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Etiqueta: derechos humanos

  • León XIV retomará y actualizará el Pacto Educativo Global impulsado por el papa Francisco

    León XIV retomará y actualizará el Pacto Educativo Global impulsado por el papa Francisco

    El papa León XIV anunció este viernes que retomará y actualizará el Pacto Educativo Global, una iniciativa impulsada por su predecesor, el fallecido papa Francisco, con la que buscaba transformar profundamente la cultura global a través de la educación.

    El anuncio lo hizo durante una audiencia celebrada en la plaza de San Pedro, con motivo del Jubileo del Mundo Educativo, que esta semana reúne en Roma a más de 20,000 personas procedentes de 124 países. Allí, el pontífice —de origen estadounidense y nacionalidad peruana— destacó la necesidad de revalorizar el papel de los educadores y reforzar los principios que sustentan el pacto.

    “Tengamos cuidado, dañar el papel social y cultural de los formadores es hipotecar el propio futuro”, afirmó el papa ante miles de asistentes. “Una crisis en la transmisión del saber conlleva una crisis de esperanza”, agregó.

    El Pacto Educativo Global, lanzado por Francisco, promueve una transformación cultural integral y a largo plazo. Está estructurado en cinco ejes: dignidad y derechos humanos; fraternidad y cooperación; tecnología y ecología integral; educación para la paz y ciudadanía; y cultura y religiones. A esta iniciativa ya se han sumado más de 553 colegios y cerca de 410,000 estudiantes, según cifras de las Escuelas Católicas.

    Durante su intervención, León XIV expresó su preocupación por la “fragilidad interior generalizada” que afecta tanto a estudiantes como a docentes, muchos de los cuales se sienten “cansados y sobrecargados de tareas burocráticas”.

    El papa también abordó el papel de la inteligencia artificial en los entornos educativos, advirtiendo que podría agravar el aislamiento emocional de los alumnos. “Puede aislar aún más a estudiantes ya aislados, dándoles la ilusión de no necesitar a los demás o, peor aún, la sensación de no ser dignos de ellos”, expresó.

    Frente a un mundo “dominado por pantallas y filtros tecnológicos”, León XIV instó a acompañar a los jóvenes en su proceso de interioridad: “Para entrar en contacto con su propia interioridad, necesitan ayuda”.

  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Jueza en EE.UU. exige garantías para no deportar a salvadoreño Kilmar Ábrego antes de audiencia

    Una jueza federal en Maryland exigió este lunes garantías al gobierno de Estados Unidos de que no deportará al salvadoreño Kilmar Ábrego Garcia mientras se mantenga vigente una orden judicial que impide su expulsión del país. La medida se da luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) notificara su intención de enviarlo a Liberia tan pronto como este viernes.

    Ábrego Garcia, quien reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un hijo nacido en EE.UU. Migró ilegalmente al país durante su adolescencia y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra una deportación a El Salvador, debido a una amenaza creíble de violencia por parte de una pandilla que atacó a su familia.

    Sin embargo, a inicios de este año fue deportado por error a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT  a pesar de no tener antecedentes penales. Su caso provocó una ola de indignación contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En junio, y tras la presión mediática y una orden judicial, la administración lo regresó a territorio estadounidense.

    Durante una audiencia celebrada este lunes, la jueza Paula Xinis cuestionó por qué el gobierno no lo deporta a Costa Rica, país que, según la defensa de Ábrego Garcia, ha ofrecido recibirlo como inmigrante legal sin riesgo de repatriación a El Salvador.

    “¿Por qué seguimos con esta audiencia si podrían enviarlo mañana mismo a un tercer país?”, cuestionó la magistrada al equipo legal del gobierno.

    Los fiscales federales Drew C. Ensign y Jonathan Guynn no ofrecieron una respuesta concreta, pero indicaron que el tema podría aclararse en futuras presentaciones judiciales. Mientras tanto, ICE está preparando una entrevista para evaluar el temor expresado por Ábrego Garcia de ser deportado a Liberia.

    Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que han recibido algunos documentos clasificados con promesas del gobierno liberiano sobre su tratamiento, pero no consideran suficientes dichas garantías. Incluso insinuó que Liberia solo estaría dispuesto a recibirlo temporalmente.

    El caso también ha puesto nuevamente en el centro del debate los acuerdos de deportación de Estados Unidos con terceros países, criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten que estas políticas violan el debido proceso y exponen a los migrantes a graves riesgos. Aunque en junio la Corte Suprema permitió deportaciones aceleradas a terceros países, la legalidad de estos traslados sigue en disputa.

    Paralelamente, Ábrego Garcia enfrenta un proceso penal en Tennessee, donde fue acusado de tráfico de personas tras su retorno en junio. Él se ha declarado inocente y ha solicitado al juez la desestimación de los cargos. La audiencia para decidir sobre esa solicitud está programada para la próxima semana.

    La jueza Xinis cuestionó que ICE pretenda deportarlo justo antes de esa vista judicial. “No parece coincidencia que quieran removerlo antes de la audiencia penal”, dijo, y recalcó que su orden judicial sigue vigente. “Si no levanto la medida, ¿están comprometidos a cumplirla y no lo van a deportar?”, preguntó al equipo gubernamental, quienes confirmaron que respetarán la decisión.

    Ábrego Garcia también mantiene abierta una solicitud de asilo en la corte de inmigración.

     

  • Entre lágrimas y abrazos, familias reciben a colombianos liberados de cárceles venezolanas

    Entre lágrimas y abrazos, familias reciben a colombianos liberados de cárceles venezolanas

    En medio de lágrimas y abrazos, los diecisiete colombianos liberados tras permanecer más de un año presos en Venezuela cruzaron este viernes el puente internacional Atanasio Girardot, que une el estado venezolano de Táchira con la ciudad colombiana de Cúcuta, para reencontrarse con sus familias.

    Pasadas las 9:00 hora local (14:00 GMT), varios vehículos oficiales llegaron al punto fronterizo, donde los familiares esperaban emocionados.

    «Gracias, Dios», exclamó Yarileinis Navarro al ver a través de la ventana del automóvil a su sobrino Brayan Sair, con quien no había podido comunicarse desde hacía más de quince meses, tras ser arrestado en Puerto Cabello (Venezuela) cuando volvía a casa de trabajar como conductor privado.

    La liberación de Sair y de otros dieciséis colombianos se concretó hoy, después de varios meses de diálogo entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela para atender la situación de decenas de connacionales privados de libertad en ese país.

    Uno a uno, los liberados descendieron de los vehículos y fueron recibidos con abrazos y lágrimas de sus familiares, que celebraron aliviados por el reencuentro tras la incertidumbre y arduas gestiones diplomáticas.

    «Estoy agradecido con mi familia, mis amigos y con Dios por estar nuevamente en mi país. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí», dijo a EFE el abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares, quien fue detenido hace once meses en territorio venezolano mientras se dirigía a su ciudad natal.

    Malos tratos

    Aunque la mayoría llegó en buen estado de salud, varios denunciaron las malas condiciones de reclusión en la prisión de El Rodeo I, en Caracas, una institución que cuenta con denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional (AI) por supuestos «tratos crueles y degradantes» a los reclusos.

    «El trato fue inhumano desde el primer día. Se come junto a una letrina y se respira el olor de las heces de todo el penal», relató el cucuteño Óscar Alexander Vera, quien estuvo detenido un año y cinco días tras ser acusado de terrorismo.

    David Josué Misse Durán, de 31 años, fue acusado de traición a la patria y asociación para delinquir. Él también denunció el trato «inhumano» y las «condiciones deplorables» en las que permaneció como recluso.

    Además, Misse señaló que las detenciones fueron injustas y en la cárcel había personas «inocentes» de más de 30 países, incluso mujeres de entre 70 y 80 años y menores de edad, dijo.

    Al menos veinte más siguen presos

    Las autoridades venezolanas habían acusado a varios colombianos presos de ser «mercenarios» que buscaban desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro, imputaciones que el Gobierno de Gustavo Petro consideró arbitrarias.

    Muchos de los detenidos fueron capturados durante operativos posteriores a las elecciones venezolanas, en un contexto de represión en el que la oposición ha reportado miles de desapariciones y arrestos, entre ellos unos 40 colombianos que fueron acusados de espionaje.

    La Cancillería de Colombia confirmó esta mañana la liberación y destacó que el proceso fue posible «tras meses de diálogo y coordinación diplomática» con el Gobierno venezolano.

    La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, calificó la liberación como «un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de los connacionales».

    También reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar la liberación de al menos otros veinte connacionales que permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

    «Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios», afirmó la canciller.

  • El Papa León XIV condena medidas “inhumanas” contra migrantes

    El Papa León XIV condena medidas “inhumanas” contra migrantes

    El papa León XIV arremetió este jueves contra las políticas migratorias que calificó como “cada vez más inhumanas” y que, según denunció, son incluso “celebradas políticamente”, durante su intervención en el V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, realizado en el Aula Pablo VI del Vaticano.

    “Los Estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio”, señaló el pontífice, subrayando que cuando se abusa de migrantes vulnerables, no se ejerce soberanía nacional legítima, sino que se cometen o toleran delitos graves por parte del Estado.

    León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, advirtió que muchos gobiernos tratan a los migrantes como “indeseables”, reduciéndolos a “desechos” en lugar de reconocer su dignidad como seres humanos.

    “El cristianismo se refiere al Dios amor, que nos hace a todos hermanos y hermanas y nos pide que vivamos como tales”, afirmó el papa.

    Durante el evento, que reúne a sindicatos, cooperativas y organizaciones sociales de todo el mundo —incluidos movimientos como los cartoneros de Argentina—, el Papa también celebró que estos colectivos estén enfrentando las nuevas formas de deshumanización en la sociedad.

    “Alimentar al hambriento, dar cobijo a los sintecho, socorrer a los náufragos, cuidar a los niños, generar empleo y facilitar el acceso a la tierra no es ideología, es vivir realmente el Evangelio”, puntualizó.

    El V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares fue una iniciativa impulsada en 2014 por el papa Francisco, predecesor de León XIV, con el fin de promover la justicia social y dar voz a los excluidos.

     

  • Festival de cine Utopías y memorias abre convocatoria 2025 bajo el lema “Amar es recordar”

    Festival de cine Utopías y memorias abre convocatoria 2025 bajo el lema “Amar es recordar”

    El festival de cine “Utopías y memorias”, organizado por el colectivo Luciérnagas en red y el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), abrió su convocatoria 2025 bajo el lema “Amar es recordar”, con el objetivo de promover el cine comprometido con la memoria, los derechos humanos y la justicia social.

    La segunda edición del certamen estará enfocada en obras audiovisuales que aborden temáticas como memoria histórica, conflictos armados, género, diversidad sexual, lucha por la tierra y justicia ambiental, tanto en El Salvador como en Latinoamérica.

    “La muestra no solo es un espacio de proyecciones, sino también de reflexión y diálogo que promueve una cultura de paz en la región”, explicó Tete Pacas, coordinadora del festival e integrante del colectivo Luciérnagas en red.

    La convocatoria abrió el pasado 10 de octubre y cerrará el 8 de noviembre. Podrán participar cortometrajes y largometrajes que desarrollen narrativas desde una perspectiva crítica y transformadora sobre las realidades sociales del continente.

    Las producciones seleccionadas serán anunciadas el 5 de diciembre y conformarán el programa oficial de proyecciones, que se realizará del 11 al 13 de diciembre de 2025 en varias sedes aún por confirmar.

    El festival busca consolidarse como un espacio que articula cine, memoria y activismo, al reunir voces de realizadores que apuestan por el arte como herramienta para la denuncia, la reparación simbólica y la construcción de nuevas utopías colectivas.

     

  • Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas advierten colapso económico en Nicaragua si EEUU los excluye del CAFTA

    Economistas y analistas políticos nicaragüenses alertaron sobre un impacto “devastador” en la economía del país si el Gobierno de Estados Unidos impone aranceles del 100 % a sus productos o decide expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

    La advertencia surge tras un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que plantea sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a derechos laborales, humanos y al Estado de Derecho. Las medidas, que serán evaluadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la aplicación de aranceles adicionales de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses.

    “El informe es sumamente serio y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado y exiliado en Washington, en un audio enviado a medios.

    La USTR también contempla suspender o retirar los beneficios del DR-Cafta, tratado que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses desde su entrada en vigor en 2006. En ese periodo, las ventas al mercado estadounidense, incluido el oro en bruto y productos del sector textil, se han cuadruplicado.

    Chamorro señaló que las sanciones no solo afectarán a las exportaciones, sino también a la atracción de inversiones extranjeras, ya que “cualquier empresa lo pensará dos veces antes de instalarse en un país sin acceso preferencial al mercado estadounidense”.

    Riesgo de aislamiento comercial

    El politólogo Manuel Orozco coincidió en que una confrontación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua, llevaría al país al colapso.

    En un análisis publicado por Confidencial, advirtió que “muchos negocios optarán por retirarse del país” ante la posibilidad de enfrentar tarifas de hasta el 100 %, como ocurrió inicialmente con China.

    Entre las pocas opciones que tiene el régimen sandinista estaría solicitar una moratoria para aplicar cambios democráticos y levantar el perfil represivo que ha caracterizado su mandato, según Orozco. Eso incluiría una hoja de ruta que conduzca a una transición política.

    “La respuesta debería incluir medidas como la liberación de presos políticos, devolución de bienes confiscados, eliminación de la desnacionalización y acusaciones falsas, así como facilitar el retorno de nicaragüenses en el exilio sin temor a represalias”, planteó Orozco.

    También mencionó reformas profundas: la derogación de leyes represivas impuestas desde 2019, reestructuración de la Policía, reforma judicial, y adelanto de elecciones bajo garantías democráticas.

    “Los Ortega-Murillo se están arrinconando solos, y la única alternativa viable es una respuesta madura y convincente”, afirmó el analista. La otra opción sería continuar con la represión y alinear al país con China, aunque ese mercado no podría reemplazar el volumen comercial que representa Estados Unidos, advirtió.

    Plazo para comentarios y decisión final

    La USTR mantendrá abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. Posteriormente, decidirá si ejecuta las sanciones propuestas, que tendrían efectos inmediatos sobre el comercio nicaragüense.

    En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que Washington evaluaba la salida de Nicaragua del DR-Cafta, como parte de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega.

    Desde su adhesión al tratado, Nicaragua ha multiplicado sus exportaciones a EE.UU., por lo que su exclusión significaría un fuerte retroceso económico y un posible aislamiento comercial del país centroamericano.

     

  • EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    EE.UU. evalúa aplicar aranceles del 100% a Nicaragua o excluirla del CAFTA por abusos de Derechos Humanos

    La Casa Blanca analiza imponer nuevos aranceles a Nicaragua de hasta el 100% o excluir al país de los beneficios del Tratado de Libre Comercio  CAFTA-DR, según informó este lunes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

    La USTR determinó que las políticas de la dictadura de Nicaragua relacionadas con la violación de derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del estado de derecho son “irrazonables” y constituyen una carga para el comercio estadounidense, según el dictamen emitido bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

    La resolución surge tras una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024, cuando la USTR, con base en recomendaciones del Comité 301 y otros órganos asesores, comenzó a revisar las prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proceso incluyó una audiencia pública y la recepción de más de 160 comentarios y testimonios, incluyendo evidencia de graves violaciones de derechos humanos que han sido remitidas al Departamento de Estado para su evaluación y seguimiento.

    El informe publicado este lunes documenta ampliamente cómo las prácticas autoritarias de Nicaragua —incluyendo la represión a libertades fundamentales— crean un entorno de alto riesgo para empresas e inversiones estadounidenses. Según el reporte, dichas prácticas son sancionables bajo la legislación comercial vigente de Estados Unidos.

    Las sanciones

    Aunque el documento no define una sanción específica, plantea distintas alternativas: desde aplicar un arancel universal de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, hasta limitar productos específicos o eliminar progresivamente los beneficios arancelarios en un plazo de hasta 12 meses.

    También se evalúa retirar a Nicaragua parcial o totalmente del CAFTA-DR, acuerdo que permite exportaciones ventajosas, especialmente de textiles.

    En febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó a Nicaragua, Venezuela y Cuba como “enemigos de la humanidad”, adelantando que EE.UU. consideraba excluir a Nicaragua del tratado comercial.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el informe le otorga la facultad de aumentar el arancel del 18 % impuesto a Nicaragua a inicios de año.

    Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y en 2024 el país centroamericano fue el único miembro con quien EE.UU. reportó un déficit comercial de $1.9 billones el año pasado. 

    Las crecientes tensiones políticas han derivado en sanciones y restricciones de visado a funcionarios nicaragüenses, así como su exclusión de eventos regionales como la Cumbre de las Américas.

     

     

  • La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado "arbitrario" de 76 jueces en El Salvador

    La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado «arbitrario» de 76 jueces en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará la denuncia de la organización humanitaria Cristosal sobre el traslado «arbitrario» de 76 jueces que fueron removidos de sus cargos en 2021, según informó este miércoles la ONG.

    Cristosal indicó en un comunicado que la CIDH «analizará» su denuncia sobre el «cese y traslado arbitrario» de los 76 jueces en el país que gobierna Nayib Bukele.

    Los jueces fueron removidos en septiembre de 2021 «mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial» en una medida que «impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso en procesos como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños», precisó la misma fuente.

    Desde la perspectiva de Cristosal, el traslado de los jueces «formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021».

    La denuncia ante la CIDH fue presentada por la organización no gubernamental en septiembre de 2021 por «la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación» al derecho al trabajo de los jueces.

    «Como se expone en la denuncia, estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador», recalcó la nota de prensa.

    Cristosal añadió que espera que este proceso pueda «sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países».

    En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

  • Las bandas armadas perpetraron 24 masacres en el norte de Puerto Príncipe en nueve meses

    Las bandas armadas perpetraron 24 masacres en el norte de Puerto Príncipe en nueve meses

    Las bandas armadas perpetraron 24 masacres y ataques armados en el departamento de Artibonite, al norte de la capital haitiana, entre enero y septiembre de este año, algunos ejecutados de forma simultánea en varias zonas, causando enormes pérdidas humanas y materiales, además de numerosos heridos por disparos y armas blancas, según un informe publicado este sábado por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

    Decenas de personas han sido asesinadas en dicho departamento, de las cuales la RNDDH ha contabilizado 84, lo que supone una media de tres personas por episodio de violencia y una media de tres asesinadas al mes durante los primeros nueve meses del año en Artibonite, en un contexto de crisis y violencia en este empobrecido país caribeño, donde unas 4,239 personas fueron ultimadas en los primeros ocho meses de este año de acuerdo con datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

    Entre las víctimas de esta región se encuentran cuatro agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y dos agentes de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MMAS), precisó el informe de la RNDDH.

    Además, seis instituciones estatales, entre ellas tres comisarías, una subcomisaría y dos tribunales de paz, fueron vandalizadas o incendiadas.

    En 2022, las incursiones perpetradas por bandidos armados en el departamento de Artibonite fueron esporádicas, sin embargo, se intensificaron en 2025, subrayó la RNDDH, recordando que desde 2018 la población haitiana se enfrenta a una inseguridad generalizada y persistente, con consecuencias humanas y sociales desastrosas.

    Esta inseguridad, que ha devastado el departamento del Oeste, con la complicidad de las autoridades estatales y judiciales, se ha extendido a los departamentos del Centro y Artibonite, donde se ha instalado, afirmó la ONG.

    Y, con ocho ataques armados, la comuna de Petite-Rivière de l’Artibonite «es la más codiciada por los bandidos armados y, por lo tanto, su población está más expuesta a actos que atentan contra la vida y la propiedad», apuntó el informe de la RNDDH.

    «La policía del departamento, que carece de recursos humanos y materiales, se ve desbordada por la situación, a pesar del refuerzo muy relativo de su plantilla en algunas zonas con unidades especializadas», prosiguió el informe.

    Así, desde hace algún tiempo, el departamento de Artibonite, antes considerado el granero agrícola de Haití, es uno de los epicentros de la violencia armada en el país. Y, si las autoridades estatales, policiales y judiciales no hacen nada para resolver esta situación, «esta empeorará y la violencia armada seguirá extendiéndose a otros departamentos geográficos del país», advirtió el RNDDH.

    En relación con esta situación, el RNDDH exigió a las autoridades estatales que adopten medidas inmediatas para proteger a la población de Artibonite y les recomienda que proporcionen a la institución policial los recursos necesarios para recuperar el control de todo el territorio de dicho departamento.

    Asimismo, esa ONG recomienda restablecer las condiciones mínimas de seguridad en el departamento de Artibonite, con el fin de facilitar el regreso de las personas desplazadas y permitirles dedicarse a sus ocupaciones.

    A la vez, proporcionar, en función de sus necesidades médicas, financieras y psicológicas, asistencia a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los actos que atentan contra la vida y la propiedad registrados en el departamento de Artibonite entre enero y septiembre de 2025.

    Por último, exigió que se ponga a disposición de las fuerzas del orden el importe total de los gastos de inteligencia para que puedan investigar las actividades de las bandas armadas en el territorio nacional y evitar que todo el país caiga bajo el yugo de las pandillas.