La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 13,7 millones a mediados de 2023, frente a los 10,7 millones registrados en 2019, según un informe publicado este martes por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). Se trata del mayor incremento en más de veinte años.
El estudio atribuye este salto a una combinación de factores: la rápida recuperación económica de EE.UU. tras la pandemia, la violencia y la represión política en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, y las crisis estructurales en Centroamérica. También señala que las políticas de «parole» humanitario y de asilo del gobierno de Joe Biden pudieron alentar nuevas llegadas.
La población mexicana sigue siendo la más numerosa dentro del grupo de indocumentados (5,5 millones), pero el aumento reciente ha sido impulsado por migrantes procedentes de Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. Para 2023, uno de cada cuatro migrantes en Estados Unidos estaba en situación irregular.
Además, 4 millones de indocumentados contaban con protecciones temporales como TPS, DACA, o permisos humanitarios, mientras que otros 4,2 millones estaban casados con ciudadanos estadounidenses o residentes legales, aunque enfrentaban trabas legales para regularizar su estatus debido a leyes migratorias restrictivas.
El informe también destaca el impacto sobre los 6,3 millones de niños que viven con al menos un padre indocumentado, de los cuales solo un millón posee la ciudadanía. Estos menores suelen enfrentar precariedad económica, acceso limitado a servicios públicos y el temor constante a la separación familiar.
En el ámbito laboral, el 22 % de los migrantes indocumentados trabaja en construcción, seguido del 10 % en servicios de alimentación. Los Ángeles, considerada ciudad santuario, es el principal destino de residencia, seguida por Houston. A nivel estatal, California (2,9 millones), Texas (1,96 millones) y Florida (1,22 millones) encabezan la lista de regiones con mayor población sin estatus legal.
A pesar de este aumento entre 2019 y 2023, el informe advierte que la cifra podría haber disminuido en 2025, debido al cambio de rumbo político tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, acompañado por una intensificación en las redadas migratorias y un endurecimiento de las políticas de deportación.