Autor: Iliana Cornejo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria, quienes han trabajado sin salario debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el objetivo de reducir los retrasos y problemas operativos en los aeropuertos del país.

Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de Truth Social que instruirá al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que ejecute el pago «de inmediato» para hacer frente a la «situación de emergencia» y «detener el caos en los aeropuertos».

El mandatario atribuyó de nuevo la crisis al rechazo de los demócratas a financiar completamente al departamento sin que se incluyeran políticas migratorias para fiscalizar de cerca a los agentes migratorios, tras las polémicas redadas contra inmigrantes que dejaron dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en enero.

El bloqueo presupuestario que afecta a Seguridad Nacional comenzó el 14 de febrero y ha dejado sin fondos discrecionales a agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que ha provocado que miles de agentes trabajen sin cobro y quejas de ausentismo y tiempos de espera extremadamente largos en puntos de control aeroportuarios en todo el país.

Un 40,3 % de la plantilla del TSA del Aeropuerto William P. Hobby de Houston (Texas) se ausentó de su puesto de trabajo esta semana, según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Le siguen el Aeropuerto Internacional Hartsfield‑Jackson de Atlanta (Georgia), donde faltó un 37,4 %; el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (Texas), que registró un 36,1 % de bajas; y el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans (Luisiana), que tuvo un 34,9 % menos de personal.

Para intentar reducir estos tiempos, la Administración de Trump movilizó a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en más de 10 aeropuertos del país, aunque las autoridades no han especificado el número total de efectivos.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que el ICE ayudará a la TSA «a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados», como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes.

Varias organizaciones promigrantes han cargado contra esta decisión, especialmente después de que Trump sugiriera que los agentes federales también podrán llevar a cabo arrestos y detenciones, aunque no sea el objetivo del despliegue.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este jueves al magistrado Wagner Vallecillo como nuevo titular de ese poder del Estado, luego de que el miércoles fuera elegido interinamente por el Parlamento, en sustitución de Rebeca Ráquel Obando.

El anuncio lo hizo el mismo Vallecillo tras finalizar una sesión del pleno del Supremo integrado por quince magistrados, entre ellos Obando, quien el miércoles renunció como presidenta para no someterse a un juicio político que le abriría el Legislativo.

«Hemos concluido el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para mí es un alto honor informarle al pueblo hondureño que hemos recibido el apoyo de las compañeras y compañeros magistrados del pleno, quienes de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso Nacional de la República», dijo Vallecillo.

Agregó que afronta el nuevo reto «con determinación, prudencia y vocación de servicio» y que «el poder Judicial es una institución del Estado que trasciende coyunturas. Su misión es garantizar el respeto a la ley, a la Constitución y los derechos de todas las personas sin distinción alguna».

Vallecillo también le hizo un llamado al personal del sistema judicial «a la calma, a la confianza y al compromiso».

«Este es un momento que requiere serenidad, responsabilidad y altura institucional, la labor de cada uno de ustedes es esencial para que el sistema de justicia continúe funcionando con normalidad, eficiencia y respeto a la ciudadanía», subrayó.

Señaló además que «la justicia no se detiene» y que «el poder Judicial seguirá cumpliendo su función con firmeza, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia como pilares fundamentales del Estado de Derecho».

La elección de Vallecillo por los quince magistrados del Supremo deberá ser ratificada por el Parlamento, probablemente en los primeros días de abril, cuando los diputados regresen del asueto de Semana Santa.

El Parlamento hondureño eligió el miércoles interinamente a Vallecillo en el Supremo tras destituir al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, quien después de un juicio político que se le abrió el pasado lunes, rechazó comparecer ante el pleno del poder Legislativo.

El juicio político contra Zelaya fue por presuntas irregularidades como fiscal, algunas ligadas a las elecciones primarias e internas de marzo de 2025, y las generales del 30 de noviembre, estas últimas ganadas por el Partido Nacional, liderado por Nasry ‘Tito’ Asfura, quien fue electo presidente del país.

En el caso de Obando, quien fue elegida en 2023 para un período de siete años, decidió renunciar como presidenta de la Corte Suprema de Justicia tras conocer oficialmente el miércoles que también sería sometida a juicio político.

Vallecillo ejercerá por el tiempo que le restaba a Obando, quien en su carta de renuncia ante el Parlamento como presidenta del Supremo, dijo que continuará como magistrada de ese mismo poder.

El exfiscal general, que debió cesar en el cargo en 2028 su período de cinco años, fue sustituido el miércoles por Pablo Reyes, para que concluya el mandato de su antecesor.

Algunos sectores han calificado los cambios en la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia como un «reparto» de los poderes del Estado de los tradicionales y conservadores partidos Nacional, en el poder, y Liberal, primera fuerza de oposición, que juntos suman 90 de los 128 diputados del Parlamento.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que gobernó durante el cuatrienio 2022-2026, con Xiomara Casto como presidenta, fue relegado a segunda fuerza de oposición con 35 diputados.

Una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició este jueves una visita oficial en Washington, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario, Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.

La misión, encabezada por el Encargado de Negocios de Venezuela, Felix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

Blanco dijo que el encuentro con Landau y otros dos viceministros tuvieron como objetivo «explotar» oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países y que la agenda de reuniones con diversas autoridades continuará en los siguientes días.

Por su parte, Plasencia explicó que Blanco ha sido enviado por la presidenta Rodríguez específicamente para que se encargue de retomar «la presencia diplomática» en Washington y atender «asuntos que le interesen a los ciudadanos venezolanos».

La delegación diplomática arribó a Washington en medio del hermetismo, dos días después de que Rodríguez informara en Caracas que se realizaría el viaje con el fin de fortalecer las relaciones, sin especificar quienes serían los delegados y la fecha exacta.

La aparición de Plasencia y Blanco en la capital norteamericana sucede el mismo día que el expresidente Nicolás Maduro acudió a un tribunal de Nueva York, donde un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores, desde el 3 de enero cuando fue capturado en Caracas.

Este encuentro diplomático en Estados Unidos marca un precedente inédito en la nueva relación entre la Administración Trump y Caracas, que durante los primeros dos meses de Gobierno interino de Rodríguez, había recibido a distintos altos funcionarios estadounidenses que plantaron las condiciones para retomar los vínculos.

A principios de marzo, el Departamento del Tesoro adelantó una serie de reglamentos para agilizar la presencia de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela, así como establecer los límites y mecanismos para la importación de su petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que aún no tiene claro si hará cumplir el plazo que fijó para que Irán abra el estrecho de Ormuz antes del viernes, ya que la decisión dependerá del avance de las negociaciones en curso.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea prorrogar nuevamente el plazo, Trump señaló que hará lo que le recomienden sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

«Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no», dijo.

Aunque el plazo vence mañana, Trump afirmó que todavía hay «mucho tiempo», dado que un día en el «tiempo de Trump» es «una eternidad».

Trump dio un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.

El juez encargado del proceso contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados.

«No voy a desestimar el caso», aseveró el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra Maduro y Flores, quienes están acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

No obstante, Hellerstein, al que durante la audiencia se le pudo escuchar la voz algo quebrada, aún tiene que confirmar su decisión de manera oficial.

Maduro entró hoy a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal.
El mandatario derrocado lucía el pelo canoso y parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada el pasado enero, al igual que su mujer.

Los abogados mencionaron que Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.

La defensa de Flores y Maduro, capturados en Caracas el 3 de enero por tropas estadounidenses, pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Tanto Maduro como el Gobierno venezolano están sujetos a sanciones de EE.UU., por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó dicho permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció.

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder «utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional».

Wirshba también aseguró que los acusados están «saqueando la riqueza de Venezuela» y que «permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones» impuestas por EE.UU.

Sin embargo, Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, «no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional», y recalcó que «las cosas han cambiado en Venezuela».

«Ahora (Estados Unidos) hace negocios» con el país, recalcó.

Desde la captura de Maduro y su posterior traslado a Nueva York, el Gobierno del presidente Donald Trump y de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones.

A principios de marzo, ambos países restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, rotas desde 2019.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra».