Sí los adultos tuviéramos el privilegio de volver a vivir una faceta pasada de nuestras vidas, con seguridad la mayoría escogiéramos un periodo de nuestra niñez, cuando no teníamos responsabilidades de nada más que jugar, dormir, comer y estudiar. Algunos escogerían otra faceta de su vida, porque muy probablemente fueron infelices al ser obligados a trabajar y abandonar sus estudios y las actividades de diversión y esparcimiento propias de su edad.
La niñez es la etapa de nuestras vidas en que somos una especie de esponja absorbiendo todo conocimiento, sentimiento y pensamiento. Le damos vida a nuestras propias fantasías para construir mundos de juguetes cargados de ilusiones inocentes que nos hacen sentirnos los reyes protegidos por los adultos. Somos libres de responsabilidades y debemos ser el centro de las obligaciones de nuestros padres y del Estado en general.
Donde hay uno o más niños hay alegría y motivos suficientes para inspirar a los adultos. Un niño es un faro alumbrando la felicidad del núcleo familiar, porque es un sendero de luz que nos conduce a tener motivos suficientes para reflejarnos y asumir responsabilidades que no permiten abandonar nunca nuestras añoranzas de la florida niñez que vivimos. Crecer y llegar a adulto sin abandonar nunca la pureza del alma y la grandeza del corazón de un niño es la síntesis de la felicidad que nos hace tener la certeza que vivir vale la pena.
Por eso cada niño (a) y adolescente debe vivir plenamente esa etapa de la vida. Nadie, absolutamente nadie tiene derecho a perturbar la esencia de la niñez y adolescencia. Todos debemos garantizarles que tendrán acceso a vivir la plenitud de su ilusoria inocencia. A los niños hay que garantizarles un sano crecimiento, sin ideas extrañas o alienantes, con acceso sistemático a la educación, hogares funcionales y un cuerpo legislativo que les garantice sus derechos. En ese sentido ningún niño debe trabajar, porque no tiene responsabilidades y porque su deber ser es divertirse y estudiar, siendo protegido y con garantías brindadas por la familia y el Estado y su cuerpo de instituciones.
Que un niño sea obligado a trabajar es frustrarle su proceso de formación como ser humano y violarle sus derechos fundamentales. El Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) señala que en El Salvador más de 54 mil niños o adolescentes trabajan lo que afecta su salud, educación y desarrollo integral. Esa cantidad de niñez trabajando represente el 4.2 por ciento de la población infantil de El Salvador.
De ahí que la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se enfocan en coordinar esfuerzos de monitoreo y prevención del trabajo infantil, que en El Salvador un 63 por ciento se concentra en la zona rural y un 37 por ciento en la zona urbana.
De la cantidad de niños y adolescentes trabajando, unos 38,397 realizan trabajos peligrosos, 15,687 trabajan por debajo de la edad mínima permitida y un grupo menor efectúa labores permitidas reguladas. Las estadísticas de la UNICEF indican que los adolescentes entre 14 y 17 años abarcan el 73.1 % de los casos, y los niños varones representan el 75.8 % del total de menores trabajadores.
El peor de los datos es que el 32.1 por ciento de los menores de edad que trabajan han abandonado sus estudios y el 69.7 continúa asistiendo con niveles más bajos de aprendizaje y asimilación. La UNICEF es clara al definir que es una tarea infantil y que es trabajo infantil.
Las tareas son necesarias y parte del proceso de formación de la niñez porque no afectan su salud, su bienestar y su rendimiento escolar, ya que se refiere a actividades formativas o domésticas dentro del hogar, como ayudar a lavar trastes, contribuir con el aseo del hogar, ordenar su cuarto y cama, realizar pequeñas diligencias o propias de su edad, etc. En cambio, el trabajo priva al menor de edad de su infancia, potencial y dignidad, afectando su proceso escolar y exponiéndolo a daños físicos y mentales.
Además, le asigna responsabilidad para las cuales no está preparado ni obligado, como abastecer económicamente al hogar o responder como adulto ante las necesidades de su contexto familiar.
Es obligación del Estado reducir a su máxima expresión el trabajo infantil. Idealmente reducirlo a cero porcentaje. Para ello se debe garantizar las mejores condiciones de vida de las familias salvadoreñas y por consiguiente atacar el desempleo y la pobreza, y toda causal que obliga al trabajo infantil. Se requiere acciones y no palabras.
Este jueves 1 de octubre El Salvador vive el Día del Niño. La fecha coincide con la conmemoración de la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 1 de octubre de 1959. La intención es reconocer los derechos y el bienestar de la niñez y adolescencia. Hasta antes de 2016 en el país se conmemoraba el primer sábado de octubre, pero ese año la Asamblea Legislativa reformó el decreto para que el 1 de octubre fuera inamovible.
Desde siempre en octubre hay reportajes, pronunciamientos a favor de la niñez y adolescencia y hasta desfiles alegóricos y otras actividades donde los niños y adolescentes son el centro de atención. Hasta hace algunos años había decenas de organizaciones no gubernamentales expertas en dar datos de “estudios ya estudiados por otros estudios”, pero incapaces de ayudar a solucionar el problema del maltrato y trabajo infantil.
A un día de iniciar el mes de la niñez y adolescencia, el llamado es para las familias y el Estado a confrontar el maltrato y el trabajo infantil y a poner sobre la mesa políticas de acción coherentes que erradiquen ambos fenómenos violatorios de los derechos fundamentales de nuestros niños y (as) adolescentes.
*Jaime Ulises Marinero es periodista
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