Etiqueta: corrupción

  • Nuevo libro revela secretos de la vida privada de Vladimir Putin

    Nuevo libro revela secretos de la vida privada de Vladimir Putin

    Las facetas más sensibles de la vida privada de Vladimir Putin y cómo estas se entrelazan con la historia política de Rusia han sido reveladas en el nuevo libro The Tsar In Propria Persona, escrito por los periodistas de investigación Roman Badanin y Mikhail Rubin.

    La obra, cuyo título en latín significa “El zar en persona”, contrasta la imagen oficial del presidente ruso como defensor de los valores tradicionales con la realidad de su intimidad, marcada por infidelidades, nepotismo y conexiones con el crimen organizado.

    “La vida privada de Putin, para decirlo simplemente, es mucho más importante que su vida pública”, señaló Badanin en entrevista con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

    El libro, disponible por ahora solo en ruso, es fruto de años de trabajo en Proekt, medio de investigación independiente que desde 2018 ha desafiado los límites impuestos por el Kremlin. Los autores lograron penetrar en el círculo íntimo de Putin, recopilando testimonios, documentos y archivos que hasta ahora habían permanecido ocultos.

    Entre las revelaciones destaca la influencia de Leonid Usvyatsov, un entrenador de judo y criminal que marcó la juventud de Putin en Leningrado, inculcándole el “apetito por el riesgo” y el uso de la fuerza. También se documenta su vínculo con el club nocturno Luna, en San Petersburgo, donde Putin se reunía con figuras de la mafia bajo la protección de Roman Tsepov, un conocido jefe criminal.

    El texto ofrece además un retrato íntimo de su matrimonio con Lyudmila Putina, deteriorado en la década de 1990, según las memorias de Irena Pietsch, amiga cercana de la exprimera dama. Allí se describe la vida lujosa y los engaños que provocaron dolor y humillaciones constantes.

    En el terreno político, The Tsar In Propria Persona expone la participación de Putin en la caída del fiscal general Yuri Skuratov en 1999, tras un escándalo sexual televisado que sirvió para proteger a la familia Yeltsin y asegurar el ascenso del exagente de la KGB al poder.

    Badanin y Rubin también documentan cómo la Iglesia Ortodoxa rusa fue instrumentalizada como herramienta política, el control progresivo del Kremlin sobre los medios independientes y los beneficios obtenidos por familiares y amigos cercanos de Putin en su consolidación como líder.

    Los autores, hoy exiliados en Estados Unidos tras ser perseguidos en Rusia, admiten el costo personal de sus investigaciones:

    “En un sentido amplio, este libro nos costó la patria. El gobierno ruso nos persiguió por indagar en Putin, sus amigos y sus malas acciones”, afirmó Badanin.

  • Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

    La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.

    La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.

    Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

    Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

    El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.

    La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.

    Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.

     

  • Milei dice que denuncias de corrupción en su contra son “mentiras”

    Milei dice que denuncias de corrupción en su contra son “mentiras”

    El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció por primera vez sobre las denuncias de corrupción que lo señalan junto a su hermana, Karina Milei, tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado del mandatario.

    “Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, aseguró Milei en un acto electoral en Lomas de Zamora, en referencia a las grabaciones en las que Spagnuolo describe un supuesto esquema de sobornos en la compra de medicamentos con participación de la empresa Suizo Argentina y el subsecretario Eduardo ‘Lule’ Menem.

    Los audios también mencionan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como presunta destinataria de parte de los sobornos. El mandatario rompió así una semana de silencio, mientras Menem, la empresa señalada y otros funcionarios ya habían desmentido la acusación.

    Agresión en acto electoral

    Tras sus declaraciones, Milei fue agredido por manifestantes opositores en plena caravana electoral en Lomas de Zamora, bastión del peronismo. Los opositores lanzaron piedras y objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba el presidente junto a su hermana y al candidato oficialista José Luis Espert, lo que obligó a su evacuación en un vehículo blindado.

    El incidente generó enfrentamientos entre opositores y seguidores del mandatario. Aunque Milei no resultó herido, su equipo de seguridad desplegó un operativo de emergencia para trasladarlo a la residencia presidencial en Olivos, donde reapareció ileso y responsabilizó al kirchnerismo de instigar la violencia.

    Este jueves, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, aseguró que el presidente “está en excelente estado de salud y trabajando normalmente” tras el ataque.

    La protesta reunió a sectores opositores que manifestaron su rechazo a la gestión de Milei y expresaron su malestar por las recientes denuncias de corrupción vinculadas a la ANDIS.

    El episodio ocurre a pocos días de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente tensión política y fuertes cuestionamientos al gobierno argentino.

  • Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    La Fiscalía de Perú registró este miércoles la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, como parte de una investigación que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y ocultamiento de pruebas.

    El operativo, denominado “Ícaro”, se extendió a oficinas en Lima y Ayacucho, incluidas instalaciones relacionadas con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es considerado cercano a la mandataria. Según la investigación, la minera El Dorado habría entregado sobornos a Santiváñez, cuando este era ministro del Interior, a cambio de recuperar el control de dos minas mediante operaciones policiales ficticias.

    La Fiscalía sostiene además que Nicanor Boluarte habría recibido pagos ilegales por mantener a generales de la Policía en sus cargos y por favorecer a la empresa minera. El caso se produce en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe recursos legales presentados por él, tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva en el marco del escándalo denominado “Waykis en la Sombra”.

    El abogado del hermano de la mandataria, Luis Vivanco, rechazó los señalamientos y calificó las investigaciones como un “abuso” de la Fiscalía. Aseguró que su cliente “no tiene nada que ver con una minera” y que “no conoce” a Santiváñez.

    La presidenta Dina Boluarte respondió con dureza, denunciando que el proceso busca debilitar a su administración. “Yo sé que no es contra él, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna”, afirmó desde el Palacio de Gobierno, durante un acto por el Día de la Defensa, acompañada de varios ministros, entre ellos el propio Santiváñez.

    El recién nombrado ministro de Justicia también enfrenta restricciones judiciales: tiene prohibido salir del país mientras es investigado por un presunto intento de soborno al Tribunal Constitucional en 2021, cuando era abogado de un exoficial de policía vinculado al crimen organizado.

    La crisis estalla en un momento político delicado para el gobierno de Boluarte, que denuncia un uso instrumental de la Fiscalía con el fin de “tumbar” su mandato, mientras el país sigue inmerso en tensiones institucionales y protestas sociales.

     

  • Rodrigo Paz Pereira: el candidato opositor que sorprende en las elecciones de Bolivia 2025

    Rodrigo Paz Pereira: el candidato opositor que sorprende en las elecciones de Bolivia 2025

    El opositor Rodrigo Paz Pereira, exdiputado, exalcalde de Tarija y actual senador, dio la gran sorpresa en las elecciones generales de Bolivia 2025 al posicionarse primero en los conteos rápidos con más del 30 % de los votos válidos, superando al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien alcanza el 27 %, según Ipsos Ciesmori.

    Con este resultado, Bolivia se encamina a un balotaje histórico el 19 de octubre, en el que por primera vez en dos décadas el Movimiento al Socialismo (MAS) queda fuera de la definición presidencial.

    Nacido en Santiago de Compostela, España, en 1967, durante el exilio de sus padres, Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y de la española Carmen Pereira. Su infancia transcurrió en distintos países debido a la persecución militar contra su familia.

    De profesión economista, con estudios en relaciones internacionales, Paz acumula una amplia trayectoria política: fue diputado, concejal, senador y alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, donde derrotó al MAS de Evo Morales. Actualmente es senador por Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

    En su carrera también destaca su participación en la Coordinadora de Defensa de la Democracia en 2019, que exigió la segunda vuelta electoral tras las denuncias de fraude en favor de Morales.

    El binomio Paz – “Capi” Lara

    Su compañero de fórmula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) es el excapitán de Policía Edman “Capi” Lara, conocido en redes sociales por denunciar presuntos casos de corrupción en la institución policial antes de ser dado de baja en 2024.

    De llegar a la Presidencia, Lara presidiría el Legislativo, mientras Paz asegura que su experiencia como legislador y como alcalde lo respalda para construir consensos.

    En declaraciones a EFE, Paz se definió como “un hombre que tiene dos felicidades enormes, amar a la patria y amar a su familia”. Su propuesta electoral gira en torno a: acabar con el “Estado tranca”, para liberar recursos hacia las regiones, reducir los gastos superfluos del Estado. Además propone mano dura contra la corrupción con una profunda reforma judicial y promover un gran acuerdo nacional con valores cristianos y visión integradora.

    “Bolivia necesita estabilidad, necesita gobernabilidad, pero sobre todo necesita que el Estado trabaje para la gente y no contra ella”, enfatizó Paz.

     

  • Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López

    Amnistía Internacional exige liberación de la abogada y activista Ruth López

    La organización Amnistía Internacional (AI) exigió este domingo la liberación de la abogada salvadoreña y activista Ruth López, encarcelada desde mediados de mayo pasado y acusada de enriquecimiento ilícito.

    AI enfatizó que López «es una abogada salvadoreña que ha dedicado su vida a la defensa por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción».

    La organización exigió, en una publicación en X, la libertad «inmediata e incondicional» de la abogada.

    López, una de las principales voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue reconocida en julio pasado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.

    La entidad indicó en un comunicado que este premio reconoce los «logros excepcionales de una persona u organización como defensora y/o promotora de los derechos humanos fuera de Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».

    «López ha realizado contribuciones extraordinarias a los esfuerzos anticorrupción, la rendición de cuentas y los derechos humanos en El Salvador», apuntó la organización.

    La Fiscalía General acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito, lo que la organización Cristosal -de la que era parte López- considera “una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH”.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

  • Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    Panamá demanda contrato de concesión de puertos a empresa china por ser “leonino y abusivo”

    El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció este miércoles la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra el contrato de concesión otorgado a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Una de las demandas es por inconstitucionalidad y la otra por nulidad, específicamente contra la prórroga del acuerdo.

    “La Contraloría General de la República, salvaguardando los intereses del país, hizo presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referentes las dos al tema de los contratos con Panama Ports Company”, declaró Flores en conferencia de prensa.

    Según explicó, las acciones legales se sustentan en los resultados de una auditoría entregada el pasado 7 de abril, la cual reveló múltiples irregularidades y calificó el contrato como “leonino y abusivo contra los intereses del país”.

    La prórroga del contrato —firmada en 2021 sin seguir los trámites legales establecidos— es el foco de la demanda de nulidad.

    Desde 1997, Panama Ports administra los puertos de Balboa (en el Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico), dos de los principales terminales marítimos vinculados al Canal de Panamá.

    La concesión original fue por 25 años y se renovó automáticamente por otro período igual, en medio de denuncias por supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee apenas el 10 % de participación accionaria.

    Flores denunció además transacciones internacionales relacionadas con los activos de PPC sin incluir al Estado panameño. “Estamos muy claros que ahí están hablando de transacciones multimillonarias en diferentes latitudes que no incluyen a la República de Panamá, que es la real dueña de los puertos panameños”, recalcó.

    En medio del escándalo, el conglomerado CK Hutchison anunció esta semana su intención de incorporar a un inversionista chino en el consorcio liderado por BlackRock que busca adquirir sus operaciones en Panamá. Según Bloomberg, la empresa estatal china Cosco negocia su entrada con poder de veto, lo que ha desatado nuevas alertas geopolíticas en plena tensión entre China y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como parte de la “recuperación” del control norteamericano sobre el Canal.

    La transacción está valorada en aproximadamente $23,000 millones y contempla el traspaso del 90 % de las participaciones en los puertos operados actualmente por CK Hutchison.

    Sobre posibles responsabilidades penales, el contralor recordó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público.

    “Este contrato permitió que más de $1,300 millones no entraran a las arcas nacionales. Hubo malos panameños que vieron para otro lado”, afirmó Flores.

    El informe detalla también presuntos incumplimientos de inversión y otros daños económicos por parte de Panama Ports, que ahora forman parte del expediente judicial en manos del procurador de la nación.

  • Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Centenares de ciudadanos salieron el miércoles a las calles de Kiev y otras ciudades de Ucrania para rechazar una controvertida ley aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente Volodímir Zelenski, que debilita la independencia de las agencias anticorrupción al colocarlas bajo control del fiscal general.

    Las protestas, lideradas en su mayoría por jóvenes, incluyeron consignas contra la corrupción y pancartas en las que se exigía al mandatario ucraniano revocar la nueva legislación. Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron la amplia movilización en plazas de todo el país.

    En respuesta, Zelenski aseguró en su discurso nocturno que ha escuchado el clamor popular y anunció que propondrá al Parlamento un nuevo proyecto de ley para restituir los poderes de los organismos anticorrupción y eliminar cualquier posible injerencia rusa en esas instituciones.

    El presidente también se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, un plan nacional de lucha contra la corrupción.

    Reacción internacional

    La reacción internacional no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó explicaciones directas a Zelenski por la polémica reforma. Así lo confirmó el comisario europeo de Democracia y Estado de Derecho, Michael McGrath, tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia de la UE en Copenhague.

    “Von der Leyen expresó su profunda preocupación y pidió explicaciones”, dijo McGrath, quien subrayó que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) son pilares fundamentales para el Estado de derecho en Ucrania.

    Agregó que estos organismos deben preservar su autonomía para mantener la confianza ciudadana y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.

    El comisario fue tajante al afirmar que no puede haber retrocesos en los avances logrados por Ucrania en materia de transparencia, y calificó como “muy preocupante” la subordinación de las agencias al fiscal general nombrado por la Presidencia.

    La ley fue aprobada con los votos del partido oficialista de Zelenski y ha sido ampliamente cuestionada por ONG nacionales e internacionales, que consideran que representa una erosión de los controles al Ejecutivo. Algunas organizaciones aseguran que esta medida podría usarse para proteger a personas cercanas al presidente de futuras investigaciones por corrupción.

    La situación se agravó luego de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutara redadas contra la NABU, deteniendo a dos altos funcionarios acusados de supuesta colaboración con Rusia. Estas acciones fueron percibidas como un ataque directo a la independencia institucional.

    Diversos gobiernos europeos, entre ellos Alemania y Suecia, sumaron sus críticas a las reformas. ONG proeuropeas que antes respaldaban a Zelenski ahora lo acusan de querer controlar los entes que investigan casos de corrupción, incluso dentro de su círculo cercano.

     

  • Justicia argentina ordena a expresidenta Cristina Fernández pagar $537 millones por corrupción

    Justicia argentina ordena a expresidenta Cristina Fernández pagar $537 millones por corrupción

    Un tribunal federal de Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho exfuncionarios y empresarios pagar $537 millones como parte de la ejecución de la sentencia por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.

    El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) determinó que los condenados deben cubrir 685,000 millones de pesos, equivalentes a $537 millones, por el “grave daño al erario público” ocasionado durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

    La resolución judicial señala que Fernández deberá abonar en efectivo su parte del monto total en un plazo de diez días hábiles, mediante un depósito en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina. Si no lo hace, se procederá con el remate de las propiedades embargadas a su nombre.

    Además de la expresidenta, también fueron condenados a realizar el pago el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Todos ellos se encuentran actualmente en prisión.

    El monto fue establecido tras una pericia oficial de contadores públicos que desestimó los cálculos presentados por la defensa de Fernández, la cual proponía un reintegro de apenas 42,000 millones de pesos, equivalente a unos $33 millones.

    Se prevé que los condenados, incluida Fernández, presenten recursos para apelar el fallo emitido por el TOF 2.

    Desde el mes pasado, la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena que le impuso seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    La Justicia argentina determinó que Fernández debe permanecer en la misma residencia donde cumple su arresto domiciliario, portar una tobillera electrónica y limitar las visitas a un listado previamente aprobado. Las frecuentes manifestaciones de simpatizantes peronistas en las inmediaciones han generado molestias entre vecinos, pero los jueces rechazaron un cambio de lugar de reclusión.