El Salvador está expuesto a granjas de bots o desinformación de cuentas no auténticas o falsas orientadas a coaccionar candidatos, polarizar el electorado o suprimir la intención de voto, revela el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) “La regulación de plataformas digitales en México, Centroamérica y el Caribe” publicado el pasado 30 de junio.
Una de las recomendaciones generales del informe es que se debe salvaguardar la integridad electoral de los diferentes países prohibiendo la “microsegmentación política basada en datos sensibles” y mitigando la amenaza cada vez mayor de la Inteligencia Artificial generativa, capaz de crear contenido realista, en los procesos democráticos o electorales.
El informe destaca que los siete países hispanohablantes de Centroamérica y el Caribe, incluyendo México, tienen un sólido diseño constitucional que protege la libertad de expresión, prohíbe la censura previa y la privacidad de las comunicaciones, pero advierte deficiencias en su aplicación y en la independencia de los entes reguladores.
Señala en general que la democracia regional es “altamente vulnerable a la desinformación” en todos los países, excepto en Panamá.
El informe reconoce, sin embargo, reformas importantes sobre el voto electrónico remoto por internet para la diáspora salvadoreña y «retos logísticos y de ciberseguridad sin precedentes» pero observó que su implementación hace depender al Estado de «tecnologías sofisticadas de validación biométrica facial, algoritmos de encriptación de datos y proveedores internacionales de software.
«Difícil frenar despliegue de bots»
Sobre El Salvador, específicamente, se menciona la vulnerabilidad del proceso democrático «frente a tácticas de manipulación algorítmica», un mecanismo que logra personalizar el contenido de redes que le gusta al usuario mediante un análisis de sus datos personales o de su comportamiento digital.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es considerado por la UNESCO como una entidad «sin dientes» para intervenir en esta búsqueda de manipulación electoral y por ello concluye que el país «queda expuesto a fenómenos cibernéticos que son determinantes en las democracias actuales».
«Bajo el esquema actual, resulta sumamente difícil investigar o frenar el despliegue de granjas de bots, el uso sistemático de cuentas inauténticas o las operaciones de desinformación coordinada orientadas a coaccionar candidatos, polarizar al electorado o suprimir la intención de voto», concluye el informe sobre el caso salvadoreño, que señala un «estancamiento» en la regulación del discurso político online.
El informe advierte, además, un «retraso legislativo para fiscalizar el proselitismo digital» por parte del TSE, al carecer de facultades para auditar la «financiación opaca de publicidad microsegmentada» y para «investigar el uso de bots o frenar operaciones coordinadas de desinformación orientadas a la supresión del voto».
También, destacó que El Salvador no tiene regulaciones específicas que tipifiquen «delitos cibernético-electorales modernos» o que «obliguen a las corporaciones tecnológicas a reportar de manera transparente la procedencia de la pauta política». Concluye que el país debe pasar desde un modelo de desregulación corporativa hacia un marco integral de gobernanza digital que exija rendición de cuentas a las plataformas digitales.
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