Economistas de la Universidad Centroamericana (UCA) pidieron el viernes al Estado salvadoreño implementar una política integral de adaptación al cambio climático para proteger la producción agrícola y reducir los efectos de fenómenos extremos como El Niño, que amenazan la seguridad alimentaria de las familias salvadoreñas.
Alejandro Álvarez, docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA, explicó durante la presentación de un informe sobre cambio climático que el sector agropecuario enfrenta problemas estructurales acumulados durante años, los cuales limitan su capacidad para recuperarse de las crisis provocadas por las condiciones meteorológicas.
Los investigadores señalaron que durante este año las sequías y la irregularidad de las lluvias perjudicaron principalmente los cultivos de maíz y frijol, dos productos esenciales en la alimentación de los salvadoreños. Esta situación agrava las dificultades de producción nacional y aumenta la vulnerabilidad de las familias que dependen de las actividades agrícolas.
El informe también advierte sobre la dependencia de El Salvador de las importaciones de alimentos procedentes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, países que abastecen buena parte de los productos de la canasta básica ante la insuficiencia de la producción interna. Álvarez y Meraris López, coautores del estudio, alertaron que la falta de medidas inmediatas podría profundizar la pobreza entre los sectores más vulnerables.
Ante este escenario, los especialistas recomendaron desarrollar una estrategia que garantice la seguridad en la tenencia de la tierra, facilite el financiamiento agrícola con enfoque de género y fortalezca la infraestructura hídrica. También plantearon establecer programas permanentes de asistencia técnica y mecanismos de evaluación para mejorar la capacidad de respuesta del sector agropecuario.
Una parte importante de la población rural salvadoreña habita en el Corredor Seco Centroamericano, una región ecológica que se extiende desde Costa Rica hasta Chiapas, México, y atraviesa Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En esta zona viven aproximadamente 11.5 millones de personas, de las cuales la mitad depende de la agricultura de subsistencia. Los investigadores recordaron que alrededor del 30 % de la población rural todavía carece de acceso formal a la red de agua potable.
Mujeres agricultoras enfrentan mayores dificultades
El estudio de la UCA también recomienda al Gobierno priorizar el apoyo a las mujeres dedicadas a la agricultura, debido a que enfrentan mayores obstáculos para desarrollar sus actividades productivas.
López señaló que los efectos del calentamiento global afectan especialmente a las trabajadoras rurales, por lo que consideró necesario garantizarles acceso a la propiedad de la tierra, créditos específicos e inversiones en infraestructura comunitaria.
Las cifras recopiladas por los investigadores reflejan las desigualdades que enfrenta este sector. En 2019, las mujeres representaban apenas el 8.6 % de los productores agropecuarios de El Salvador, mientras que el 30.7 % de las agricultoras carecía de educación formal.
Además, únicamente el 4.1 % de las mujeres rurales solicitó créditos agrícolas durante 2023, una situación que evidencia las dificultades de acceso al financiamiento señaladas por los especialistas.
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