Etiqueta: Asamblea Legislativa

  • Gobierno propone régimen especial para atraer inversiones de alto valor en El Salvador

    Gobierno propone régimen especial para atraer inversiones de alto valor en El Salvador

    El Gobierno de El Salvador presentó esta semana ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que busca incentivar y facilitar la llegada de inversiones extranjeras de alto valor al país, mediante un régimen especial tributario dirigido a proyectos que superen los $2,000 millones en inversión o patrimonio.

    El anteproyecto fue remitido el lunes 22 de julio por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en nombre del presidente Nayib Bukele.

    El proyecto de decreto legislativo, denominado “Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador”, tiene como objetivo establecer medidas fiscales diferenciadas para inversionistas nacionales o extranjeros interesados en proyectos con una cuantía igual o superior a $2,000 millones en inversión directa o patrimonio.

    Entre los beneficios que se perfilan están exenciones o reducciones tributarias, facilitación de trámites administrativos, y garantías jurídicas, con el fin de generar mayor productividad, empleos a nivel local, impulso a la exportación de bienes y servicios, y dinamizar diferentes sectores de la economía.

    Desarrollo económico como eje central

    Según el escrito entregado a los secretarios de la Asamblea Legislativa, el régimen especial pretende ser un instrumento para atraer capital de gran escala y estimular el desarrollo económico y social del país.

    La propuesta enfatiza en la necesidad de crear un marco jurídico que brinde certeza y agilidad a inversiones estratégicas, particularmente en sectores clave como tecnología, infraestructura, energía, manufactura avanzada, logística y servicios globales.

    El proyecto fue sometido formalmente al proceso de formación de ley y se espera que sea conocido en una próxima sesión plenaria. Su análisis podría pasar por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, como parte del trámite legislativo correspondiente.

  • Hacienda pide exoneración de impuestos para donativo de medicamentos para pacientes con cáncer

    Hacienda pide exoneración de impuestos para donativo de medicamentos para pacientes con cáncer

    El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una exoneración de impuestos para el ingreso al país de un donativo de medicamentos oncológicos destinado al Hospital Nacional Rosales, con el fin de fortalecer el tratamiento para pacientes con cáncer en El Salvador.

    El donativo, gestionado por la fundación internacional MaxAid, consiste en 950 cajas de Glivec FCT de 400 mg y 530 cajas de Glivec FCT de 100 mg, fármacos utilizados en el tratamiento de leucemia mieloide crónica y tumores del estroma gastrointestinal. Este ingreso está respaldado por la factura número 20250502-18287-CH-NVS-DIR, fechada el 6 de mayo de 2025.

    Según la petición enviada al Legislativo, el Ministerio de Salud estaría exento de pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), así como los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI)y costos de bodegaje que genere el ingreso de estos medicamentos al país.

    La fundación MaxAid, reconocida por brindar acceso a tratamientos a pacientes con cáncer en países en desarrollo, es la responsable de esta donación, dirigida especialmente a personas de escasos recursos que reciben atención en el Hospital Rosales, uno de los principales centros médicos públicos del país.

    La iniciativa de exoneración fiscal será conocida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha sido convocada para el próximo lunes 28 de julio. De ser aprobada, permitirá la entrega sin restricciones fiscales de estos medicamentos vitales.

    Este esfuerzo conjunto entre entidades nacionales e internacionales representa un paso importante para garantizar el acceso gratuito y oportuno a tratamientos oncológicos en la red pública de salud.

     

  • Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con el fin de establecer un marco legal que incentive el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000.

    La normativa contempla la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia.

    Entre los principales beneficios que ofrece la iniciativa se encuentra la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, por única vez, siempre y cuando el valor no supere los $100,000. Además, permite la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos para uso personal, con la condición de que no sean considerados chatarra.

    También se contempla la importación de vehículos de trabajo, catalogados como herramientas laborales, y la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país.

    Para acceder a estos beneficios, los salvadoreños deberán presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, establecer un domicilio en El Salvador y realizar la modificación respectiva en su Documento Único de Identidad (DUI). Quedan excluidos quienes tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

    Con la aprobación de esta nueva ley, se derogará la actual Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales por hasta $70,000 en menaje de casa.

  • Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    Hacienda pide a diputados aprobar modificación de crédito para Fovial por $150 millones

    El ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa autorizar una segunda modificación al crédito revolvente que mantiene el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de incrementar en $150 millones los fondos disponibles para inversión vial.

    La nueva solicitud elevaría el monto autorizado del Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2310 a $400 millones. Posada solicitó que se faculte al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para que, en representación del Estado salvadoreño, suscriba la modificación al Contrato de Garantía Soberana del Estado, respaldo legal que permite la ejecución de esta operación financiera.

    El crédito fue originalmente firmado el 9 de diciembre de 2022 por un monto de hasta $100 millones. Posteriormente, el 14 de agosto de 2024, el FOVIAL y el BCIE acordaron una primera modificación para incluir un Tramo B por $150 millones, alcanzando entonces un total de $250 millones.

    El pasado 27 de mayo de 2025, el Directorio Ejecutivo del BCIE aprobó una segunda ampliación por hasta $150 millones, a solicitud del FOVIAL, para fortalecer la capacidad de respuesta del país en obras de infraestructura vial.

    Según el contrato, el crédito tiene un plazo inicial de 12 meses prorrogables desde su entrada en vigencia, y puede ser extendido por periodos adicionales de hasta tres años, si así lo determina el banco regional a petición del prestatario.

    La solicitud de Hacienda será analizada el lunes 28 de julio por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

     

     

  • Movimiento pide declarar inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros por "criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos"

    Movimiento pide declarar inconstitucional Ley de Agentes Extranjeros por «criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos»

    El Movimiento por la Defensa por los derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) pidió este jueves declarar inconstitucional la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que inició su vigencia el pasado 7 de junio y que ha sido cuestionada por limitar el derecho de asociación y expresión.

    Guillermo Antonio García Bernabé y Luis Baltazar Rivera García del Movimiento presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley de Agentes Extranjeros por considerar que atenta contra las organizaciones de sociedad civil.

    Silvia Navarrete, miembro del Movimiento explicó que en el análisis de la ley identificaron que «al menos violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución de la República, especialmente los referidos a legalidad, igualdad, derechos de expresión, organización y participación.

    «La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los funcionarios». Silvia Navarrete, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora.

    Morena Murillo, también miembro del Movimiento aseguró que en la demanda piden como medida cautelar que la Sala de lo Constitucional suspenda temporalmente la vigencia de la normativa «hasta que emita una resolución definitiva sobre nuestro demanda de inconstitucionalidad».

    La semana pasada, la organización Cristosal anunció el cierre de operaciones en El Salvador, por considerar la situación del país como «insostenible de acoso estatal», por la captura de la jefa Anticorrupción y Justicia, Ruth López y por la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros.

    La ley fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa, fue publicada en el Diario Oficial del 30 de mayo e inició su vigencia el 7 de junio. La normativa impone un impuesto del 30 % sobre los fondos que se reciban desde el extranjero.

    Asimismo, otorgó un plazo de 90 días para que cualquier persona u organización que recibe fondos desde el extranjero pueda inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y limita que los mismos participen en actividades «políticas».

    El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) aseguró que la normativa permite el cierre «arbitrario de organizaciones de la sociedad civil» y a la prensa «como represalia por sus labores para combatir la corrupción y la impunidad».

    Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) dijo estar preocupada por el «lenguaje ambiguo y disposiciones que podrían restringir indebidamente los derechos a la liberar de asociación y expresión».

  • Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    Asamblea solo elige a dos magistrados suplentes pese a propuesta inicial de Nuevas Ideas de siete candidatos

    La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles únicamente a dos magistrados suplentes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que al inicio del proceso, el oficialista partido Nuevas Ideas propuso candidatos para los siete cargos vacantes, algo de lo que luego se retractó.

    Durante la sesión plenaria, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso inicialmente siete nombres para ocupar cargos como magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional y otras salas del máximo tribunal.

    Entre ellos figuraban Juana Corvera de Meléndez, Lila Margarita Rosa González, Oscar Antonio Canales para la Sala de lo Constitucional, así como a Linda Jacel Peraza Fuentes, Marta Alicia Ochoa Aragón, Raymundo Alirio Carballo Mejía e Ivonne Lizzette Flores González, para el resto de salas de la CSJ.

    Los primeros seis perfiles recibieron 57 votos favorables por parte de Nuevas Ideas y sus aliados. Sin embargo, previo a la votación por la última aspirante, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, decretó un receso cerca de las 5:30 p.m.

    Al retornar del receso, Guevara presentó una modificación de agenda, solicitando anular las propuestas anteriores y dejar sin efecto la votación realizada.

    Basándose en el artículo 90 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), propuso elegir únicamente a Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández como magistrados suplentes de la CSJ, para un período que concluirá el 23 de septiembre de 2033.

    “Queremos dejar sin efecto las siete propuestas que esta bancada hiciera y proponemos (…) a los profesionales Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández”, expresó Guevara, sin dar mayores explicaciones sobre el cambio repentino.

    Ni Serafín Orantes del Partido de Concertación Nacional (PCN), ni Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes inicialmente respaldaron la primera lista, se pronunciaron sobre la nueva moción.

    La votación nominal y pública aprobó la elección de Iglesias Majano y Cardoza Hernández, quienes fueron juramentados de inmediato como magistrados suplentes por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. La Corte Plena será la encargada de asignarlos a las salas correspondientes.

    Guevara no explicó cuándo se retomará el proceso de elección para cubrir los otros cuatro cargos restantes de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ni ofreció razones para revertir la votación de los seis aspirantes inicialmente aprobados.

  • Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Asamblea aprueba $20 millones para nuevos agromercados y central de abastos en Usulután

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva modificación al Presupuesto General de la Nación para destinar $20 millones al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de fortalecer los agromercados existentes y construir una nueva Central de Abastos en el departamento de Usulután.

    Durante la sesión plenaria, el único legislador que intervino fue el diputado oficialista Ricardo Rivas, presidente de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, quien aseguró que esta inversión permitirá que más de medio millón de familias tengan acceso a productos agrícolas de calidad a precios accesibles.

    “Con esta incorporación de estos $20 millones se va a permitir que los agricultores en pequeño puedan ser beneficiados y puedan ir y vender sus productos directo a los consumidores. Más de medio millón de familias van a ser beneficiadas con esta nueva central de abastos en el departamento de Usulután y no solo en Usulután, sino en departamentos aledaños”, afirmó Rivas.

    El diputado de Nuevas Ideas destacó que los agromercados ofrecen precios competitivos y representan un alivio para el bolsillo de los salvadoreños. Reiteró el respaldo de su bancada al presidente de la República para continuar impulsando proyectos de este tipo.

    “Nosotros como diputados de la bancada cian vamos a seguir dándole gobernabilidad a nuestro presidente, para que estos megaproyectos sigan avanzando”, añadió Rivas.

    Actualmente, según el Ejecutivo, en El Salvador funcionan 61 agromercados y con esta asignación se echarán a andar otros,  aunque no se especificó el número ni ubicación.

    Durante la exposición técnica ante la Comisión de Hacienda, la subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce de Aguilar, detalló que la Central de Abastos de Usulután será el primer mercado mayorista de este tipo en la zona oriental del país. El proyecto pretende conectar de forma directa a productores e importadores con los comerciantes.

    Dentro de los objetivos de la orientación de los recursos se “espera mejorar el sistema de distribución de alimentos y beneficiar tanto a los productores como a los consumidores”, según había explicado Arce.

     

  • Asamblea avala garantía soberana para préstamo de $93 millones para proyecto de universalización de energía eléctrica en El Salvador

    Asamblea avala garantía soberana para préstamo de $93 millones para proyecto de universalización de energía eléctrica en El Salvador

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una garantía soberana para un préstamo de $93 millones suscrito entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proyecto de universalización de la energía eléctrica en El Salvador.

    El gobierno busca conseguir con este proyecto que el 100 % del territorio salvadoreño tenga cobertura del servicio de energía eléctrica para el año 2030. El préstamo fue suscrito para pagar en un plazo de 23 años con seis meses, con un período de gracia de siete años.

    Durante el desarrollo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los diputados recibieron al jefe del Departamento de la Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, Julio Alemán, quien explicó que el proyecto busca que especialmente las comunidades rurales tengan «acceso a una fuente de energía eléctrica confiable y sostenible».

    Los $93 millones serán utilizados en:

    • Construcción de la infraestructura para distribución media de energía eléctrica.
    • Construcción de un sistema fotovoltaico para proveer de energía a los hogares.
    • Construcción de tres miniredes.

    Con estas tres principales ejecuciones se prevé que sean al menos 8,735 las familias beneficiadas con energía eléctrica en el país. La garantía soberana fue aprobada con 56 votos a favor. El contrato de garantía fue suscrito en julio de 2025 por el Ministerio de Hacienda por autorización de la Asamblea Legislativa.

    La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, dijo que este es un proyecto que «va a cambiar la vida de los salvadoreños» porque busca que «El Salvador tenga un 100 % de la población con energía eléctrica» y explicó que el proyecto se basa en la inversión de infraestructura, fortalecimiento institucional y la sensibilización y participación de las comunidades con énfasis en género.

    «A diciembre de 2020 habían en El Salvador cerca de 35,000 hogares que no tenían acceso a energía eléctrica, de esos, aproximadamente el 82 % se encontraban en zonas rurales», afirmó la legisladora oficialista.

    La primera cuota de amortización deberá ser pagada en 84 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato y la última a más tardar en la fecha final del plazo del préstamo. Las cuotas deberán ser pagadas semestralmente y de forma consecutiva.

  • Diputados aprueban incorporar $22 millones al MOPT para obras en Surf City 1

    Diputados aprueban incorporar $22 millones al MOPT para obras en Surf City 1

    Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron este miércoles la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $22 millones al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para trabajos en Surf City 1. La obras incluyen la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera que va de playa El Obispo a El Zonte.

    El Ministerio de Hacienda explicó durante la discusión de la propuesta que los $22,777,027 serían destinados a dos proyectos: el primero por $8,730,500 para la construcción de un «intercambiador de corredor pacífico», en la intersección de la carretera Litoral y la carretera de Acajutla, en Sonsonate.

    Este proyecto incluye un paso elevado de dos carriles sobre la carretera a Acajutla, rampas de entrada y salida, un puente sobre el río Sensunapán, instalaciones eléctricas, obras en el ciclo peatonal y otras obras de demolición.

    Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz, aseguró que los sonsonatecos conocen la zona intervenida como «el kilo 5» y que «anteriormente hemos tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas por el demasiado tráfico que se hace ahí» por los camiones pesados que transitan por la zona.

    «Básicamente, la construcción es un bypass, en la intersección de la carretera Litoral con la carretera de Acajutla… esto incluye un paso elevado de dos niveles… estas obras iniciales que son del 30 %. Esto va a mejorar el impacto y la conectividad que tenemos en el área». Mauricio Ortiz, diputado de Nuevas Ideas.

    El segundo proyecto requiere de $14,046,527 para ampliar de dos a cuatro carriles para la ampliación de la carretera que va desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, La ampliación sería aplicada en al menos 8.67 kilómetros.

    Además, se incluyen trabajos como obras de drenaje, construcción de aceras, ciclovías, bahías de autobuses, miradores y zonas de estacionamiento. El dictamen fue aprobado el lunes por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

    El dictamen fue aprobado con 55 votos a favor y uno en contra. La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, dijo que estos proyectos buscan «dinamizar el turismo» y promover el desarrollo económico local. Además, recordó que los fondos provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

  • Solo tres votos tuvo propuesta de Vamos para crear delitos de desaparición agravada y encubrimiento de funcionarios

    Solo tres votos tuvo propuesta de Vamos para crear delitos de desaparición agravada y encubrimiento de funcionarios

    El partido de oposición Vamos propuso este miércoles a la Asamblea Legislativa  reformar la agenda para introducir una reforma al artículo 148 del Código Penal para incluir dos nuevos delitos: desaparición agravada y encubrimiento o instigación en el delito de desaparición por parte de funcionarios o autoridades públicas. La propuesta solo obtuvo tres votos a favor de los legisladores de oposición.

    La diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, pidió modificar la agenda de la sesión plenaria de la  para incorporar en el artículo 148 dos nuevas letras para delitos relacionados a la desaparición de personas en El Salvador, pues aseguró que aunque el delito de desaparición ya está tipificado «no es suficiente y debemos tomar acciones».

    La propuesta de delito de desaparición de personas agravada se definía en la propuesta como la desaparición cometida «en algunas de las circunstancias» como:

    • Si la víctima fuere menor de edad.
    • Mujer.
    • Persona con discapacidad.
    • En condición de vulnerabilidad.
    • Si la desaparición se cometiere con participación de funcionarios públicos, autoridad pública o agente de autoridad.
    • Si se cometiere como parte de un patrón sistemático.
    • Si se causare la muerte, tortura, violencia sexual o tratos crueles durante la desaparición.

    La legisladora detalló que proponían que el delito fuera imprescriptible y perseguible de oficio, con penas que hubieran ido de 30 a 50 años de prisión.

    «Como todos sabemos la desaparición constituye uno de los actos más graves en contra de la dignidad humana, es un hecho abominable, un delito que debe de pagarse por aquellos que lo comete y quienes cometen este grave hecho pueden ser personas particulares o agentes del Estado». Cesia Rivas, diputada suplente de Vamos.

    Rivas explicó también que el segundo delito propuesto era el de «encubrimiento o instigación en el delito de desapariciones de personas por parte de servidores públicos», que contemplaba penas de 15 a 20 años de prisión «al funcionario, autoridad pública o agente de autoridad que con conocimiento de una desaparición oculte información, obstaculice la investigación, impida la búsqueda efectiva de la víctima o instigue a otras personas a cometer las desapariciones».

    La propuesta para modificar agenda crear dos nuevos delitos por desapariciones solo obtuvo tres votos a favor de la oposición. / Jessica Guzmán.

    La diputada aseveró que la importancia de esta pieza era que en El Salvador han habido desaparecidos durante décadas, «durante el conflicto armado incluso previo a él, durante las pandillas y hoy también en el contexto del régimen de excepción» y añadió que «son las familias de las personas desaparecidas que luchan cada día con este flagelo que ha pausado sus vidas».

    Rivas recordó que según el informe de labores de la Fiscalía General de la República (FGR) comprendido desde mayo 2023 a junio 2024, «en El Salvador desaparece una persona diariamente, esto no debe seguir pasando, estos nos debe de alarmar a todos como sociedad», dijo.

    «No es posible que El Salvador este sobre una fosa clandestina, dónde están esos miles de desaparecidos, qué acciones han tomado los responsables de estos, que el Estado primero», aseveró durante su intervención.