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La asociación Cristosal anunció este jueves su salida del territorio salvadoreño al considerar que hay una situación «insostenible de acoso estatal» al ser objeto de acoso legal, vigilancia, espionaje, campañas de difamación y más recientemente de la captura de una de sus integrantes.

«Hoy, ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala, esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensores y defensoras, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de derechos humanos», dijo la mañana de este jueves el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, en una videoconferencia desde Guatemala.

 

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La asociación oficializó la decisión a través de un comunicado de prensa en el cual sostienen que, tras 25 años de defensa de los derechos humanos en El Salvador, «Cristosal anuncia la suspensión de sus operaciones en el país ante la escalada de criminalización de defensoras y defensores, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y la débil independencia institucional» y que seguirán operando desde sus sedes en Guatemala y Honduras.

Bullock relató que «en el periodo constitucional» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asistió a una reunión convocada por el mandatario con representantes de organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil en la cual “se comprometió a abrir el diálogo entre sectores”.

Sin embargo, sostuvo que esto no sucedió y, al contrario, inició una «intensificación de la intolerancia» contra las personas que se niegan «a alinearse con él y su partido». «Comenzamos a enfrentar una campaña sistemática de acoso legal, administrativa, espionaje, vigilancia en nuestras actividades y hogares, campañas de difamación en contra de nuestra organización, personal y aliados. Este acoso ha perdurado desde entonces”, aseguró esta mañana. En 2023, Cristosal presentó un estudio sobre acoso estatal a organizaciones en el cual revelaron el caso de la organización.

Bullock indicó que la captura de Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, acaecida en mayo pasado, “no es un caso aislado sino un punto de quiebre” para el movimiento de defensa de derechos humanos en El Salvador.

Recordó que, días después de la captura de Ruth López, también fue arrestado el abogado constitucionalista Enrique Anaya, «como represalia» por defender a López. Anaya, quien es acusado por la Fiscalía salvadoreña de lavado de dinero, fue el abogado que objetó ante la autoridad electoral salvadoreña la reelección del presidente.

El representante de Cristosal sumó a esta campaña la «Ley de Agentes Extranjeros» que la considera «un instrumento de control sobre todas las actividades de la ciudadanía y de castigo para las personas y grupos que piensan diferente al régimen».

«La ley otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para imponer sanciones, impuestos punitivos y crear un sistema de vigilancia estatal», indicó sobre la reciente normativa que faculta al Ministerio de Gobernación, a través del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), fiscalizar a todos los agentes extranjeros.

Según el presidente de Cristosal, esta ley «convierte los derechos a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica y la participación ciudadana en un privilegio otorgado por el régimen con la condición de que los ciudadanos se limiten a actividades que no les incomoden”.

Sin embargo, la organización no renunció a su permiso de operaciones en El Salvador y reveló que ya presentó su solicitud de inscripción ante el RAEX del Ministerio de Gobernación; Bullock dijo que regresarán a El Salvador cuando consideren que pueden operar con libertad.

“Ante los riesgos de persecución y frente a un aparato represivo que actúa sin límites, donde hay pocas posibilidades de ejercer la defensa ante una institución imparcial o independiente, nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio». Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Bullock consideró que en El Salvador hay «señales claras de que la dictadura se instaló». Indicó que la criminalización junto al exilio de defensores de derechos pretende «someter» a los salvadoreños bajo «un régimen de miedo» y que «hoy en El Salvador todas las personas corren el riesgo» de ser reprimidos por el Estado. «Ya es una realidad asumida inconsciente o consciente por toda la población», dijo, citando una encuesta que mide el temor ciudadano a opinar en El Salvador.

La oenegé intentará seguir ejerciendo actividades de defensa desde Guatemala y Honduras a favor de ciudadanos que lo soliciten a través de sus aliados en El Salvador. «Esta lucha no se detiene, nosotros tampoco», afirmó.

Ruth López fue capturada el domingo 18 de mayo acusada de enriquecimiento ilícito. Posteriormente fue arrestado el abogado Enrique Anaya el 7 de junio. El 13 de junio, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó un «desplazamiento forzado» de al menos 40 periodistas «ante múltiples casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias».

El 1 de junio, durante su discurso de primer año de su segundo mandato, el presidente Bukele aseguró: «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Cualquier opositor corrupto que se lleve a la cárcel es un perseguido político. Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político».