El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump deberá obtener la autorización del Congreso antes de continuar con su proyecto para construir un gran salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca, donde anteriormente se ubicaba el ala este de la residencia presidencial.
La decisión fue adoptada por dos votos contra uno. Los magistrados concluyeron que una modificación de esa magnitud corresponde al Congreso y no puede ser ejecutada únicamente por decisión del Poder Ejecutivo.
En la resolución, la corte dio la razón al Fondo Nacional para la Preservación Histórica, organización que promovió la demanda para detener las obras. Los jueces consideraron que los demandantes demostraron «de manera convincente»que el Congreso nunca delegó al Ejecutivo la facultad de «rediseñe o reconstruya la Casa Blanca, que es la Casa del Pueblo, para satisfacer los deseos de algún presidente en particular».
Tras conocerse el fallo, Trump anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y calificó la resolución como errónea. «La apelaremos inmediatamente al Tribunal Supremo», escribió el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.
El presidente también sostuvo que la sentencia representa un riesgo para la seguridad del complejo presidencial. «La resolución que es totalmente errónea en cuanto a la cuestión fundamental de la legitimación, de la que carece el demandante, pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de las personas que trabajan y que trabajarán en la Casa Blanca, así como la vida de todos aquellos que la visitan, como jefes de Estado y otros dignatarios», afirmó.
Trump insistió en que el proyecto no implicará costos para los contribuyentes estadounidenses y aseguró que el financiamiento provendrá de aportes privados realizados por empresarios cercanos a su administración, entre ellos el fundador de Amazon, Jeff Bezos.
No obstante, una estimación publicada previamente por The Washington Post calcula que la construcción tendría un costo aproximado de $600 millones y advierte que cerca de la mitad del presupuesto podría provenir de recursos públicos, una afirmación que contradice la versión ofrecida por el mandatario.
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