Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto estatal de 2026 para trasladar $25,758,332 de dos instituciones disueltas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes (INABVE). Un total de $24.9 millones sería para el pago de pensiones que otorga el Estado a un grupo de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
El Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam) fueron disueltos en noviembre de 2025.
Los fondos se destinan al pago de las pensiones a personas con discapacidad amparadas bajo la Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad y el pago de la pensión no contributiva para los adultos mayores según la Ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor.
De los fondos se destinarán $346,537 a la supervisión y vigilancia del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, $517,880 para protección y promoción de derechos a adultos mayores.
Un total de $24,983,915 serían destinados a pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad.
La ley de inclusión de personas con discapacidad se aplica a “todas las personas con discapacidad que se encuentren en el territorio salvadoreño”. Esta normativa, en su artículo 75 establece que “el Estado asignará una pensión universal diferenciada a dichas personas a fin de asegurarles una vida plena y digna”, por medio de una “evaluación de su discapacidad realizada por el Ministerio de Salud”.
La normativa indica que en ningún caso el acceso a un puesto de trabajo de la persona con discapacidad beneficiaria de esta pensión implicará su reducción o restricción al goce de la misma. Esta ley fue aprobada el 22 de junio de 2020, la cual derogó la Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad de mayo de 2000.
Mientras, la ley para la protección de los adultos mayores, aprobada en enero de 2021, ampara a personas de 70 años o más, para quienes establece el derecho a gozar de una pensión, contributiva o no contributiva.
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