.

El ISSS es la institución encargada de dar atención médica a los trabajadores o empleados afiliados al mismo y sus beneficiarios; así como pagar subsidios por enfermedad, maternidad o incapacidad, así como gestionar pensiones por invalidez, vejez o muerte.

De 2024 a 2026, sindicatos han reportado más de 1,100 trabajadores despedidos del ISSS, entre médicos especialistas, de enfermería, técnicos y personal administrativo. El proyecto de presupuesto da cuenta de un recorte de más de 100 plazas en 2026.

La candidata a diputada por el departamento de Santa Ana en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó que su candidatura está firme luego de las elecciones internas del 26 de julio, pero que aún desconoce la cantidad de votos que obtuvo.

En el programa Pulso Ciudadano, reveló que los candidatos fueron notificados “en un grupo de la Comisión Electoral del departamento de Santa Ana”.

“No conocemos los resultados de los votos, no me están cuidando. Yo les ofrezco manos limpias, lealtad y honestidad, pero yo esperaría que dentro de eso que yo ofrezco, yo quiero los resultados de los votos”, afirmó.

La aspirante advirtió que dará su “voto de la transparencia” cuando le den los resultados.

Arana agregó que ella tenía datos que le daban el tercer lugar en la planilla de los candidatos a diputados de San Salvador, pero quedó en quinto. Además, aseguró que ha sufrido bullying sobre la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones internas del partido.

La analista indicó que ella cree en la “izquierda histórica” y que esta fue el FMLN. “Tengo mucho por hacer”, dijo, sobre los 45,000 votos que señaló requiere para ganar una diputación en Santa Ana.

La candidata dijo que no ha presentado ningún recurso y que no renunciará del partido a menos que sea expulsada.

“Yo no voy a renunciar, a menos que me saquen. A mí me costaría mucho irme del partido y dejar al Chino”, señaló.

La Corte de Cuentas aumentó la cantidad de auditores destinados a aplicar el plan de fiscalización del uso de vehículos nacionales durante las vacaciones agostinas, informó la institución en un comunicado de prensa.

La institución aumentó de 60 a 78 auditores la cantidad de personal desplegado en puntos estratégicos del país, informó el primer magistrado de la Corte de Cuentas, Julio Bendek, según un comunicado de prensa. Inicialmente se habían designado a 60 auditores.

Los magistrados de la Corte de Cuentas inspeccionaron el plan concretamente en la carretera a Comalapa y carretera al Puerto de La Libertad.

Según Sosa, el plan fortalece “la transparencia y previene el uso inadecuado de los bienes del Estado”.

El presidente de la institución encargada de vigilar el uso de recursos públicos, Walter Sosa, aseveró que están verificando “que cada vehículo cuente con una misión oficial específica y debidamente justificada, este es un aspecto clave porque buscamos evitar autorizaciones generales o extendidas que puedan prestarse a un uso inadecuado a los vehículos nacionales».

Según la Corte de Cuentas, cada vehículo nacional que circule debe estar identificado con el logotipo institucional y su documentación debe encontrarse vigente y en regla.

Para avalar el uso de un vehículo nacional en vacaciones, la Corte de Cuentas exige a los conductores que tengan la autorización correspondiente para una misión oficial. El plan se realiza con el apoyo de gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT).

La institución no informó cómo se aplica el plan de fiscalización a vehículos del Estado que poseen placas particulares y no están identificados con un logo institucional.

La exaspirante a candidata a la alcaldía de San Salvador Centro por Arena, Ondina Ramos, mostró este lunes su respaldo al régimen de excepción, una medida de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, vigente desde el 22 de marzo del año 2022.

Durante la entrevista Las Cosas como Son, Ramos fue cuestionada: «¿Si hubiese sido diputada hubiera votado por el régimen de excepción?». 

«Por supuesto, le da seguridad a la gente, yo no puedo oponerme en contra de la seguridad, si eso es lo más palpable que tenemos ahorita», respondió Ramos.

La exaspirante arenera señaló que ser «oposición» no implica oponerse «a cada cosa».

El régimen de excepción es la medida de seguridad establecida por el gobierno salvadoreño luego del asesinato de más de 80 personas en un fin de semana.

A finales de julio de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó la 53a prórroga del régimen de excepción, la cual, mantiene tres garantías suspendidas. Las tres disposiciones constitucionales suspendidas se refieren al derecho de la persona detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención con garantía a la asistencia de defensor en los procesos judiciales; a que dicha detención administrativa no excederá de 72 horas; y a la inviolabilidad de la correspondencia o telecomunicaciones.

Hasta la última actualización del gobierno, bajo el régimen de excepción, 92,740 personas han sido detenidas. El nuevo decreto de prórroga iniciaría su vigencia el 30 de julio y concluiría el 28 de agosto de 2026.

El gobierno cuenta 1,275 días sin homicidios durante el actual gobierno y una caída drástica de los homicidios en todo el país, algo que atribuyen sobre todo al régimen de excepción. Mientras, organizaciones nacionales e internacionales registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias, pero también han reportado denuncias de torturas, maltratos y más de 500 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez, ante la pregunta sobre su valoración de la continuidad del régimen de excepción, aseguró que hay dos caminos para lograr un país en paz, uno es la represión y el otro es hacia “la verdadera libertad”, que lo define como un método “no tan fácil” pero que es el “único” método humano.

Monseñor Rosa Chávez fue preguntado sobre la prolongación del régimen de excepción.

«Ciertamente es el tema clave en esta coyuntura, ¿verdad? ¿Cómo lograr un país en paz? Hay dos caminos», aseguró el sacerdote.

Indicó que un camino es «la represión» pero otro camino «es el de la verdadera libertad».

Según el líder religioso, el camino de la verdadera libertad no es tan fácil pero es el único método humano.

«Y en eso hay que seguir clamando, pues, que la gente que tiene sufrimiento pueda expresarlo y pueda también ser escuchada», insistió.

«Ese clamor usted lo conoce mejor que todos nosotros. Y ese clamor está todavía como ahogado. Y eso no permite que la gente pueda sentirse realmente libre y en paz», dijo.

El régimen de excepción fue implementado el 27 de marzo de 2022 con la suspensión de cuatro garantías constitucionales y que luego fueron reducidas a tres. Desde entonces se ha prorrogado 53 veces a lo largo de 53 meses.

Es una medida que según el Gobierno ha disminuido homicidios y permitido la captura de más de 90,000 pandilleros; pero que, según organizaciones, ha implicado la captura y muerte de personas inocentes detenidas, torturas y persecución política.

La exaspirante a candidata a alcaldesa de San Salvador Centro, Ondina Ramos, confirmó su salida del partido Arena este lunes y señaló irregularidades durante las elecciones internas del partido tricolor, realizadas el pasado 26 de julio.

«Yo no me he ido sola del partido, me he ido con la estructura de San Salvador Centro», sostuvo la aspirante política durante la entrevista Las Cosas como Son.

Ramos señaló que el día de la elección interna, pudo documentar que cerca de 200 personas que la apoyaban no pudieron votar porque había «dos padrones». 

«Yo siempre he sido de la idea, y lo he mencionado en diferentes programas, que nosotros tenemos que hablar, siempre que sea necesario; entonces movilizamos a la gente, identificamos varias anomalías como un doble padrón; el padrón debe ser único y básicamente se tenían dos diferentes».
Ondina Ramos, exaspirante a candidato a la alcaldía municipal de San Salvador Centro.

 

Ramos señaló que el día de la elección había «un filtro» donde los orientadores decían si podía o no pasar a la Junta Receptora de Votos (JRV). Explicó que los orientadores tenían un padrón digital que no coincidía con el padrón físico que tenían las JRV y que muchos de sus seguidores no votaron por ello.

«Entonces como es posible que ahora haya un filtro en una elección interna, donde los orientadores, dos orientadores manejaban un padrón digital, donde mucha de mi gente no estaba y yo desde la mañana empecé a buscar al de afiliaciones para tener respuesta, desde bien temprano», relató en la entrevista que se transmite en YouTube.

Ramos dijo que la dirección de afiliación del partido Arena debe rendir explicaciones, que buscó una, pero que al momento no ha tenido respuestas. Confirmó que el presidente de Arena se reunió con ella, no para tener respuesta ante sus denuncias, sino para evitar que se fuera del partido.

La aspirante política no confirmó si es la candidata a alcaldesa del partido PDC, sin embargo, el pasado 31 de julio el diario estatal Diario El Salvador publicó que el secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó que Ramos «correrá por la alcaldía de San Salvador Centro».

La Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (CNB), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, reportó 233 gestiones realizadas en 51 casos investigados de desaparición forzada de niñez durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe de actividades de enero a junio publicado por Cancillería.

El documento también señala que la Comisión atendió seis solicitudes adicionales de búsqueda y resolvió un caso que culminó con el reencuentro de la persona buscada con su familia.

Como parte de las acciones de investigación e identificación, la CNB tomó dos muestras de ADN, ingresó 26 registros al Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENIPAD) y efectuó una gestión relacionada con exhumaciones.

En el área de atención psicosocial, la institución brindó 36 atenciones individuales, acompañó un proceso de reencuentro familiar y desarrolló un taller dirigido a familiares. Asimismo, dio seguimiento a consultas y solicitudes recibidas a través de las redes sociales institucionales y del correo oficial.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador (Conabúsqueda) informó que, durante junio, realizó 226 gestiones en 47 casos, abrió seis nuevos expedientes y tomó cinco muestras de ADN.

La institución también efectuó una visita de campo vinculada con labores de exhumación, revisó, sistematizó y digitalizó 15 expedientes de personas no identificadas provenientes del archivo de la Corte Suprema de Justicia e incorporó 11 casos al RENIPAD.

En materia de atención a víctimas y familiares, Conabúsqueda reportó 120 atenciones individuales y la realización de un taller familiar. Además, sostuvo reuniones de coordinación con representantes de la Cooperación Catalana, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Cultura.

El informe agrega que la Comisión participó en el III Encuentro de la Red Memoria, Construcción de Paz y Resolución de Conflictos, desarrollado en Colombia, como parte de los espacios de intercambio de experiencias sobre búsqueda de personas desaparecidas y construcción de memoria histórica.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENIPAD) fue creado por la CNB y Conabúsqueda como un registro único de personas desaparecidas durante el conflicto armado, así como de sitios de entierro, para concentrar y sistematizar la información de los casos.

Se estima que entre 7,000 y 10,000 personas desaparecieron durante el conflicto armado salvadoreño (1970-1992). El mandato de la CNB y Conabúsqueda se limita a investigar desapariciones ocurridas en ese contexto histórico.

En un informe presentado por el Estado salvadoreño ante instancias internacionales en 2025 se reportó que, desde la creación de ambas comisiones hasta junio de 2025, se habían abierto 1,874 casos (1,303 de personas adultas y 571 de niñas y niños), resuelto 220 casos y logrado 86 reencuentros de niños desaparecidos, hoy adultos, con sus familias, algunos de ellos en el extranjero.

El concejo de San Salvador Norte, municipalidad para la cual fue postulado el exdiputado Edgardo Mulato, abrirá un periodo de un mes para que empleados mayores de 55 o 60 años, o con enfermedades terminales, apliquen a un retiro voluntario para recibir una compensación equivalente a un mes de salario básico por cada año de servicio sin que supere los $20,000.

Según el concejo, hay interés del personal de los distritos de Guazapa, Aguilares y El Paisnal, ya sea contratados por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal o contrato individual, puedan acceder a un plan de retiro voluntario.

El plan aplicará especialmente a mujeres mayores de 55 años cumplidos y hombres mayores de 60 años cumplidos o personas indistintamente de su edad con enfermedades terminales comprobadas mediante constancia médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

La ordenanza transitoria de retiro voluntario otorga a los trabajadores que decidan renunciar voluntariamente a su empleo la prestación económica establecida en el artículo 53-B inciso 1° de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, «con el equivalente a un mes de salario básico por cada año de servicio», pero «en ningún caso la compensación podrá ser superior a $20,000″, monto que no incluye el aguinaldo ni el pago de vacaciones.

La prestación económica por renuncia voluntaria se entregará en una cuota si asciende hasta $5,000, en dos cuotas, de $5,001 a $10,000; en tres cuotas, de $10,001 a $15,000; y en cuatro cuotas de $15,001 a $20,000.

Para aplicar, los empleados deberán tener un mínimo de dos años de incorporados o uno si es empleado por contrato; deberá firmar una renuncia voluntaria y presentarla a la Unidad de Recursos Humanos, estar al día con las actividades administrativas a su cargo y presentar finiquito.

La municipalidad de Santa Ana Norte es gobernada por el alcalde José Armando Barrera Rivera, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), que le ganó la municipalidad a Wilfredo Peña, de Nuevas Ideas, actual tercer regidor propietario que en el pasado fue alcalde de Aguilares por el FMLN.

Los contribuyentes, ya sea personas naturales o jurídicas, que tengan deudas tributarias con la alcaldía de San Salvador Centro, en cualquiera de sus distritos, pueden pagar estas con inmuebles, bienes, obras o servicios.

El concejo de San Salvador Centro aprobó la “Ordenanza reguladora de daciones en pago como forma de extinción de la obligación tributaria del municipio de San Salvador Centro” que permite a sus deudores la dación de inmuebles en pago de los tributos adeudados. Ya había una ordenanza para el distrito de San Salvador pero esta fue emitida para el municipio de San Salvador Centro con todos sus distritos: San Salvador, Ciudad Delgado, Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.

La ordenanza permite a los deudores la dación de inmuebles en pago de los tributos adeudados.

Para dar un inmueble, debe presentar un valúo del inmueble certificado por un perito valuador, presentar una copia certificada por un notario de la escritura inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, libre de gravámenes, una certificación extractada del Registro de la Propiedad y deberá ejercer la posesión del inmueble.

Además, deberá presentar la solvencia del Ministerio de Hacienda, una solvencia municipal y, si es una persona jurídica, debe entregar una certificación del punto de acta de la junta directiva en el que se autorizó el ofrecimiento del inmueble como dación en pago.

Para dar obras, el contribuyente deberá detallar la obra a realizar y el costo de la obra ante lo cual la Dirección de Desarrollo Municipal deberá dar una opinión con un dictamen técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

También podrán pagar con materiales, bienes y suministros, para lo cual deberá describirlos cono sus precios. Así mismo, podrían cancelar sus deudas con servicios, para lo cual el interesado deberá describir el tipo de servicio a proporcionar acreditando su capacidad académica, profesional, técnica y experiencia en el área a brindar sus servicios.

La ordenanza aprobada el 13 de septiembre de 2022 para el entonces municipio de San Salvador, ahora distrito, fue derogada. La nueva ordenanza fue aprobada el 18 de julio de 2026; fue publicada el 17 de julio y por tanto inició su vigencia el martes 25 de julio.

Para aplicar la ordenanza a todos los distritos, el concejo argumentó que es necesario regular la figura de la dación de pago como alternativa para los contribuyentes en mora en el pago de sus obligaciones tributarias y «con ello incrementar los ingresos en la municipalidad de San Salvador Centro».