La parte querellante de un proceso por presunta administración fraudulenta de $1,284,274.39 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) reanudar las gestiones de extradición desde Guatemala de tres personas acusadas de participar en operaciones irregulares que habrían perjudicado a dos sociedades del sector de telecomunicaciones en El Salvador.
La petición comprende a Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, quienes son requeridos por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, tribunal que decretó su detención provisional y emitió las correspondientes órdenes de captura.
El abogado José Oswaldo Domínguez Cuéllar presentó la solicitud como querellante de las sociedades Maintenance & Services, S. A. de C. V., y Tierras Nacionales, Limitada de Capital Variable. El escrito fue recibido por la Fiscalía salvadoreña el 26 de agosto de 2026.
En el documento, Domínguez Cuéllar argumentó que habían concluido procedimientos judiciales en Guatemala que anteriormente impedían continuar con la extradición. Por ello, pidió la intervención de la Unidad de Asuntos Internacionales de la FGR para retomar las diligencias destinadas a conseguir que los tres procesados comparezcan ante la justicia salvadoreña.
La investigación se relaciona con supuestos desembolsos injustificados realizados entre 2016 y 2020, bajo los conceptos de viáticos y comisiones, por un monto acumulado de $1,284,274.39. Según la hipótesis fiscal, estos pagos fueron presentados como gastos derivados de funciones administrativas y ejecutivas, aunque no contaban con los respaldos correspondientes.
La Fiscalía acusó a siete personas de participar en las operaciones investigadas, entre ellas Berger Jiménez, Umaña Velásquez y Echeverría Cabrera de Reyes. El proceso tiene antecedentes públicos desde febrero de 2024 y, en mayo de 2026, el Juzgado Tercero de Instrucción ordenó la detención provisional de los tres acusados después de que no asistieran a una audiencia especial de revisión de medidas.
Mientras la querella busca reactivar la extradición, otro procedimiento judicial en Guatemala registró un aplazamiento de 105 días. Una audiencia inicialmente programada para el 5 de octubre de 2026 fue trasladada al 18 de enero de 2027, luego de que la defensa de Echeverría presentara una excusa médica para justificar su inasistencia.
La documentación fue presentada el 1 de octubre ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. La representación legal solicitó suspender la audiencia y reprogramarla después del período de reposo médico, que concluía el 15 de octubre.
Sin embargo, la nueva fecha judicial quedó fijada para enero de 2027, más de tres meses después del vencimiento del reposo indicado. La resolución no explica por qué el tribunal estableció un plazo de esa duración para celebrar la audiencia.
El procedimiento guatemalteco también involucra a Marisabel Umaña Velásquez. Según los antecedentes del expediente, un tribunal de ese país había ordenado prisión preventiva contra Umaña y Echeverría en una causa relacionada con presuntos actos de fraude y extracción irregular de información corporativa.
A estas actuaciones se suma un recurso de amparo que, según información proporcionada a la redacción, los procesados promovieron ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala contra el área internacional del Ministerio Público. La acción buscaría impedir su captura y detener las gestiones encaminadas a su extradición.
No obstante, no se dispone de una resolución que permita confirmar si ese amparo obtuvo protección provisional o suspendió alguna diligencia judicial. Por ahora, está documentado el aplazamiento de la audiencia guatemalteca hasta enero de 2027, mientras la parte querellante mantiene su solicitud para que la Fiscalía salvadoreña retome el procedimiento de extradición y los acusados respondan ante el tribunal que los requiere.
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