Etiqueta: Asamblea Legislativa

  • ¿Quiénes son los diputados con más seguidores en TikTok?

    ¿Quiénes son los diputados con más seguidores en TikTok?

    La popular plataforma china TikTok no es ajena a los diputados de El Salvador, algunos suben contenidos informativos sobre aprobaciones de leyes y reformas en la Asamblea Legislativa, otros para atacar a sus colegas opositores y a otros les interesa bailar y con ello ganar seguidores.

    Pero ¿quiénes son los diputados salvadoreños con más seguidores en TikTok? Haciendo un recorrido por sus perfiles en esta red social, el primer lugar se lo lleva la diputada Alexia Rivas, del partido oficial, Nuevas Ideas, con más de 316,800 seguidores y 5.6 millones me gusta. En las elecciones, Rivas obtuvo 360,964 marcas.

    Su contenido es político y se apoya mucho en la imagen del presidente Nayib Bukele compartiendo sus videos.

    En segundo lugar, está el diputado William Soriano, también de Nuevas Ideas, con 217,900 seguidores y 2.7 millones de «me gusta» en sus publicaciones, la mayoría de su contenido es político, contra la oposición y algunos momentos de su vida personal. El diputado supera, con la cantidad de sus seguidores en TikTok, las 47,664 marcas que obtuvo en las elecciones.

    En tercer lugar, con más de 129,400 seguidores, la diputada de oposición Claudia Ortiz, del partido Vamos. Sus publicaciones son de contenido político e informativo sobre sus propuestas; ha logrado 1.4 millones de likes. Ella, en las elecciones, ganó su curul con 79,079 marcas.

    El diputado Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, tiene 113,500 seguidores y 2.5 millones de «me gusta». El subjefe de fracción del mismo partido, tiene 87,600 seguidores y 451,600 «me gusta».

    La diputada Marcela Villatoro tiene 51,400 seguidores y 431,200 me gusta.

    Suecy Callejas, legisladora de Nuevas Ideas, tiene 51,600 seguidores y 516,400 me gusta.

    Dania González, del mismo partido, tiene 29,300 seguidores y 297,500 me gusta.

    Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, tiene 37,900 seguidores y 677,00 me gusta.

    La diputada Ana Figueroa, del mismo partido, tiene 28,700 seguidores y 478,200 me gusta.

     

    Con fitness y baile

    La diputada santaneca de NI Lorena Fuentes sube contenido de visitas en territorio, algunos de información sobre la Asamblea y también le gusta subir videos en el gimnasio, así ha logrado 92,700 seguidores y 922,400 me gusta.

    No es la diputada Sharon Salazar, quien ha tenido un vida artística cantando música cumbia, quien se lleva la mayoría de seguidores con bailes, sino el diputado Reynaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano.

    El diputado del PDC, quien no da declaraciones a periodistas, pero sí baila para TikTok, ha logrado 92,200 seguidores y 1.2 millones de likes, mucho más que las 46,510 marcas con las que logró su escaño en la Asamblea en las elecciones pasadas, con bailes.

    La mayoría de los diputados suben sus contenidos a la plataforma y a otras redes sociales generando muchos «likes» pero también mucho «hate».

  • Este año el Estado se ha convertido en el garante de $1,463 millones de préstamos de CEL, Bandesal, FSV y Fovial

    Este año el Estado se ha convertido en el garante de $1,463 millones de préstamos de CEL, Bandesal, FSV y Fovial

    La Asamblea Legislativa ha aprobado en lo que va del año 2025 un total de 10 contratos de garantías crediticias para que el Estado sea el garante de deudas suscritas por sus empresas o instituciones por $1,463.9 millones.

    No toda la deuda que se garantizó en 2025 es nueva deuda.

    Estas deudas no pasan por votación legislativa, pero las garantías crediticias que les exigen las instituciones financieras sí requieren votos legislativos. Es decir, las votaciones de las garantías soberanas revelan nueva deuda estatal adquiridas por autónomas o empresas públicas.

    Los contratos de garantías soberanas aprobadas por la Asamblea desde el 1 de enero de 2025 suman $1,463 millones: $830.9 millones fue deuda suscrita en años anteriores al 2025; y $632.1 millones este año.

    La más reciente garantía crediticia aprobada por los diputados sirvió para que el Fondo de Conservación Vial (Fovial) respaldara el aumento de un crédito que originalmente fue suscrito en 2022 por $100 millones, aumentado en 2024 a $250 millones y este año a $400 millones, garantía aprobada con el último aumento el miércoles pasado.

    Un economista salvadoreño explicó que las garantías soberanas tienen como fin “garantizar el pago y obtener una tasa más competitiva” pero también se busca que “el Estado responde en última instancia ante un incumplimiento que esa institución no pague su préstamo”.

    “Las empresas públicas en principio pueden endeudarse por sus ingresos propios y porque son negocio, realmente ellas tienen rentabilidad, pero por cualquier cosa, se les aprueba una garantía aunque esto no es siempre”, indicó el especialista a El Mundo.

  • Comisión legislativa recomienda levantar el fuero del presidente costarricense Rodrigo Chaves

    Comisión legislativa recomienda levantar el fuero del presidente costarricense Rodrigo Chaves

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica recibió este viernes la recomendación de una comisión especial para levantar el fuero del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que enfrente un proceso judicial por el presunto delito de concusión.

    Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio, votaron a favor al considerar que existen elementos suficientes para la formación de causa. El legislador oficialista Daniel Vargas se opuso a la recomendación.

    “Voy a recomendar al Plenario Legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad del señor presidente, quien dijo no tener temor. Eso refuerza que no hay persecución política y que debe enfrentar la justicia como cualquier costarricense”, declaró Alfaro.

    La acusación presentada por la Fiscalía General señala que la Presidencia habría contratado de forma irregular a la empresa RMC La Productora S.A., por servicios de comunicación financiados con $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según el expediente, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la firma y considerado “testigo de la corona”, habría participado en la redacción de los requisitos de contratación tras reuniones en Casa Presidencial.

    El caso también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien renunció a su inmunidad, y a Federico Cruz, asesor de campaña y exfuncionario cercano al mandatario.

    La Corte Suprema de Justicia remitió el expediente al Congreso el 1 de julio, tras la solicitud de la Fiscalía de levantar el fuero tanto a Chaves como a Rodríguez. Ahora será el Plenario, con el voto de al menos 38 de los 57 diputados, el que decida si permite continuar el proceso judicial contra el presidente.

    Rodrigo Chaves concluirá su mandato el 8 de mayo de 2026, sin opción de reelección inmediata, dado que la Constitución costarricense solo permite mandatos no consecutivos.

     

  • Gobierno creará un Fondo para transformación digital y competitividad empresarial

    Gobierno creará un Fondo para transformación digital y competitividad empresarial

    El gobierno creará un “Fondo de actividades especiales para la prestación de servicios de tecnología en transformación digital del Ministerio de Economía» para poner a disposición servicios digitales «para fortalecer la competitividad empresarial».

    La solicitud fue entregada por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, a la Asamblea Legislativa, y será recibida por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que se reunirá el lunes 8 de septiembre próximo.

    El Fondo percibirá recursos de ingresos generados por el pago de los servicios autorizados a través del Ministerio de Economía, y lo manejará un funcionario nombrado por el Ministerio de Economía.

    Los precios de los servicios deberán ser determinados por el Ministerio de Economía y autorizados por el Ministerio de Hacienda.

    El Fondo podrá realizar pagos por adquisición de bienes y servicios, y sus obligaciones tributarias.

    Los ingresos percibidos deberán depositarse en la cuenta que la Dirección General de Tesorería autorice.

    El Ministerio de Economía emitirá políticas, manuales, instructivos, reglamentación y disposiciones para el manejo y gestión del Fondo antes de la aprobación del Ministerio de Hacienda.

    El 11 de agosto, la Asamblea Legislativa incorporó $13 millones que fueron tomados de las asignaciones del Ministerio de Hacienda, y fueron destinados para “necesidades prioritarias y urgentes en materia de innovación, digitalización y manufactura tecnológica”.

    El gobierno no especificó el destino concreto de estos fondos. En el decreto aprobado, se detalla que los $13 millones reorientados no se iban a utilizar en lo que resta del año fiscal en el Ministerio de Hacienda, donde estaban asignados inicialmente. Los $13 millones fueron asignados al apartado de “Gastos” del Ministerio de Economía.

    Recientemente, la Asamblea Legislativa inició la aplicación de las leyes de inteligencia artificial y robótica.

  • Oposición critica constante aprobación de préstamos y pide al gobierno ordenar finanzas

    Oposición critica constante aprobación de préstamos y pide al gobierno ordenar finanzas

    Las diputadas opositoras de Arena y Vamos criticaron hoy la aprobación de un nuevo contrato de préstamo de $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizado en la plenaria de este miércoles. El préstamo será implementado en un plazo de cinco años.

    «Es lamentable. Desde el año pasado, hemos visto el constante endeudamiento por parte del gobierno… Ahora estamos viendo que todas las semanas, están haciendo lo mismo de préstamo tras préstamo y ahora ya se pasaron, quiere decir que en definitiva este gobierno no está ordenado con sus finanzas», aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

    Recordó sobre la promesa que tanto el presidente como los diputados oficialistas hicieron que este presupuesto 2025 se manejaría con cero deuda.

    «También habían hecho una promesa que decían que no iban a ocupar ningún tipo de préstamo para gasto corriente y hemos visto que se han aprobado varios préstamos y en las últimas semanas hemos visto que se han aprobado varios préstamos que sí van para gasto corriente. Les funciona mucho la propaganda y, cuando nosotros reclamamos en las plenarias este tipo de decisiones, siempre se escudan en el pasado», indicó.

    La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señaló que el país ha llegado a un endeudamiento excesivo y el uso de esos recursos no se refleja en obras que beneficien a la población.

    «Yo he sido muy contundente en no dar mi voto en los préstamos y, aunque quieran atacarme por no dar mi voto para los préstamos, quiero decirle a la población salvadoreña que, cuando estamos en un contexto en el que el gobierno es el que nos endeuda a todos, es el que tiene a cargo ese dinero, no es transparente, pone todos los gastos en reserva y tiene controladas todas las instituciones que servirían para garantizar el buen uso de esos fondos públicos», señaló Ortiz.

    La legisladora de Vamos aseguró que lo único que está claro es que «un grupo en el poder se está enriqueciendo con el endeudamiento en el gobierno, aquí nos van a querer historias bonitas de proyectos y estuviera bien si tuviéramos instituciones independientes, hubiese transparencia y hubiese responsabilidad de esos proyectos», concluyó Ortiz.

    Villatoro le aconsejó al gobierno ordenarse con sus finanzas para no tener que estar recurriendo a préstamos constantemente, «hacer ajustes, recortes», evitar despilfarros, salarios altos y gastos en instituciones innecesarias que cumplen doble función, «como la Oficina Nacional del Bitcoin, la Dirección Nacional de Compras (Dinac), la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM),  la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).

    En esta plenaria, aparte de la aprobación del préstamo de los $60 millones para un proyecto de movilidad urbana, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y otro de $100 millones que se activaría en emergencias.

     

  • RNPN implementaría DUI digital el próximo año luego de espera de dos años

    RNPN implementaría DUI digital el próximo año luego de espera de dos años

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) promete implementar el Documento Único de Identidad (DUI) digital según las proyecciones de la institución para el período 2025-2026.

    En la memoria de labores que contempla las actividades realizadas por la institución desde junio de 2024 hasta mayo de 2025, se detalla que la institución tiene proyectada para el próximo período la implementación del DUI digital.

    Sin dar mayores detalles, el Registro tiene previsto ese proyecto que fue presentado por primera vez en la Asamblea Legislativa en julio de 2023, hace dos años. En ese momento, se indicó que el documento podría ser descargado por los salvadoreños por medio de una aplicación.

    A inicios de junio, el presidente del RNPN, Fernando Velasco, presentó en el High Security Printing Latin America, la «billetera de identidad digital», proyecto en el que se desarrollaría una aplicación móvil que permitiría a los usuarios realizar trámites del DUI y emitir el documento «como credencial digital».

    Velasco expuso en el evento que implementarían estándares internacionales como las normas ISO y las verificaciones de identidad para resguardar la información de las billeteras de identidades digitales.

    En noviembre de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó un refuerzo presupuestario de $4,109,535 para el Registro, con el fin de financiar el proyecto de «Identidad digital en El Salvador». En ese proyecto se aseguró que la implementación del DUI digital facilitaría el «gobierno electrónico».

  • Asamblea lleva $2,368 millones en autorizaciones de préstamos y garantías de nuevas deudas este año

    Asamblea lleva $2,368 millones en autorizaciones de préstamos y garantías de nuevas deudas este año

    La Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes para autorizar o aprobar 13 préstamos por un total de $1,795.7 millones y 10 garantías soberanas a deudas adquiridas por sus autónomas por $1,213.9 millones, durante los primeros ocho meses de 2025.

    En total, de enero a agosto de 2025, los diputados han autorizado o aprobado $1,735.7 en 12 préstamos y $633 millones en seis garantías a nuevos préstamos suscritos por otras entidades públicas, sumando un total de $2,368.7 millones.

    Tanto los préstamos como las garantías soberanas requieren dos votaciones: una autorización para que se suscriba el contrato con el organismo financiero y la aprobación del contrato.

    Hasta esta semana, la Asamblea Legislativa ha autorizado 12 contratos de préstamos por $1,735.7 millones, de los cuales ya aprobó $1,235.7 millones. La Comisión de Hacienda recibirá el lunes una nueva solicitud por $60 millones para transporte, que, si se aprueba, serán $1,795.7 millones los préstamos avalados por los diputados.

    Esta deuda suscrita por El Salvador no ingresa automáticamente al presupuesto general del Estado, debido a que eso requeriría el inicio de los desembolsos y las respectivas reformas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

    Garantías para $1,463.9 millones

    Algunas instituciones del Estado suscriben contratos de préstamos sin que estos pasen por la Asamblea pero sí requieren aprobación legislativa para que el Estado les dé las respectivas garantías crediticias.

    Así, desde enero de 2025, la Asamblea ha autorizado garantías soberanas para respaldar una deuda $1,463.9 millones adquirida por CEL, FSV, Bandesal y Fovial.

    No toda esta deuda garantizada por el Estado en 2025 es nueva.

    Entre las garantías aprobadas por la Asamblea en este periodo de 2025 se encuentran cuatro créditos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suman $580.9 millones que fueron suscritos en 2008, 2012, 2017 y 2022.

    Otra garantía se otorgó a un aumento crediticio de $150 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).

    Descontando las deudas suscritas en años anteriores, la Asamblea autorizó garantías crediticias para $633 millones de nueva deuda: $50 millones para el Fondo Social para la Vivienda (FSV), $190 millones para el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y $243 millones para la CEL.

     

  • Diputados reportan 67 dictámenes y 180 expedientes pendientes de estudio

    Diputados reportan 67 dictámenes y 180 expedientes pendientes de estudio

    Los diputados de las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa reportaron al pleno que en tres meses de trabajo emitieron 67 dictámenes favorables, hicieron 26 reuniones con invitados y que tienen un total de 180 expedientes “pendientes de estudio”.

    Según las lecturas de los informes realizadas por diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN), la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Gobierno y Legislación, presidida por la diputada Ana Figueroa, es la que tiene la mayor cantidad de expedientes pendientes de estudio, 43. Esta comisión reportó que tuvo cuatro reuniones y emitió seis dictámenes favorables durante el trimestre que comprende los meses de mayo, junio y julio.

    La siguiente comisión con más expedientes pendientes de estudio es la de Hacienda y General de Presupuesto, con 40; esta, sin embargo, es la que más dictámenes ha emitido, 29, y se reportó nueve reuniones.

    La siguiente comisión con más trabajo pendiente es la Comisión de la Niñez e Integración Social, que reportó 14 reuniones; seguidas de las comisiones de Infraestructura, Tecnología, Salud y Seguridad.

    La Asamblea Legislativa tiene ocho comisiones permanentes que tienen la obligación de presentar ante el pleno, cada tres meses, un “informe claro y sucinto sobre el trabajo realizado”.

    Según el reglamento interno, son los secretarios de cada comisión los obligados a “supervisar el trámite adecuado de los expedientes en estudio o dictaminados por la comisión” y “verificar su envío al archivo después de dictaminado”.

    Los secretarios de las comisiones son William Soriano (Hacienda), Elisa Rosales (Infraestructura), Lorena Fuentes (Niñez e Integración Social), Alexia Rivas (Política), Salud (Juan Rodríguez), Salvadoreños en el Exterior (Reynaldo López), Seguridad Nacional (Walter Coto) y Tecnología (William Soriano).

    Las comisiones reportan así el trabajo entre mayo y julio, excepto la Comisión de Seguridad que entregó el 8 de agosto pasado un informe de su trabajo entre febrero y abril de 2025, y la Comisión Política, cuyo informe más reciente data de “marzo de 2025” y no detalla cuántos expedientes pendientes de estudio tiene. El informe de esta comisión reporta la aprobación de dos expedientes relacionados a la elección del fiscal general de la República y del presidente de la Corte de Cuentas de la República.

  • El 28 % de las madres salvadoreñas reportó discriminación laboral durante la etapa de embarazo

    El 28 % de las madres salvadoreñas reportó discriminación laboral durante la etapa de embarazo

    Un 28.1 % de las madres salvadoreñas reportó discriminación laboral durante la etapa del embarazo, según un estudio divulgado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

    El documento, que retoma la opinión de más de un centenar de mujeres, revela que un 71.9 % aseguró no sentirse discriminada por aspectos relacionados con su embarazo en sus lugares de trabajo.

    Para Ormusa, es preocupante que un 28.1 % de las mujeres embarazadas experimenta un trato desigual durante esta etapa .

    “El dato anterior es alarmante y evidencia que, pese a la existencia de leyes que protegen a las mujeres embarazadas, persisten actitudes prácticas y entornos laborales hostiles hacia la maternidad y a las trabajadoras embarazadas”, señala el documento de Ormusa.

    Cuando se habla de despidos o sanciones, Ormusa revela que un 12.3 % de las mujeres encuestadas confirmaron este tipo de medidas en su contra, incluso durante la etapa de la lactancia.

    La institución destaca una práctica contraria al marco legal vigente en El Salvador en donde se externa una protección hacia las mujeres embarazadas.

    Pese a las sanciones o despidos, el documento revela que la mayoría no denunció el hecho.

    “El 93 % de las mujeres dijo que nunca presentó ninguna denuncia formal”, añadió la institución.

     

    Temor

    Ormusa señala que la falta de denuncia en estas situaciones se relaciona con el temor a represalias, al desconocimiento o incluso por la poca confianza que se pueda tener sobre el aparataje legal en El Salvador.

    El instrumento también recoge testimonios sobre abuso de derechos, una de las mujeres encuestadas reveló en anonimato que tras trabajar en una empresa donde estaba expuesta a químicos perdió a su bebé.

    La trabajadora aseguró que otras de sus compañeras también sufrieron abortos y que el jefe de estas no tomó ninguna medida ni se les apoyó.

    El informe destaca que en El Salvador existe un desconocimiento relacionado con los derechos laborales, una situación que limita a las mujeres a poder defenderse ante las violaciones laborales.

    De hecho, en 2023 la Asamblea Legislativa aprobó incorporar el artículo 113-A con el que se buscó el reinstalo de mujeres en estado de gestación que fueron despedidas.

    Según la ley, las mujeres no pueden ser despedidas de su trabajo seis meses después de tener a su bebe.

  • Costa Rica aprueba fondos iniciales para construir una cárcel tipo Cecot

    Costa Rica aprueba fondos iniciales para construir una cárcel tipo Cecot

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una primera partida de $15.5 millones para comenzar la construcción de una nueva cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. El proyecto contempla espacio para 5,000 reos y una inversión total de $35 millones, de los cuales el resto será incluido en el presupuesto estatal de 2026.

    La iniciativa, respaldada por el presidente Rodrigo Chaves, surge como respuesta a la crisis de hacinamiento carcelarioy al incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia, el centro contará con 1,000 espacios de máxima seguridad, diseñados con apoyo técnico de El Salvador en planos y procesos constructivos.

    El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió a inicios de agosto sobre la “grave situación” del sistema penitenciario costarricense, que registra un hacinamiento del 29.5 %. En total, la capacidad real es de 13,666 plazas, pero actualmente hay 17,692 internos. La situación es más crítica en cárceles de hombres adultos, donde la sobrepoblación alcanza el 42.9 %, frente a un 6.6 % en centros para mujeres.

    El Gobierno costarricense justifica la necesidad de la cárcel al señalar que más del 70 % de los homicidios en el país están vinculados a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, Costa Rica registró 880 asesinatos, la segunda cifra más alta de su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. Un año antes, en 2023, el país alcanzó un récord de 905 homicidios, un aumento del 38 % respecto a 2022.

    La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema del país, según las encuestas, superando a la pobreza, el desempleo y el costo de la vida. El presidente Chaves ha responsabilizado al Poder Judicial, al que acusa de liberar a sicarios y narcotraficantes mediante medidas alternativas a la prisión, y al Poder Legislativo, por mantener leyes que califica de “garantistas” y “suaves”.