Para el ministro de Hacienda, Jerson Posada, la creación de Alianzas Público Privadas (APP) en El Salvador, luego de la aprobación de una nueva normativa, tendrá al menos cinco beneficios, entre los cuales destacó que el Estado puede aprovechar la experiencia y la innovación del sector privado, así como compartir riesgos económicos.
Un beneficio, dijo, “es la eficiencia en la gestión y el aprovechamiento de la experiencia del sector privado”.
“Básicamente, al aprovechar la experiencia del sector privado, los proyectos suelen completarse en menos tiempo y con una gestión más ágil que bajo los métodos tradicionales de obra pública”, indicó esta semana, ayudándose de una presentación ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.
En segundo lugar, mencionó la responsabilidad fiscal como beneficio de las APP para hacer una obra o dar un servicio público. En este punto mencionó una evaluación que utilizarán para aprobar toda APP que se denomina “valor por dinero”, que es un análisis matemático y estadístico que hace las valoraciones financieras para determinar que es más conveniente realizar una obra pública mediante un APP o con obra pública tradicional.
“Se impulsan altos estándares en fases previas (al APP), al exigir evaluaciones de rentabilidad social, financiera y la metodología de valor por dinero como requisito para la aprobación de cada proyecto, esta asegura que los costos de un proyecto APP a largo plazo permitan optimizar la asignación y uso de los recursos del Estado, así como el costo de dicho proyecto sea menor si este es ejecutado bajo una modalidad tradicional”, explicó.
El tercer beneficio de las APP mencionado por el funcionario es el aprovechamiento de la innovación tecnológica del sector privado. “El sector público se puede beneficiar del “know-how” y las tecnologías de vanguardia que las empresas privadas introducen para optimizar el servicio”, indicó.
Consideró, también, como beneficio el impacto social del proyecto. “Todo proyecto bajo la modalidad APP debe garantizar un suministro más eficiente y eficaz para atender necesidades de la población”, evaluó.
Y, en quinto lugar, la transferencia de riesgos fue vista como un beneficio por el ministro de Hacienda. Se trata de que tanto el sector público como el privado asume los riesgos financieros de todo proyecto APP.
“La colaboración público-privada en la ejecución de todo proyecto ayuda a compartir los riesgos, hay riesgos compartidos entre el privado y el Estado, y cada parte en lo que mejor puede absorber y responder, permitiendo desarrollar de una mejor manera los proyectos estratégicos en beneficio del país”, argumentó.
Con esta nueva ley, el gobierno dice buscar agilizar procesos de APP para dar servicios públicos o hacer obras públicas. Sindicalistas y organizaciones han cuestionado la posible privatización de los servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, pero el gobierno lo ha negado. El proyecto aún no es aprobado y los diputados de Nuevas Ideas han citado al Centro Nacional de Registros (CNR) para continuar el estudio público.
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