El Congreso de Colombia aprobó este miércoles una nueva ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con la que pone fin a la política de paz total promovida por el expresidente Gustavo Petro. La normativa recibió el respaldo de ambas cámaras legislativas cerca de la medianoche, después de dos días de debates.
«Habemus ley de sometimiento», celebró De la Espriella en sus redes sociales tras la aprobación de la iniciativa. Durante la discusión parlamentaria, sectores de la oposición cuestionaron la legislación al considerar que criminaliza la protesta social y no garantiza el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
El mandatario colombiano defendió la aprobación de la normativa al considerar que permitirá fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad de la población. También agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, «por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa».
«La falsa paz total llegó a su fin», afirmó De la Espriella en referencia al programa impulsado por la administración de Petro, que buscaba alcanzar acuerdos con las organizaciones armadas para lograr su desmovilización, pero enfrentó dificultades que impidieron cumplir sus objetivos.
¿Qué establece la nueva ley de sometimiento?
La legislación contiene 30 artículos que modifican el mecanismo utilizado hasta ahora para negociar con los grupos armados. Entre sus principales disposiciones figura la eliminación de las mesas de diálogo, el retiro del reconocimiento político a estas organizaciones y la desaparición de la figura del gestor de paz. Además, establece que las personas condenadas deberán cumplir sus penas en cárceles u otros establecimientos penitenciarios, sin recurrir a las zonas especiales de desmovilización.
Las organizaciones que decidan acogerse al nuevo procedimiento deberán suscribir actas de sometimiento y comprometerse a entregar sus armas, liberar a los menores reclutados de manera forzada y proporcionar información sobre el paradero de personas desaparecidas. También tendrán que revelar sus fuentes de financiamiento, facilitar otros datos relevantes para las autoridades y suspender sus actividades ilícitas.
Por su parte, cada integrante deberá reconocer su responsabilidad, entregar los bienes obtenidos ilegalmente y participar en trabajos de reparación. El incumplimiento de estas obligaciones podrá provocar la pérdida de los beneficios penitenciarios.
La normativa contempla reducciones de penas de hasta el 50 % para los integrantes de los grupos armados y del 30 % para sus mandos, siempre que, en este último caso, la condena no sea inferior a diez años de prisión. Sin embargo, si una organización continúa reclutando menores después de la entrada en vigor de la ley, los beneficios podrán reducirse al 30 % y al 10 %, respectivamente. Quienes tengan condenas firmes por reclutamiento forzado de menores no podrán acceder a estas rebajas. Tampoco se suspenderán ni cancelarán las órdenes de captura o extradición existentes.
La aprobación de esta legislación supone el cierre de la estrategia de paz total de Petro, que enfrentó obstáculos legales, operativos y políticos desde su implementación. Entre las principales dificultades estuvieron la falta de un marco jurídico definido, la fragmentación de los grupos armados y el aprovechamiento de las treguas por algunas organizaciones para ampliar sus redes y enfrentarse entre sí.
La iniciativa también encontró resistencia en sectores de la sociedad colombiana, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y grupos políticos que limitaron el margen de negociación del anterior Gobierno.
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