La Policía Nacional Civil afirmó haber detenido a un presunto pandillero encargado de extorsionar en Cojutepeque, Cuscatlán.
Según la corporación, el capturado fue identificado como Gerson Antonio González Pérez, alias «Taco» o «Tortuga», y pertenece al Barrio 18, facción sureños.
«Este terrorista era uno de los que exigía las extorsiones, delito por el tiene antecedentes en 2016. Además, intentó ocultar un tatuaje de su pandilla. Será remitido por agrupaciones ilícitas», añadió la policía, mientras acompañó la publicación con dos fotografías, una del hombre y otra de los tatuajes.
Ayer, otro pandillero perteneciente al barrio 18 fue detenido en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, procedente de México, identificado como Ismael Alexander Hernández Rivera, alias «Saiper».
Según la PNC, Hernández Rivera, alias Saiper, es miembro de la clica “Tiny Locos Sureños”, del distrito de Jiquilisco, del municipio de Usulután Oeste.
En el distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur, capturamos a Gerson Antonio González Pérez, alias Taco o Tortuga, homeboy de la pandilla 18S.
Este terrorista era uno de los que exigía las extorsiones, delito por el tiene antecedentes en 2016.
Los juicios masivos que se estarían desarrollando en El Salvador a personas detenidas durante la implementación del régimen de excepción contra las pandillas emitirán sentencias «injustas», sin elementos de prueba individuales, advirtió este viernes el abogado David Morales, de la organización de derechos humanos Cristosal.
Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, y elimina los procesos individuales.
A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según han denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.
Además, el Congreso aprobó en agosto pasado otra reforma a la ley contra el crimen organizado para ampliar a dos años más el plazo de la detención provisional de las personas capturadas en el contexto de la medida de excepción, implementada desde marzo de 2022.
El cambio establece que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene hasta agosto de 2027 para presentar dictámenes de acusación contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, muchos de ellos en prisión desde marzo de 2022 y sin aún haber enfrentado juicio.
Morales explicó, durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los abogados en América Latina, que se realizó en Miami (EE.UU.), en el marco del 194 período ordinario de audiencias, que las reformas penales relacionadas con el régimen de excepción en El Salvador «han llevado al congelamiento de la instrucción penal de decenas de miles de procesos durante dos años» y «ahora hay una reforma que lleva a la posibilidad de juicios masivos sin un tribunal sentenciador independiente».
Apuntó que la Fiscalía «está dando cuenta de acumulaciones de hasta 6,000 personas en un solo caso que darán lugar a audiencias abiertas que durarán dos años».
«Las reformas permiten juicios masivos sin elementos de prueba individual con autoridades que actúan como un aparato que sistemáticamente viola en debido proceso. Entonces, sí estamos a las puertas de sentencias masivas injustas sin elementos de prueba individual en El Salvador», alertó.
La Fiscalía solicitó en agosto de 2023 al Congreso una reforma para la extensión de dos años al plazo de la detención provisional, cuando se cumplían -en ese momento- 17 meses de la implementación del régimen, lo que generó polémica debido a las implicaciones sobre derechos humanos, según diversas organizaciones.
Antes de esta reforma, el artículo 5 del Código Procesal Penal vigente en el país establecía que el plazo máximo de detención provisional para delitos menos graves es 12 meses y 24 para aquellos graves.
El régimen de excepción, que deja más de 89,900 detenidos, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
La Corte Suprema de Brasil ordenó este sábado la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado. La medida se ejecutó tras detectarse un intento de fuga durante una manifestación organizada frente a su casa por uno de sus hijos.
Agentes de la Policía Federal arrestaron a Bolsonaro en su residencia de Brasilia, donde permanecía bajo arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplimiento de medidas cautelares en el marco del proceso por golpismo. La detención fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, para “garantizar el orden público” ante un “riesgo de fuga concreto”.
Según el fallo judicial, a las 00:08 horas del sábado se registró una violación en el monitoreo electrónico del exmandatario. Bolsonaro habría intentado romper la tobillera electrónica, aprovechando la confusión generada por una “vigilia” convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. La Corte Suprema consideró que esa reunión pretendía obstruir la vigilancia de su arresto domiciliario.
El arresto se produjo un día después de que la defensa de Bolsonaro solicitara al Supremo continuar cumpliendo la condena bajo régimen domiciliario, alegando motivos de salud. Sin embargo, la decisión judicial lo condujo a una sala privada en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecerá hasta nueva orden.
La detención del exmandatario ha desatado una ola de reacciones en el entorno bolsonarista. El diputado Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara Baja, calificó la medida como “la mayor persecución política de la historia de Brasil”. Por su parte, Michelle Bolsonaro, esposa del exgobernante, afirmó que “no desistirá” de Brasil y pidió oraciones “por la nación”.
El proceso también ha salpicado a sus aliados. Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y ahora diputado, recibió una condena de 16 años de cárcel por delitos similares y huyó del país presuntamente rumbo a Estados Unidos, cruzando de forma clandestina por la frontera con Venezuela. La Corte también ordenó su detención.
En el Congreso brasileño, el bloque bolsonarista ha redoblado esfuerzos para impulsar una amnistía general que beneficie a Bolsonaro y a los demás condenados por el intento de golpe. Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia y falta de consenso entre las principales fuerzas políticas.
Indignación
Los aliados de Jair Bolsonaro arremetieron este sábado contra la prisión preventiva del expresidente brasileño y aprovecharon para defender la aprobación de una amnistía en el Congreso que le beneficie a él y al resto de condenados por intento de golpe de Estado.
«¡La prisión de Jair Bolsonaro es la mayor persecución política de la historia de Brasil!», afirmó en sus redes sociales el diputado Sóstenes Cavalcante, jefe en la Cámara Baja del Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario.
La esposa del capitán retirado del Ejército, Michelle Bolsonaro, dijo en sus redes sociales que «confía en la Justicia» y que «no desistirá» de Brasil.
En un mensaje plagado de referencias religiosas, agradeció «de corazón la comprensión y el cariño de todos».
«Seguimos orando. Brasil necesita nuestra intercesión», añadió.
«Es INCREÍBLE. Un sábado, con su estado de salud totalmente comprometido. Vergonzoso», afirmó Fabio Wajngarten, quien actúa como una suerte de portavoz de la familia Bolsonaro.
La senadora Damares Alves, quien fue ministra de la Mujer y la Familia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), confía en que la Cámara de Diputados «vote inmediatamente una amnistía».
Un total de 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados el viernes durante un ataque armado en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en la localidad de Papiri, estado de Níger, al norte de Nigeria, según confirmó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).
El presidente de la CAN en Níger, obispo Bulus Yohanna, detalló que “tras finalizar el censo y la verificación, el número actualizado de estudiantes secuestrados de la escuela es de 303, mientras que el de profesores secuestrados se mantiene en 12. Por lo tanto, el número total de personas secuestradas es de 315”.
Los estudiantes raptados, entre 10 y 18 años, son tanto hombres como mujeres. El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 colegios internos ubicados en zonas vulnerables tras este nuevo ataque, según anunció Binta AbdulKadir, directora de Educación Secundaria Superior del Ministerio Federal de Educación. La medida incluye colegios en los estados de Níger, Kebbi, Plateau y Benue, regiones severamente golpeadas por secuestros y asesinatos.
El internado fue atacado alrededor de las 2:00 de la madrugada (1:00 GMT), pocos días después del secuestro de 25 niñas en otra escuela y del ataque a la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde dos personas murieron y 38 feligreses fueron secuestrados.
Wasiu Abiodun, portavoz de la Policía de Níger, informó que “unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en la zona, rastreando el bosque con el fin de rescatar a los estudiantes”.
Un informe de UNICEF de abril de 2024 advirtió que solo el 37 % de los colegios en diez estados nigerianos afectados por violencia cuentan con sistemas de alerta temprana ante amenazas.
Bandas armadas conocidas como “bandidos”, responsables de estos ataques, operan principalmente en el centro y noroeste del país, donde cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates. En algunos casos, las autoridades los han calificado de grupos “terroristas”.
Además, Nigeria enfrenta desde 2009 la amenaza del grupo yihadista Boko Haram en el noreste, sumado a la presencia del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), escisión del primero desde 2016. En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok, de las cuales, según la ONU, al menos 91 aún permanecen desaparecidas.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que para este sábado podrían registrarse precipitaciones aisladas en los alrededores de la cadena volcánica del centro, oriente y zona norte del país.
No obstante las lluvias, el clima podría mantenerse cálido durante el día y refrescar hasta en la noche y madrugada; las temperaturas máximas podrían llegar hasta 36 grados Celsius en La Unión, 35 en San Miguel y 34 en lugares cálidos como Nueva Concepción, Chalatenango.
Para la noche y la madrugada del domingo, volverá el ambiente con cielo poco nublado y baja probabilidad de lluvias.
Los vientos serán variables, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora, influenciados por el flujo acelerado del noreste y este, además del calentamiento diurno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que hablará pronto con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para decirle «algo muy específico», mientras siguen aumentando las tensiones entre ambos países por el despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe.
«Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir», declaró el líder estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio.
Preguntado por si le pediría que se exiliara de Venezuela, Trump prefirió no adelantar detalles de la conversación.
«No voy a decirte lo que le voy a decir a él. No lo hago. Quizá otros políticos lo hagan. Yo no puedo hacerlo», declaró el presidente.
«No puedo decirte lo que voy a decirle, pero tengo algo muy específico que decir», añadió.
Hace unos días, Trump sugirió que podría tener una conversación con Maduro.
Las especulaciones sobre un posible ataque militar sobre territorio venezolano son cada vez mayores, especialmente después de que Washington redoblara su despliegue en el Caribe, bautizado por el Pentágono como Operación Lanza del Sur, y destruido una veintena de lanchas, matando a más de 80 personas, bajo el argumento del combate al narcotráfico.
El Juzgado de Paz de Teotepeque, en La Libertad, resolvió mantener detenidos a un ciudadano nicaragüense y otro guatemalteco que fueron detenidos a inicio del mes con un cargamento de cocaína en Mizata.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República explicó que los extranjeros, identificados como Harrison Javier Ruiz y Luis Alfredo García Guevara fueron capturados el 5 de noviembre luego que fueran detectados en «una embarcación sospechosa» sobre alta mar, donde fueron intervenidos por la Marina Nacional.
Los extranjeros fueron conducidos hasta la playa Mizata donde fueron intervenidos y les encontraron 150 kilos de cocaína, valorada en $3.7 millones.
Los dos hombres son procesados por tráfico ilícito mientras que a Ruiz se le suma posesión y tenencia de drogas.
El abogado y activista salvadoreño David Morales denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos una docena de abogados han salido de El Salvador durante este año por temor a ser capturados arbitrariamente, en un contexto de creciente autoritarismo, represión contra voces críticas y cierre del espacio cívico.
Durante una audiencia en Miami, en el marco del 194 período ordinario de sesiones de la CIDH, Morales aseguró que las restricciones al ejercicio de la abogacía en el país han escalado en áreas como el sistema penal, la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
“En mi país, la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia las restricciones al ejercicio de la abogacía”, afirmó Morales, miembro de la organización Cristosal. Según explicó, los ataques públicos desde el Gobierno hacia abogados y organizaciones sociales han sido reiterados, y la situación se agravó en 2025 con al menos cinco profesionales detenidos.
López y Anaya, en prisión y sin contacto
Entre los casos mencionados está el de la abogada Ruth López, exjefa del área Anticorrupción de Cristosal, quien fue arrestada el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. La CIDH le otorgó medidas cautelares, señalando que enfrenta un “riesgo de daño irreparable” a sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurrió con el abogado Enrique Anaya, otro jurista crítico del Ejecutivo salvadoreño, también detenido.
Morales denunció que tanto López como los demás abogados privados de libertad “permanecen en total incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados defensores”, lo cual ha sido constatado por la CIDH.
Ley de Agentes Extranjeros cierra espacios cívicos
El activista también expuso ante la CIDH los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que permite al Estado cerrar organizaciones sociales, cancelar su personería jurídica, imponer multas de hasta $250,000 y aplicar un impuesto del 30 % a los fondos provenientes de cooperación internacional.
“La LAEX busca cerrar el espacio cívico y controlar de forma arbitraria a las organizaciones sociales”, afirmó. Morales advirtió que este marco legal ha obligado a instituciones como Cristosal y Fespad a cesar parte de sus operaciones.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la normativa tiene fines punitivos, ya que facilita la censura, el monitoreo estatal y la imposición de sanciones discrecionales contra quienes critican al Gobierno.
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ordenó modificar la página oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para incluir supuestos vínculos entre las vacunas infantiles y el autismo, pese a la falta de consenso científico sobre esta relación.
La actualización, realizada el pasado miércoles, sugiere que los CDC nunca descartaron la posibilidad de que las vacunas causen autismo y que la negativa a relacionarlos fue motivada por el deseo de evitar reticencia en la población. “Los estudios científicos no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo”, señala ahora el portal, en contradicción con décadas de investigaciones que niegan tal conexión.
Aunque Kennedy Jr. aclaró que no afirma que las vacunas causen autismo, reiteró que “no hay pruebas suficientes para descartar ese vínculo”. Las modificaciones reflejan una postura que ha caracterizado su trayectoria pública como una de las voces más influyentes del movimiento antivacunas en Estados Unidos.
Cambios en el liderazgo de los CDC
La decisión ocurre en medio de una reestructuración interna en los CDC. En agosto, Jim O’Neill, cercano colaborador de Kennedy Jr., fue nombrado director interino de la agencia tras el despido de Susan Monarez. Esta última denunció que su salida se debió a su negativa de respaldar las medidas antivacunas impulsadas desde el Departamento de Salud.
El portal del organismo también incluye que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) continúa evaluando posibles factores que expliquen el origen del autismo, incluyendo el papel de las inmunizaciones infantiles.
Trump y DeSantis también critican vacunas
La postura oficial se ha endurecido en distintos niveles del Gobierno. En septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la efectividad de las vacunas contra la covid-19, al exigir que las farmacéuticas hicieran públicas sus tasas reales de eficacia.
Ese mismo mes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el fin de la obligatoriedad de vacunación en su estado, una decisión que expertos consideran riesgosa, ya que podría facilitar el retorno de enfermedades que se consideraban erradicadas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este viernes que han habilitado la cuarta fase para que los salvadoreños entre los 51 y 60 años de edad también hagan uso de la aplicación DoctorSv, un servicio de telemedicina habilitado por el gobierno.
«Ya abrimos la cuarta etapa: de 51 a 60 años. En otras palabras, @doctorsvapp
ya está disponible para todos entre 18 y 60 años, y ya casi estará abierto para todos los salvadoreños. Atención médica asistida por IA, medicamentos, imágenes, estudios de laboratorio, salud mental, nutrición, y mucho más, todo completamente gratis. Paso a paso, construiremos el mejor sistema de salud del mundo, si Dios nos lo permite», escribió el mandatario.
La aplicación fue lanzada el pasado 13 de noviembre por el mandatario y autoridades de Google, que acompañaron el lanzamiento, y se trata de una aplicación para celulares que permite tener una consulta virtual, independientemente si es derechohabiente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o no.
Paulatinamente, Bukele ha revelado que el servicio también tiene la opción de atención a salud mental y nutrición. En primera instancia solo estaba disponible para los de 18 a 29 años e de edad.
La aplicación no es para emergencias, sino para dar seguimientos virtuales asistidos con Inteligencia Artificial, pero gestionada por médicos que atienden las llamadas.
Los términos y condiciones de este servicio señalan que los datos personales y de salud serán utilizados para investigaciones científicas.
