El abogado Simon Sandoval-Moshenberg, defensor legal del salvadoreño Kilmar Ábrego, aseguró en entrevista con la cadena pública NPR que el Gobierno de Estados Unidos continúa ejerciendo presión contra su cliente, pese a que un tribunal federal dictaminó que fue detenido y deportado ilegalmente.
Ábrego, de 30 años, fue capturado por agentes de inmigración en marzo y deportado a El Salvador, a pesar de tener una orden judicial que suspendía su expulsión por considerar que su vida estaba en peligro. En su país fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida para pandilleros y símbolo de la «guerra» del presidente Nayib Bukele contra las maras.
Durante la entrevista, Sandoval-Moshenberg confirmó que Ábrego se reunió con su esposa e hijo tras ser liberado recientemente. “Fue un reencuentro extremadamente emotivo”, afirmó. “Ha estado privado de libertad desde marzo”.
El abogado reveló que su cliente estuvo dispuesto desde el inicio a ser trasladado a Costa Rica, país que le ofreció estatus de refugiado. Sin embargo, el Gobierno estadounidense se negó. “El juez usó ese dato como una de las pruebas para demostrar que no lo mantenían detenido para deportarlo, sino simplemente para encerrarlo”, explicó.
Ábrego fue retornado a Estados Unidos el 6 de junio tras una fuerte presión social y órdenes de la Corte Suprema, pero inmediatamente fue acusado por la Fiscalía de tráfico de personas, lo que llevó a su reclusión en una cárcel de Tennessee. La nueva imputación incluye el supuesto traslado de migrantes, algunos con vínculos con pandillas.
Actualmente, enfrenta tres procesos simultáneos: un caso penal en Tennessee, una demanda civil en Maryland donde se impugna su deportación, y una petición de asilo ante una corte migratoria. El juicio penal está previsto para julio de 2025, y recientemente se obtuvo una orden judicial que impide su recaptura inmediata por parte del ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó como “sin base legal” la orden de liberación, y prometió combatirla “con uñas y dientes” en los tribunales. El abogado Sandoval-Moshenberg lamentó esa postura y declaró que “la familia ha sufrido lo suficiente” y que “el fallo de la jueza es sólido y resistirá una apelación”.
Para el abogado, el caso va más allá del debate migratorio: “Se trata de una lucha entre el poder y la ley. El Gobierno no puede actuar por encima de la Constitución”. Acusó a la administración del presidente Donald Trump de intentar deportar a Ábrego a países africanos como Uganda o Liberia, con los que el salvadoreño no tiene ninguna conexión.
Ábrego, quien llegó a EE.UU. siendo adolescente y reside en Maryland con su esposa e hijos ciudadanos estadounidenses, permanece en libertad bajo protección judicial mientras define si solicitará formalmente asilo. La decisión, según su abogado, dependerá únicamente de él.