El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, descartó establecer una fecha para finalizar el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y aseguró que la medida continuará mientras los salvadoreños consideren necesaria su aplicación.
En una entrevista concedida a Europa Press en Madrid, el funcionario sostuvo que el respaldo ciudadano justifica mantener el decreto, prorrogado en 56 ocasiones, pese a los cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Ulloa afirmó que el régimen de excepción cuenta con una aprobación del 97 % de la población, aunque no proporcionó detalles sobre las encuestas que sustentan esa cifra.
«Cada vez que se le consulta a la población si quiere que el estado de excepción continúe, el 97% dice que sí, que continúe. Entonces, un gobierno que gobierna para el pueblo, hace lo que el pueblo le pide», expresó.
El vicepresidente también aseguró que el respaldo a la medida supera las diferencias políticas.
«Gente que no apoya al presidente Bukele quiere que el régimen de excepción continúe. La respuesta es obvia. Se va a levantar cuando la gente diga que ya no», añadió.
El funcionario defendió que las restricciones contempladas en el decreto están dirigidas exclusivamente contra integrantes de pandillas y no afectan a la población que cumple la ley.
«Ninguna libertad pública ha sido afectada nunca. Ni la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movilización están afectadas», afirmó. Según su explicación, las medidas permiten intervenir las comunicaciones y ampliar de 72 horas a 15 días el plazo para presentar a una persona detenida ante un juez o dejarla en libertad.
Desde Madrid, donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana, Ulloa también cuestionó las interpretaciones internacionales sobre los efectos del régimen de excepción.
Sostuvo que existe una «lectura equivocada» y una «mala interpretación» de sus alcances, incluso entre autoridades extranjeras. Como ejemplo, mencionó inquietudes planteadas por funcionarios franceses antes de las elecciones salvadoreñas de 2024, relacionadas con la posibilidad de que los ciudadanos no pudieran ejercer libremente su derecho al voto.
El vicepresidente vinculó la continuidad de la medida con la reducción de los homicidios registrada durante la administración de Nayib Bukele. Durante su participación en la cumbre, destacó que El Salvador pasó de ser «la capital mundial del homicidio» en 2015 al «país más seguro del hemisferio occidental», según su valoración. También aseguró que el país superó los 1,300 días sin homicidios, resultado que atribuyó a la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Sin embargo, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos cuestionan las consecuencias del régimen de excepción. Según las cifras citadas por estas entidades, más de 90,000 personas fueron detenidas y al menos 470 murieron bajo custodia durante su aplicación. En un informe difundido en junio, Amnistía Internacional también advirtió sobre familias que desconocen el paradero de sus seres queridos y denunció que la prolongación de la medida debilitó las garantías legales y el Estado de derecho. La organización sostuvo que las detenciones arbitrarias y otras presuntas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Ulloa también defendió la gestión política de Bukele y responsabilizó a los gobiernos anteriores de la violencia y la corrupción que, según afirmó, enfrentaba El Salvador antes de 2019. Señaló que entre 2009 y 2019 fueron asesinados 41,000 salvadoreños, con base en datos que atribuyó al Instituto de Medicina Legal. Asimismo, recordó que Bukele ganó las elecciones presidenciales de 2019 con el 54 % de los votos y obtuvo más del 85 % en 2024, resultados que presentó como una muestra del respaldo a su administración y al proyecto político de Nuevas Ideas.
Sobre las elecciones
De cara a las elecciones de febrero de 2027, en las que Ulloa buscará nuevamente la Vicepresidencia y Bukele podrá optar a un tercer mandato tras la reforma que permite la reelección presidencial indefinida, el funcionario aseguró que el oficialismo pretende mantener las políticas iniciadas en 2019.
«La oferta nuestra es continuar en la misma dirección en que hemos venido trabajando desde 2019, cuando por primera vez el pueblo salvadoreño rompió el bipartidismo que tenía 30 años de estar instalado», manifestó. También defendió las condiciones del próximo proceso electoral: «Lo que estamos garantizando es que sean elecciones libres, transparentes, seguras, competitivas, para que el pueblo escoja libremente quien quiere. Ahora (Bukele) se va a presentar por tercera vez, vamos a ver si la gente está satisfecha» con su gestión, concluyó.
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