La Corte de Cuentas de la República (CCR) habría cerrado el 2024 sin auditar a los partidos políticos salvadoreños ni el proceso electoral 2024 por haber priorizado su Plan de fiscalización municipal del año pasado según informó a través de una solicitud de información a la organización Acción Ciudadana (AC).
La AC informó que envió una solicitud de información a la CCR para solicitar información sobre los partidos políticos auditados en 2024 y el proceso electoral de ese año, pero la institución fiscalizadora le respondió que «para el año 2024 era prioridad el cumplimiento del Plan de fiscalización municipal 2024, por lo que, la mayoría de esfuerzos se enfocaron en dicho plan».
Por ello, Acción Ciudadana concluye que la Corte no realizó «auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral». En el portal de transparencia de la entidad no están publicadas los informes de auditorías de 2023 y 2024, mientras que el año pasado, dijo que presuntamente estaba auditando «en tiempo real» las elecciones, pero el informe respectivo no se conoció. En ese entonces, la CCR era dirigida por la ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
«La Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 su prioridad fue el plan de fiscalización municipal, por lo que, no se realizaron auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral… Esto debilita los mecanismos de control». Acción Ciudadana en su informe sobre transparencia de partidos políticos.
La organización aseguró en el «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» que esta falta de fiscalización evidencia que la opacidad en la transparencia del financiamiento de los institutos políticos no solo es partidaria sino institucional.
Además, considera que esta falta de auditoría debilita los mecanismos de control sobre los partidos y dificulta la fiscalización, por lo que, se abren «espacios para riesgos de financiamiento irregular». Para el proceso electoral de 2027, los partidos solo podrán recibir fondos de privados, debido a la eliminación de la deuda política.
Por otro lado, la AC dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar reportes sobre el financiamiento de los partidos, a pesar que el año pasado se inauguró la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP) para controlar los fondos que reciben los institutos políticos.
En la resolución, el Tribunal alegó que no es la entidad competente de divulgar datos financieros de los partidos. Lo que impediría «conocer si se llevaron a cabo procedimientos de verificación o si se aplicaron sanciones ante posibles incumplimientos».
Mientras, que el Ministerio de Hacienda no entregó a Acción Ciudadana los listados de donantes de los partidos políticos y solo se limitó a publicar los montos generales que entregó en deuda política, sin detallar el monto para cada partido, limitando así «la capacidad de seguimiento sobre cómo se asignan estos recursos públicos».
El artículo 22 de la Ley de partidos políticos establece que los institutos deben llegar contabilidad formal y tener auditorías internas en los períodos que señalan los estatutos sobre el uso de su patrimonio y de los fondos de financiamiento privado y público.
