Categoría: Politica

El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó este sábado que organizaciones de derechos humanos buscan la liberación del “100 % de los pandilleros capturados” desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que estas organizaciones aseguran que más de 89,000 personas han sido capturadas arbitrariamente, que se han cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

“Bajo esa lógica, la liberación del 100 % de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado”, escribió Bukele.

El presidente reaccionó a señalamientos expuestos esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde juristas internacionales afirmaron que en el país se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción.

Bukele aseguró que los cuestionamientos buscan que el país vuelva a la situación de violencia previa al régimen. “Quieren la liberación del 100 % de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes”, afirmó.

El mandatario también criticó a las organizaciones de derechos humanos y aseguró que “se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes”.

Esta semana, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que asegura que hay “base razonable para creer” que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad.

El informe, presentado en el 195 período de sesiones de la CIDH, celebrado en Guatemala, sostiene que durante el régimen de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles.

“A la luz de lo documentado y del derecho penal internacional, existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en El Salvador, incluyendo asesinato, encarcelamiento o privación grave de la libertad en contravención de normas fundamentales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos”, indicó la conclusión XVI del informe.

Bukele ya había reaccionado a este informe el miércoles y dijo que  las organizaciones defienden «únicamente» los derechos «de los criminales».

La organización Cristosal informó que este sábado, la abogada salvadoreña Ruth López cumplió 300 días desde que fue detenida en mayo del año pasado, preliminarmente señalada de peculado, pero luego, acusada de enriquecimiento ilícito.

A través de sus redes sociales, Cristosal indicó que el caso se mantiene en reserva y la mayor parte de su tiempo en prisión ha estado incomunicada de su familia y sus abogados. Tampoco han permitido que organismos internacionales confirmen su estado.

También destacaron que durante este tiempo, Ruth ha recibido cinco reconocimientos por su trabajo. La abogada era la jefa anticorrupción de Cristosal, al momento de ser detenida. Recientemente, a López le fue otorgado el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción otorgado por primera vez por el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, con sede en Ámsterdam y con presencia en seis continentes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

López declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.

La semana anterior, un informe de Cristosal señaló que al menos 245 perseguidos políticos, entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025.

Del grupo 50 son personas opositoras al Gobierno actual, 38 son personas críticas, 9 son familiares perseguidos y 148 son personas con protección internacional especial. El informe dice que tiene evidencia testimonial y documental.

Entre los 245 casos de persecución política documentados en el estudio, hay 40 casos sin procesos judiciales, 25 con acciones judiciales no penales, 174 con acciones penales y 6 casos con ambos tipos de procesos judiciales. Un total de 186 víctimas son hombres y 59 son mujeres según el informe.

Esta semana, se generó una polémica por un informe realizado por cinco expertos internacionales que aseveraron que «existen motivos para creer que se han cometido  crímenes de lesa humanidad» durante el régimen de excepción en El Salvador.

El artículo 7 del Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad como aquellos cometidos como «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque», ya sea asesinato, exterminio, esclavitud, traslado forzoso, encarcelación, tortura, violación, persecución, desaparición forzada u otros actos inhumanos.

El informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), sostuvo que hay más de 89,000 personas detenidas de forma masiva y arbitraria, al menos 8,000 personas inocentes liberadas reconocidas por el gobierno, 3,000 menores privados de libertad, 400 personas fallecidas bajo custodia estatal, 540 casos documentados de desapariciones forzadas, 814 casos de tratos crueles hasta marzo de 2024, 40 periodistas desplazados, 34 defensores de derechos humanos y 18 sindicalistas detenidos por razones políticas.

El informe también incluye casos específicos, como el de Alejandro Muyshondt, Ruth López,  Enrique Anaya, José Santos Melara, Verónica Delgado, entre otros.

La polémica se centra en torno a la aseveración de posibles «delitos de lesa humanidad»: los autores argumentan que es una política de Estado y que los crímenes individuales no son aislados sino generalizados.

El Gobierno rechazó esta semana, tanto el presidente Nayib Bukele, como el vicepresidente Félix Ulloa, así como diputados de Nuevas Ideas, la comisión de crímenes de lesa humanidad con diferentes mensajes en redes sociales.

Bukele deslegitimó a las organizaciones no gubernamentales y a los expertos, señalándolos de tener una agenda coordinada y financiada desde el exterior (George Soros) y de preocuparse exclusivamente de los derechos de los delincuentes. «Únicamente defienden los derechos de los criminales», indicó en X.

Por su parte, Félix Ulloa, vicepresidente, cuestionó por qué las organizaciones no han denunciado el «genocidio» provocado por las pandillas argumentando que este es crimen de lesa humanidad.

Mientras, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, rechazó las denuncias de criminalización de defensores de derechos humanos argumentando que la ley se aplica a todos por igual si cometen delitos. «La labor de defensa de derechos humanos no es criminalizada en El Salvador pero tampoco puede ser un carta de inmunidad», dijo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el miércoles para dialogar sobre la situación de los derechos de los defensores de derechos humanos.

Las reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa aprobadas el miércoles modificaron levemente los montos de ingresos por los cuales se definirán las mype.

Esta será la clasificación oficial reconocida legalmente por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) para otorgar beneficios o establecer requisitos a las micro y pequeñas empresas.

Quedaron así:

1 – MICROEMPRESA: ventas hasta $204,400 y hasta 10 trabajadores.

Una microempresa será aquella persona natural o jurídica que tenga un nivel de ventas brutas anuales de hasta 500 salarios mínimos ($204,400), antes era hasta 482 salarios mínimos del sector comercio y servicios. Estas tienen hasta 10 trabajadores. Se clasificarán en tres subcategorías.

Microempresas de subsistencia: ventas desde 0 hasta $23,301.6 y hasta 2 trabajadores.

Si el nivel de ventas brutas anuales de bienes o servicios llegan hasta 57 salarios mínimos ($23,301.6) y se mantiene que tengan hasta 2 trabajadores.

Microempresas de acumulación: ventas desde $23,301.60 hasta $122,640 y de 3 a 4 trabajadores.

Es decir, si el nivel de ingresos por ventas brutas anuales es mayor a 57 o llega hasta 300 salarios mínimos ($122,640), y tiene de 3 a 4 trabajadores, es una microempresa de acumulación.

Microempresas de expansión: ventas desde $122,640 hasta $204,400, y de 5 a 10 trabajadores.

Si el nivel de ingresos o ventas brutas anuales es mayor a 300 o llega hasta 500 salarios mínimos, y tiene de 5 a 10 trabajadores, es una microempresa de expansión.

2- PEQUEÑA EMPRESA: Ventas desde más de $204,400 hasta $2,044,000.

Una pequeña empresa será una persona natural o jurídica que tenga un nivel de ventas brutas anuales mayores a 500 salarios mínimos hasta 5,000 salarios mínimos. Antes el techo máximo era 4,817 salarios mínimos, siempre del sector comercio y servicios.

El piso para la pequeña empresa pasa a ventas mayores a 500. Se mantiene que las pequeñas empresas tienen de 11 a 50 trabajadores.

El Ministerio de Economía nombró a sus representantes en el Fideicomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño (Fidecosal), una entidad impulsada para “las cooperativas que necesiten financiamiento y soporte técnico, así como a las intermediarias financieras correspondientes”, así como para “cooperativas de producción agrícola y para la comercialización de sus productos generados”.

El Fidecosal se constituye de un Consejo de Administración integrado por seis miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Uno de los representantes es nombrado por el Ministerio de Economía.

Según el acuerdo 114 del Ministerio de Economía, el 27 de octubre de 2025 se nombró a José Adonay Molina Arias y Norma Gloria Campos de Infantozzi como miembros propietario y suplente, respectivamente, para finalizar un periodo de tres año que concluyó el 17 de febrero de 2026.

Así, el Minec informó que acordó nombrar nuevamente a ambos como sus representantes ante el Consejo de Administración, para el periodo que inicia el 18 de febrero de 2026 y finaliza el 17 de febrero de 2029.

Molina Arias es jefe de la División de Contabilidad y Campos de Infantozzi se desempeña como colaboradora jurídica según el mismo acuerdo, firmado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem y publicado el 4 de marzo en el Diario Oficial.

El Fidecosal nació con el objetivo de apoyar a familias de los cooperativistas del país con créditos para actividades productivas sostenibles.

El Ministerio de Gobernación abrió un proceso para contratar a un técnico de control documental de la Dirección del Registro de Agentes Extranjeros que tendría un salario de $1,000 mensuales.

Según la publicación, Gobernación requiere que el «técnico de control documental» sea un estudiante universitario, con estudios de “Licenciatura en Historia y afines, Licenciatura en Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Ingeniería e Informática, etc”.

El Gobierno requiere “un año en puestos similares” y que tenga conocimientos en la “Ley de acceso a la información pública y sus lineamientos”, normas de seguridad para manejo de archivo, y gestión documental. También requerirán la solvencia de la Policía Nacional Civil y antecedentes penales.

El último día para presentar la documentación fue el jueves 12 de marzo de 2026.

El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo fue creado a raíz de la Ley de agentes extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025, y es aplicada a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que “respondan a intereses o sean financiadas” por extranjeros, o a “mandantes extranjeros”, las personas representantes de partidos, corporaciones o personas jurídicas extranjeras.

El RAEX tiene amplias facultades, como requerir documentos a los sujetos obligados, informes, remitir a Fiscalía un informe semestral de las actividades realizadas, colaborar con otras instituciones del Estado y decidir quiénes estarán excluidos de la ley.

La ley establece un impuesto del 30 % sobre las donaciones extranjeras pero los agentes extranjeros pueden solicitar la exclusión.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con salvadoreños residentes en Chile a quienes les expresó la importancia de la diáspora como “puente entre naciones” en relación a vínculos culturales y económicos. Ulloa realiza una visita a Chile, donde asistió a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente electo del país sureño.

El encuentro con los salvadoreños en Chile pretendió fomentar la cercanía e los salvadoreños «con la realidad política, social, cultural y gastronómica de El Salvador». Según la Vicepresidencia, el funcionario instó a compartir esa vivencia dentro de las comunidades en el exterior.

A la reunión, asistió el embajador de El Salvador en Chile, Mauricio Peñate.

De acuerdo con el comunicado, Ulloa se refirió a la “promoción del comercio, las inversiones y el intercambio de experiencias entre ambos países».

Señaló que El Salvador avanza «en una etapa de transformación marcada por logros concretos en materia de seguridad, acceso a vivienda y salud» y mencionó el impulso de la aplicación DoctorSV.

El vicemandatario aseguró que la mejor manera de conocer el momento que vive El Salvador «es visitarlo y experimentar de primera mano el clima de seguridad» y de «libertad».

Esta semana, un grupo de organizaciones y expertos manifestaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hay suficientes bases para creer en que se han cometido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo de 2022, además de denunciar capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes de detenidos en los centros penales.

En la audiencia, sobre la situación de derechos humanos de los defensores de derechos humanos, celebrada el miércoles 11 de marzo, desde Guatemala, la CIDH preguntó al Estado salvadoreño por las medidas cautelares emitidas a favor de los abogados Ruth Eleonora López y Salvador Enrique Anaya, ambos detenidos; y recibió denuncias de casos de persecución política.

La vicecanciller, Adriana Mira, negó en la audiencia que haya habido casos de persecución política y señaló que los defensores de derechos humanos no están bajo impunidad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que el 27 de abril de 2026 es el último día para que los salvadoreños que residen en el territorio nacional actualicen su dirección en el Documento Único de Identidad (DUI).

Para los salvadoreños en el extranjero, la fecha límite es el 29 de noviembre de 2026, lo cual establece siete meses más que los salvadoreños en territorio nacional para cambiar domicilio en el DUI.

Los electores están obligados a tener su domicilio actualizado en su DUI. Además, cambiar de domicilio para votar en otra circunscripción que no le corresponde es delito electoral de acuerdo con el artículo 295 del Código Penal.

Las fechas límites para actualizar la dirección en el DUI se establecen en función de la actualización del Registro Electoral: si los salvadoreños actualizan domicilio a tiempo son incluidos en el Registro Electoral y padrón electoral que será utilizado en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Quienes no lo hagan en ese tiempo, sí logran modificar su domicilio en sus DUI pero no que este sea incluido en el Registro Electoral.

Los salvadoreños en el extranjero, además, tendrán hasta el 29 de noviembre de 2026 para inscribirse en el Registro Electoral con el trámite de su DUI, a diferencia de los salvadoreños que residen en territorio nacional, que tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para realizar nuevas inscripciones en el Registro Electoral 2027 tramitando su DUI por primera vez.

Hasta el 6 de marzo, el Registro Electoral de El Salvador tenía 6,477,745 salvadoreños inscritos: 5,533,061 salvadoreños en territorio nacional y 944,684 salvadoreños en el exterior.