El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.
Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.
El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.
Riesgo de despidos masivos
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.
“Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.
La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.