La deuda que el Estado tiene con el Fondo de Pensiones, el ahorro de los trabajadores cotizantes a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), llegó a los $11,874.74 millones hasta septiembre de 2026, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central de Reserva.
Un total de $3,481.18 millones de la deuda fue adquirida después de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022, mientras $8,393.56 millones de la deuda fue suscrita antes de la reforma.
En el último mes, el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emitió instrumentos que las AFP les compraron por $113.43 millones. Según la ley, la tasa de interés que generarían estos instrumentos, que se llaman Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), sería del 7 % anual.
Durante los últimos años, el Estado salvadoreño ha emitido certificados o instrumentos financieros para que las AFP los adquieran con los ahorros de los cotizantes, y que el Estado pueda cumplir sus obligaciones previsionales.
El Estado asume obligaciones previsionales como el pago de las pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP), que no tiene suficientes cotizaciones para financiarse.
En el caso de los pensionados que cotizaron a las AFP, sus pensiones mínimas son pagadas de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), una cuenta colectiva –de los afiliados a las AFP– financiada por parte de sus ahorros y que inicialmente recibió fondos públicos.
La CGS, que funciona como un seguro de vejez para los afiliados de las AFP, se acabará en 2029 ya que a partir de 2030 proyecta un déficit de -0.1 % del PIB, según el estudio actuarial publicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025. Si se acaba la CGS, el Estado garantiza el pago de las pensiones a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) según la Ley integral de pensiones de 2022.
El gobierno de El Salvador se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma paramétrica de pensiones a finales de junio de 2027 y buscar la aprobación a finales de septiembre de 2027. El compromiso es diseñar una reforma para «fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sistema a largo plazo, incluyendo una mejor alineación de las prestaciones con las cotizaciones”.
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