Cientos de activistas de organizaciones civiles acudieron este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los magistrados dirigían el debate sobre la orden del presidente, Donald Trump, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento, para pedir que la rechacen y advirtieron que su aprobación abriría la puerta a vulnerar otros derechos.
«Lo que se está debatiendo aquí no es un tema legal abstracto, aquí están en juego la identidad de nuestras futuras generaciones», dijo a EFE Lydia Walther-Rodríguez, activista de origen panameño de la organización Comunitaria CASA.
Walther-Rodríguez agregó que el país atraviesa un proceso «preocupante» porque si el Supremo decide dar luz verde a la orden de Trump se perdería más que la ciudadanía: «Se trata de cómo puede tratarte este país y decidir quién puede acceder a salud, educación».
Lo que se debate en el Supremo es la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que Trump busca reinterpretar para impedir que cualquier persona nacida en Estados Unidos, sin importar el estatus o el origen de sus padres, adquiera la ciudadanía.
Analistas y activistas han calificado este proceso como crucial para redefinir quién forma parte de la nación y quién no.
Rechazo a Trump y participación masiva
En la manifestación frente a la sede del Supremo, cientos de asistentes de origen asiático, latino y africano bailaron al ritmo de canciones de Celia Cruz y Bad Bunny, mientras coreaban consignas contra el mandatario republicano.
En medio de la protesta una sola mujer vestida de rojo y a favor de la medida de Trump firmada el 20 de enero de 2025, protagonizó confrontaciones con los manifestantes, intentando bloquear los discursos y la policía de Washington tuvo que intervenir.
«No se puede condenar a niños a una vida apátrida cuando ellos no han decidido donde nacer y menos siendo hijos de personas que han venido a construir este país», dijo en el podio ubicado en las escaleras del Supremo el pastor bautista William Barber, conocido en el país por su apoyo a causas sociales.
Temor y confusión
«Este caso no es solo judicial es un ataque personal», dijo a EFE María Marín una migrante guatemalteca que vive en Estados Unidos desde hace 12 años y con un hijo de cinco nacido en norteamérica.
Marín agregó que la idea de que la medida de Trump sea aprobada le genera «pánico» y que durante los últimos meses junto a otro grupo de madres, con situaciones similares han buscado unirse para entender el posible impacto de la limitación y sus opciones para defenderse.
Trump ha defendido su posición diciendo que esta legislación se aprobó tras la guerra civil (1861-1865) para proteger a los «hijos de los esclavos» y no para «quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía» estadounidense.
En junio pasado, la mayoría conservadora de la Corte (6-3) respaldó a Trump en su petición de levantar los bloqueos emitidos por jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.
Entonces, el Supremo no decidió sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino sobre la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.
Expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del mandatario han cuestionado esta limitación, porque señalan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por una orden presidencial.
Unos 255,000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema se pone de lado de Trump y reafirma las limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.
