TSE cumple un año, Acción Ciudadana y oposición señalan opacidad del organismo electoral

El nuevo organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió un año de haber asumido sus funciones luego de su juramentación en la Asamblea Legislativa.

Políticos y sociedad civil externaron  preocupaciones por la opacidad y las posibles interferencias mientras la institución destaca logros en su primer año.

La institución electoral aseguró el viernes que en este primer año de gestión ha logrado «hitos fundamentales» como el pago atrasado a personal temporal que trabajó en las elecciones de 2024, una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la digitalización del registro electoral.

Sin embargo, partidos políticos y sociedad civil no están del todo convencidos de los avances en el TSE.

La organización Acción Ciudadana aseveró a Diario El Mundo que ve «preocupación por la opacidad de la autoridad electoral» concretamente por la resistencia de publicar información pública que debería divulgarse de oficio en el Portal de Transparencia.

«Vemos con preocupación la opacidad de la autoridad electoral… Vemos con preocupación que mucha información está desactualizada o simplemente no se publica».

Acción Ciudadana.

Además, señala la organización que el Tribunal ha tenido «una actitud pasiva» ante las reformas realizadas a la Constitución de la República porque no fue consultada al respecto ni dio opinión, solo las aceptó. El 31 de julio, mediante una reforma constitucional, la Asamblea eliminó la segunda vuelta presidencial, extendió el período presidencial a seis años y eliminó la perdida de ciudadanía para quienes proclaman reelección presidencial.

Arena teme «interferencia» partidaria al trabajo electoral

El presidente del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García Saade, aseveró que su real preocupación es que la entidad pueda recibir presiones de partidos políticos «para influir en su trabajo».

Aseveró que cualquier tipo de interferencia partidaria es «inaceptable y una amenaza directa» a la democracia salvadoreña y agregó que, ante cualquier presión, la entidad «debe demostrar independencia y carácter».

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Tres de los magistrados son propuestos por los tres partidos con más votos en la última elección presidencial y dos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La presidencia la ocupa el partido que ganó la presidencial, en este caso, Nuevas Ideas, con Roxana Soriano, quien fue duramente criticada por haber sido elegida cuando en 2021 fue precandidata a diputada de ese mismo partido. La funcionaria, en una audiencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, aseguró que se desafilió del partido en julio de 2020.

«Lo que realmente me preocupa es el riesgo de que haya intentos de interferencia. Cualquier presión política que busque influir en su trabajo es inaceptable y una amenaza directa a nuestra democracia».

Carlos García Saade, presidente del COENA.

Saade dijo que los partidos e instituciones tienen «la obligación de blindar» la autonomía del Tribunal porque, si dejan «que el árbitro sea presionado», pierden todos, no solo los contrincantes electorales.

Asimismo, aseveró que, si bien es corto el tiempo de gestión del nuevo del TSE, «enfrentan un enorme reto» porque sus predecesores «dejaron una gestión llena de dudas y cuestionamientos». Indicó que los magistrados no deben «dejarse influir por ningún tipo de presión política».

Buscan garantías de equidad y fiscalización de fondos

Acción Ciudadana y Arena coinciden en que el principal reto para el nuevo TSE es garantizar «una elección equitativa». Arena insiste en que se debe contar con un proceso transparente que garantice «un padrón confiable, tecnología segura y conteo de votos claro».

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La AC considera que es un reto porque la Asamblea ha impulsado reformas para inclinar «el campo del juego hacia el oficialismo».

Además, cree que es un desafío para el TSE la reactivación de la Unidad de Fiscalización de financiamiento en partidos políticos y las medidas para «superar las dificultades vividas en 2024», como la falta de transmisión de actas en la elección legislativa.

En esa elección, partidos políticos denunciaron papeletas «planchadas», es decir, papeletas votadas y sin dobleces pese a que tenían que haber estado dobladas al ser introducidas en cada urna.