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La Asamblea Legislativa aprobó la noche de este miércoles un acuerdo de reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución para abrir paso a la creación de una circunscripción electoral para los salvadoreños en el extranjero basada en el Registro Electoral.

La dispensa de trámites fue aprobada con 57 votos y un voto en contra de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. Por el fondo de lo solicitado, hubo 57 votos a favor y cero en contra.

El inciso primero del artículo 79 de la Constitución dice así: “En el territorio de la República se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley, la base del sistema electoral es la población”.

La reforma acordada queda así: “En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley, la base del sistema electoral es la población y en el extranjero, el Registro Electoral”.

“Con esta reforma, le estamos dando representación real a la diáspora salvadoreña”, indicó el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, quien aseguró que siguen siendo 60 diputados aunque “más representativos”.

En la iniciativa, leída por la diputada Elisa Rosales, se argumenta que las circunscripciones electorales no pueden ser permanentes porque hay cambios estructuras sociales y procesos migratorios.

Señaló que el Censo de Población y Vivienda de 2024 reveló en los últimos 10 años han emigrado 226,208 salvadoreños, 125,768 hombres y 101,040 mujeres, de los cuales un 66.1 % son jóvenes entre 15 y 34 años, y que de esa masa poblacional, 194,849 se dirigieron a Estados Unidos. El mayor desplazamiento fue en el departamento de San Salvador, con un total de 46,669 ciudadanos. Aunque fue aprobada a las 6:41 p.m., la pieza 3-A de la iniciativa de Nuevas Ideas no había sido publicada a las 7:00 p.m.

Esta tarde, la organización Acción Ciudadana (AC) advirtió que las reformas se proponen «sin debate legislativo» y «sin ningún tipo de diálogo social o político sobre su conveniencia». Consideró importante la representación política de la diáspora pero prevé una distorsión en la representación de todas las circunscripciones al mantenerse el número actual de diputaciones. «Se le restará poder al voto de la ciudadanía en el territorio nacional», indicó la organización.

Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados están firmando la tarde de este miércoles una iniciativa de reforma constitucional para “despartidizar” el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reformando el artículo 208 de la Constitución de la República, luego de una propuesta verbal por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

“Tengo en mis manos la iniciativa para que se reforme el artículo 79 de la Constitución de la República, la cual habíamos encomendado al equipo técnico que se elaborara”, dijo Castro aproximadamente a las 4:44 p.m., al reanudar la sesión plenaria, luego de un receso. Castro se refería a la propuesta reforma constitucional para crear una circunscripción electoral de salvadoreños en el exterior en la Asamblea Legislativa, es decir, como un departamento 15 con representación legislativa.

Pero anunció una nueva reforma constitucional para que los partidos políticos no intervengan en la elección de los magistrados del TSE. Actualmente, los partidos políticos proponen las ternas para elegir a los magistrados del TSE, aunque estos no deben estar afiliados a los partidos.

“Este servidor considera oportuno que se apruebe una reforma al artículo 208 de la Constitución de la República, con la finalidad de despartidizar al TSE para que este sea integrado por funcionarios que no obedezcan a intereses partidarios y con lo cual también se estaría atendiendo al criterio de igualdad en la forma de cómo se eligen a funcionarios de elección de segundo grado, como la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República”, dijo Castro.

Castro insinuó que las elecciones se asemejarían a las de funcionarios de segundo grado, en donde los candidatos se postulan ante la Asamblea Legislativa, una comisión los entrevista y esta los elige. Pasadas las 6:00 de la tarde, mientras se leía la propuesta para la circunscripción electoral legislativa de los salvadoreños en el exterior, ni esta ni la iniciativa para despartidizar el TSE habían sido publicadas.

A las 5:20 p.m., los diputados seguían haciendo fila para firmar las propuestas de reformas constitucionales. A las 5:40 p.m., ya habían terminado de firmar las dos iniciativas. La modificación de agenda fue aprobada a las 5:42 p.m., con 57 votos a favor y uno en contra, de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Actualmente los magistrados del TSE no deben tener ninguna afiliación partidista, sin embargo, son propuestos por los partidos políticos. El artículo 208 de la Constitución indica que el TSE estará formado por cinco magistrados: tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección presidencial; y dos magistrados restantes de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.

Sala ya ordenó, en 2014, magistrados sin afiliación partidaria

Una primera «despartidización» del TSE fue ordenada por la Sala de lo Consticional de la Corte Suprema de Justicia el 13 de junio de 2014, en la sentencia 18-2014 Inconstitucionalidad, promovido por Salvador Enrique Anaya, declaró inconstitucional el decreto legislativo de elección de Eugenio Chicas Martínez como magistrado del TSE por tratarse de una persona afiliada a un partido político.

“En lo sucesivo la Asamblea Legislativa no puede integrar el Tribunal Supremo Electoral con personas que tengan afiliación partidaria, ya que ello es incompatible con el ejercicio de funciones jurisdiccionales, incluida la jurisdicción electoral”, reza la sentencia.

La sentencia permitió que Chicas finalizara su periodo hasta el 31 de julio de 2014 y no afectó a resoluciones emitidas por dicho funcionario.

Según la reforma al artículo 248 de la Constitución ratificada el 29 de enero de 2025, la Asamblea Legislativa puede reformar la Constitución en una sola legislatura y no dos como lo establecía obligatoriamente el artículo 248, que era considerado pétreo. Con esa modificación al artículo 248, una reforma constitucional puede tener dos caminos: se acuerda «con el voto de la mitad más uno de los diputados”, 31 votos; y puede ser ratificada en la misma legislatura con 45 votos (3/4), o con 40 votos (2/3) de la siguiente legislatura.

La Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de dos inmuebles al Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) con el fin de iniciar un proceso de legalización de propiedades para los integrantes de la comunidad Barrio La Aduana, ubicada en el Puerto El Triunfo, en Usulután.

El decreto fue aprobado con 59 votos, uno a mano alzada. Votaron diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, Vamos y Arena.

El diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, lo calificó como un hecho histórico e inmemorable y les prometió que se iniciará el proceso de la entrega de las escrituras de sus propiedades. “Los escuchaban, los recibían. Solamente los utilizaban en momentos de campaña, lamentable”, señaló Lobos sobre anteriores gestiones gubernamentales.

El Ministerio de Vivienda se realizará el censo de los beneficiarios, que deberán tener al menos 10 años consecutivos de estar habitando en el lugar.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, respaldó la iniciativa y reiteró que el caso de la comunidad Barrio La Aduana “deja en evidencia lo grave que es el problema del acceso a la vivienda y a la tierra en El Salvador”. Lamentó que su propuesta para crear un fondo para la vivienda no haya sido incorporada a la agenda legislativa para estudiarla.

“Yo me pregunto si algunos tendrán apartamentos que alquilan para plataformas de alquiler turístico y no les conviene”, dijo a los diputados de Nuevas Ideas.

Ortiz exhortó a la población a “luchar” para que haya acceso a una vivienda digna “para todos, no solo para los que pueden comprar y les dan crédito VIP”.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, felicitó a la comunidad. “Barrio La Aduana tiene 70 años de estar en los inmuebles, han pasado 23 generaciones de diputados que nunca hicieron nada en Usulután y estos diputados fueron en su mayoría del FMLN y de Arena”, señaló.

Los dos inmuebles que serán transferidos de Hacienda a Fonavipo son: 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 son habitados por la comunidad Barrio La Aduana de forma irregular, valorado en $176,600 por Hacienda el 27 de enero de 2022, sobre en la avenida Francisco Oseguera; el segundo de 1,573 metros cuadrados declarado en desuso por acuerdo municipal de Puerto El Triunfo y valorado en $29,900, el 27 de enero de 2022 por Hacienda.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, propuso este miércoles que se establezca un impuesto a los alquileres turísticos a través de plataformas para crear un fondo para incentivar el alquiler de las viviendas para uso residencial.

“El sector de construcción ha crecido como nunca antes, tenemos al mismo tiempo la crisis de vivienda más grave como nunca antes. Jóvenes, pónganse a pensar, ¿por qué antes una pareja de clase obrera podían comprar su casita y hoy día una pareja de profesionales ni juntando sus dos salarios pueden comprar una casa?, ¿por qué?”, cuestionó la diputada.

Ortiz pidió modificar la agenda para introducir un proyecto de “Ley de fomento a la vivienda mediante equilibrio del alojamiento turístico” para que pasara a estudio de comisión. Solo recibió un voto.

La propuesta es crear una contribución del 3 % sobre el costo del alojamiento turístico que se cargaría a la tarjeta de crédito del visitante. “Con todo lo recaudado, se creará un Fondo de Incentivo a la Vivienda Accesible”, explicó.

El incentivo consistiría en que, si el propietario de una casa, en lugar de destinarla a alquiler turístico, la alquila a una vivienda, recibirá un descuento del 50 % del Impuesto sobre la Renta que le corresponde pagar por esta actividad. Agregó que con el fondo se creará un programa para el mejoramiento de vivienda de pequeños propietarios.

La diputada criticó que debe haber condiciones para una vivienda digna para todos y “no solo para los que pueden comprar apartamentos de lujo o les dan créditos” y señaló que los alquileres de corta duración o turísticos no pagan impuestos.

“Esto genera un desequilibrio en el mercado y reduce la oferta de vivienda disponible para los salvadoreños. La propuesta no prohíbe, no restringe, esta actividad, porque es una actividad legítima en el ejercicio del derecho a la propiedad, pero sí busca corregir el desequilibrio que genera en el mercado de vivienda, generando incentivos para que estas propiedades sean alquiladas a viviendas residenciales de largo plazo y para apoyar a familias con menos ingresos”, expresó.

La propuesta no ingresó como pieza de correspondencia a la agenda de la Asamblea Legislativa, por lo que no fue divulgada por el sitio asamblea.gob.sv. Se le solicitó una copia a la fracción de Vamos pero, hasta el cierre de esta nota, no había sido proporcionada.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la 50ª prórroga del régimen de excepción luego de que el Gobierno argumentara que necesita que se mantenga la suspensión de las garantías constitucionales de los artículos 7 inciso segundo, 12 inciso segundo y 24 de la Constitución.

La 50ª prórroga tendrá vigencia del 1 de mayo hasta el 30 de mayo. Tanto la dispensa de trámite como el decreto de la 50ª prórroga fueron aprobados con 57 votos. Vamos votó en contra y Arena se encontraba ausente.

En la solicitud, el Gobierno argumentó que requiere que esas medidas “se mantengan hasta que estas puedan considerarse lo suficientemente estables como para que no exista un retroceso en las mismas”, según la solicitud, que cita la reunión del Consejo de Ministros del 27 de abril, y los argumentos del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Señaló que han capturado a miembros de distinta jerarquía en distintos puntos del territorio nacional, que “existe evidencia que se están realizando acciones criminales desde fuera del país, con la intención dirigir, financiar o sostener actividades ilícitas asociadas a tales organizaciones, incluyendo acciones vinculadas al tráfico de drogas” y que la Policía ha realizado “operaciones de decomisos, incautaciones en puntos ciegos y en tránsito”.

Según el Ministerio de Seguridad, han identificado, localizado y arrestado a pandilleros o terroristas que habían salido del país y que han recibido deportados a “decenas de individuos”. “Lo anterior justifica la necesidad del régimen de excepción hasta la fecha”, sostuvo la solicitud.

El régimen de excepción inició su quinto año el 28 de marzo de 2026 con la suspensión de garantías relacionadas al derecho de defensa, tiempo máximo de detención administrativa y privacidad de las telecomunicaciones. Fue aprobado el 27 de marzo de 2022. El Gobierno aseveró en la solicitud que han capturado a más de 91,990 personas señaladas de ser pandilleros o terroristas, y que han logrado 1,195 días sin homicidios. Mientras, las organizaciones señalan que en la aplicación de la medida se han realizado capturas arbitrarias y prácticas como torturas, malos tratos y muertes en los centros penales.

En el pleno, el diputado Jonathan Hernández, de Nuevas Ideas, reiteró que van a «seguir aprobando las veces que sea necesarias» el régimen de excepción, medida a la cual atribuyó los logros de seguridad y de atracción de turistas en el país.

Por su parte, Evelyn Merlos, legisladora de Nuevas Ideas, reconoció que son tres las garantías constitucionales suspendidas, cuando subrayó que «no son todas».

«Hay unos dicen que todas las garantías constitucionales están suspendidas. Pues, no. Solo son las siguientes: el derecho a la defensa, se encuentra contemplada en el artículo 12 inciso segundo de la Constitución; también tenemos la segunda, que es el plazo de la detención provisional, se encuentra contemplado en el artículo 13 de la Constitución; y la tercera, la inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 24 de la Constitución», sostuvo Merlos.

La diputada aseveró que, si no prorrogaran el régimen de excepción, El Salvador volvería a la zozobra de la violencia ocasionada por las pandillas.

El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que está seguro que llegará el día en que no aprobarán el régimen de excepción pero que hoy por hoy es necesario. Carballo dijo que El Salvador llegó a tener «más de 600 homicidios por mes».

La disminución de homicidios en El Salvador no inició en 2022 sino a partir de 2016, así:

2015: 6,656 homicidios, un aumento de 70.1%.
2016: 5,280 homicidios, disminución del 20.7%.
2017: 3,962 homicidios, baja de 25.0%.
2018: 3,346 homicidios, baja de 15.5%.
2019: 2,398 homicidios, aumento de 28.3%.
2020: 1,222 homicidios, baja de 49.0%.
2021: 1,211 homicidios, baja de 0.9%.
2022: 615 homicidios, baja del 49.2% [régimen de excepción]
2023: 194 homicidios, baja del 68.5%.
2024: 114 homicidios, baja del 41.2%.
2025: 82 homicidios, baja del 28.1%.
Fuente: Cifras oficiales de Medicina Legal y PNC luego del cierre de acceso a información de Medicina Legal.

Con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa reformó con 56 votos la Ley de presupuesto 2026 para reformar el Ministerio de Turismo para “necesidades prioritarias y urgentes en dicho ramo que atañen a proyectos estratégicos para la atracción de visitantes e inversionistas, así como eventos nacionales e internacionales”.

Entre los considerandos se señala que “han surgido necesidades urgentes y prioritarias en el ramo de Turismo” que “no disponen de cobertura presupuestaria”.

Hacienda explicó que “se han identificado asignaciones disponibles”, sin detallar el origen de los fondos, hasta por $2 millones.
Los fondos provendrían del Fondo General, el cual puede tener ingresos de tributos o bien de títulos valores.

En el presupuesto del Ministerio de Turismo, los $2 millones se incorporarán en la Unidad presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional y a la Línea de Trabajo 01 Dirección Superior.

La reforma disminuye las “asignaciones disponibles del presupuesto del ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”, por $2 millones.

La reforma presupuestaria, cuya aprobación no pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, se aprobó sin los votos de Arena y Vamos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió a la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para permitir que los salvadoreños en el exterior cuenten con representación de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa de reforma fue divulgada mediante un comunicado de Casa Presidencial que destacó que “por primera vez la diáspora contará con diputados elegidos específicamente para su representación”, “en lugar de ser asignados sus votos al departamento de San Salvador”.

Actualmente los votos de los salvadoreños que tienen su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero son asignados a diputados del departamento de San Salvador automáticamente si realizan votación remota y no al departamento de su origen.

El gobierno sostiene que hay “más de 3 millones de salvadoreños en el exterior”, aunque aseguró que hay «más de 950,000 tienen domicilio en el extranjero.

La representación de la diáspora, explicó el comunicado, se establecerá “en proporción a su peso dentro del padrón electoral, garantizando un equilibrio en la distribución de la representación”.

“Nos hemos enterado en estos momentos de una publicación en redes sociales de la cuenta de Casa Presidencial en donde el señor presidente de la República, Nayib Bukele, solicita a esta Asamblea Legislativa impulsar una reforma a la Constitución, considerando procedente dar este trámite institucional correspondiente, de manera preliminar es importante destacar que esta propuesta gira en un eje fundamental, es una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República orientada a regular de forma expresa la participación electoral de los salvadoreños en el exterior mediante el reconocimiento de una circunscripción electoral que permita garantizar los principios de igualdad del voto y representación proporcional», expresó este mediodía el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, poco después de la publicación de la cuenta en X de Casa Presidencial.

Castro pidió a los técnicos de la Asamblea Legislativa iniciar la redacción de la iniciativa de reforma constitucional y aseguró que por lo menos 54 diputados de Nuevas Ideas apoyarán la iniciativa.

No hay un registro electoral público posterior al utilizado en las elecciones de 2024, que cerró el 7 de agosto de 2023.

La cifra más reciente, hecha pública de manera verbal por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, es la de 944,684 salvadoreños en el exterior, un aumento de 27 % o 203,590 nuevas inscripciones respecto al registro electoral 2024.

El Presidente @nayibbukele solicita el acompañamiento de los diputados de la @AsambleaSV a la iniciativa de reforma constitucional para que los salvadoreños en el exterior cuenten con representación en la Asamblea Legislativa.

Por primera vez, la diáspora contará con diputados… pic.twitter.com/h8r7ykKSFL

— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) April 29, 2026

El Ministerio de Hacienda modificó su informe sobre los mayores acreedores de los gobiernos locales al cierre del ejercicio de 2025 incluido en la página 38 de su informe anual de endeudamiento municipal de 2025, específicamente sobre una supusta compra de la cartera de la deuda municipal con la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi).

En la versión del informe publicado el 27 de marzo de 2026 en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, se publicó que un total de $20,259,000 ($20.2 millones) de deuda municipal tenía como acreedor a la empresa Hencorp Valores, S.A., bajo el concepto “Compra Cartera COSAVI”.

Al cierre de 2025, también se registró una deuda de los municipios con COSAVI de $9,131,800 ($9.1 millones), menos que los $10,767,100 al cierre de 2024 y menos que los $21,708,900 ($21.7 millones) al cierre de 2023.

Sin embargo, en una nueva versión publicada esta semana por el Portal de Transparencia Fiscal, atribuye una deuda municipal por la misma cantidad a Hencorp Valores, S.A., es decir, $20.2 millones, pero en concepto de “compra cartera Bancovi de R.L.” con la aclaración: “Actualización de datos conforme al punto 5, página número 36”.

El informe explicó que “la cartera que Bancovi de R.L. fue comprada por Hencorp Valores, S.A., correspondiente al saldo de 20 préstamos adquiridos por diferentes municipios”.

¿Cuánto era el saldo de la deuda que tenían los municipios con Bancovi?

En el informe de 2023, se detalla únicamente una amortización de $2.4 millones a la deuda que tenían las municipalidades con BANCOVI, dentro de las cooperativas de ahorro y crédito; en el informe de 2022, se registró un saldo de la deuda con BANCOVI de $70.2 millones, mientras que las municipalidades también le debían, para ese año, $22.3 millones a Cosavi.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, aprobó nombramientos a representantes de esa cartera de Estado en el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) hasta 2029 y en el Consejo de la Dirección de Integración hasta diciembre de 2026.

Como representantes propietaria y suplente del Ministerio de Economía para un periodo de tres años, fueron nombrados Mónica Beatris Reyes Coto y José Adonay Molina Arias, quienes ya estaban en el cargo y que concluirán sus periodos el 25 de marzo de 2029.

Reyes Coto es subdirectora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía y ha sido apoderada del Banco de Desarrollo de El Salvador.

Mientras, Molina Arias fue nombrado el 27 de octubre de 2025 como miembro propietario hasta el 17 de febrero de 2026 del Fideicomiso de Desarrollo Cooperativo Salvadoreño (Fidecosal) y también ha sido suplente en el Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia).

El Insafocoop es el organismo encargado de supervisar, vigilar y normar el funcionamiento de las asociaciones cooperativas en El Salvador.

El 21 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la disolución y liquidación en seis meses del Insafocoop, con el objetivo de “descentralizar” sus atribuciones, por lo que según este decreto, que hasta hoy no ha sido publicado en el Diario Oficial, entregaba estas atribuciones a los ministerios de Agricultura, Educación, Transporte, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), así como al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia del Sistema Financiero, según el tipo de cooperativa.

Estas instituciones asumían funciones de autorizar el inicio de operaciones y las constituciones de las cooperativas y la supervisión de la organización y el funcionamiento de las cooperativas.

Sin embargo, este decreto no fue publicado por el Diario Oficial, por lo que no completó todo el proceso de formación de ley, por lo que Insafocoop no se disolvió.

Junto a la “Ley de disolución, liquidación y traslado de funciones del Insafocoop” fueron aprobadas las leyes de bancos cooperativos, la de sociedades de ahorro y crédito, la de federaciones de cooperativa de ahorro y crédito y la Ley para la estabilidad del sistema financiero y garantía de depósitos. Solo esta última cumplió el proceso de formación de ley.

Por otra parte, en el Consejo de la Dirección de Integración, Miguel Ernesto Artiga Águila, subdirector de Inteligencia y Política Económica del Ministerio, sustituyó a Laura Daniela Pacheco Alas como representante propietario.

Pacheco Alas había sido nombrada el 28 de agosto de 2025 como representante suplente para completar el periodo de tres años hasta el 13 de diciembre de 2026 y, el 29 de septiembre de 2025, fue nombrada representante propietaria para completar el periodo de tres años hasta el 13 de diciembre de 2026.

El nombramiento como representante suplente de Waltter Alejandro Panameño Osegueda realizado el 13 de diciembre de 2023 se mantiene vigente, según el acuerdo.