El medio salvadoreño El Faro, que desde 2023 opera desde Costa Rica, denunció este jueves que entre febrero y abril de 2026 les fueron congeladas una cuenta bancaria y un inmueble a dos accionistas de la que fue su sociedad creadora sociedad, Trípode, S.A. de C.V., y señaló al presidente Nayib Bukele de dirigir una larga persecución que busca silenciarlos.
Carlos Dada, fundador y director de El Faro, dijo en una conferencia de prensa transmitida en las redes sociales del medio que esta es “la continuidad de un problema político que El Faro representa para el gobierno de Bukele por nuestras publicaciones”.
Dada detalló que aún no han sido notificados de lo que sería esta “anotación preventiva” que advirtieron por información del banco y del Registro de la Propiedad. “Hasta hoy no nos han notificado oficialmente, desconocemos los argumentos del juez que ha ordenado este congelamiento de bienes”, dijo el director del medio que consideró estas medidas políticas y no fiscales.
El Faro aseveró que el Ministerio de Hacienda inició en junio de 2020 cuatro auditorías luego de una cadena nacional en la cual el presidente Bukele anunció una investigación contra el medio de comunicación por lavado de dinero, pero que fue modificada por Hacienda a «evasión de impuestos» en los cuatro ejercicios auditados.
“El Ministerio de Hacienda nos acusa de haber evadido impuestos por fondos provenientes de fundaciones, que no aparecen declarados en el año en el que firmamos el contrato. Pero esos impuestos, como también demostramos, fueron pagados puntualmente los años en que esos fondos ingresaron a nuestras cuentas”, explicó en un comunicado en donde sostuvo que han apelado ante «cada una» de las conclusiones de Hacienda.
El medio afirmó que Hacienda los acusa de no pagar impuestos que pagaron o de no pagar impuestos por ingresos que nunca existieron. Antes el medio divulgó que Hacienda pretendía gravar suscripciones del programa Excavación Ciudadana que sin serlo estarían considerando mensuales.
El Faro calificó el congelamiento de bienes como una «escalada de ataques» a raíz de sus publicaciones críticas al gobierno de Bukele.
Según el comunicado, la primera acusación fiscal coincidió con la intervención de los teléfonos de 22 de miembros de El Faro entre junio de 2020 y noviembre de 2021 con el software Pegasus, y una publicación del medio sobre el pacto entre el gobierno de Bukele y la MS-13.
«Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio», indicó El Faro sobre la congelación de bienes.
La más reciente fue un documental coproducido con Frontline PBS que incluye el relato del exagente del FBI Daniel Brunner sobre el trabajo de investigación de la Fuerza de Tarea Vulcano contra la MS-13 ordenada por Donald Trump en su primera administración.
También señaló que ocurrió por la participación del subjefe de El Faro en una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos en el Congreso de Estados Unidos.
«Las peores prácticas»
El representante de Media Defense, Carlos Galo, presente en la conferencia de prensa de El Faro, aseguró que le llama la atención que el gobierno de El Salvador está aplicando “las peores prácticas” de gobiernos autoritarios en el mundo que acosan al periodismo. Señaló que aplica una parte de Vladimir Putin en Rusia, así como regímenes de Azerbaiyán, Turquía y Venezuela, “que es el uso abusivo del derecho para silenciar las voces críticas”. El director de El Faro agregó a Nicaragua por el uso del método de congelamiento de bienes.
“La diferencia es que utiliza todos esos tipos de estrategias de manera cordinada y muy próximo a publicaciones de impacto y siempre es una retaliación a la reportería de interés público que hace El Faro”, indicó Galo.
“Es un intento de controlar las voces que pueden presentar información crítica”, consideró en la misma conferencia Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Señaló que el Estado de El Salvador está utilizando “estos procesos fiscales como una retaliación” o castigo por sus publicaciones periodísticas.
La directora en CEJIL destacó que el Estado de El Salvador “ha incumplido medidas cautelares emitidas” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo de 2025, El Faro denunció supuestas intenciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de ordenar las capturas contra siete de sus periodistas, luego de lo cual la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió una alerta.
El medio de comunicación trasladó su sede administrativa y legal a San José, Costa Rica, desde abril de 2023, al denunciar «acoso, hostigamiento fiscal y falta de condiciones» para operar de manera independiente en El Salvador.
El presidente Bukele ha rechazado que haya negociado con pandillas, ha criticado publicaciones de El Faro y ha señalado al medio de difundir información falsa.
En agosto de 2021, Bukele publicó ante el reportaje de El Faro «Catedral»: «Dentro de un mes, volverán a sacar el MISMO REFRITO y volverán a pedir reacción del Gobierno. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Ya si alguien les quiere creer, aún sabiendo todos para quién trabajan, pues adelante».
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