Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes los dictámenes 16 y 17 para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) pueda autorizar la apertura de establecimientos privados de salud sin el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva que actualmente exigen el Código de Salud y la ley de la CSSP y de juntas de vigilancia.

La reforma suprime la participación de las juntas de vigilancia de las profesiones médicas en el proceso de autorización de laboratorios, clínicas u otros establecimientos privados, y sustituye esta exigencia por «requisitos técnico-administrativos» que requeriría el CSSP en los procesos de autorización de establecimientos privados.

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Los dictámenes fueron aprobados después de la explicación del presidente del CSSP, Daniel Quinteros, quien calculó que el plazo de los trámites para la autorización de los centros de salud se reducirá de 30 días hábiles a cinco días hábiles.

«Esto abre más puertas, más ventanas para diferentes empresas privadas que quieran también seguir creciendo. Esto viene a ayudar para que la empresa privada crezca y también para los usuarios… Todos tenemos la oportunidad de crecer en este país».

Ricardo Rivas, diputado de Nuevas Ideas.

La solicitud de reformas fue realizada por el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien argumentó que se busca agilizar los trámites y responder a las necesidades de salud de la población. Durante la aprobación, el diputado Francisco Lira preguntó si la reforma ha sido consultada con el gremio médico y advirtió «concentración de poder» en el CSSP. El representante del CSSP respondió que en los expedientes puede verse la tardanza de los trámites.

¿A quién le consultaron estos cambios, presidente?, porque así nos pasó con la Red Nacional de Hospitales, no hubo respaldo, aquí estuvo el ministro y se tardó 15 minutos en exponer una ley de más de 90 artículos. Especialmente el gremio de salud pública, ellos no saben de estos cambios, nunca se enteran.

Francisco Lara, diputado de Arena.

Ambos dictámenes fueron aprobados por 15 diputados de la Comisión. El diputado David Cupido, de Nuevas Ideas, pidió que su voto fuera incluido en el primer dictamen.

La reforma a la Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud deroga la atribución de las juntas de vigilancia para “vigilar y controlar el funcionamiento» de droguerías, farmacias, laboratorios, clínicas, hospitales, clínicas veterinarias y otros establecimientos privados de salud. Esta propuesta es la que suprime el “previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva” que requiere el CSSP para autorizar la apertura de los establecimientos privados de salud e incluye “requerimientos técnico-administrativos” que serían establecidos por el mismo Consejo.

Se agrega, también, que estos establecimientos “son de utilidad pública» y por ello «el cierre de los mismos solo podrá efectuarse por resolución del Consejo”, algo que según el presidente del CSSP estaba en el Código de Salud de 1988.

En concreto, la reforma al Código de Salud también busca que el CSSP autorice establecimientos privados de salud sin requerir el informe de la junta de vigilancia respectiva. Tambien, la reforma deroga la atribución de las juntas de vigilancia de “rendir informe razonado” ante el Consejo, para la autorización de la apertura de los establecimientos privados.

El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, defendió este lunes las reformas que suprimen el “previo informe favorable de las Juntas” de Vigilancia de las profesiones médicas para autorizar establecimientos privados de salud como hospitales, laboratorios y clínicas.

“Las personas tienen que abocarse a las dos entidades para poder hacer el trámite. Uno es que, si bien presentan la solicitud en el Consejo, también en el Consejo por la misma disposición del 14 debe remitirlo a las juntas de vigilancia para que las juntas hagan las inspecciones y diligencias para poder después dar sus dictámenes”, explicó el presidente del CSSP.

“¿Cuál es la propuesta de nosotros? Que las juntas de vigilancia se queden con el tema de las profesiones de la salud y nosotros nos dediquemos al tema de establecimientos más de lleno. Estaríamos reduciendo a cinco días hábiles el procedimiento”.

Daniel Quinteros, presidente del CSSP. 

Agregó que por ello “queda a disposición de las juntas de vigilancia el poder hacer ese procedimiento”.

“La idea es que se pueda volver hacer más eficiente y eliminar barreras burocráticas dentro de la misma institución”, argumentó.

Aseveró que son 18 pasos los que debe pasar un establecimiento privado para lograr la licencia de funcionamiento y calculó que estos pasos tardan «hasta 30 días calendario» y, si tienen observaciones, puede prolongarse aún más.

El presidente del CSSP observó que las juntas de vigilancia solo se reúnen cuatro veces al mes y que, si se reúne hasta el próximo miércoles, debe pasar casi una semana hasta ver el informe respectivo. “Cuando ya pasa a la junta de vigilancia, interviene el personal administrativo y pasa a la oficina del Consejo”, explicó.

La simplificación del trámite aplicaría, indicó, no solo para la apertura de los establecimientos, sino con los traslados y las ampliaciones de los servicios. Calculó que la reforma reducirá los trámites de 30 días hábiles a únicamente cinco días hábiles.

Quinteros también explicó que la reforma que declara de utilidad pública los establecimientos privados de salud para que únicamente cierren por resolución del CSSP “no es nueva”, ya que “su origen se remonta a la génesis del Código de Salud en 1988 y la reforma de 1994”.

El Consejo también pidió que se incluya “servicios privados de salud” entre los rubros que debe autorizar el CSSP, ya que muchas personas ofrecen servicios de cuidados paliativos, por ejemplo, sin ser especialistas.

Otra reforma solicitada es incluir la Licenciatura en Trabajo Social que trabejen en el Sistema Integrado de Salud Pública dentro de las profesiones médicas, para que puedan tener vigilancia profesional en el contexto sanitario.

El diputado Juan Rodríguez, de Nuevas Ideas, aseguró que él es médico y los trámites, con la legislación actual, pueden durar hasta tres meses.

Por su parte el diputado Edgar Fuentes, de Nuevas Ideas, dijo que él es licenciado en laboratorio clínico. «Las propuestas están bien acertadas», indicó.

Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), preguntó a quién le consultaron los cambios.

«En los expedientes puede uno verlo cuánto tardaron», indicó el titular del CSSP.

“La salud no puede ser un instrumento de control del poder. Por eso hoy, en la Comisión de Salud, debemos preguntarnos si estas reformas están realmente orientadas a mejorar la atención a los salvadoreños o si buscan concentrar decisiones en manos del Ejecutivo”.

Francisco Lira, diputado de Arena.

El diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, presidente de la Comisión de Salud, aseguró que tiene una sobrina “que administra una clínica de ortodoncia” y que le expresó que está contenta por lo que van a aprobar.

“Esto viene ayudar para que la empresa privada crezca. Estoy contento por lo que en esta tarde estamos aprobando”, expresó, aunque todavía no habían aprobado el dictamen. Rivas dio un receso de 10 minutos para elaborar el dictamen.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para exonerar del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje la introducción de un contenedor con artículos como aires acondicionados, camas, caminadoras, entre otros, que fue donado a la Misión Iglesia Bautista Punta Alta de Guarjila, en Chalatenango.

El dictamen favorable fue aprobado por todos los diputados presentes.

Se eximirán los derechos arancelarios a la importación (DAI), el IVA, impuestos municipales y bodegaje. La exención aplica para un plazo de tres meses.

En la donación, se incluye una caja fuerte para armas.

También se incluyen 9 aires acondicionados, 10 alfombras, 20 basureros, 7 camas full, 8 camas king, 6 camas de niño, 9 camas queen, 5 camas twin, 6 caminadoras, 15 canopies, 17 colchones full, 6 colchones king, 18 colchones queen, 2 colchones twin, 3 colchonetas, 2 columpios, 11 scooters, 6 gabinetes de cocina, 2 máquinas de ejercicio, televisores, entre otros artículos, todo valorado en $15,000 según el proyecto de decreto.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) finalizó su Congreso Nacional, concluyendo las asambleas generales que reunió a sus militantes de los 14 departamentos del país y del extranjero, anunció este lunes su secretario general, Manuel Flores, quien dijo asistió al 96 % de las reuniones.

El Congreso Nacional es el máximo organismo de dirección y toma de decisiones de largo alcance que es convocado cada cinco años que tiene como responsabilidad revisar el programa y la visión de mediano y largo plazo del partido de izquierda.

Flores, quien lo calificó como una labor “titánica”, indicó que esta fue una “etapa de consultas” en donde han escuchado a sus militantes. Explicó, sin dar detalles, que de los debates en el Congreso, saldrán “estrategias, mecanismos, metas, indicadores y planes de trabajo”.

“Hemos finalizado el día de ayer el segundo congreso en los territorios en los 14 departamentos, con la militancia en el exterior”, anunció. Explicó que desarrollaron encuentros por Zoom con militantes que residen en Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina.

Flores explicó que buscan “transformar” al FMLN en “una opción solidaria, empática y de lucha de calles” que represente “los más altos intereses de la población” en salud, educación, empleo, dignidad, paz social, justicia”, pero también «en donde también» sepan «que el tema de seguridad es prioridad» del FMLN, advirtiendo que falta meter presos a “una cantidad de pandilleros” pero también rechazando la captura de personas inocentes y de perseguidos políticos.

“Todavía falta meter presos a una cantidad de pandilleros que están libres, a una cantidad de delincuentes que están libres, garantizar la seguridad de nuestro pueblo también es parte de la estrategia del FMLN, por supuesto que a la hora de meter preso al último pandillero, al último delincuente, deben dar cuentas aquellos que negociaron también con estos delincuentes, a los que liberaron los jefes de delincuentes, también deben dar cuentas de los capturados inocentes, de los perseguidos políticos”.

Manuel Flores, secretario general del FMLN.

Según Flores, los militantes les pidieron “mayor unidad y mayor presencia en el territorio”.

El evento oficial de cierre del Congreso Nacional del FMLN se desarrollará los días 11 y 12 de octubre en Chalatenango, en donde se reunirán los delegados del Congreso para conmemorar el 45 aniversario del FMLN.

El FMLN es un partido político que gobernó dos periodos presidenciales, el primero con el periodista ya fallecido Mauricio Funes, quien fue procesado por lavado de dinero por $351 millones, que fue el monto que sumó el objeto específico 54315 de “Gastos reservados” de los presupuestos estatales durante su quinquenio. Los “gastos reservados” fueron utilizados en 31 unidades presupuestarias diferentes durante 19 años en diferentes gobiernos de El Salvador.

Funes también ha sido procesado por dádivas para la adjudicación de proyectos de construcción y tregua con pandillas. También, el segundo gobernante del FMLN fue acusado de lavado de dinero por el uso de estos fondos del objetivo específico 54315, cuyo uso durante su gobierno sumaron $183 millones. La acusación por lavado de dinero también sumó el equivalente de la partida secreta.

Durante las elecciones más recientes, las presidenciales de 2024, el FMLN perdió 185,122 votos de su caudal de votación respecto a las elecciones presidenciales de 2019, una caída del 48 %, de 389,289 a 204,167 votos en 2024. Actualmente tiene 16,000 afiliados según cifras oficiales del mismo partido.

El partido político aún no define su participará en las elecciones presidenciales de 2027, decisión que tomarían en la Convención Nacional que desarrollarán en diciembre de 2025.

Aunque el segundo quinquenio del gobierno de Nayib Bukele concluye el 1 de junio de 2029, El Salvador desarrollará presidenciales en 2027 porque en la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Legislativa para habilitar la reelección presidencial indefinida, también extendió el periodo presidencial a seis años.

Es así que adelantaron las presidenciales de 2029 a 2027 para poder hacer coincidir las presidenciales con las elecciones de diputados y alcaldes.

Con las observaciones presidenciales incluidas, la nueva Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos fue publicada el viernes en el Diario Oficial de El Salvador, en su edición del martes 16 de septiembre de 2025.

La nueva normativa iniciará su vigencia el 15 de diciembre de 2025, es decir, 90 días después de la fecha de su publicación.

La aprobación de esta normativa es uno de los acuerdos del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una de las claves para fortalecer la regulación y la estabilidad del sistema financiero.

Su aprobación fue programada para finales de septiembre de 2025 junto a las recomendaciones para la publicación de una evaluación actuarial de pensiones y la publicación de un plan de reforma del servicio civil, documentos que hasta ayer en la tarde aún no habían sido publicados.

En la evaluación realizada por el personal del FMI, se determinó que El Salvador requiere mayores esfuerzos para reconstruir las reservas del sector financiero y fortalecer la supervisión y la regulación del mismo.
El FMI consideró fundamental aumentar los encajes bancarios y las reservas de liquidez, además de “salvaguardar la estabilidad financiera”.

“La implementación de la ley de Estabilidad Financiera reforzará los marcos de intervención temprana, resolución, gestión de crisis y seguro de depósitos”, indica el informe final de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF), publicado el 15 de julio de 2025.

La nueva normativa, que regulará a bancos, bancos cooperativos, pero no a bancos de inversión ni a cooperativas, faculta al Estado para dar apoyos financieros si se determina que hay una crisis sistémica para asegurar la estabilidad financiera cuando las fuentes de financiamiento privado se han agotado o si hay pérdidas provocadas por accionistas o si se requiere un plan de reestructuración.

Esta ley retoma la regulación del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) y de los planes de recuperación financiera que deben echar a andar las entidades financieras si llegan a cumplir ciertas condiciones de debilidad financiera, como bajar a menos del 6 % su relación patrimonial con los pasivos o deudas.